Guatemala y la ley de empleo parcial

La administración Morales prevé tener listo el próximo mes el primer borrador de la ley que regula el trabajo a tiempo parcial, que deberá quedar aprobado antes de febrero de 2018.

En febrero cobra vigencia en Guatemala el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y para esa fecha deberá estar listo el marco legal para implementar el empleo a tiempo parcial.

Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, dijo a Prensalibre.com que “… ya tienen un primer producto de la propuesta, un análisis comparativo de los países donde se ha implementado este instrumento, especialmente europeos. De acuerdo con el funcionario… han avanzado en temas relacionados con la seguridad social de los empleados, el pleno derecho de la libertad sindical y colectiva, el goce de vacaciones, la protección de la maternidad y el salario.”

“… En ese sentido, Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, opinó que los sectores de call centers, servicios, turismo, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los que más aprovecharían la contratación temporal de personal.”

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Guatemala_y_la_ley_de_empleo_parcial?u

Vengo del futuro de las pensiones y no es promisorio

El sistema de pensiones de Chile, que sirvió de modelo para otros, incluido el de México, ha ocasionado malestar porque no ha dado los resultados que se esperaban de él. De este fracaso se extraen lecciones que deberíamos atender.

El 24 de julio, la coordinadora nacional de la organización chilena No+AFP (No más administradoras de fondos de pensiones) hizo un llamado para conmemorar las dos marchas multitudinarias del año pasado, cuando más de un millón de personas salieron a la calle a demandar el fin de las administradoras de fondos de pensiones (lo que en México serían las AFORES, administradoras de fondos para el retiro). No+AFP reclama que:

El nuevo sistema de pensiones, reformado durante la dictadura (1981), prometió pensiones con tasas de reemplazo (el porcentaje del último salario recibido) del 70%, pero en realidad estas apenas alcanzan al 30% para los hombres y 22% para las mujeres.
El 80% de los jubilados recibe pensiones de menos de 150 mil pesos chilenos (unos 228 dólares).
Proyecciones de la Comisión Bravo[1] señalan que en los próximos diez años, más del 50% de las pensiones pagadas a quienes coticen entre 25 y 33 años tendrán tasas de reemplazo cercanas al 20%.
dff

Yo llegué a Santiago de Chile un par de días después de la marcha. Todavía en los alrededores de la Plaza de Armas y el Palacio La Moneda alcancé a ver un par de volantines amarillos olvidados por los manifestantes y charlé con un par de chilenos que, afines a los posicionamientos de No+AFP, compartieron conmigo sus preocupaciones sobre un sistema de pensiones que la propia presidenta Bachelet ha calificado como “sencillamente inviable para responder a las demandas actuales, y mucho menos futuras de la población”, “[con] pensiones comparativamente bajas, discriminatorias en términos de género y evaluadas como insuficientes por la información”.

“¿Quieres saber la güebá más grande?” –me preguntó uno de los jóvenes chilenos con los que hablé y que desde ya asume que será un mendicante cuando sea viejo, porque entre el outsourcing y el freelance, de los que vive, jamás podrá ahorrar dinero suficiente para retirarse ni podrá cumplir con los requisitos exigidos para pensionarse– “¡Qué fuimos el ejemplo a seguir de Latinoamérica!” Y lo fueron.

Uno de los más fervientes impulsores del sistema de las AFP chilenas fue José Piñera, hermano del expresidente. En un ensayo publicado por The Cato Institute en 2000, se complace de que la reforma al sistema de pensiones haya sido tan exitosa y haya alentado a siete países latinoamericanos, México incluido, a privatizar sus sistemas de pensiones siguiendo el modelo chileno.

Aunque el sistema chileno no es exactamente igual al mexicano, hay lecciones que al parecer no estamos pudiendo o queriendo ver. Hace un par de años, en una conferencia de prensa, Julio Méndez, el CEO de OLD Mutual, una empresa financiera enfocada en inversiones, seguros, ahorro y pensiones, dijo que de cada 100 personas que en ese entonces tenían 30 años, al cumplir 65 años (la edad de retiro), 61% dependerá económicamente de sus familiares, amigos o de la caridad; 4% será económicamente independiente, 1% será rico; 29% habrá fallecido y 5% seguirá trabajando.

¿Datos más recientes? Este martes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) presentó un documento de trabajo dedicado a la “trayectoria salarial”, la forma en la que evoluciona el salario durante la carrera laboral de trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones. En un sistema de pensiones como el de México, los beneficios que recibirán los pensionados del futuro (todavía no se jubila la primera generación de la reforma de 1996) dependen del saldo acumulado en la AFORE al momento de la jubilación. Este saldo está íntimamente relacionado con el salario que percibe el trabajador a lo largo de su carrera laboral. Los resultados muestran que los hombres son quienes tienen “carreras salariales más favorables” y con ello logran mayores saldos acumulados y pensiones más altas. Esto, de acuerdo con la CONSAR, se traduce en que, en promedio, “los hombres acumularían un saldo pensionario al retiro 14% mayor que el de las mujeres”. Pero como las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, tendremos que financiar más años de pensión con un menor saldo acumulado. “Acumulando ambos efectos –carreras salariales y mayor esperanza de vida–, en promedio las pensiones de los hombres serán 22% mayores que las de las mujeres”.

Nuestro sistema de pensiones acaba de cumplir veinte años. Chile nos lleva otros veinte de experiencia con un sistema similar, que ya se ha mostrado ineficiente. Hay un desastre anunciado que todavía podemos evitar.

[1] El nombre oficial de la Comisión Bravo es “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”. David Bravo es el economista que la preside. En septiembre de 2015 entregó su informe final. Antes de esta Comisión existió, en 2006, la Comisión Marcel. Mario Marcel, hoy gobernador del Banco Central de Chile, fue la cabeza del Consejo para la Reforma Previsional del primer gobierno de Michelle Bachelet.

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/vengo-del-futuro-las-pensiones-y-no-es-promisorio

Piden salario diferenciado para la caficultura

Ricardo Arenas, presidente de Anacafé

Crear un salario mínimo diferenciado es la solicitud del sector cafetalero para enfrentar la crisis que afronta por la escasa producción, efecto de la roya y precios internacionales más bajos que el costo, lo cual lo hace insostenible, dijo Ricardo Arenas, presidente de Anacafé.

Dijo que no entregará una propuesta, pero que ya le explicaron el año pasado al presidente Jimmy Morales el impacto en ese rubro.

Arenas insistió en solicitar que se devuelvan recursos que el gobierno anterior desvió del fideicomiso, por unos Q400 millones.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/ven-como-opcion-producir-mas-cafe-en-tierras-bajas

¿Se está uberizando el mercado laboral?

En el insistente debate sobre el futuro del trabajo, una de las afirmaciones más importantes es que la economía compartida (gig economy, en inglés) está transformando el mercado laboral y que este proceso continuará y acelerará. En este mismo blog, colegas míos han dicho que la economía compartida “ha roto con las estructuras tradicionales del trabajo” y se han llegado a preguntar si las leyes laborales deberían actualizarse ante este nuevo modelo. ¿Pero hay evidencia de que esta gran transformación está ocurriendo? En mi opinión, hay más afirmaciones tajantes que estudios serios sobre el tema.

No te pierdas otra visión sobre la economía compartida: ‘La soledad del cuentapropista‘.

En el caso de Estados Unidos, sí existe un estudio reciente (en inglés) que investiga el impacto de la economía compartida en el mercado laboral. Como suele suceder, los autores no llegan a conclusiones contundentes y recomiendan mejorías de la medición para poder analizar el tema con mayor precisión. Pero hay dos resultados del estudio que quisiera destacar.

Encuestas de hogares no muestran un aumento del autoempleo

En principio, los trabajos de la economía compartida deberían clasificarse como autoempleo en vez de trabajo asalariado. Sin embargo, las encuestas de hogares de Estados Unidos no muestran un aumento en el autoempleo. Es decir, las relaciones laborales tradicionales en que un trabajador presta servicios a un patrón a cambio de un salario son tan comunes hoy como antes.

Para complementar esta observación de Estados Unidos, presento algunos datos de México, donde se aprecia que el porcentaje de trabajadores que son asalariados tiene una clara y fuerte tendencia al alza, subiendo de 58.7% en 2005 a 64.4% en 2016. Desde este punto de vista, no se ve el cambio esperado en el mercado laboral de la economía compartida. En el caso de México, de hecho, parece que el mercado laboral es más “tradicional” que nunca.

Más autoempleo según los datos de impuestos

Los autores señalan que es común que un trabajo de la economía compartida no sea la fuente principal de ingresos, sino un complemento de los ingresos del trabajo principal. Un empleado de tiempo completo en una oficina puede trabajar como chofer de Uber unas horas en las noches o fines de semana. En este sentido, las encuestas de hogares, que normalmente capturan información sobre el trabajo principal del individuo, podrían no observar una parte importante de la economía compartida.

En efecto, los autores encuentran que la información del sistema impositivo sí muestra un aumento en la proporción de declaraciones de impuestos con ingresos provenientes del autoempleo. Este resultado sugiere que, además de tener implicaciones para el diseño de políticas públicas, la economía compartida podría generar nuevos retos para la medición económica, especialmente a través de las encuestas de hogares que tradicionalmente se usan para el análisis del mercado laboral.

Además de tener implicaciones para el diseño de políticas públicas, la economía compartida podría generar nuevos retos para la medición económica, especialmente a través de las encuestas de hogares que tradicionalmente se usan para el análisis del mercado laboral.

Debemos entender mejor antes de reformar

La conclusión principal del estudio, con la cual estoy totalmente de acuerdo, es que tenemos poca información dura sobre este tema. Es decir, no es claro que la percepción popular del impacto de la economía compartida coincida con los hechos. Si consideramos que las implicaciones del futuro del trabajo en general y de la economía compartida en particular podrían ser profundas, debemos iniciar un proceso para recopilar más y mejores datos para medir estos fenómenos. De lo contrario, las decisiones de política pública podrían tomarse con base en anécdotas en vez de información rigurosa.

Copyright fotografía: daisydaisy / 123RF Stock Photo.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/08/02/se-esta-uberizando-el-mercado-laboral/

La soledad del cuentapropista

María tiene 28 años y trabaja medio día en un hotel boutique de Buenos Aires. Para pagar el alquiler, los gastos de transporte y su seguro médico, se ofrece como cuidadora de adultos en una plataforma colaborativa. Como los dos trabajos no alcanzan para mantenerla libre de deudas, los viernes y sábados a la noche, hace turnos de cuatro horas como conductora de Uber. Cuando puede, alquila su departamento a turistas y se va a vivir un tiempo a lo de sus padres. Le gustaría volver a la universidad para terminar Sociología, pero no tiene ni el tiempo ni el dinero. Además, a sus compañeros que terminaron la carrera no les va mucho mejor.

No te pierdas otra visión sobre la economía compartida: ‘¿Se está uberizando el mercado laboral?‘.

María nunca se atrasa con el alquiler, pero la idea de comprar un departamento, incluso uno más pequeño o menos céntrico, es remota. A veces, cuando se enferma o el clima no ayuda, pierde horas de trabajo y pide prestado a la tarjeta; lleva meses desandar esa deuda.

María está siempre cansada. No se ha tomado vacaciones en su vida adulta. Podría mudarse más lejos, pero perdería horas de transporte y cobraría menos de alquiler, con lo que el ahorro sería escaso. Se siente un poco más pobre cada año, aunque es posible que sea sólo el efecto de la edad. La flexibilidad se da bien con la juventud, pero envejece mal.

María trabaja, pero no es una trabajadora en el sentido formal. Para el hotel es un costo variable; para los clientes, un nombre y una foto; para las plataformas, una contratista independiente. Trabaja más horas que un empleado de clase media, pero no cobra extras al 150%, no suma días de enfermedad y vacaciones, no tiene indemnización y seguro de desempleo.

El post empleo

¿Debemos ver al nuevo cuentapropismo como un síntoma de precarización, aceptarlo como parte de nuestro futuro, y adaptar nuestros regímenes tributario y laboral para desprecarizarlo? La repuesta a esta pregunta es hoy el centro de un callado debate.

En un informe reciente solicitado por el gobierno del Reino Unido, titulado (ironía inglesa) Buen Trabajo, un equipo liderado por Matthew Taylor repasa la situación de los cuentapropistas británicos: falta de vacaciones pagas, o de licencias por enfermedad y paternidad, y en muchos casos ingresos por hora inferiores al salario mínimo. La economía colaborativa implica acostumbrarse a una vida de menores costos fijos, mayores ahorros y escaso acceso al crédito, sin vacaciones ni licencias. El informe recomienda asimilar regímenes (por ejemplo, extender el salario mínimo al trabajo eventual o remunerar al 125% las horas sueltas), aunque elude un tema central: la renuencia de las plataformas colaborativas a ser consideradas empleadores (y a pagar cargas sociales).

La economía colaborativa implica acostumbrarse a una vida de menores costos fijos, mayores ahorros y escaso acceso al crédito, sin vacaciones ni licencias.

Así, el nuevo cuentrapropismo pone en primer plano la tensión central de la política laboral moderna, entre protección laboral y seguridad del ingreso. Más precisamente, entre la estabilidad de la relación laboral y la fortaleza de la red de seguros, servicios públicos y formación profesional que protege el bienestar del trabajador desplazado y asegura que vuelva rápidamente a la actividad. La regla es simple: a mayor flexibilidad laboral, mayor seguridad de ingreso, y viceversa. En este sentido, el cuentapropismo es una excepción: mucha flexibilidad, poca seguridad.

Proteger al trabajador

Hay que proteger al trabajador, no al empleo. Pero, ¿de qué protección hablamos? La respuesta inmediata suele ser “capacitación para la reconversión laboral”, pero sus resultados son, en el mejor de los casos, mixtos. El reentrenamiento de adultos no es sencillo en un mundo de tecnología exponencial y demandas cambiantes. Y la educación no siempre genera su propia demanda: en un estudio reciente (pendiente de publicación) acerca del descalce de calificación en la Argentina, Martín González Rozada y un servidor mostramos cómo el aumento de la escolarización en los años 2000 coincidió con el aumento de la sobreeducación. ¿Una versión moderna del síndrome del ingeniero manejando un taxi? ¿Hasta dónde la compresión de la prima educativa en América Latina responde a una sobreoferta de formación?

El reentrenamiento de adultos no es sencillo en un mundo de tecnología exponencial y demandas cambiantes. Y la educación no siempre genera su propia demanda.

Por eso, la protección del trabajador incluye aristas adicionales: transferencias a los trabajadores de bajos ingresos y subsidios a la educación de los hijos, generosos seguros de desempleo, y políticas laborales activas que reduzcan el costo de buscar trabajo, o la distancia entre el trabajador y la empresa, con información y certificación profesional. A la lista anterior, válida para un trabajador asalariado, el nuevo cuentapropismo le añade un desafío: extender los beneficios laborales a estos empleados sin empleo, asociando beneficios (obra social, seguro de desempleo y de enfermedad, ahorro estacional en reemplazo de vacaciones y aguinaldo) no al empleo sino al trabajador, como en el tradicional “modelo austríaco”.

Es probable que, en el futuro tengamos menos asalariados y más trabajadores a demanda, de tiempo parcial, o por proyecto; hoy es el momento de pensar las reformas inclusivas necesarias para que las nuevas modalidades no reproduzcan una precariedad preindustrial. Hasta entonces, el cuentapropista seguirá siendo un corredor solitario.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/08/02/la-soledad-del-cuentapropista/

Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

http://lahora.gt/economista-uso-inadecuado-pactos-colectivos-termina-expresiones-impunidad/amp/

Preparan iniciativa de ley para regular empleo a tiempo parcial

05 May 2017

Redacción

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) prepara una iniciativa de ley para regular el empleo a tiempo parcial, que será legal a partir de febrero de 2018, cuando cobre vigencia en el país el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, al concluir su participación en el IV Congreso Laboral explicó que a la fecha, ya tienen un borrador de la propuesta que será consensuada con los sectores empleador y sindical con el fin de construir las categorías de empleados que estarán afectos a esta modalidad.

“Los call centers, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los sectores que más aprovecharían la contratación temporal”, expresó Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, entidad que organizó el foro.

http://www.s21.gt/2017/05/preparan-iniciativa-ley-regular-empleo-a-tiempo-parcial/