Libertad sindical

CICIG y MP deben investigar las suspensiones ilegales, encarcelamientos y asesinatos contra los trabajadores.

Franco Martínez Mont

En Guatemala, el cumplimiento de derechos humanos es una utopía liberal –ni siquiera socialdemócrata– y la represión a los trabajadores organizados fue y ha sido la estrategia contrainsurgente para configurar el Estado neoliberal actual, donde las arbitrariedades de los oligopolios actúan con impunidad y corrupción.

La explotación de la fuerza de trabajo es la base para la acumulación de capital de los grupos de poder, creando amplias brechas de desigualdad, muerte y exclusión política.

Empero, en un contexto de posguerra, deben reconocerse las luchas de los sindicatos –no blancos–, quienes han creado un contrapoder ante las vejaciones patronales, desde las resistencias políticas hasta los avances en la institucionalidad pública. Finalmente, las demandas populares deben anclarse en el Estado.

Por ejemplo, a partir de 2017 se firma el Acuerdo en Ginebra para crear la Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, esta se hace efectiva en el país mediante el Acuerdo Gubernativo 45-2018.

Dicha instancia está acompañada por OIT y nace para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales a través del diálogo social, fomentando las buenas relaciones laborales (negociación colectiva, libertad sindical, mediación y resolución de conflictos, legislación y política laboral). Está integrada por representantes del Gobierno, sector empleador y organizaciones de
trabajadores.

La Comisión Tripartita contribuirá al empoderamiento de los sindicatos para fiscalizar, proponer y gestionar la aprobación de leyes e implementación de políticas públicas a favor de los trabajadores, ya que su realidad es alarmante, en muchos casos inhumana.

La OIT para 2018 registra 19 casos activos relativos a quejas de libertad sindical, 11 más están en seguimiento, mientras que 80 han sido cerrados.

La coerción y lobby de las cámaras empresariales es sistemático y contundente, pero la negligencia del Estado es aún más deleznable, un Estado que no garantiza derechos y no promueve el bien común de la clase trabajadora.

¿Qué toca ahora? A propósito de la jerga mundialera, la pelota está en la cancha, corresponde a los sindicatos presionar al Congreso para aprobar el decreto-ley que institucionalizaría la Comisión Tripartita, con un presupuesto razonable para su funcionamiento y con plenas prerrogativas democráticas para cumplir con el derecho a la libertad sindical y de asociación, tal y como lo contempla el Convenio 87 de OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

framont@gmail.com

https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/07/07/libertad-sindical-2/

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Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos

POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Alejandro Argueta, abogado de profesión especializado en Derecho Laboral, se ha enfocado en el estudio y atención de casos relacionados a la defensa de derechos de trabajadores, las organizaciones sindicales, pactos colectivos del sector público y privado. El abogado, también con conocimientos y estudios en Historia y Economía, conversó con “La Hora” respecto a las consecuencias que existen a partir de la corrupción de organizaciones de sindicatos en el sector público y de la necesidad de eliminar estas malas prácticas en favor de la gestión de las instituciones públicas.

Argueta analizó e identificó anomalías en el Pacto Colectivo firmado entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y el sindicato de salubristas de esa institución. A criterio del experto, existe una brecha sumamente ancha entre la verdadera naturaleza de los sindicatos y la forma en que han funcionado, en la práctica. Según Argueta, en ese juego de corrupción y defensa de intereses personales, los más afectados son los trabajadores honestos y la población.

¿Cuál es o debería ser la naturaleza de un sindicato?
Los sindicatos son muy importantes. En el ámbito laboral y profesional, la única forma de lograr mejorar y superarse es organizándose, en lo individual hay muy pocas historias de éxito, creer que solo uno va lograr las cosas no se puede, entonces hay que organizarse. Un sindicato siempre debe buscar el bienestar de los trabajadores. Hay muchos casos que demuestran la necesidad de trabajar y proponer en colectivo. Una segunda función de los sindicatos es que son un interlocutor político, porque para hacer política es importante tener representantes políticos y legítimos.

¿Cómo son los sindicatos en Guatemala?
En Guatemala, los sindicatos actualmente son el producto de una política de represión antisindical. En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical. No es culpa de los trabajadores, la destrucción de la fuerza sindical ha sido una causa de algunos patronos.

¿Quién es el principal beneficiado con la corrupción de un sindicalista?
Es el patrono porque si el sindicalista fuera honesto a la representación que ejerce entonces el patrono realmente tendría que negociar con una fuerza colectiva real y ceder parte de sus intereses económicos y políticos con tal de mantener la estabilidad de su actividad. Por el contrario, si el sindicalista es controlado por la presión del patrono, lo que hace es que deja de ser sindicalista y se convierte en un cómplice del patrono. Hay una frase que dice “no se puede vivir de defender una injusticia y pretender no ser parte de ella”. Entonces, cuando el sindicalista traiciona su representatividad y se presta a intereses opacos del patrono, se convierte en cómplice del patrono. Un patrono legal, responsable y honesto no necesita de un sindicalista corrupto. El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos.

¿Cómo se aplica esto a las instituciones públicas?
En las instituciones públicas, lo que puede suceder es que los funcionarios corruptos corrompen al sindicalista para que en la traición de sus intereses lo primero que traicionen sea ser el primer testigo de los actos de corrupción del funcionario. Cuando en realidad ellos tendrían que ser los primeros en denunciar la corrupción de las instituciones. O sea que lo primero que gana es el silencio del sindicalista de la inapropiada gestión del funcionario.

Un sindicalista estatal conoce bien las instituciones, lo saben todo, tienen el sentido de un funcionario correcto y uno que no está actuando bien, saben sobre los procesos administrativos, sobre las compras, las presiones financieras, se enteran de todo. Cuando lo ocultan es donde traicionan la esencia de su papel como sindicalistas. La corrupción que vemos ahora es el resultado y producto de un deterioro de la administración pública que empieza con los funcionarios. La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

¿Cuáles son las consecuencias de esa dinámica de corrupción entre sindicalistas y funcionarios?
Lo que sucede es que aunque existen muchos sindicatos en las instituciones, en lo público o en lo privado, en realidad los trabajadores no están representados, lo que existen son sindicatos de cartón, son fachadas políticas que ejercen una función de validación de la corrupción y han dejado de ser representativos para el resto de trabajadores.

¿De qué forma se puede resolver esto?
Considero que lo primordial es dar oportunidades de fomentar nuevos liderazgos y sobre todo de jóvenes que estén conscientes de las deficiencias actuales y tengan la intención de hacer las cosas de manera distinta.

También considero que se deben aprovechar las coyunturas actuales de la lucha contra la corrupción y aprovechar que hay de parte del sector empresarial y estatal personas que comprenden la necesidad de apoyar estos procesos.

Actualmente resultan muy cuestionados los Pactos Colectivos. ¿De qué forman funcionan estas negociaciones?
El Pacto Colectivo es la formalización de los acuerdos entre los sindicalistas y los representantes de las instituciones, el problema es el tipo de negociación. Hasta ahora no tengo evidencia para hacer una excepción respecto a las anomalías en las negociaciones.

El problema con los Pactos Colectivos es que, con el modelo con el que se plantean, no son sostenibles. La forma en que se negocian entre instituciones públicas y sindicalistas, hacen que los beneficios no sean sostenibles. En el caso de los salubristas hay que reconocer que sí ganan muy poco, los ingresos son bajos para los que están haciendo gestión púbica. Y entonces vienen este tipo de prácticas entre sindicalistas y funcionarios públicos y llegan a acuerdos de beneficios económicos que aparentan ser favorables pero no son sostenibles y al final los trabajadores salen defraudados porque al final no reciben nada.

No les pagan porque no hay respaldo legal para hacerlo, no hay suficiente capacidad presupuestaria, otras veces, la mayoría de beneficios deben ser erradicados porque no son sostenibles.

¿Cuál es el perfil que debe tener un sindicalista?
Yo considero que antes que cualquier cosa, un sindicalista debe ser responsable y formal en el cumplimiento de sus funciones legales como empleado públicos y a partir de ahí proponer una mejora. No al revés, no proponer cosas que les quiten responsabilidades como empleados públicos porque de esa forma afectan la gestión pública y esa no es la verdadera intención de un sindicalista.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida. Así es como me imagino un sindicato: intransigente con las prácticas opacas, exigente de condiciones de trabajo que le dignifiquen y le den carrera.

¿En algún momento, los sindicatos se vuelven herramientas políticas?
Se convierten en grupos de poder. Primero, las personas los apoyan y creen que van a lograr beneficios insostenibles con la representación de los sindicalistas, buscan un alivio a su precaria condición de vida. Con esa intención, la gente apoya la sindicalización. La gente participa de una u otra manera, pero con ese apoyo y con el uso de licencias se convierten en una herramienta de presión política para intereses muy particulares que muchas veces no tienen que ver con los intereses de los empleados.

Tomando en cuenta que existen anomalías en la actividad sindical, ¿quiénes deberían vigilar el actuar de los sindicatos?
Todos. Es una tarea que va desde el Presidente, los ministros, las organizaciones como la Contraloría General de Cuentas, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de trabajo. Prácticamente es una tarea de muchas instituciones. Son varias las autoridades que deben poner atención en este tema para resolver lo que está sucediendo.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción. Esto no se trata de criticar el movimiento sindical en general sino a la corrupción que se ha impregnado en estas actividades.

En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical.

La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida.

Alejandro Argueta, abogado especializado en derecho laboral.

http://lahora.gt/experto-laboralista-el-sindicalista-corrupto-no-va-luchar-por-intereses-verdaderos/

Honduras: La huelga más larga en la empresa que simbolizó las “banana republics”

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

Alejandro Argueta.

Guatemala, 26 de febrero de 2018.

Preliminares para ubicar la crítica en la posición correcta

Existe un relevante nivel de crítica ciudadana a la situación institucional que deriva de la suscripción y vigencia de no pocos pactos colectivos en la administración pública. Este reclamo se basa en la percepción sobre la existencia de abusos en dichos acuerdos que, de manera directa e indirecta, debilitan las capacidades institucionales de la administración y por lo tanto reducen las oportunidades de acceso a seguridad, desarrollo y bienestar. Las percepciones van desde las que nacen del puro “sentido común” popular y generalizado, hasta opiniones políticas y técnicas de sujetos socialmente acreditados e instituciones ciudadanas.

Sin embargo, para construir una crítica sostenible, es necesario plantear que muchas buenas intenciones han caído en profundizar el problema al formularse desde visiones reduccionistas y, en el peor de los casos, basadas en prejuicios políticos e institucionales con relación a la existencia del reconocimiento del derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical en la administración pública. Esto debe sustentarse no solo en razones universales de justicia y probidad, sino principalmente en argumentos jurídicos e institucionales pertinentes que conduzcan a la construcción de los necesarios consensos que se requiere en este tipo de situaciones, para la formulación de soluciones que permitan avanzar a la sociedad en su conjunto a un nivel de desarrollo superior.

Dicho en pocas palabras, la condición para hacer bien una crítica de este tema se resume en la frase: “Nosotros no somos antisindicales, somos anticorrupción” de la doctora Lucrecia Hernández Mack, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017.

Este paradigma implica un punto de vista diferente al que tradicionalmente se sostiene en este tipo de asuntos. Normalmente se ubican los abusos en los pactos colectivos en el Estado como un asunto solamente laboral (posición reduccionista), con lo que se oculta la verdadera naturaleza del problema.

El asunto de estos abusos implica tomar en cuenta lo siguiente:

  1. El Estado tiene la obligación de proteger y promover la negociación colectiva (artículo 106 de la Constitución). Por lo tanto, cualquier crítica o propuesta de solución a esta situación tiene que formularse, necesariamente, bajo el paradigma de fomento y defensa de este derecho, no en su limitación, obstrucción o erradicación.

 

  1. El principal punto del problema en estos abusos no es la existencia de los sindicatos, ni mucho menos la institucionalidad de la negociación colectiva y el producto de su realización, que son los convenios y pactos colectivos. El problema radica en la forma en que los funcionarios ejercen el poder público. Es decir, es un problema de arbitrariedad en el ejercicio del poder y no solo de corrupción.

 

  1. En un modelo de negociación colectiva, la dinámica básica de relación entre los actores es que la organización de empleados hace una petición (mediante un procedimiento legalmente determinado) y el funcionario encargado de la entidad pública accede o niega el otorgamiento de lo pedido. Por lo tanto, el problema está en la legalidad del acto administrativo de otorgamiento: si este se realizó dentro del marco de la competencia legal del funcionario, no habrá problema alguno con lo otorgado, pero si de alguna manera dicho funcionario se excede, omite o tergiversa el ejercicio de sus funciones legales, entonces lo otorgado carecerá de pertinencia legal y por lo tanto es un acto nulo. En pocas palabras, el asunto es de “legalidad”: los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite, excederse de ese límite es causa de responsabilidad y omitir el cumplimiento de lo que la ley les impone también es causa de responsabilidad (artículos 152 al 155 de la Constitución).

Con esta introducción, la ruta a seguir consiste en que cada pacto colectivo debe ser analizado con la pertinencia jurídica que corresponda según los niveles de competencia legal de cada funcionario que suscribió dicho acuerdo. Existe una metodología especializada para realizar este análisis de pertinencia. En este documento se brindarán algunos ejemplos con relación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Entonces, un pacto colectivo de condiciones de trabajo es “abusivo” cuando el funcionario titular de la entidad administrativa establece cláusulas cuyo contenido fue acordado faltando a su deber de cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, es el actuar del funcionario lo que determina esa ilegalidad y es él el primero en responder por sus consecuencias. Los sindicalistas pueden estar asociados a dichos abusos, pero no responden en primera instancia porque no son los empleados públicos los que tienen las competencias legales formales para poder decidir la aceptación de la propuesta del pacto o acuerdo. Puede criticarse la pertinencia legal de su propuesta, pero en un orden de relevancia es más grave que un funcionario público decida aceptar la propuesta y la otorgue, ya que el deber del funcionario es mantener la legalidad de los actos administrativos que le competen.

Esto es relevante ya que cualquier crítica a la negociación colectiva en el Estado debería empezar por tener claro al sujeto responsable ya que cuando se construyen juicios de valor u opiniones responsabilizando solamente a una de las partes de la relación (solo sindicalistas) y exonerando a la otra (en este caso al sujeto principal de la responsabilidad), entonces se ha realizado, en lugar de una crítica constructiva, un comentario u opinión antisindical que es técnicamente considerado como comportamiento de discriminación. Este tipo de conductas, lejos de constituir la solución, profundizan la situación problemática e invisibilizan las principales responsabilidades, favoreciendo un sistema de arbitrariedad y corrupción. Por eso no es deseable un planteamiento erróneo de la crítica, ya que empezaría mal y producirá estigmatizaciones o etiquetas negativas a la persona u organización ciudadana que tenga el deseo sincero de contribuir a la formulación e implementación de soluciones.

Un ejemplo de esta limitación es cuando la ciudadanía realiza señalamientos de como “debe ser” la negociación colectiva en determinado órgano administrativo y propone el contenido de pactos o convenios cuando esa acción está reservada a las partes. En este caso lo apropiado es hacer un análisis negativo de la situación de suscripción del acuerdo y reclamar directamente al Estado, y a sus funcionarios, los errores y abusos que se detecten. Otro ejemplo es cuando se afirma que el sindicalismo se ha deteriorado por prácticas obscuras de clientelismo, pero se omite hacer mención que quien promueve, fomenta y protege, esos pactos clientelares son los funcionarios responsables de la administración pública.

Lo más importante es señalar la existencia de un modelo cultural arbitrario en la administración pública con relación a la forma de ejercer el poder político, que produce un sistema ineficiente e ineficaz. Una serie de procesos de normalización de prácticas ilegales y administrativas irracionales marcan la cotidianidad de funcionarios y empleados: las personas se “acostumbran” a hacer incorrectamente las cosas y, ante la degradada situación económica de la mayoría de personas contratadas en el Estado -bajas remuneraciones y malas condiciones de trabajo-, cualquier beneficio es apreciado sin considerar la forma en que se obtuvo. Las personas pasan a identificar en su subjetividad que esos beneficios -insostenibles desde el punto de vista legal, financiero y administrativo- son sus derechos “legítimos” y se olvidan del paradigma legal que prescribe que “el error no es fuente de derecho, pero si lo es de responsabilidad” (Dr. Edgar González, Viceministro Administrativo de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017). Así, las personas pierden la posibilidad real de mejorar su situación de empleo por medio de formas y mecanismos legales y defienden, en algunos casos, lo indefendible, contrastando al Estado con derechos fundamentales como la libertad sindical.

Sin embargo, lo más grave con relación a lo anterior, es la creación de instituciones informales que sustituyen a las formales (régimen de legalidad) y que se “legalizan” con una gran cantidad de actos de otras instituciones que, al omitir la debida rectoría de sus competencias, otorgan validez formal a los acuerdos colectivos que contienen vicios de ilegalidad. Es el caso de dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la Contraloría General de Cuentas, decisiones de la Junta Nacional de Servicio Civil, opiniones y actos de la Inspección General de Trabajo y hasta decisiones de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Un ejemplo paradigmático es la sentencia colectiva o laudo arbitral emitido por los tribunales con relación al conflicto colectivo en el Hospital San Juan de Dios. En esa sentencia, revisada en todas las cortes (con participación incluso del Ministerio Público en acciones de amparo), fue confirmado un contenido que trata:

  1. la creación de un fideicomiso para el pago de deudas personales de los empleados públicos,
  2. otorgamiento de un espacio para la instalación de una agencia bancaria dentro del hospital nacional,
  3. el manejo de la planilla del total de empleados (escogidos arbitrariamente por la persona nombrada por el Ministro de Salud Pública y el representante de la coalición de trabajadores sin realizar procesos de licitación), y
  4. un aumento salarial solo para los empleados de ese hospital.

El contenido o las peticiones de los trabajadores coaligados debía haber sido analizado desde la primera instancia, pero los integrantes del Tribunal de Conciliación dejaron de lado el apropiado examen de la legalidad y aprobaron lo solicitado. Luego, todos los demás tribunales superiores que conocieron el caso también aprobaron el contenido y omitieron denunciar o tomar acción con relación a ilegalidad que resulta evidente. El resultado final es una sentencia firme o ejecutoriada que tiene validez formal a pesar de que su contenido es ilegal.

En este punto de deterioro del sistema institucional con relación a la legalidad de los actos de la administración pública y la utilización de la negociación colectiva como una sofisticada forma de extracción ilegal de fondos públicos, es donde la intención de las partes puede volverse criminal al buscar la apropiación de patrimonio público, o la distribución de poder, para el establecimiento de redes o relaciones clientelares como, por ejemplo, el otorgamiento de plazas fantasma.

Teniendo claro este punto de partida es posible hacer un esbozo de las características de los abusos que determinan la crítica de los pactos colectivos en cuanto a su pertinencia legal, financiera y administrativa.

Breve descripción de los asuntos cuestionados de nulidad en el pacto colectivo del MSPAS

La acción judicial de nulidad que tuvo su origen en la demanda planteada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -SNTSG- se presentó en dos momentos: en la audiencia judicial laboral del 21 de febrero de 2017 y en una ampliación realizada el 2 de mayo de 2017.

Los principales puntos en los que se plantea la nulidad son los siguientes:

  1. El contenido del numeral 1 del artículo 43 del pacto colectivo. Entre lo que sobresale:

 

  • El bono de antigüedad real, debido a que el Ministro de Salud Pública que lo autorizó omitió realizar, previamente a la autorización del bono, los estudios financieros correspondientes a la viabilidad y sostenibilidad de esa prestación y estableció una escala con tasas acumulativas de aumento de salario por motivo de antigüedad (que contradice el régimen de legalidad establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública).
  • Se dividió el salario, fraccionando cuatro bonos que deberían ser incluidos en el monto de la retribución total, en contradicción con la Ley de Consolidación Salarial.
  • Se continuó la misma fórmula de cómputo para el pago de un bono por trabajo decente, en donde se distribuyen incorrectamente “economías” presupuestarías, cuando el régimen de legalidad establece destinos específicos que está prohibido modificar.
  • Se crea un sistema de contratación totalmente informal, con el objeto de trasladar a personal temporal a puestos definitivos, sin considerar los procedimientos establecidos en el sistema de servicio civil y que desembocó en la creación de miles de plazas y el otorgamiento, bajo serias dudas de transparencia, de varios miles de estas. La informalidad de este sistema se observa en el acuerdo suscrito entre el mismo Ministro de Salud que suscribió el pacto y el representante sindical, en octubre de 2013, en donde establecen que en cada unidad ejecutora -por medio del visto bueno de tres personas (delegado sindical, encargado de recursos humanos y director de área)- se seleccionará por medio de listados firmados por esas tres personas a los que -estando contratados en renglones temporales- opten a un cargo público definitivo o permanente.

 

  1. El contenido del numeral 3 del artículo 43 del pacto colectivo con relación a un reglamento de viáticos. Esto resulta ilegal por que un Ministro de Estado no tiene competencia para modificar un asunto de la administración pública, en donde el único funcionario facultado legalmente para determinarlo es el Presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, conforme el inciso e del artículo 183 de la Constitución Política de la República. En este caso el Ministro de Salud aprobó un reglamento que aumenta las tasas de viáticos y establece privilegios precisamente para el Ministro y los directivos del sindicato de empleados públicos.

 

  1. El artículo 51 del pacto colectivo, en donde el Ministro de Salud Pública aceptó pagar directamente el monto de “honorarios” por servicios profesionales de asesoría al abogado del sindicato de empleados públicos. Este asunto tiene varios detalles:
  • Las entidades públicas no pueden pagar directamente a los proveedores de servicios de personas particulares,
  • la tasa de honorarios fue establecida de forma que no se hace según el verdadero valor del servicio prestado sino por medio de un mecanismo que se establece en forma incierta y exponencial al vincularlo con el resultado del aumento de los beneficios económicos establecidos en el propio pacto colectivo suscrito entre las partes; incluso incluyen el bono de antigüedad real en el cálculo de esos honorarios cuando no lo incluyeron para las prestaciones de los trabajadores. Esto fue pagado parcialmente a la persona indicada en el pacto colectivo -son más de veinte millones de quetzales- y, si continua la validez de esa norma, aún queda un saldo pendiente.
  1. El artículo 20 del pacto colectivo relativo a licencias sindicales. El Ministro de Salud Pública se extralimitó en sus funciones al otorgar licencias con goce de salario por un año fiscal completo a un número indeterminado de servidores públicos. La incertidumbre sobre el número de personas que pueden gozar de este privilegio se encuentra en el hecho que la fórmula de cómputo se hizo incierta en el sentido que es el sindicato el que decide cuántas personas pueden ser, ya que es esta organización, y no la administración, la que establece el número de filiales que puedan existir. El sistema legal de servicio civil establece un límite para el otorgamiento de licencias con goce de salario y ningún funcionario está facultado para variar esa disposición.

 

  1. Los artículos relativos a Junta Mixta y sistema disciplinario, que tienen relación con la destitución de empleados públicos y la resolución de conflictos individuales.

 

Trabajadores. Batallas por la dignidad (III)

Los domingos 27 de agosto  y 10 de septiembre publiqué la primera y segunda partes de esta historia. He contado sobre la serie de agravios que estos trabajadores vivieron (en la primera parte), y de cómo esos mismos agravios (en la segunda parte) se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad.

Hasta ahora, mientras el primer grupo de trabajadores se hallaba fuera de la planta, con un proceso judicial en los tribunales, empantanado con los recursos legales que el bufete de abogados que representaba a la empresa interponía, el segundo grupo, ya había sido reinstalado.

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El 11 de agosto de 2012, con la reinstalación de los 11 trabajadores la estrategia de la empresa empezó a partirse. “Allí ya comenzamos a agarrar credibilidad como organización, porque ellos (los gerentes, los supervisores) se la pasaban diciéndoles a los otros trabajadores que nosotros ya no íbamos a entrar; que el que se afiliara al sindicato se iba a ir también, como nosotros”, recuerda Néstor Hernández Rodríguez, operador de roladora, la máquina donde se hacen las costaneras.

Continúa Néstor: “A los del segundo grupo de trabajadores, los que fuimos reinstalados, cuando regresamos, ya nadie nos hablaba. Si los supervisores miraban a alguien hablando con los 11 que entramos, ya lo llamaban de Recursos Humanos, y lo empezaban a cuestionar, que qué estaba hablando con nosotros, que si se iba a afiliar al sindicato. Para el almuerzo, estaba uno sentado aquí, estaba allí la mesa vacía, y nadie se sentaba con uno. Como animales raros nos miraban. Las mesas llenas de un lado, y nosotros comiendo solos en las demás mesas porque nadie se sentaba con uno. Era prohibido que los demás compañeros hablaran con nosotros. Si veían grupitos de tres o de cuatro, dios guarde, la empresa les prohibía a los compañeros, que qué estaban hablando con nosotros, que los íbamos a manipular. Implementaron un sistema de cámaras para vigilar lo que hacíamos adentro de la planta. A pesar que la gente veía que ya no podían despedirlos, porque a nosotros nos habían reinstalado, todavía quedaba un gran temor, había mucho miedo en los trabajadores”.

“El gerente de Recursos Humanos llegaba de uno en uno, en las máquinas, en todas las áreas, que qué era lo que uno quería para desistir del sindicato, que los sindicatos no eran buenos en Guatemala, que ellos tenían la mejor asesoría legal, que los que se afiliaran al sindicato los iban a sacar de la empresa y que no iban a encontrar trabajo en ninguna otra parte”, recuerda Néstor.

Con el primer grupo de trabajadores reinstalados la empresa pasó a la ofensiva, incrementando los controles sobre los trabajadores. Entonces, la organización tuvo que implementar otras estrategias. Si la empresa podía controlar completamente lo que los diez trabajadores hacían adentro de la planta, afuera no podría hacerlo, y menos aún los domingos. Entonces, continúa relatándonos Néstor: “visitábamos a los trabajadores en sus casas, los íbamos a visitar los domingos, como los Testigos de Jehová íbamos, de dos en dos, solo que nosotros no íbamos con traje y corbata porque ni a eso llegábamos. O en las salidas de turno, por ejemplo: –miren muchá, fíjense que me voy a ir por tal lado, me siguen, y en tal lado nos vamos a juntar, pero lejos de la planta. Con alguien que vivía aquí, en el área de Villa Nueva, nos íbamos hasta allá por la zona 1 (de Ciudad de Guatemala), porque si algún conocido veía que alguien estaba platicando con nosotros, luego lo sabían en la empresa. La empresa implementó algo, que a algunos trabajadores les subieron el sueldo, pero con la condición que tenían que tener informados a los supervisores, a los de recursos humanos, de todo lo que se enteraran”.

Cada semana, los trabajadores manifestaban afuera de la planta, con las familias, las esposas, los hijos chiquitos, para decir “aquí estamos”, con pancartas y gritaban: que “más vale morir de pie que vivir de rodillas”; y que “sindicato unido, jamás será vencido”. Así fue como otros trabajadores fueron perdiendo el miedo, y se animaron a afiliarse al sindicato, que ahora cuenta con 70 trabajadores, de alrededor de 130.

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En septiembre de 2014, los trabajadores del primer grupo de fundadores del sindicato fueron reinstalados. De los 27 fundadores, 12 del primer grupo y 15 del segundo, regresaron 9 del primer grupo y 11 del segundo a la planta. –“Si emplazamos a la empresa y por eso nos despiden, en 24 horas tienen que reinstalarnos”, le dijo, con el Código de Trabajo en la mano, Boanerges Argueta, operador de stiller, a Emeterio Nacth, ayudante de costanera. Ahora, bromea Emeterio: “Boanerges se equivocó en un pequeñísimo detalle, y es que no fueron 24 horas, sino 24 meses”. En realidad, los trabajadores pasaron dos años y siete meses, resistiendo.

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Ahora, con el sindicato, las condiciones de trabajo han cambiado: se acabaron los turnos de 16 horas y la obligatoriedad de trabajar los domingos, el que quiere hacerlo lo hace, ya no hay más amenazas de despido, y si se trabaja domingo se tiene derecho a descansar un día de la semana. Ahora, también, solo se trabaja una semana de día y otra de noche, cuando antes eran tres semanas consecutivas en cada turno. Ya no se trabaja durante la Semana Santa. Ya nadie cabecea la carga. Los turnos como operador y como auxiliar son reconocidos –en el salario–; si un auxiliar pasa a ser operador recibe el salario del operador. Los supervisores no pueden ya maltratar a los trabajadores, insultarlos, como antes. Las secciones del comedor, para los almuerzos, ahora son las mismas que para los trabajadores administrativos, teniendo derecho a un subsidio, la empresa asume una parte del costo de la comida. Ahora ya tienen permiso para ir a consultas al Seguro Social. Los uniformes los dan cuando se arruinan, y no cada año.

Siempre, no reconocer al sindicato. Ellos mismos, la empresa, creó un sindicato, de esos blancos. Con eso Ternium Internacional de Guatemala intenta bloquear la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. En esta como en otras luchas no hay final feliz; queda solo la satisfacción de saber que se luchó, porque no había más qué hacer.

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A estas batallas por la dignidad se sumaron múltiples apoyos: Víctor Pérez Herrera, jefe de Taller de Coca Cola Guatemala, y miembro del sindicato de la embotelladora, que siempre ha estado allí, con ellos, que nunca les ha dejado solos. Los abogados Ingrid Urízar y Rafael Sánchez, de Festras, la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, son de esos abogados incorruptibles, que tanta falta le hacen a Guatemala. En Canadá, Mario Torres, de la Fundación Enrique Torres, en honor a un gran luchador por los derechos de los trabajadores, les ayudó a establecer contacto con el United Steelworkers y estos les abrieron las puertas al IndustriALL Global Union, el sindicato mundial del acero, del que Sitraternium hace parte.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/24/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-iii/

Trabajadores. La batalla por la dignidad (Parte I)

Dignidad. Valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo.

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Esta es la historia de un pequeño grupo de trabajadores que, con sus propias fuerzas, por si mismos, demostraron que, si luchaban, era posible mejorar sus condiciones de vida, hacerse respetar. En esta larga batalla la bondad, la solidaridad y el coraje iban a ser llevados al límite.

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Todo empezó en 2006, cuando una nueva administración tomó el control de la planta. De inmediato, la nueva gerencia impuso sus condiciones: eliminaron las canastas navideñas; el convivio para los niños; el festejo que, el día del niño, daban a los pequeños; y así, una serie de pequeñas prestaciones más.

La nueva administración quitó la cena, que, en el turno de la noche, hasta un tiempo antes les daban. Con ello, en adelante, durante el turno de la noche, el que quería comer debía llevar sus alimentos. A todos los trabajadores, en cualquier turno, se les prohibía salir –durante sus tiempos de comida– afuera de la planta.

Incrementaron luego la jornada de trabajo, de 12 a 16 horas, en turnos que iban de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de 2 de la tarde a 10 de la mañana. Entonces, le dije al gerente de producción que yo a ese horario no me adaptaba. Él me mandó a llamar a su oficina, y me dijo: – Mirá, aquí ningún hijuelagranputa me va a decir cómo voy a trabajar yo. – Ingeniero disculpe, pero esto es un trabajo, no es esclavitud, le dije yo. – La gran puta, me dijo, y somató el escritorio. Mejor me salí, allí lo dejé.

Con el incremento de la jornada de trabajo, durante algunas horas, los dos turnos se traslapaban. Ante ello, en el área de embarque, los trabajadores tenían que “cabecear” las láminas. Como no había suficientes grúas para realizar el proceso de carga, entonces, los trabajadores eran forzados, entre dos, a transportar manualmente, con su propia fuerza, sobre su cabeza, las láminas. Al principio, los trabajadores pensaban que esto podía hacerse agrupando tres láminas; pero el ingeniero les dijo: – No, se llevan las diez de un solo. Ya tenía uno la cabeza con el canalito ya hecho, bromean ahora los trabajadores.

Luego, impusieron que era obligatorio trabajar los domingos. Los trabajadores recuerdan así el discurso que acompañó la nueva orden: – Miren: si no quieren hacer ni mierda, dejen allí esa babosada. Ustedes no van a andar allí jodiendo igual que antes, porque ahorita ya es esta nueva empresa y ellos vienen dando con todo. Lo que yo puedo hacer es despedirlos a ustedes, así como despedí a los que no querían hacer ni mierda y se pusieron al brinco, ya vieron como los eché a la mierda, igual lo voy a hacer con Ustedes, los voy a despedir, y allí afuera miren qué putas hacen. Al final de cuentas aquí la planta tiene gente de sobra; se van dos, tres, y allí afuera hay cien esperando. Así que Ustedes: o hacen lo que aquí se les dice, o van a comer mierda.

En el área de embarque, uno de los supervisores intentó obligar a los trabajadores a llevar la basura que estaba en los botes al basurero general. Como los trabajadores le dijeron que no, que cada quien tenía su trabajo, que esa era labor de los trabajadores de limpieza, entonces, él agarró los botes de basura y se los vació sobre su cabeza. – Aquí yo mando; aquí, si yo quiero los despido.

Uno de los supervisores llegó hasta una pequeña bodega donde los trabajadores tenían colgados sus suéteres. Entro y dijo: – ¿De quién es esto? – De nosotros, le dijimos. – A mí no me parece que estén colgando esto aquí, y agarró los suéteres y los tiró al piso y mandó a uno de los trabajadores a que los fuera tirar a un basurero.

Para ir al baño los trabajadores debían ir hasta la oficina del supervisor y allí solicitar el “pase”, un cartón firmado y sellado por el ingeniero; lo que solo podía hacerse si no había nadie más haciendo uso del servicio sanitario. Si el pase estaba en la oficina y no estaba la persona, allí había problema. El baño queda lejos de donde estaban los trabajadores. – Uno para ir al baño, de aquí a que vaya a pedir el pase, o esperar a que otra persona venga y entregue el pase… se hacía un desmadre.

En otra ocasión a uno de los trabajadores se le sancionó por acostarse, durante su tiempo de comida, a la sombra de un árbol. Era tanto el cansancio que, en lugar de comer, él prefirió dormir un rato. El supervisor pasó y se le quedó viendo. Esa misma tarde le llamaron de recursos humanos para oficializarle la sanción.

Cuando alguien precisaba ir a consulta con el médico, por alguna enfermedad, en la empresa no les otorgaban los permisos. El ingeniero me dijo: – Gente enferma no queremos aquí; si vas a ir al IGSS es un día a cuenta de tus vacaciones. A los trabajadores que estaban en el turno de noche, les decían que, si iban al IGSS, eso no contaba, que no tenían permiso. Los trabajadores se ríen ahora: – Solo que tuvieras tu cita del IGSS en la noche; si estabas en el turno de noche no podías enfermarte.

La frase que más recuerdan los trabajadores que les repetían los supervisores era: – El portón tiene seis metros de ancho y de alto tiene uuuuu, bastante, pasa un camión, no van a pasar ustedes, se pueden ir cuando quieran.

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Con lo que no contaba la gerencia era con un inofensivo camión de bebidas que, una vez a la semana llegaba a surtir producto a la cafetería de la fábrica. Un día, el vendedor y los dos auxiliares, con su uniforme de camisa de botones a rayas blancas y rojas y pantalón de lona, entablaron una conversación con algunos trabajadores de la fábrica: – ¿Qué tal muchá, que tal todo por aquí? Ya los compañeros les contaron que para todo eran amenazas de despido, los insultos, la jornada de trabajo. – ¿Saben qué? les dijeron, mejor platicamos afuera, si los oyen aquí los van a despedir, ¿a qué hora terminan su turno? El vendedor y los auxiliares eran miembros del Sindicato de Coca Cola Guatemala, STECSA, el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, Sociedad Anónima.

Desde ese momento los agravios que los trabajadores habían vivido en la planta se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad. ¿Qué podían perder estos que no tenían nada más que ellos mismos, su fuerza, su solidaridad, y su honestidad para no dejarse comprar? Continuará…

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Este 26 de agosto se celebra el 42 aniversario del Sindicato de Coca Cola Guatemala, STECSA. Con este artículo, y la lucha de estos trabajadores que vivían estos atropellos en pleno siglo veintiuno, rendimos un homenaje a: Pedro Quevedo († 12 de diciembre de 1978), Manuel López Balam († 5 de abril de 1979), Arnulfo Gómez († 1 de mayo de 1980), Ricardo García († 1 de mayo de 1980), Marlón Mendizábal († 27 de mayo de 1980), Edgar René Aldama († 21 de junio de 1980), Ismael Vásquez († 21 de junio de 1980) y Florentino Gómez († 21 de junio de 1980), dirigentes de STECSA asesinados y desaparecidos por los regímenes militares.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/08/27/trabajadores-la-batalla-por-la-dignidad-parte-i/