En 2014 se disparó la firma de pactos colectivos

La negociación de pactos colectivos para lograr mejores beneficios laborales se ha convertido en un aprieto financiero para el Estado, que debe sufragar aumentos salariales y bonos, pese a la falta de fondos en las arcas del erario público.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en los últimos tres años la suscripción de pactos colectivos ha ido en aumento. En 2012 se homologaron 2; en 2013, 4 y en 2014, 26, estos incluyen, en menor cantidad, a empresas privadas, según los registros consultados hasta noviembre pasado.

Entre las dependencias que suscribieron acuerdos con el sector sindical recientemente figuran los ministerios de Educación, Salud y Economía, Organismo Judicial, Congreso de la República, Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), municipalidades y la Portuaria Santo Tomás de Castilla.

Para los analistas los pactos colectivos ponen en aprietos al Estado, porque asume responsabilidades que no puede cumplir, situación que se reflejó este año cuando no había fondos para las remuneraciones acordadas con los empleados de las carteras de Salud y Educación.

Durante 2014, el Ejecutivo atravesó una crisis económica por la falta de financiamiento del presupuesto general y no alcanzó las metas de recaudación fijadas en Q51 mil 500.7 millones.

Por ello, debió recurrir a la colocación de bonos del Tesoro por Q11 mil 135.2 millones para cumplir con los compromisos laborales, entre otros destinos.

Aunque ninguno de los sectores consultados está en desacuerdo con que los trabajadores tengan mejores prestaciones, consideran que se trata de una “factura muy elevada por cancelar”.

En junio pasado el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) publicó un informe en el que señala que las tres amenazas de los pactos colectivos del sector público son:
• La mala gestión de recurso humano.
• Un futuro financiero desequilibrado.
• La ausencia de términos para otorgar privilegios.

Deben exigir resultados
David Casasola, investigador del CIEN, señaló que no se pueden seguir otorgando pactos colectivos sin que estos estén vinculados con un mejor desempeño de los servidores, ya que esos convenios dejan con menores recursos al Estado.

Sin embargo, para el sector sindical los pactos colectivos son parte de un derecho adquirido para mejorar las “precarias” condiciones de trabajo en el sector público.

Se estima que de cada tres personas empleadas, una labora en el Estado, lo que sumaría unos 300 mil trabajadores.

Los casos más representativos de estos acuerdos son los de los ministerios de Educación y Salud. El primero logró la aprobación de un incremento salarial progresivo; del 8% en 2013, 10% en 2014 y 12% en 2015.

Mientras que Salud acordó con sus empleados en 2013 un pacto que incluye el pago de un “bono de antigüedad” anual para unos 21 mil salubristas, lo que representa un desembolso de Q21 millones.

El otro compromiso es, gradualmente, trasladar al personal que está por contrato a un renglón con prestaciones, que comienza con dos mil personas este año.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud, Luis Lara, defiende las negociaciones como parte del sistema democrático del país.

“Aquellos que estén en contra del diálogo demuestran que tienen una cultura antidemocrática, si usted revisa la cantidad de pactos firmados versus la cantidad de empresas se dará cuenta de que aún hace falta mucho”, señaló Lara.

El estudio del CIEN señala que en 2013 se destinaron alrededor de Q16 mil millones para cumplimiento de pactos colectivos.

Consultado sobre el aumento de suscripción de pactos colectivos en el último año, Carlos Contreras, ministro de Trabajo, aseguró que ello “evidencia el florecimiento de la negociación colectiva como forma de dirimir las controversias y generar el diálogo social”.

¿Política de Estado?
Contreras destacó que antes de aprobarse un pacto se realiza una revisión y se recibe un dictamen del Ministerio de Finanzas Públicas que determina la existencia de fondos para asumir aumentos salariales, ingresos a planilla o pago de bonos.

“El problema de fondo es que la proyección de la recaudación del Estado es muy superior de lo que finalmente ingresa; hay una abierta evasión e informalidad, muchas empresas que presumen de muy ordenadas, algunas veces por descuido o ineficiencia no pagan los impuestos, y eso es en el 68% de  la actividad económica del país”, afirmó Contreras.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó que “todos los beneficios son buenos, pero empiezan a perder legitimidad cuando afectan la capacidad financiera del país”.

“Desde afuera y sin leer los contenidos de los pactos es muy fácil opinar a favor y en contra; hay que tener conocimiento de lo que tiene”, aseguró Contreras.

En el caso del Ministerio de Salud, los beneficios incluyen un bono de compensación económica equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados  y la aprobación de 20 mil plazas laborales.

“En el caso de Salud, es un pacto que contempla uno de los más importantes y ambiciosos programas de formalización de las relaciones laborales y es parte de una política nacional”, refiere Contreras.

Para Hugo Maul, analista del CIEN, la política salarial no puede ser dictada por el Gobierno y los grupos sindicales, más cuando estos compromisos tienen un “grave impacto” a las finanzas del Estado.

En el análisis se establece que la propuesta debe ir basada en méritos, de incentivos a cambio de resultados y de la posibilidad que tenga el Estado de terminar la relación a causa de no ser personal idóneo, y con ello evitar los beneficios desproporcionados.

Marroquín aseguró que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) está relegada, por ello no ha podido cumplir con la función de ordenar el servicio civil en el país.

“Ahí es donde está el problema, como los gobiernos son temporales, no se preocupan del futuro de las instituciones, siempre dicen ahí que le quede al que venga”, añadió Marroquín.
Maúl destacó que las plazas no se dan por oposición y cualquier aumento de sueldo no guarda los objetivos y el impacto lo termina recibiendo el pueblo.

Libertad sindical
En el país es libre la formación de sindicatos para defender los derechos laborales y promover la creación de pactos colectivos.

El título sexto que comienza a partir del  artículo 206 del Código de Trabajo, contiene lo relacionado a la creación de las organizaciones sindicales.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene un registro de 2 mil 257 sindicatos inscritos, pero de estos, solo unos 400 están activos.

Según Carlos Contreras, ministro de Trabajo, todos los sindicatos reclaman atención, pero la ley establece que se puede negociar con el que más afiliados tenga.

Los sindicatos se pueden constituir en los ministerios, entidades autónomas centralizadas y privadas, una vez tenga más de 20 miembros inscritos.

Una de las razones por las que los sindicatos dejan de funcionar es porque no renuevan su personería jurídica, no entregan sus cuentas sindicales y con ello están susceptibles de disolución.

Contreras aseguró que hay instituciones donde hay más de 50 sindicatos, pero solo 2 o 3 están activos.

“Finanzas es un títere político; no hacen nada, la ciudadanía está harta y tiene derecho de pedir que a los sindicalistas se les exija por resultados”.
Hugo Maul, Analista del CIEN

“Se otorgan beneficios sin la capacidad financiera. Los pactos son pensados a corto plazo, sin darse cuenta de que las instituciones están en crisis”.
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana

“Desde afuera y sin leer los contenidos de los pactos es muy fácil opinar a favor y en contra; hay que tener conocimiento de lo que contiene”.
Carlos Contreras, Ministro de Trabajo

“La negociación es la columna vertebral en un país democrático, no hay tantos pactos, aún no hemos salido de ser un país confrontado”.
Luis Lara, Sindicato de Salud

Así lo dijo

Noticias Sigloxxi Guatemala

  • “Como los gobiernos son temporales, no se preocupan del futuro de las instituciones”.— Manfredo Marroquí, Acción Ciudadana

http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/12/31/2014-se-disparo-firma-pactos-colectivos

La paz y la semiesclavitud laboral

Álvaro Velásquez

alvarovelasquez@intelnett.com

Lo bueno fue haber clausurado la guerra de 36 años en nuestro país, en 1996 y del que ya se cumplieron el 18 aniversario de la firma de la paz. Lo malo es el gobierno de Alvaro Arzú así como el de Otto Pérez Molina traicionaron el espíritu y contenido de los Acuerdos de Paz, apuñalando por la espalda al pueblo con su agenda neoliberal y plutocrática.

La más reciente medida atentatoria de los Acuerdos de Paz es la reducción del salario mínimo en cinco municipios del con el afán de asegurar su tasa de ganancias a las maquilas nacionales y extranjeras. Se lo decretó justo el 26 de diciembre, cuando nadie está pensando sino en regalos y no en puñaladas por la espalda.

Pero establecer a Q1,500 el salario mínimo contradice el espíritu constitucional, el Código de Trabajo y, por supuesto, los Acuerdos de Paz. En el Acuerdo Socioeconómico desde el numeral 26 relativo al Trabajo y derechos en el trabajo, puede notarse lo antagónico del texto con las medidas de este gobierno cuyo jefe es uno de los firmantes de los tales acuerdos.

De igual manera, la medida viola la igualdad salarial de las mujeres en el territorio nacional. Uno de los textos sobre la equidad de la mujer en el trabajo y el salario, entre otros aspectos dice: “Reconocer la igualdad de derechos de la mujer y del hombre en el hogar, en el trabajo, en la producción y en la vida social y política y asegurarle las mismas posibilidades que al hombre, en particular para el acceso al crédito, la adjudicación de tierras y otros recursos productivos y tecnológicos”.

Lo cierto es que este país camina para atrás. Un amigo ingeniero que trabaja por la zona de los municipios afectados por la reducción del salario mínimo me lo expuso así: “Lo que este gobierno ha hecho es una Política de billeteras y cuentas abiertas para las grandes empresas”. Los grandes beneficiados no son los trabajadores sino las grandes empresas tradicionales.

Por ejemplo, en Masagua están Ingenio Trinidad; Ingenio Magdalena (ubicado entre la Democracia y Masagua); el Ingenio Santa Ana; Ingenio Concepción (Pantaleón), entre otros.

También están presentes en dicho territorio Jaguar Energy, que es generadora de energía a base de carbón y que está en 5 caballerías de terreno. Aceros de Guatemala; los complejos de Pineda Lam (Torre Molinos, Costa Linda, Quintas la Ponderosa, Uxmel, Casa de Campo, Aquaventura); Fertilizantes Uxsa, Cooperativa Comayma, Litoral, S.A.; así como varias granjas de la industria avícola; o bien, como en el caso del municipio de Gustatoya, allá esta la cementera más grande de Centro América, etcétera, estamos hablando de municipios que son de los más dinámicos en la agroindustria y explotación minera.

Cierto que los ministros del sector privado que operan al seno del gobierno nos venden tales medidas antilaborales como “necesidades técnicas” de estar a la par de países vecinos como Haití, que tienen salarios mínimos menores, para supuestamente ser más competitivos. Carajo.

Pero dudo de que esto vaya a favorecer la competitividad, sino al contrario. Lo peor de todo es que estas medidas incentivos, todo en nombre de una “descentralización de la inversión privada” por medio garantizar una rápida tasa media de retorno.

La excusa de que así se crearán más puestos de trabajo no convence a nadie. Y aun si fuera cierto, será sobre bases inmorales e infinitamente menores a las ganancias obtenidas a cambio por los inversores.

Lo anterior indica que la economía guatemalteca sigue siendo proteccionista y rentista para los de arriba y desfavorable para los de abajo.

http://www.s21.com.gt/dialogo-critico/2014/12/31/paz-semiesclavitud-laboral

Crecimiento sigue sin alcanzar la equidad

El buen desempeño del país a nivel macroeconómico no se ve reflejado en la distribución de la riqueza.

El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2014 estima un buen crecimiento económico para Guatemala, un cuatro por ciento, una proyección que coincide con la recién hecha por el Banco de Guatemala (Banguat).

La cifra es muy positiva en comparación con la de Latinoamérica y el Caribe que apenas llega a un 2.2 por ciento, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El buen desempeño macroeconómico significa poco en la parte social, Guatemala es una economía cuyos beneficios están concentrados en un sector pequeño de propietarios en opinión del analista independiente Carlos Martínez.
A esto hay que sumar el crecimiento de la población que se estima en 2.5 por ciento. Lo que hace que la distribución se realice entre más personas por lo que es necesario que la economía crezca a cifras más altas. Estas deben estar al menos, según analistas e incluso tanques de pensamiento como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en cifras de un seis por ciento en adelante.

Desigualdad evidente
Uno de los indicadores de la desigualdad es el Índice de Gini, que muestra que el 80 por ciento de todo está en manos de un dos por ciento de la población, manifiesta el analista independiente Enrique Lacs.
Concretamente esta medida muestra la desigualdad de ingresos en los países, donde cero muestra una equidad perfecta y cien una inequidad perfecta. Aquí Guatemala, según datos del Banco Mundial (BM) de 2011, se sitúa en 52.4, entre las peores cifras a nivel mundial.
Y eso se ve reflejado al ver las cifras de la distribución de las clases sociales en la región aportadas por el BM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 2000, el país tenía un 56.3 por ciento de pobres, un 30.5 de población vulnerables, 12.3 de clase media y un 0.9 de clase alta.
Pero en 2012, las cifras mostraban como se había aumentado la pobreza hasta el 63.1 por ciento, mientras disminuía la clase vulnerable, la clase media y la alta. Colocándose en 27.4 por ciento, nueve por ciento y 0.5 por ciento.
Estas cifras chocan con la evolución de países que han visto cambios sociales en los últimos años como Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá.

¿Cual es la solución?
Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, la solución más obvia es o disminuir la población o aumentar el crecimiento.
Para Eduardo Weymann, exministro de Finanzas, hay un mercado que debería ser prioritario para crecer, China continental. Pero hay un escollo, Taiwán, que en su opinión es un país que interfiere en los países latinoamericanos para mal.
“Abrámonos a más mercados, no solo está China, sino India, Sudáfrica o Rusia. La política de comercio exterior no debe jugar a la política. La política solo le sirve a los interesados, pero a nuestro país no. Y la inversión nacional necesita que tus insumos sean razonablemente económicos, pero también funcionales. Guatemala tiene buenas condiciones para la inversión”, opina Lacs.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20141231/economia/6691/Crecimiento-sigue-sin-alcanzar-la-equidad.htm

PDH contra salarios mínimos diferenciados

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió al presidente de la República, Otto Pérez, que derogue los acuerdos que fijan salarios mínimos diferenciados en los municipios de San Agustín Acasaguastlán, Masagua, Guastatoya y Estanzuela.

Considera que son medidas discriminatorias y violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República y compromisos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la igualdad de la remuneración, entre otros.

Por aparte, representantes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), expresaron ayer que el salario mínimo de Q1,500 establecido por el Organismo Ejecutivo, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas.

“Lo vemos como un experimento para que esto se generalice en todo el país”, resaltó Susana Vásquez, técnica en incidencia política de dicha organización.

El Gobierno sostiene que la medida se tomó para incentivar el empleo, pues en los cuatro municipios escogidos los ingresos mensuales apenas superan los Q600, sin prestaciones.

http://www.s21.com.gt/pulso/2014/12/30/pdh-contra-salarios-minimos-diferenciados

PDH rechaza salarios mínimos diferenciados

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), considera que diferencias por regiones el salario mínimo en el país, atenta contra la naturaleza de los Derechos Humanos y es una práctica discriminatoria.

CIUDAD DE GUATEMALA – A través de un comunicado de prensa, la PDH señala que los acuerdos gubernativos que fijan salarios mínimos para la industria de manufactura ligera atenta contra los derechos humanos “pues estos son universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y sobre todo progresivos”.

El pago de Q1 mil 500 mensuales se decretó en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa y Masagua, Escuintla, luego de un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial organizado.

Para la PDH las nuevas condiciones laborales “son discriminatorias y violan los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

El rechazo de la PDH a las circunscripciones económicas que permiten fijar un salario mínimo diferenciado, se une a la inconformidad manifestada por el Movimiento Sindical Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales que calificaron la decisión de “perversa”.

La PDH a través del comunicado público recomienda al presidente Otto Pérez Molina que derogue los acuerdos gubernativos “por ir en contra de los derechos humanos de la población guatemalteca”, además de suprimir las figuras jurídicas discriminatorias que “generan precedentes negativos, creando ciudadanos de primera y segunda categoría”.

LEA MÁS | Declaran paga mínima de Q1 mil 500 mensuales en cuatro municipios

POR PRENSA LIBRE.COM / Guatemala

Salario aumenta 15% en tres años

En los primeros tres años de la administración del presidente Otto Pérez Molina, el salario mínimo se ha incrementado 15%

La paga mínima que entrará en vigencia esta semana   será de Q78.72 para las actividades agrícolas y no agrícolas y Q72.76 para la maquila.Con este ajuste, se  acumulan en los últimos tres años  incrementos de Q10.72  y Q9.86,  respectivamente. Esto significa que para el 2013 el incremento para las actividades agrícolas y no agrícolas fue de Q3.40, para el 2014; Q3.57 y para el 2015; Q3.75.

Ver infografía

En el caso de la maquila los incrementos fueron de Q3.13, Q3.28 y Q3.45, respectivamente.Con los Q10.72 acumulados de incremento, no alcanza para comprar    una libra de frijol negro y una libra de arroz de segunda.Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),  y precios de noviembre último, esos productos se cotizaron en Q6.54 y Q4.29, lo que significa que un guatemalteco tiene que desembolsar Q0.11 más.

Brecha

El costo mensual  de la canasta básica alimentaria a noviembre del 2014, según el INE,  alcanza los  Q3 mil 218.10, y la  canasta vital   se ubica en Q5 mil 872.45. Para el  2015, el salario para las actividades agrícolas y no agrícolas será de Q2 mil 644.40, y  para la maquila  de Q2 mil 450.95. Los montos incluyen los Q250 de bonificación de ley.Al restarle la canasta básica alimentaria al salario mínimo deja un déficit de Q573.70 en el primer rubro,  y de Q767.15 en el segundo.

La tasa de inflación a noviembre  último  fue de 3.38%.

Posiciones

Para Rigoberto Dueñas, secretario general de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos, los incrementos al salario mínimo no son suficientes.  “El Gobierno deja  por un  lado la acumulación de  la inflación de los últimos 20 años”, refirió.

En opinión de  Dueñas,  la brecha entre el costo de vida y los salarios es muy grande. “Debería darse un porcentaje adicional a lo acumulado en el año,   para que de aquí a seis años se equipare  la capacidad adquisitiva del salario mínimo con la inflación  acumulada”, apuntó.  El sindicalista consideró   que el poco aumento del salario mínimo es lo que genera crisis y pobreza extrema  en la clase trabajadora, lo que  tiene un impacto en la calidad de vida de los  guatemaltecos.

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que el salario mínimo es un mito,  porque la mayoría de los guatemaltecos no ganan eso, y que más de cinco millones de personas están afuera de la seguridad social y ganan menos que la  mitad del pago mínimo.

Señaló que en ningún lugar del mundo el salario mínimo fue pensado para cubrir la canasta básica de consumo, y que  en todo grupo familiar trabaja más de una persona, y entre todos es como se llega a cubrir  la canasta básica.  “Lo que habría que buscar es como la gente gana más allá del salario mínimo, mediante esquemas que fomenten la productividad y la eficiencia  y que mejoren los empleos”, señaló Maul.

Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, afirmó que siempre va a existir insatisfacción, porque los patronos aseguran que si el salario se ajusta  la consecuencia es desempleo, “y lo que menos queremos”.

POR GUILLERMO ISAí RAMíREZ / Guatemala

El gesto de paz del Presidente

El gesto de paz del Presidente

O queda en gesto de impotencia.

Édgar Gutiérrez

Al presidente Otto Pérez le urgía enviar una señal de reconciliación a las cámaras empresariales, sobre todo a aquellos sectores que lo han arropado desde 2012. La aprobación del presupuesto público de 2015 y su inesperado paquete de impuestos, rompió automáticamente el encanto de una relación armoniosa y la prudente actitud empresarial de no emitir críticas públicas en contra del gobernante. La eliminación de las tarifas extra en los puertos fue un buen gesto, pero insuficiente; además, pasar un nuevo salario mínimo –aunque sea 18 puntos inferior al costo de la canasta básica de alimentos– no resultó simpático para algunas ramas de actividad, como el comercio, los servicios y la agricultura, susceptibles al impacto pues generan la mayor proporción de empleo de base.
Por eso la idea de abrir una suerte de “paraísos” a la inversión, pareció un buen presente navideño de Pérez Molina. Va en la línea de la flexibilización salarial que han acariciado los empresarios, y podría ser un buen experimento de la Ley de Inversión y Empleo, que tozudamente el Congreso se ha negado a aprobar, a pesar del intenso cabildeo. Así queda claro que la negativa es de la oposición, pero que el mandatario –cual Barack Obama en el último tramo de su gestión– está dispuesto a acudir a sus poderes ejecutivos para dejar claras las líneas de su política económica, que un sucesor suyo –léase Alejandro Sinibaldi– podría profundizar con el debido respaldo político, claro está.
Hacer de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, en El Progreso; Masagua, Escuintla, y Estanzuela, Zacapa, municipios modelo para la inversión requiere, desde luego, más que salarios recortados a la mitad del mínimo. Es un paso, del cual participan los alcaldes y el propio ministro de Trabajo, pues la paga en esos lugares es apenas de Q900 mensuales, es decir, un tercio del salario mínimo aprobado. Los inversionistas esperarían incentivos fiscales y otros componentes de un diseño “integral”. Por el momento, sin embargo, deberán saludar la audacia del mandatario, y continuar sus demandas ante la Corte de Constitucionalidad para derogar los impuestos que contiene el Presupuesto 2015. Una Corte que, por cierto, entra en periodo de renovación y a donde sin duda llegarán otros alegatos, como el de la inconstitucionalidad de aprobar un salario por debajo del mínimo, mientras Washington toma otra vez nota de una presunta violación al Tratado de Libre Comercio. Ya se verá la suerte del gesto, si es suficiente para la reconciliación o queda en la impotencia.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20141229/opinion/6638/El-gesto-de-paz-del-Presidente.htm