¿Se extravió el hilo de la revolución ciudadana?

 

Análisis de Coyuntura

 

IPN­USAC

 

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / http://www.ipn.usac.edu.gt

 

Han transcurrido 60 días desde que Otto Pérez renunció a la Presidencia bajo el influjo de las protestas ciudadanas, y poco más de 30 días desde que Jimmy Morales, símbolo del político “no tradicional”, fue electo con un respaldo abrumador. Son los cambios obvios de la vida política, pero, entre tanto, la política granular discurre en el cauce imperturbable del deterioro. El breve gobierno de los cien días de Alejandro Maldonado es quietista, básicamente un traspaso de la crisis, aunque entre líneas hay una transición de políticas públicas plenamente conservadoras.

 

Por un lado, son las políticas creyentes que el crecimiento y la formación de capitales deben basarse en exenciones fiscales y la flexibilidad laboral (abaratar la fuerza de trabajo), y que un inesperado ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, lanzó como fórmula de competitividad en octubre, al nomás asumir el cargo, siguiendo la línea tradicional de algunas corporaciones con derecho de picaporte con Otto Pérez; mientras, en esa misma dirección, en noviembre elevaba las protecciones al mercado del pollo que a partir de 2016 se verá sujeto a la competencia feroz ya prevista en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos (aunque días después se vio forzado a derogarla).

 

Por otro lado, son también las políticas que insinúan hacer del desastre de Salud Pública y del

Seguro Social una oportunidad de privatización completa, en la carpeta desde Álvaro Arzú (1996­

2000) y que tampoco logró cristalizar con Óscar Berger (2004­2008). Para este caso el operador es el ministro Mariano Rayo, lobista de algunas corporaciones mientras fue diputado.

 

En  los  últimos  años,  ante  el  empuje  de  las  iniciativas  para  prorrogar  y  ampliar  privilegios, sacrificando la base financiera del Estado y deprimiendo la mano de obra, fue el Congreso que finalmente la inviabilizó, bajo la presión de sindicatos públicos y organizaciones sociales. Un Congreso, por cierto, sumamente desacreditado y unos sindicatos clientelares sin empatía en la sociedad. Unos y otros son vistos como parte del aborrecido sistema corrupto. Justamente el Congreso (la próxima legislatura) y los sindicatos públicos de educación y salud (y sus, en apariencia, onerosos pactos colectivos) están ahora bajo la mira conservadora y de las corporaciones que buscan apalancarse en privilegios.

 

En tercer lugar, son las políticas de seguridad teñidas con “mano dura” y un persistente sesgo ideológico de la guerra fría. El Ministerio de Gobernación encaminó en los últimos meses una depuración  de  mandos  policiales  y  de  inteligencia  (Digici),  quienes  presuntamente  habían extraviado  su  misión  de  dar  seguridad  con  legalidad  a  la  ciudadanía,  pero  los márgenes de maniobra de las autoridades de transición parecen muy reducidos.

 

Los cuadros desplazados de la PNC y la Digici, asociados también a corporaciones extractivas, han mostrado su músculo mediático y político impidiendo la transición de cuadros civiles y militares de academia que lidera el general retirado Ricardo Bustamante, el principal asesor en seguridad del expresidente Pérez Molina, y como impulsor del doctorado en seguridad estratégica en la Usac, del cual es parte el presidente electo Jimmy Morales, resulta un referente para la conformación  del  próximo  gabinete  de  seguridad,  donde  Julio  Rivera,  secretario  técnico  del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo del MP, es pieza fundamental.

 

Esta corriente conservadora rivaliza con la de exmilitares fundadores del próximo partido de gobierno  FCN,  los  excoroneles  Edgar  Ovalle  (diputado)  y  Armando  Melgar  Padilla  (jefe  de seguridad de Morales) a la cabeza, y donde el defenestrado subdirector de la Digici, capitán retirado Óscar Platero Trabanino tampoco tenía un acomodo fácil.

 

Así, el contenido de las políticas económicas, sociales y de seguridad de la transición resulta sumamente conservador. Y por las fuerzas y agentes que las impulsan –credenciales conocidas– tampoco está garantizada la transparencia ni el fin de la corrupción. Las reformas que exigió la ciudadanía siguen en manos del Congreso y hasta donde van resultan restrictivas. En la reforma política se trata de garantizar control del financiamiento de partidos, pero todo apunta a que, en contrapartida, se procurará limitar la participación ciudadana distrital y nominal, de mujeres y de pueblos indígenas en el Congreso. Las reformas en el régimen de contrataciones son una camisa de fuerza sesgada antes que un sistema competitivo y transparente. Y los cambios en el servicio civil son sin duda los más atrasados en la tríada de reformas. A eso hay que sumar la renuencia a financiar la lucha contra la impunidad a través de tributos directos, que el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, insinuó y que CACIF rechazó por acto reflejo, aunque luego llamó a la discusión.

 

Mientras los sujetos ciudadanos que nacieron de las movilizaciones de 2015 no se constituyan como tales, el hilo de la “revolución ciudadana” está extraviado y sus demandas anticorrupción, projusticia y reformas quedan en el aire. De la fábrica de partidos políticos, que se reconfigura tras las elecciones del 6 de septiembre y del 25 de octubre no saldrán los reformadores capaces de dar caravuelta al sistema, tampoco del viejo statu quo empresarial ni del sindical. No obstante, la revolución ciudadana no está desahuciada. Palpita.

 

http://elperiodico.com.gt/2015/12/06/domingo/se-extravio-el-hilo-de-la-revolucion-ciudadana/

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