Dinero ético

 

La igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

Es sabido que una de las derrotas más clamorosas de los trabajadores es creer que son privilegios lo que antes eran derechos: derrota porque el trabajador se considera afortunado; clamorosa porque la fortuna siempre crea mala conciencia. Se trata de una ejecución singular, consecuencia de una clase depredadora que se encontró en la crisis con las condiciones idóneas para que 1)un puesto de trabajo entre tantos parados fuese una suerte, 2) un contrato fijo entre tantos temporales, un milagro, 3) 1.000 euros entre tantas prestaciones por desempleo, un lujo, y 4) vacaciones, algo de otro tiempo.

Es sabido también, porque al final en los pueblos todo se sabe, que ese círculo vicioso tiene unas consecuencias escandalosas, la más siniestra de todas la de que entre los propios trabajadores se reprochen los privilegios, como cuando a muchos les parece más insulto el sueldo de un estibador que el de ellos mismos. Hay otras, estas más previsibles, producto del funcionamiento extraordinario en España que tiene el mantra de que otros están peor que tú; aquella fábula, cuento o canción que decía que no te quejes de que tus zapatos estén rotos porque hay otros que se están comiendo las suelas.

Así que estos días, cuando tantos no responden o evitan responder que tienen un mes de vacaciones porque lo consideran inmoral, se publica que en el partido político Barcelona en Comú no funciona el llamado “salario ético”, una nómina que se pretendía ejemplificadora para la clase política bajo otro mantra innecesario: no se necesita más. Los comunes de Ada Colau, meses después, han descubierto que siempre se necesita más; la nueva política empieza a comprender que lo ético es ganar lo que uno merece sin apropiarse de lo que no es suyo, y que los sueldos altos, en lo público y en lo privado, están justificados si uno se hace acreedor de ellos.

Así que por un lado aparece una nueva izquierda denunciando la precariedad laboral y el traspaso semántico de derechos a privilegios, pero ella misma se aplica unas restricciones que dan la razón a los que defienden que hay que ganar lo justo para vivir, aunque ni eso cumplen. Se ha enquistado, desde hace tiempo, un pensamiento envenenado: el que tiene menos tiene más razón, y su defensa de las convicciones es más pura. Solo hay que recordar en los debates a los candidatos peleándose para ver quién cobra menos, y organizando ejercicios de transparencia con el objetivo de celebrar al que menos dinero tenga. Olvidando un asunto fundamental, el primero sabido de todos ellos: la igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

https://elpais.com/elpais/2017/08/08/opinion/1502209632_779645.html

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

Canadá está de moda. De manos de su carismático primer ministro, Justin Trudeau, proyecta la imagen de una nación pacífica, progresista y socialmente responsable.

Y sin embargo, en América Latina, la presencia canadiense a menudo se percibe de forma muy distinta.

La expresión más concreta de la influencia canadiense en la región, la minería, está rodeada de conflictos y controversia social y ambiental.

Influencia

La influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.

Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en nuestra región, con 80 grandes proyectos.

La minería canadiense en América Latina

US$67.500 millones

Valor de los activos mineros canadienses en América Latina

  • 55% Inversiones mineras canadienses en América, como porcentaje del total de sus inversiones
  • 80 Proyectos mineros en ejecución
AFP

Tal vez sea inevitable que, dada la cantidad de proyectos mineros, Canadá sea pararrayos de críticas que van destinados a la minería en general.

Pero las expectativas eran distintas cuando los mineros canadienses aterrizaron en la década de 1990.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo“, le recuerda a BBC Mundo Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una ONG crítica de las multinacionales mineras.

“Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”, afirma.

“Algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia”, agrega Padilla.

Controversias

Son varios los casos de mineras canadienses que se han envuelto en controversias por los supuestos efectos ambientales nocivos de su actividad.

Protesta minera en Perú.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLas protestas sociales han acompañado a la minería a lo largo del continente.

Padilla menciona, apenas como un ejemplo, el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental, acusaciones que las multinacionales canadienses han rechazado.

Más grave aún, hay quienes alegan que la actividad minera supuestamente ha contribuido a la violencia en las zonas en las que opera.

“Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”, aseguraba en una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra.

Menos conflicto

“No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones de las empresas canadienses en América Latina”, le dice a BBC Mundo Ben Chalmers, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada).

MinaDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa minería es el principal motor económico de varios países latinoamericanos.

Para sostener su argumento, Chalmers cita un reciente estudio del profesor Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, sobre la presencia canadiense en las cinco principales naciones mineras latinoamericanas.

“El estudio catalogó todas las operaciones mineras en esos países, y encontró que el 36% de ellas eran de propiedad canadiense. Pero solo el 20% de ellas tenían conflictos asociados a su actividad. En cambio, las mineras de propiedad de otras naciones extranjeras distintas a Canadá, que constituían un 24% del total, tenían conflictos en 34% de los casos”, asegura Chalmers.

“En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera”, le dice Chalmers a BBC Mundo.

Responsabilidad social

Chalmers reconoce que algunos casos censurables han atraído la atención de los críticos a la minería canadiense, pero asegura que tanto la sociedad civil canadiense como las mismas empresas trabajan para asegurar la protección de los estándares ambientales y de responsabilidad social.

Protesta antiminera en Mexico, foto archivo, de 2006)Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLas protestas contra las mineras canadienses llevan varios años (foto de archivo de 2006)

En los últimos diez años, indica, se ha creado un programa “Hacia la minería sostenible”, que requiere a las empresas mineras miembros de esta asociación reportar sobre 23 indicadores de asuntos ambientales y sociales, una iniciativa que Chalmers describe como pionera.

El papel del gobierno

A lo que muchos críticos replican que no es suficiente y que se requiere que el mismo gobierno canadiense tome medidas para asegurar el buen comportamiento de sus empresas mineras en América Latina.

¿Ha habido esfuerzos en ese campo por parte del gobierno canadiense?

Protesta minera HondurasDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa actividad minera a veces se ha visto afectada por la violencia. En la imagen, protesta en Honduras.

“Hasta el momento no en la práctica”, le dice a BBC Mundo Cesar Padilla de la OCMAL.

“Eventualmente en el discurso sí, pero no olvidemos que el poder de estas mineras no solo se refleja acá en América Latina sino que también en Canadá. El sector minero es muy poderoso políticamente”, insiste, para concluir que ni la llegada de Trudeau al poder ha hecho mucha diferencia.

“La situación en Canadá no ha cambiado mucho pese al discurso que tiene el actual gobierno”, puntualiza.

Apoyan innovaciones

La industria minera canadiense nuevamente se muestra en desacuerdo.

Chalmers le dice a BBC Mundo que a lo largo de los años se han establecido mecanismos para que pueda haber acceso a los tribunales canadienses para los reclamos sobre supuestos abusos de mineras de ese país, así como se ha creado la figura de un “consejero de responsabilidad social corporativa” para las mineras del sector.

Protesta antiminera en Filipinas.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa actividad minera canadiense ha generado protestas en varias regiones del mundo.

“Nuestra industria ha apoyado esos desarrollos”, insiste el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá.

Padilla, por su parte, asegura que el comportamiento de las mineras canadienses también tiene que ver con las reglas que le imponen los gobiernos locales.

“No nos olvidemos que una misma empresa puede tener una muy buena conducta en un país y muy mala en otro. Depende de la institucionalidad de cada uno de esos países“, le dice el activista a BBC Mundo.

“Lo que hacen en Chile es diferente a lo que hace la misma empresa en República Dominicana o en Honduras. Usan el espacio que les deja la institucionalidad y las leyes de los países”, agrega.

Problema de imagen

Pese a sus esfuerzos, la industria minera canadiense tiene un camino difícil por delante al intentar convencer a sectores muy escépticos de la sociedad latinoamericana sobre las ventajas de su actividad.

La minería canadiense genera puestos de trabajo, inversión y divisas para los países latinoamericanos.

Protesta minera EcuadorDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionMuchos latinoamericanos tienen desconfianza de las empresas mineras. En la foto, Protesta minera en Ecuador.

Pero la minería en general, y no solo la canadiense, enfrenta un problema grave de imagen en muchos países de la región, en donde muchos sectores de la población han perdido paciencia frente a las controversias ambientales y sociales que se han desencadenado en torno a estos megaproyectos mineros.

Una posición resumida por Padilla cuando le dice a BBC Mundo que, en su opinión, no es fácil encontrar ejemplos de mineras trabajando para el beneficio de América Latina.

“Existen las empresas mineras malas y las peores”, puntualiza.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40698694

Guatemala y la ley de empleo parcial

La administración Morales prevé tener listo el próximo mes el primer borrador de la ley que regula el trabajo a tiempo parcial, que deberá quedar aprobado antes de febrero de 2018.

En febrero cobra vigencia en Guatemala el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y para esa fecha deberá estar listo el marco legal para implementar el empleo a tiempo parcial.

Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, dijo a Prensalibre.com que “… ya tienen un primer producto de la propuesta, un análisis comparativo de los países donde se ha implementado este instrumento, especialmente europeos. De acuerdo con el funcionario… han avanzado en temas relacionados con la seguridad social de los empleados, el pleno derecho de la libertad sindical y colectiva, el goce de vacaciones, la protección de la maternidad y el salario.”

“… En ese sentido, Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, opinó que los sectores de call centers, servicios, turismo, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los que más aprovecharían la contratación temporal de personal.”

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Guatemala_y_la_ley_de_empleo_parcial?u

Piden salario diferenciado para la caficultura

Ricardo Arenas, presidente de Anacafé

Crear un salario mínimo diferenciado es la solicitud del sector cafetalero para enfrentar la crisis que afronta por la escasa producción, efecto de la roya y precios internacionales más bajos que el costo, lo cual lo hace insostenible, dijo Ricardo Arenas, presidente de Anacafé.

Dijo que no entregará una propuesta, pero que ya le explicaron el año pasado al presidente Jimmy Morales el impacto en ese rubro.

Arenas insistió en solicitar que se devuelvan recursos que el gobierno anterior desvió del fideicomiso, por unos Q400 millones.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/ven-como-opcion-producir-mas-cafe-en-tierras-bajas

Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

http://lahora.gt/economista-uso-inadecuado-pactos-colectivos-termina-expresiones-impunidad/amp/

Trabajadores pueden verificar en sitio de internet del IGSS si patronos han pagado sus cuotas

A partir de esta semana los trabajadores, afiliados al IGSS, pueden verificar en el sitio electrónico de ese ente si el patrono para el cual laboran ha pagado sus cuotas.

El sitio es el www.igssgt.org  y para hacer la consulta debe ingresar al enlace denominado cuotas en la pantalla principal.

Luego se debe colocar el Código Unificado de Identificación (CUI) que es el mismo del Documento Personal de Identidad (DPI), y aunque hay un espacio que pide el dato del número de afiliado este ya no es necesario.

Si la persona es afiliada al IGSS antes del 2012, debe tener en cuenta que no se desplegará todo su historial sino que el sistema está actualizado desde la fecha en que la empresa o patrono se adhirió al sistema de  planilla electrónica de ese ente.

Dicho sistema se oficializó en el año 2012, pero las empresas se adhirieron en forma paulatina asì que aparecerá en los años posteriores.

http://www.prensalibre.com/economia/trabajadores-pueden-verificar-en-sitio-de-internet-del-igss-si-patronos-han-pagado-sus-cuotas

Con excepción de Guatemala, América Latina ha reducido la informalidad

Documento del FMI coloca al país con una tasa del 70 por ciento de trabajadores informales, mientras el promedio latinoamericano es del 40 por ciento.

 

La asistencia técnica para Guatemala del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el reporte del “Análisis del sector informal y seguimiento de incentivos tributarios” en el que señaló que existe un alto nivel de trabajadores asalariados sin cobertura de la seguridad social que se atribuye a la baja productividad.

Las recomendaciones que presentaron los funcionarios del FMI para reducir el nivel de informalidad en el país pasan por una reforma al sistema de seguridad social y mayor inversión en caminos rurales o sistemas de riego.

La mayoría de los países en América Latina lograron bajar el nivel de informalidad en la última década, el promedio regional se estima en 40 por ciento, según el reporte que agrega que en Guatemala el 70 por ciento de los asalariados carece de seguridad social.

El reporte elaborado por la asistencia técnica refiere que entre otros aspectos la educación, el desarrollo, el tamaño de las empresas y la productividad son causa de la informalidad, por lo que no debe verse solo desde la política fiscal.

Dónde está la informalidad

Desde 2016 una misión del FMI sugirió que la estrategia para recuperar la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debería incluir el fortalecimiento del registro de contribuyentes, más fiscalización, precios de transferencia y el control del crédito del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros regímenes como maquilas y zonas francas.

El FMI estimó que 55 por ciento de las personas ocupadas en el sector informal están en su mayoría en actividades agrícolas, cuenta propia y pequeñas empresas y devengan menos del salario mínimo, con lo que quedan exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En este caso la recomendación es aplicar políticas para mejorar la atención en el Ministerio de Salud Pública, aumentar la inversión para aumentar la productividad con caminos rurales y sistemas de riego.

Para un 15 por ciento de los asalariados con ingresos superiores al mínimo no se tiene la obligación de cotizar a la seguridad social. Entre este rango están trabajadores por cuenta propia, patronos y empresas con dos o menos trabajadores.

La recomendación del FMI es un rediseño del sistema de seguridad social que sea obligatorio para todos los trabajadores, mejorar el control y coordinación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la SAT, además de algunos programas parcialmente subsidiados.

El organismo internacional recomendó mejorar los controles para alcanzar al 12 por ciento de los ocupados deben cotizar al IGSS y aún están fuera del sistema.

Avances

Adolfo Lacs, representante sindical ante la Directiva del IGSS, comentó que se completarán tres estudios para ampliar la cobertura del seguro social. El primero para que aporten al seguro social las empresas que cuenten con menos de tres trabajadores, esto alcanzaría por ejemplo a personas que se desempeñan como secretarias o asistentes en una clínica o bufete.

El segundo para integrar a los que están en el régimen de Pequeños Contribuyentes, lo que incluiría entre otros a los empleados en el renglón 029; y otro estudio para que todos los profesionales que laboran de forma independiente en sus clínicas o bufetes coticen en el IGSS.

De acuerdo con Lacs aún no se tienen estimaciones del alcance de estas medidas que se analizan, pero que entre otros beneficios tendría que algunos afiliados al IGSS que están de forma pasiva puedan recuperar las cuotas pagadas e incorporarse al sistema.

El IGSS y la SAT suscribieron recientemente un convenio para facilitar el cruce de información con lo que se podrá detectar a los patronos que no registran a sus trabajadores o que pagan las cuotas con salarios que no son reales.

Nociones de informalidad

La asistencia técnica destacó que pueden existir el trabajador informal y trabajador no registrado con pagos en la SAT. La informalidad puede implicar o no evasión: triangulación de multinacionales, precios de transferencia, trabajador con ingresos bajo el umbral del IVA-ISR, actividades que suele camuflarse con el sector informal para evadir.

https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/07/19/con-excepcion-de-guatemala-america-latina-ha-reducido-la-informalidad/