¿Cómo perciben la corrupción los centroamericanos?

Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción. Las personas y la corrupción en América Latina”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, considera que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la policía y en el Congreso. El porcentaje baja al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%), y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos (educación, salud, documento de identidad, policía, servicios públicos y tribunales) pagó soborno en los últimos doce meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron un soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno; Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá, debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo ―entre 21 y 30% de los encuestados― pagados a la policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo, principalmente en Costa Rica (82%), Nicaragua (77%),  Honduras (76%) y Guatemala (70%).

El estudio agrega entre sus recomendaciones la necesidad de que los gobiernos involucren más a la sociedad civil en sus esfuerzos en contra de la corrupción, lo que puede dotar de credibilidad a sus esfuerzos. Asimismo, se debe crear un contexto seguro que favorezca la participación social, al tiempo en que se fortalecen las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción. También se recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción y proteger a los denunciantes mediante la creación de canales de denuncia accesibles y anónimos.

Para reducir los sobornos en los servicios públicos, el estudio recomienda que los gobiernos aseguren que las tarifas oficiales de dichos servicios se exhiban públicamente; así como optimizar los procedimientos para que la toma de decisiones no resulte prolongada o arbitraria, e invertir en plataformas de gestión electrónica que permita solicitar servicios sin interactuar personalmente con funcionarios o empleados públicos. Finalmente, para sanear las instituciones policiales se recomienda mejorar sus capacidades de investigación, así como afianzar medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión institucional.

La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia al destruir la confianza y la cohesión social, y al prostituir la institucionalidad pública frente a los fines particulares, por lo que toca hacerle frente de manera integral y estructural.


Elaborado por Jonathan Menkos Zeissig

Para leer el estudio completo: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe

http://blogs.eleconomista.net/icefi/2017/10/como-perciben-la-corrupcion-los-centroamericanos/

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La corrupción como costumbre

Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.

EDITORIAL

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.

El reporte señala que, a nivel latinoamericano, “… poco menos de un tercio de los ciudadanos que habían gestionado un servicio público en los 12 meses anteriores pagaron soborno (el 29%). En función de los índices de soborno de cada país y el tamaño de su población adulta, esto equivale a más de 90 millones de personas que viven en los 20 países sondeados de la región.”

Así respondieron en los países centroamericanos cuando se les preguntó:  “¿Cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a: un docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía; o un juez o funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca?”

Porcentaje de personas que han pagado sobornos al acceder a servicios públicos:

El Salvador: 31%
Costa Rica: 24%
Panamá: 38%
Guatemala: 28%
Honduras: 33%
Nicaragua: 30%

Quiénes pagan sobornos?

El reporte indica: “… Determinamos que el 25% de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagaron un soborno para acceder a servicios básicos mientras que un 30% de las personas más pobres también lo hizo. No obstante, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de sobornos pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos.”

Ver informe de Transparencia Internacional: “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe

https://www.centralamericadata.com/es/article/main/La_corrupcin_como_costumbre

Estabilidad laboral: costosa e injusta utopía

El concepto protege a los que trabajan en el Estado o en una empresa formal, al precio de la exclusión de los que buscan empleo y, en especial, de los jóvenes.

OPINIÓN
Jorge Cobas González

En Francia, país caracterizado por ser uno de los más avanzados en protección a los trabajadores, el péndulo de la historia está cambiando el sentido de su movimiento, acatando las exigencias de la realidad: la competitividad de las economías se basa en la eficiencia con que se utilizan sus recursos. Y en la Era del Conocimiento, el factor humano es el primero que considerar en tal sentido.

Dice el novel presidente francés Emmanuel Macron al fundamentar el proyecto de reforma laboral que flexibilizará la contratación y el despido con el objetivo de atraer nuevas inversiones y reducir un desempleocrónico: “El cambio animará a los empresarios a contratar. Se trata de romper un sistema que protege muy bien a los insiders [los que están dentro del sistema], a los que se benefician de un contrato estable, pero al precio de la exclusión completa de los otros, los más jóvenes, los menos cualificados”.

Como lo reseña el artículo en Elpais.com, “… La reforma da margen a patrones y trabajadores para negociar acuerdos en el ámbito de las empresas en cuestiones como el tiempo de trabajo o la remuneración. La idea es descentralizar, acercar al terreno las negociaciones laborales, y permitir la adaptación a los vaivenes de la coyuntura. Como contrapartida, las indemnizaciones por despidos legales —es decir, no improcedentes— aumentan un 25%. Francia facilitará a los inversores extranjeros los despidos cuando estos pasen por dificultades económicas, una medida destinada a atraer a las empresas multinacionales. Hasta ahora las autoridades francesas debían tener en cuenta la situación de la empresa en todos los países donde operaba; ahora bastará con que las cosas le vayan mal en Francia. Otras medida clave son la fusión en una sola las múltiples instancias en las que hoy están representados los trabajadores de una empresa, y la posibilidad de negociar en las empresas de menos de 50 trabajadores sin pasar por los sindicatos y esquivando los acuerdos sectoriales.”

El desempleo en Francia alcanza el 9,5%, en un marco de elevado déficit fiscal, lo que obliga a “… un giro de uno de los países con leyes laborales más rígidas en el mundo desarrollado, hacia los principios de la llamada flexiseguridad, la combinación de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. “

En Centroamérica, donde la desigualdad en condiciones de vida y en oportunidades de desarrollo personal es de las más altas del mundo, se mantienen -y continuamente se agregan más- frondosas normas regulatorias del mercado laboral, y se fijan salarios mínimos que protegen a los afortunados empleados públicos y a los trabajadores del sector formal, en desmedro de las oportunidades de lograr trabajo para los que están desempleados y para los jóvenes que intentar conseguirlo.

Ver artículo Macron flexibilizará el despido y la contratación para reducir el paro.

https://www.centralamericadata.com/es/article/main/Estabilidad_laboral_costosa_e_injusta_utopa?

Lo que pierde el Triángulo Norte por la corrupción

Un estudio de ICEFI concluye que la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras abarca “prácticamente todos los sectores” y solo en Guatemala, las pérdidas que genera se estiman en $550 millones anuales.

El libro “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, “… estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA ―El Salvador, Guatemala y Honduras― tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial.”

“… El libro destaca que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público, pues afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial. El libro muestra la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos analizados y la tercerización de la gestión de la corrupción. El Icefi concluye que la corrupción abarca prácticamente a todos los sectores, y por ello la búsqueda de soluciones es también responsabilidad de todos.

Del comunicado del ICEFI:

El Icefi identifica ocho caminos principales que llevan a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e, impunidad. Analiza cada uno de estos caminos a la corrupción, identificando particularidades especiales en los tres países del TNCA. Para ilustrar estos caminos, el libro recopila una colección de casos relevantes de corrupción en cada uno de los países estudiados, proveyendo una descripción y análisis breve basado en los documentos oficiales de las investigaciones y en reportes periodísticos. Los casos estudiados permiten comprender que la corrupción constituye una enorme pérdida de oportunidades para los ciudadanos del TNCA.

En Honduras los casos de corrupción relevantes analizados corresponden al período (2007-2014), y pertenecen a 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con 3 subcategorías (defraudación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos de corrupción en la Secretaría de Salud, decretos de emergencia y fraccionamiento); corrupción en la prestación de servicios públicos; corrupción en la contratación de obra pública; y, abuso de los fideicomisos públicos. El análisis revela que estos casos produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 4.3 % del PIB, y fueron particularmente graves en el sector salud, destacando el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social con más del 95% del costo de los casos relevantes de corrupción analizados y fue el detonante del movimiento de los indignados. El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 5 veces el presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social; 2.25 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos; 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud; o, 35% del presupuesto de la Secretaría de Educación de Honduras, entre otras comparaciones técnicas.

Para El Salvador, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (1989-2014), y se enmarcan en 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con dos subcategorías (contratación de obra pública y otras adquisiciones públicas incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios); corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»; malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en mecanismos paralelos de ejecución como los fideicomisos; negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción. El análisis de estos casos revela que produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1 % del PIB, y fueron particularmente graves en el caso de obras públicas (33% del total) y la denominada «Partida secreta presidencial» (alrededor del 50% del total). El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94% del presupuesto del ramo de salud; o, 60% del presupuesto del ramo de educación, entre otras comparaciones técnicas.

En Guatemala, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (2008-2017), y pertenecen a 7 categorías generales: captura de instituciones; defraudación aduanera y tributaria; corrupción administrativa; corrupción en las adquisiciones públicas que afectan el derecho a la salud; tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y «plazas fantasma»; corrupción judicial; y, corrupción en el ámbito municipal. Los documentos oficiales de las investigaciones de estos casos aún no permiten una cuantificación de su costo, razón por la cual el Icefi realizó el ejercicio de identificar los rubros del presupuesto público más vulnerables, para luego aplicar el supuesto técnico de una pérdida por corrupción promedio del 20%. Con este ejercicio, el Icefi estima que en un año las pérdidas por corrupción en Guatemala equivaldrían a: 4 veces el presupuesto del Ministerio Público; el 92% de los recursos destinados al Ministerio de Gobernación; o, el 74% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otras comparaciones técnicas.

Ver Resumen Ejecutivo “La corrupción: Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Lo_que_pierde_el_Tringulo_Norte_por_la_corrupcin?u=99fb9b04bfd7ff6c5bce5fcfc44d683d&s=n&e=2&mid=%5BMESSAGEID%5D

Crece la carga tributaria en Centroamérica

La carga tributaria creció desde 13,4% en 2013 a 14% en 2016, tanto por el efecto rezagado de las reformas fiscales en Honduras y Nicaragua, como por una mejor gestión de las entidades tributarias de Guatemala y Panamá.

Del Informe Económico Regional (IER) 2016-2017: Oportunidades y retos para Centroamérica, de SIECA:

Tamaño de la carga tributaria en Centroamérica aumenta

En cuanto a los ingresos, la carga tributaria aumentó en todos los países de la región, aun cuando en ninguno de ellos se implementó, al menos en el período en estudio, alguna reforma tributaria de la cual se deriven los aumentos marginales recaudatorios.

Las cifras de recaudación muestran que la carga tributaria del istmo pasó del 13.4% en 2014, al 13.6% en 2015 y al 14.0% en 2016, tanto por los efectos rezagados de las reformas tributarias en Honduras y Nicaragua, como por los esfuerzos de recuperación institucional de las administraciones tributarias de Guatemala y Panamá. Asimismo, por las mejoras administrativas y el fortalecimiento de los controles que se implementaron en El Salvador y Costa Rica, con el objeto de disponer de un mayor nivel de recursos fiscales.

El mayor salto en la carga tributaria lo reportó Nicaragua, en donde se estima que los tributos como porcentaje del PIB mejoraron un 1.1 p.p., al pasar del 15.6% en 2015 al 16.7%, en 2016. Por su parte Honduras, también como efecto final de la reforma tributaria de 2014 y la implementación de ciertos controles administrativos, aumentó sus impuestos en un 0.6% del PIB, lo que significó el incremento de la carga tributaria, que pasó del 17.9 al 18.5%, convirtiendo a esta nación en la de mayor carga tributaria en la región centroamericana.

Por su parte, Costa Rica y El Salvador, ambos países atribulados por la incapacidad de los partidos políticos de alcanzar acuerdos que les permitan el avance fiscal, concentraron sus fuerzas en la implementación de mejores controles administrativos que, de 2014 a 2016, les reportaron un aumento tributario del 0.4%.

Costa Rica pasó del 12.9% en 2014, al 13.2% en 2015, para luego llegar al 13.3% en 2016. Por su parte, El Salvador pasó del 15.1%, en 2014, al 15.2%, en 2015, hasta arribar al 15.5%, en 2016. 

Guatemala y Panamá demostraron la importancia de disponer de una administración tributaria sana e institucionalmente fuerte. En el primero de estos países, sobre todo por el descubrimiento de redes de defraudación tributaria y aduanera, así como por el desmantelamiento del equipo técnico de la administración tributaria, la capacidad de recaudación se redujo del 11.0% en 2013 al 10.2% en 2015.Un hecho positivo fue la recuperación de la carga tributaria hasta un 10.4% en 2016, aunque esto no signifique todavía un cambio estructural en la dinámica de recaudación.

De forma similar en Panamá, el mecanismo de cobro administrativo de impuestos fue cambiado para que nuevamente la Dirección General de Ingresos se encargara de efectuarlo. Panamá reportó una desmejora en la recaudación tributaria del 10.8% del PIB en 2013 al 9.4% en 2015; al igual que Guatemala, la nueva administración logró una reversión de la tendencia y ubicó la carga tributaria en un 9.7% en 2016 que, aunque lejos de los resultados previos y mucho más de los potenciales, implica una buena noticia para las finanzas públicas de esta economía.

Ver completo: “Informe Económico Regional 2016/17: Oportunidades y retos para Centroamérica“.

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Crece_la_carga_tributaria_en_Centroamrica?u

El mejor gasto social: Educación y Salud

Por cada dólar invertido en salud y educación se requiere gastar tres en asistencia social directa para lograr el mismo efecto en la reducción de la pobreza.

El Informe “Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), tiene conclusiones similares a las de estudios similares realizados en otros países: “Al estimar el efecto conjunto de las intervenciones públicas en la reducción de la pobreza, se identificó que logran reducir la pobreza de 7.2 a 10.1 por ciento en dependencia de la línea de pobreza utilizada (US$1.8, US$ 2 y US$2.6), principalmente por el gasto social en salud y educación. Por su parte, el aporte del subsidio de la energía eléctrica no logra compensar la reducción en los ingresos en los hogares generada por el pago de impuestos indirectos, por lo cual no incide en la disminución de la pobreza.

“… se identifica que el sistema tributario aumenta la pobreza y no logra una disminución significativa en la desigualdad. Debido a que una gran parte de la densidad poblacional se encuentra alrededor de la línea de pobreza y que los ingresos en países en vías de desarrollo como Nicaragua sufren de volatilidad, la intervención pública tiene mayor impacto en la reducción de la pobreza que en la reducción de la vulnerabilidad. Esto sugiere que los programas sociales alivian la pobreza en el corto plazo, pero si la familia deja de percibirlos puede recaer en la pobreza en el mediano plazo.”

“… Los programas sociales no reducen la vulnerabilidad a caer en situación de pobreza, lo cual implica que si los hogares dejan de recibirlos, pueden recaer en pobreza.
Por lo cual, potenciar el gasto en salud y educación que tiene un impacto significativo en la reducción de los niveles de vulnerabilidad a la pobreza, puede ser una salida estructural a la misma. Se espera que la inversión en capital humano, conlleve a que en el futuro puedan acceder a mejores empleos.”

Ver informe completo de FUNIDES

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/El_mejor_gasto_social_Educacin_y_Salud?u=99fb9b04bfd7ff6c5bce5fcfc44d683d&s=n&e=2&mid=%5BMESSAGEID%5D

Sin cambios en desempleo en Costa Rica

Aumenta la población en edad de trabajar lo que compensa el aumento registrado en la población ocupada, manteniéndose la tasa de ocupación nacional en 54%, y la tasa de desempleo en 9,1%.
Viernes 12 de Mayo de 2017
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Del comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC):

El Instituto Nacional de Estadística y Censos divulgó hoy resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del primer trimestre de 2017, los datos muestran que la población ocupada nacional se estima en 2,06 millones, lo que conlleva un cambio estadísticamente significativo a nivel interanual para este trimestre, dado que se presentó un aumento de 68 mil personas ocupadas con respecto al mismo periodo (enero-marzo) del año anterior.

A pesar del aumento en la población ocupada, este no fue suficiente para impactar la tasa de ocupación nacional la cual se mantiene en 54%, sin cambio estadísticamente significativo, respecto al primer trimestre del año anterior, dado que el incremento en la población en edad de trabajar asociado con el crecimiento en la población ocupada, no fue suficiente para aumentar la tasa. Para la población masculina la tasa fue de 68,0 % y para la femenina fue de 39,9 % sin cambio estadístico.

Por zona de residencia, 1,53 millones de personas ocupadas residen en la zona urbana, mientras que 528 mil personas ocupadas residen en la zona rural. Esto significa una tasa de ocupación urbana de 54,6 %, mientras que la rural se estimó en 52,5%.

El aumento en la ocupación, en 68 mil personas, obedece principalmente al incremento de las actividades de transporte, y almacenamiento en 18 mil personas y actividades relacionadas con enseñanza y salud en 36 mil personas a nivel nacional. El crecimiento impacta significativamente tanto en los residentes de zonas urbanas como en las zonas rurales del país.

A lo interno de las actividades de servicios, hubo incremento en la ocupación masculina, las cifras señalan aumentos significativos estadísticamente en los hombres ocupados en actividades profesionales, técnicas y de apoyo (18 mil), enseñanza y salud (24 mil) y transporte y almacenamiento (14 mil) entre otras. Asimismo, la población femenina incrementa su participación en las actividades relacionadas a la industria manufacturera (17 mil), comunicación y otros servicios (13 mil) entre otros.

Desempleo se mantiene

La tasa de desempleo es de 9,1 % para el primer trimestre, siendo la población desempleada 207 mil personas, de ellas, 111 mil son hombres y 96 mil mujeres, esta población se mantuvo dentro de los márgenes de confianza. Esto representa una tasa de desempleo de 7,8 % para la población masculina y para las mujeres de 11,3 %.
Del total de personas desocupadas, 153 mil desempleados residen en la zona urbana y 54 mil desempleados en la rural; esto da como resultado una tasa de desempleo urbana de 9,1 % y rural de 9,3 %, aunque se acortó la brecha entre urbano y rural en este trimestre se mantuvo dentro del margen de confianza estadístico.

El total de ocupados y desocupados se estima en 2,27 millones de personas en la fuerza de trabajo. La tasa neta de participación que relaciona la fuerza de trabajo con la población en edad de trabajar fue de 59,5 %. Para la zona urbana fue de 60 % y en la zona rural 57,9 % sin variación estadística. Por sexo la tasa neta de participación fue de 73,8 % para los hombres y 45,0 % para las mujeres.

En cuanto a la posición en el empleo, se estima que 1,57 millones son personas asalariadas, que representan cerca del 76 % de la población ocupada total, cercana al nivel del primer trimestre de 2016. Por su parte, la población independiente fue de 449 mil personas, lo que registra un aumento significativo de 35 mil independientes, el efecto se da principalmente en los hombres y en la zona urbana.

Subempleo disminuyó

La ECE destaca que el porcentaje de personas ocupadas en subempleo que trabajan menos de 40 horas y desean trabajar más horas disminuyó en 2,8 pp interanualmente, se estima la tasa en 6,8 % para este trimestre. Asimismo, por sexo los cambios fueron significativos, siendo la tasa de subempleo de los hombres 5,4 % (disminución de 2,8pp de forma interanual) y para las mujeres fue 9,1 %, (2,7 pp), respectivamente. Para este primer trimestre de 2017, la tasa de subempleo nacional fue la menor registrada desde el 2010 cuando inició la encuesta.

Adicional a la baja en la tasa de subempleo, se resalta que el total de personas ocupadas que deseaban y buscaron cambiar de trabajo se redujo de 178 mil personas a 138 mil personas, es por eso que la tasa de presión general (presión ejercida en el mercado por la población desempleada y ocupada) experimentó un comportamiento similar al subempleo, reduciéndose en 2,4 pp interanualmente lo que da como resultado un 15,2 % para el primer trimestre 2017.

La tasa de presión general para los hombres fue 14,4 %, en tanto, para las mujeres fue 16,6 %. La presión general en el mercado laboral de los hombres representó un cambio significativo con respecto al mismo periodo del año anterior.

Empleo informal aumentó

Para el primer trimestre 2017 el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, aumentó interanualmente en 1,8 pp, siendo la tasa de empleo informal de 43,2 %. De esta forma, la población ocupada en un empleo informal fue cerca de 891 mil personas, de las cuales 551 mil eran hombres y 340 mil mujeres. Esto se debió principalmente al incremento de 3,1 pp del empleo informal independiente (dueños de empresa no constituidas o sin balances contables formales de su negocio o actividad).

De la población ocupada, 505 mil dependientes (personas que trabajaban para un patrón, empresa o institución) ocupaban un empleo informal, lo que representa un 31,3 % del total de dependientes. Por otra parte, 386 mil ocupados independientes (trabajan por su cuenta, tienen una empresa o contratan empleados) tenían un empleo informal, con nivel de informalidad de 85,9 % con respecto al total de independientes.

Mercado laboral en los últimos dos años

Destaca que, al observar la serie de datos de los últimos trimestres desde el 2015, la tasa de desempleo se ha mantenido sin cambios significativos, pero en niveles cercanos a 9 %, hasta llegar a 9,1 % en este primer trimestre del 2017. Esta cifra corresponde al valor estimado más bajo de los últimos dos años.

Por otra parte, la tasa de ocupación desde el tercer trimestre de 2016 presenta un comportamiento a incrementarse levemente, hasta llegar a 54,0 % para este primer trimestre del 2017, pese a no haber tenido cambio estadístico en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con relación a la serie de los últimos dos años de la tasa de subempleo, los datos muestran una reducción gradual, ya que ha disminuido desde 12,4 % promedio anual de los trimestres en el 2015 hasta ubicarse 6,8 %. en el primer trimestre del 2017.

 

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Sin_cambios_en_desempleo_en_Costa_Rica?u=99fb9b04bfd7ff6c5bce5fcfc44d683d&s=n&e=2&mid=%5BMESSAGEID%5D