¿Cómo perciben la corrupción los centroamericanos?

Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción. Las personas y la corrupción en América Latina”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, considera que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la policía y en el Congreso. El porcentaje baja al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%), y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos (educación, salud, documento de identidad, policía, servicios públicos y tribunales) pagó soborno en los últimos doce meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron un soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno; Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá, debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo ―entre 21 y 30% de los encuestados― pagados a la policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo, principalmente en Costa Rica (82%), Nicaragua (77%),  Honduras (76%) y Guatemala (70%).

El estudio agrega entre sus recomendaciones la necesidad de que los gobiernos involucren más a la sociedad civil en sus esfuerzos en contra de la corrupción, lo que puede dotar de credibilidad a sus esfuerzos. Asimismo, se debe crear un contexto seguro que favorezca la participación social, al tiempo en que se fortalecen las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción. También se recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción y proteger a los denunciantes mediante la creación de canales de denuncia accesibles y anónimos.

Para reducir los sobornos en los servicios públicos, el estudio recomienda que los gobiernos aseguren que las tarifas oficiales de dichos servicios se exhiban públicamente; así como optimizar los procedimientos para que la toma de decisiones no resulte prolongada o arbitraria, e invertir en plataformas de gestión electrónica que permita solicitar servicios sin interactuar personalmente con funcionarios o empleados públicos. Finalmente, para sanear las instituciones policiales se recomienda mejorar sus capacidades de investigación, así como afianzar medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión institucional.

La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia al destruir la confianza y la cohesión social, y al prostituir la institucionalidad pública frente a los fines particulares, por lo que toca hacerle frente de manera integral y estructural.


Elaborado por Jonathan Menkos Zeissig

Para leer el estudio completo: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe

http://blogs.eleconomista.net/icefi/2017/10/como-perciben-la-corrupcion-los-centroamericanos/

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La corrupción como costumbre

Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.

EDITORIAL

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.

El reporte señala que, a nivel latinoamericano, “… poco menos de un tercio de los ciudadanos que habían gestionado un servicio público en los 12 meses anteriores pagaron soborno (el 29%). En función de los índices de soborno de cada país y el tamaño de su población adulta, esto equivale a más de 90 millones de personas que viven en los 20 países sondeados de la región.”

Así respondieron en los países centroamericanos cuando se les preguntó:  “¿Cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a: un docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía; o un juez o funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca?”

Porcentaje de personas que han pagado sobornos al acceder a servicios públicos:

El Salvador: 31%
Costa Rica: 24%
Panamá: 38%
Guatemala: 28%
Honduras: 33%
Nicaragua: 30%

Quiénes pagan sobornos?

El reporte indica: “… Determinamos que el 25% de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagaron un soborno para acceder a servicios básicos mientras que un 30% de las personas más pobres también lo hizo. No obstante, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de sobornos pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos.”

Ver informe de Transparencia Internacional: “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe

https://www.centralamericadata.com/es/article/main/La_corrupcin_como_costumbre

Del CAFTA a la Plaza

Lo laboral en el CAFTA fue la medición precisa de que, si una sociedad no se asume como sujeto de derecho en el trabajo, entonces no es sujeto de derecho como ciudadano, así se indigne y proteste. Para el poder real, la posibilidad de que un pueblo exija dignidad en el trabajo era aún algo desconocido y había que tomarlo con un excelente ejercicio.

Si no se defiende el abuso en la esencia de lo que genera la riqueza (el trabajo) entonces ¿por qué defender el territorio y el derecho a la libre locomoción? Por eso la mega propuesto de privatización de carreteras que hizo el empresariado, puede llegar a ser una realidad.

Alejandro Argueta

Mipymes, autoempleo y salario mínimo

Necesitamos superar el fetichismo con las mipymes y el autoempleo.

 

Para cierta izquierda chapina, las mipymes y el autoempleo representan la alternativa salvadora para los trabajadores frente al monstruo de la gran empresa explotadora. Para cierta derecha chapina, las mipymes y el autoempleo ejemplifican al empresario, ese héroe mitológico que lucha contra los obstáculos en su entorno para satisfacer al consumidor.

La realidad es que, en promedio, el autoempleo y las mipymes no son una buena alternativa de ingresos económicos ni para sus dueños ni para sus empleados. Usando la información que nos provee la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI), mi coautora, Mónica Rivera, y yo analizamos el comportamiento de las mipymes y del salario mínimo desde el año 2002 (aunque no hay información para el período 2005-2009). ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí quiero enfocarme en tres hallazgos: i) solamente el 30 % de los empleados del sector privado ganan más del salario mínimo, ii) solamente el 20 % de los autoempleados ganan más del salario mínimo y iii) la proporción de trabajadores y de empresarios de mipymes que ganan al menos el salario mínimo ha caído respecto al período 2002-2003.

La gráfica 1 nos muestra la proporción de trabajadores de mipymes que ganan al menos el salario mínimo. En específico, aquí muestro a los trabajadores y jornaleros del sector privado no agrícola a tiempo completo, -31 % y 4 % de la fuerza laboral. ¿Qué vemos? Primero, hoy en día solo un 30 % de los trabajadores del sector privado y un 10 % de los jornaleros ganan el salario mínimo. Segundo, que la proporción ha caído con el tiempo: de casi 70 % y 20 %, respectivamente, en el 2002 a solo 30 % y 10 %.

Gráfica 1. Proporción de trabajadores y jornaleros del sector privado no agrícola a tiempo completo con ingreso igual o mayor al salario mínimo (2002-2016)

La gráfica 2 nos muestra la proporción de empresarios de mipymes y de autoempleados no agrícolas que ganan al menos el salario mínimo, -3 % y 18 % de la fuerza laboral. ¿Qué vemos? Primero, que cerca de un 70 % de los empleadores de mipymes tienden a ganar por arriba del salario mínimo. Segundo, que solo cerca de un 20 % de autoempleados (empresarios sin trabajadores) ganan arriba del salario mínimo. Tercero, vemos que también los empleadores han experimentado una leve caída en su capacidad de generar ingresos, pues la proporción de los que ganaban más del salario mínimo en el período 2002-2003 estaba arriba del 80 % y ahora está por debajo del 70 %.

Gráfica 2. Proporción de empleadores y autoempleados no agrícolas con ingreso igual o mayor al salario mínimo (2002-2016)

¿Qué podría estar ocasionando que las mipymes no ofrezcan mejores ingresos como lo prometen las mitologías de izquierda y de derecha? Aparte de la regulación, que podría estar afectando, el problema es su tamaño. Las pequeñas empresas no pueden aprovechar economías de escala: técnicas de producción que les permitan ser más productivas cuando producen mayores cantidades. El resultado encontrado para Guatemala refleja lo que Chang-Tai Hsieh y Benjamin Olken encontraron para otros países en desarrollo: estos países son menos productivos porque, comparados con los desarrollados, tienen una menor proporción de empresas medianas y grandes. Por lo mismo, economistas como Mariana Mazzucato consideran necesario repensar el apoyo a las mipymes.

Por último, las gráficas nos llevan a preguntarnos qué ha llevado a que menos trabajadores (e incluso empresarios) estén ganando por arriba del salario mínimo en esta década y media. Dos son mis hipótesis favoritas: a) que la competencia de China y Vietnam para ciertos productos de exportación ha hecho que pasemos de exportar menos productos de manufactura (de mayores salarios) a más productos agrícolas (con menores salarios) y b) que los aumentos del salario mínimo que empezaron con el período de Portillo, y que han continuado a la fecha, han llevado a más mipymes a incumplir con el salario mínimo (tema que se discute en el estudio haciendo comparaciones internacionales).

Ver la evidencia más allá de los mitos es importante. Si realmente queremos mejorar los ingresos de la población guatemalteca, tenemos que comprender que, más que promover la empresarialidad como la solución del país, lo que necesitamos es apoyar a las empresas con la mayor capacidad de crear mejores empleos.

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/mipymes-autoempleo-y-salario-minimo

Trabajadores. Batallas por la dignidad (III)

Los domingos 27 de agosto  y 10 de septiembre publiqué la primera y segunda partes de esta historia. He contado sobre la serie de agravios que estos trabajadores vivieron (en la primera parte), y de cómo esos mismos agravios (en la segunda parte) se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad.

Hasta ahora, mientras el primer grupo de trabajadores se hallaba fuera de la planta, con un proceso judicial en los tribunales, empantanado con los recursos legales que el bufete de abogados que representaba a la empresa interponía, el segundo grupo, ya había sido reinstalado.

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El 11 de agosto de 2012, con la reinstalación de los 11 trabajadores la estrategia de la empresa empezó a partirse. “Allí ya comenzamos a agarrar credibilidad como organización, porque ellos (los gerentes, los supervisores) se la pasaban diciéndoles a los otros trabajadores que nosotros ya no íbamos a entrar; que el que se afiliara al sindicato se iba a ir también, como nosotros”, recuerda Néstor Hernández Rodríguez, operador de roladora, la máquina donde se hacen las costaneras.

Continúa Néstor: “A los del segundo grupo de trabajadores, los que fuimos reinstalados, cuando regresamos, ya nadie nos hablaba. Si los supervisores miraban a alguien hablando con los 11 que entramos, ya lo llamaban de Recursos Humanos, y lo empezaban a cuestionar, que qué estaba hablando con nosotros, que si se iba a afiliar al sindicato. Para el almuerzo, estaba uno sentado aquí, estaba allí la mesa vacía, y nadie se sentaba con uno. Como animales raros nos miraban. Las mesas llenas de un lado, y nosotros comiendo solos en las demás mesas porque nadie se sentaba con uno. Era prohibido que los demás compañeros hablaran con nosotros. Si veían grupitos de tres o de cuatro, dios guarde, la empresa les prohibía a los compañeros, que qué estaban hablando con nosotros, que los íbamos a manipular. Implementaron un sistema de cámaras para vigilar lo que hacíamos adentro de la planta. A pesar que la gente veía que ya no podían despedirlos, porque a nosotros nos habían reinstalado, todavía quedaba un gran temor, había mucho miedo en los trabajadores”.

“El gerente de Recursos Humanos llegaba de uno en uno, en las máquinas, en todas las áreas, que qué era lo que uno quería para desistir del sindicato, que los sindicatos no eran buenos en Guatemala, que ellos tenían la mejor asesoría legal, que los que se afiliaran al sindicato los iban a sacar de la empresa y que no iban a encontrar trabajo en ninguna otra parte”, recuerda Néstor.

Con el primer grupo de trabajadores reinstalados la empresa pasó a la ofensiva, incrementando los controles sobre los trabajadores. Entonces, la organización tuvo que implementar otras estrategias. Si la empresa podía controlar completamente lo que los diez trabajadores hacían adentro de la planta, afuera no podría hacerlo, y menos aún los domingos. Entonces, continúa relatándonos Néstor: “visitábamos a los trabajadores en sus casas, los íbamos a visitar los domingos, como los Testigos de Jehová íbamos, de dos en dos, solo que nosotros no íbamos con traje y corbata porque ni a eso llegábamos. O en las salidas de turno, por ejemplo: –miren muchá, fíjense que me voy a ir por tal lado, me siguen, y en tal lado nos vamos a juntar, pero lejos de la planta. Con alguien que vivía aquí, en el área de Villa Nueva, nos íbamos hasta allá por la zona 1 (de Ciudad de Guatemala), porque si algún conocido veía que alguien estaba platicando con nosotros, luego lo sabían en la empresa. La empresa implementó algo, que a algunos trabajadores les subieron el sueldo, pero con la condición que tenían que tener informados a los supervisores, a los de recursos humanos, de todo lo que se enteraran”.

Cada semana, los trabajadores manifestaban afuera de la planta, con las familias, las esposas, los hijos chiquitos, para decir “aquí estamos”, con pancartas y gritaban: que “más vale morir de pie que vivir de rodillas”; y que “sindicato unido, jamás será vencido”. Así fue como otros trabajadores fueron perdiendo el miedo, y se animaron a afiliarse al sindicato, que ahora cuenta con 70 trabajadores, de alrededor de 130.

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En septiembre de 2014, los trabajadores del primer grupo de fundadores del sindicato fueron reinstalados. De los 27 fundadores, 12 del primer grupo y 15 del segundo, regresaron 9 del primer grupo y 11 del segundo a la planta. –“Si emplazamos a la empresa y por eso nos despiden, en 24 horas tienen que reinstalarnos”, le dijo, con el Código de Trabajo en la mano, Boanerges Argueta, operador de stiller, a Emeterio Nacth, ayudante de costanera. Ahora, bromea Emeterio: “Boanerges se equivocó en un pequeñísimo detalle, y es que no fueron 24 horas, sino 24 meses”. En realidad, los trabajadores pasaron dos años y siete meses, resistiendo.

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Ahora, con el sindicato, las condiciones de trabajo han cambiado: se acabaron los turnos de 16 horas y la obligatoriedad de trabajar los domingos, el que quiere hacerlo lo hace, ya no hay más amenazas de despido, y si se trabaja domingo se tiene derecho a descansar un día de la semana. Ahora, también, solo se trabaja una semana de día y otra de noche, cuando antes eran tres semanas consecutivas en cada turno. Ya no se trabaja durante la Semana Santa. Ya nadie cabecea la carga. Los turnos como operador y como auxiliar son reconocidos –en el salario–; si un auxiliar pasa a ser operador recibe el salario del operador. Los supervisores no pueden ya maltratar a los trabajadores, insultarlos, como antes. Las secciones del comedor, para los almuerzos, ahora son las mismas que para los trabajadores administrativos, teniendo derecho a un subsidio, la empresa asume una parte del costo de la comida. Ahora ya tienen permiso para ir a consultas al Seguro Social. Los uniformes los dan cuando se arruinan, y no cada año.

Siempre, no reconocer al sindicato. Ellos mismos, la empresa, creó un sindicato, de esos blancos. Con eso Ternium Internacional de Guatemala intenta bloquear la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. En esta como en otras luchas no hay final feliz; queda solo la satisfacción de saber que se luchó, porque no había más qué hacer.

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A estas batallas por la dignidad se sumaron múltiples apoyos: Víctor Pérez Herrera, jefe de Taller de Coca Cola Guatemala, y miembro del sindicato de la embotelladora, que siempre ha estado allí, con ellos, que nunca les ha dejado solos. Los abogados Ingrid Urízar y Rafael Sánchez, de Festras, la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, son de esos abogados incorruptibles, que tanta falta le hacen a Guatemala. En Canadá, Mario Torres, de la Fundación Enrique Torres, en honor a un gran luchador por los derechos de los trabajadores, les ayudó a establecer contacto con el United Steelworkers y estos les abrieron las puertas al IndustriALL Global Union, el sindicato mundial del acero, del que Sitraternium hace parte.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/24/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-iii/

Lo que pierde el Triángulo Norte por la corrupción

Un estudio de ICEFI concluye que la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras abarca “prácticamente todos los sectores” y solo en Guatemala, las pérdidas que genera se estiman en $550 millones anuales.

El libro “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”, “… estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA ―El Salvador, Guatemala y Honduras― tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial.”

“… El libro destaca que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público, pues afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial. El libro muestra la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos analizados y la tercerización de la gestión de la corrupción. El Icefi concluye que la corrupción abarca prácticamente a todos los sectores, y por ello la búsqueda de soluciones es también responsabilidad de todos.

Del comunicado del ICEFI:

El Icefi identifica ocho caminos principales que llevan a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e, impunidad. Analiza cada uno de estos caminos a la corrupción, identificando particularidades especiales en los tres países del TNCA. Para ilustrar estos caminos, el libro recopila una colección de casos relevantes de corrupción en cada uno de los países estudiados, proveyendo una descripción y análisis breve basado en los documentos oficiales de las investigaciones y en reportes periodísticos. Los casos estudiados permiten comprender que la corrupción constituye una enorme pérdida de oportunidades para los ciudadanos del TNCA.

En Honduras los casos de corrupción relevantes analizados corresponden al período (2007-2014), y pertenecen a 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con 3 subcategorías (defraudación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos de corrupción en la Secretaría de Salud, decretos de emergencia y fraccionamiento); corrupción en la prestación de servicios públicos; corrupción en la contratación de obra pública; y, abuso de los fideicomisos públicos. El análisis revela que estos casos produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 4.3 % del PIB, y fueron particularmente graves en el sector salud, destacando el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social con más del 95% del costo de los casos relevantes de corrupción analizados y fue el detonante del movimiento de los indignados. El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 5 veces el presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social; 2.25 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos; 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud; o, 35% del presupuesto de la Secretaría de Educación de Honduras, entre otras comparaciones técnicas.

Para El Salvador, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (1989-2014), y se enmarcan en 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con dos subcategorías (contratación de obra pública y otras adquisiciones públicas incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios); corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»; malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en mecanismos paralelos de ejecución como los fideicomisos; negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción. El análisis de estos casos revela que produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1 % del PIB, y fueron particularmente graves en el caso de obras públicas (33% del total) y la denominada «Partida secreta presidencial» (alrededor del 50% del total). El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94% del presupuesto del ramo de salud; o, 60% del presupuesto del ramo de educación, entre otras comparaciones técnicas.

En Guatemala, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (2008-2017), y pertenecen a 7 categorías generales: captura de instituciones; defraudación aduanera y tributaria; corrupción administrativa; corrupción en las adquisiciones públicas que afectan el derecho a la salud; tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y «plazas fantasma»; corrupción judicial; y, corrupción en el ámbito municipal. Los documentos oficiales de las investigaciones de estos casos aún no permiten una cuantificación de su costo, razón por la cual el Icefi realizó el ejercicio de identificar los rubros del presupuesto público más vulnerables, para luego aplicar el supuesto técnico de una pérdida por corrupción promedio del 20%. Con este ejercicio, el Icefi estima que en un año las pérdidas por corrupción en Guatemala equivaldrían a: 4 veces el presupuesto del Ministerio Público; el 92% de los recursos destinados al Ministerio de Gobernación; o, el 74% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otras comparaciones técnicas.

Ver Resumen Ejecutivo “La corrupción: Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Lo_que_pierde_el_Tringulo_Norte_por_la_corrupcin?u=99fb9b04bfd7ff6c5bce5fcfc44d683d&s=n&e=2&mid=%5BMESSAGEID%5D

Modernización fiscal y pacto(s) colectivo(s) en nombre del desarrollo social

La crisis fiscal y la inexistencia de un genuino pacto colectivo, constituyen; en el marco del decaimiento socioeconómico y cultural actual; los desequilibrios más apremiantes que debe afrontar el Estado guatemalteco hacia el fortalecimiento del proceso democrático del país.  Bien dicen pesadores latinoamericanos que un Estado no puede ser fuerte teniendo una sociedad debilitada. Esto podría traducirse, en que la crisis que se refleja en el Estado es producto de la crisis de la sociedad. Es falso que pueda existir un Estado eficiente en una sociedad poco organizada, ya que el Estado es creación de la sociedad; y en consecuencia, expresa tanto las cualidades como las debilidades del origen cultural de su población.

Es bien conocido que la modernización económica de un país descansa en dos pilares fundamentales: la modernización fiscal y la modernización financiera. En tal virtud, se puede afirmar que sin ambas modernizaciones (fiscal y financiera) los anhelos por un mejor país,  en términos de prestación de servicios y entrega de bienes de calidad a la sociedad, no se podrán concretar y todo quedaría en ilusiones. Esto viene a colación en el sentido que el contenido de la columna anterior ´Presupuesto abierto y programas sociales´ sería una utopía si el organismo recaudador no procura agilizar sus niveles de recaudación fiscal; y peor aún, si el Congreso hace las asignaciones sin seguir la lógica de los programas de compensación social.

Lo anterior se hace más preocupante  si se toma en cuenta que la cooperación internacional está, hoy por hoy, supeditada a los avances de los pueblos en materia de respeto a los derechos humanos y a la democratización de las sociedades. Además, esto viene enmarcado dentro de los diecisiete esenciales puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por lo que, en alusión al título del presente artículo, los guatemaltecos no debemos permitir que el concepto de democracia se quede sin sustento o vacío de contenido. ¿Cómo evitarlo?  Estando atentos a que el presupuesto 2018 sea un proyecto responsable que le asigne un contenido presupuestario a nuestra democracia intercultural.

En realidad, la crisis fiscal es un problema tan complejo como diverso. Por un lado, la evasión y la elusión fiscal continúan siendo el talón de Aquiles de la estructura tributaria; pero por otro lado, la relación de la fuerza laboral, en materia de informalidad versus formalidad es de 80 a 20. Estas dos situaciones agudizan la crisis fiscal, pues no se tiene certeza numérica de los movimientos económicos informales, como tampoco de las pérdidas por evasión fiscal. Es acá, donde el Estado por la vía de su gobierno debe apoyar a las instituciones estatales relacionadas para que se tenga la capacidad de procesar estas cifras y plantear opciones de políticas económico-financieras, con números acordes dentro de la globalidad del tema; y luego entonces, bajo el genuino pacto colectivo  arriba mencionado, trabajar en la modernización fiscal.

Estamos frente al desafío de nuestra propia historia; y para enfrentarla, Guatemala necesita de un Estado fuerte, política y financieramente. Por ello, la afirmación de que el fortalecimiento financiero del Estado sea inseparable del fortalecimiento democrático, cobra plena vigencia. Ya que la legitimidad se alcanza cuando el Estado es capaz de satisfacer la demanda social de sus ciudadanos. Sin embargo, es de valientes reconocer que el origen de nuestra cultura contemporánea está basada en la indiferencia. Y los que nos llamamos guatemaltecos lo único que compartimos es el territorio; al grado de ignorar, la valiosa cultura de la cosmovisión Maya. De esta indiferencia social acumulada en el tiempo, hoy, Guatemala está enfrentando el desafío de un futuro ya entre nosotros. Y solo si somos capaces de construir una economía eficiente y una sociedad etnocultural más igualitaria, alcanzaremos un mejor manejo de nuestra interculturalidad democrática; y así, tener viabilidad de nación ante la Aldea Global.

http://s21.gt/2017/09/13/modernizacion-fiscal-pactos-colectivos-nombre-del-desarrollo-social/