¿Cómo vemos el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe?

El “futuro del trabajo” inundó nuestras redes sociales y fue uno de los términos más buscados por los usuarios de Google en América Latina y el Caribe en 2017. Todos comenzamos a hablar de los peligros de la automatización, de la inteligencia artificial y de cómo los avances tecnológicos podrían eliminar un porcentaje importante de los empleos que conocemos en la actualidad. Por eso hoy, los gobiernos también se están empezando a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos preparar a nuestros países para un futuro incierto de profundos cambios en el mercado laboral?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla y ya estamos viendo la magnitud de esta encrucijada. Por ejemplo, hace unos meses el gigante estadounidense Walmart inauguró un nuevo establecimiento en Tegucigalpa (Honduras) y la prensa local se hizo eco del número de empleos creados: “Maxi Despensa Kennedy viene a generar 42 empleos directos y alrededor de 100 indirectos”.  Sin embargo, en las mismas fechas, otro gigante de nuestro tiempo (en este caso Amazon) acaparaba los titulares en buena parte del mundo con la apertura en Seattle (Estados Unidos) de su primera tienda sin empleados, ofreciendo a sus clientes una nueva experiencia de compra en la que basta con elegir un producto y salir de la tienda (previo pago automatizado con un dispositivo electrónico), sin hacer fila para pagar. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si el modelo de Amazon llega a expandirse por nuestra región?

Impacto de la tecnología en el mundo del trabajo

Como refleja El futuro del trabajo: perspectivas regionales, una publicación conjunta de los cuatro bancos de desarrollo regionales más importantes, existen cinco factores que determinan el impacto que puede tener la tecnología en los mercados laborales. En primer lugar, las estructuras económicas hacen que algunos países sean más susceptibles que otros. Es el caso de Centroamérica, por ejemplo, en donde una parte relevante de la economía se basa en sectores cuyo potencial de automatización es elevado, como los centros de atención al cliente (call centers), el comercio o la agricultura. Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos. De hecho, de acuerdo con la consultora McKinsey, al menos un 30% de las tareas podrán automatizarse en el 60% de las ocupaciones.

Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos.

Las habilidades existentes en la fuerza laboral también influyen en los incentivos para automatizar y el potencial de crear nuevos puestos de trabajo. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones con menores niveles de habilidades. Para superar esta barrera y asegurarnos de que nuestros ciudadanos están preparados para ocupaciones que hoy no alcanzamos ni a imaginar, debemos formar en ellos habilidades más sofisticadas y complejas. No me refiero solamente a las habilidades digitales, sino también a las habilidades socioemocionales (aquellas que los robots no pueden alcanzar, como la empatía, la comunicación, la persuasión o la negociación) y analíticas (como la capacidad para resolver problemas o saber cómo aprender a aprender).

Un tercer factor que afecta el nivel de influencia que tienen los avances tecnológicos en el mundo del trabajo es el acceso a banda ancha. Cada vez son más los trabajadores independientes que están a disposición de miles de clientes a través de plataformas electrónicas que funcionan a través de internet, en lo que se conoce como la economía gigEste fenómeno preocupa porque reduce el trabajo asalariadoy sitúa a millones de personas como contratistas independientes, lo que reduce las obligaciones sociales y, con ello, las protecciones que reciben los trabajadores. En la medida en que la tendencia es hacia más autoempleo, este fenómeno puede conllevar a más informalidad. Sin embargo, bien aprovechada, la economía gig puede ser una oportunidad en términos de generación de ingresos. Además, las plataformas digitales pueden conectar a los trabajadores de la región con los mercados internacionales, sin necesidad de migrar. Asimismo, el hecho de que las transacciones queden registradas en una plataforma digital aumenta su trazabilidad. Sin embargo, mientras que 35 de cada 100 personas que viven en países desarrollados tiene suscripciones de banda ancha fija, esta cifra se reduce a 10 para los países en desarrollo y emergentes.

Las presiones para automatizar también van a depender de la realidad demográfica de cada región. Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar. Mientras que los países africanos tendrán un crecimiento importante en su fuerza laboral, la proporción de personas en edad de trabajar en nuestra región irá reduciéndose poco a poco.

Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar.

Un último factor que hay que tener en cuenta cuando se habla de automatización es la disponibilidad de redes de protección. Es posible que los costos en bienestar de la automatización sean más altos en las economías en desarrollo y emergentes porque sus redes de protección están menos desarrolladas que las de los países de mayores ingresos. La cobertura de la seguridad social es a menudo más baja en regiones como América Latina y el Caribe, incrementando el impacto de los cambios laborales en aquellos trabajadores que no tienen acceso a seguro de desempleo.

Prioridades para triunfar en la era de los robots

¿Cómo podemos entonces aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y reducir sus impactos adversos? Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano. Para ello, es necesario mejorar las habilidades de la población, impulsando su aprendizaje más allá de la escuela y orientando a su talento hacia las nuevas oportunidades que brinda la tecnología. La segunda prioridad será apoyar más las transiciones de los trabajadores entre empleos, teniendo en cuenta que, en el nuevo mercado laboral, el ‘trabajo para toda la vida’ será la excepción (se calcula que los millennials cambiarán hasta 15 veces de trabajo a lo largo de su carrera). Por último, es preciso repensar el Estado del Bienestar, adaptando nuestros sistemas de seguridad social a la nueva realidad de la economía gig y a los cambios demográficos que provocarán que América Latina y el Caribe pase a ser una de las regiones del mundo más envejecidas.

Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano.

Desaprovechar esta revolución por no habernos preparado para enfrentarla es el mayor riesgo que corre la región. La buena noticia es que, aunque todavía existen grandes desafíos en materia laboral y de seguridad social, la tímida adopción de tecnología nos da un poco más de tiempo para apostar por las políticas correctas. Solo así podremos entrar con buen pie en el futuro del trabajo y garantizar un modelo de desarrollo económico con oportunidades para todos en la era de los robots.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/04/30/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe/

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El cruzado del tarifazo

El presidente Mauricio Macri encabeza la campaña para buscar legitimidad política y social a una estructura tarifaria desproporcionada, injusta y regresiva. Datos duros desmienten sus principales argumentos para justificar el tarifazo.

El argumento más rústico, para justificar el aumento desproporcionado, injusto y regresivo de las tarifas de gas y luz, dice que existe una pauta de consumo de derroche en los hogares. El presidente Mauricio Macri encabeza esa cruzada repitiéndolo una y otra vez cuando no existe evidencia empírica ni respaldo en investigaciones en el área energética para sostener semejante afirmación. Que Macri y su familia vivan con el aire acondicionado prendido todo el año, como informó en su momento su esposa, o que algunos hogares privilegiados calefaccionen sus piletas en invierno no deberían orientar a sentenciar que toda la sociedad dilapida energía como esos representantes de la clase alta. En la defensa enfática de garantizar ganancias extraordinarias a conglomerados energético vía tarifazos, el gobierno carga la responsabilidad de los aumentos en sectores vulnerables, desde clases medias y bajas hasta pequeños y medianos comercios e industrias. El tarifazo sería culpa de ellos por años de despilfarro de los recursos energéticos. Macri lo afirma con la misma firmeza como cuando asegura que la inflación está bajando, sin recibir de sus interlocutores ocasionales la interpelación que no es cierto lo que dice.

Subsidios

Macri también critica la política de subsidios energéticos para buscar legitimidad social a los tarifazos, sin mencionar que ahora toda la sociedad está subsidiando a las petroleras pagando un precio del gas muy por encima del costo de producción. Hace años que la ortodoxia y la heterodoxia conservadora han demonizado a los subsidios a las tarifas de servicios públicos, logrando que gran parte de la sociedad aceptara que era necesario eliminarlos para vivir mejor. Ahora lo están padeciendo en los bolsillos.

La distorsión acerca de la comprensión acerca del alcance de la política de subsidios ha sido inmensa. Gracias a la cuenta de Twitter @elbosnio se descubre la existencia de un documento del FMI que se ocupa de ese tema. El objetivo de ese trabajo fondomonetarista es la de promover la disminución de los subsidios energéticos, pero resulta revelador porque informa que el nivel de subsidios que había hasta el 2015 en Argentina, en comparación internacional, era muy bajo.

En “How Large Are Global Energy Subsidies?”, el Fondo postula la necesidad de disminuirlos, exponiendo argumentos ambientales, fiscales y sociales. Por la cuestión ambiental, advierte que los subsidios, al abaratar el consumo de energías no renovables, incrementan la contaminación y gases de efecto invernadero.  Por el frente fiscal, indica que su financiamiento implica aumento de la deuda pública y más impuestos, además de desplazamiento de gasto público de otras áreas, como salud, educación e infraestructura, que afecta el crecimiento económico. Por el impacto macroeconómico y social, sentencia que “son una forma altamente ineficiente de brindar apoyo a los hogares de bajos ingresos, ya que la mayoría de los beneficios de los subsidios a la energía son, generalmente, capturados por hogares ricos”.

El informe del FMI calcula que los subsidios energéticos sumaban 5,3 billones de dólares en 2015, 6,5 por ciento del PIB mundial, aumentando de la estimación de 4,2 billones de dólares de 2011. El aspecto más interesante de ese documento es el cálculo particular de los subsidios energéticos en los países, mostrando que no eran significativos en Argentina en la comparación. Aquí va el detalle del monto de los subsidios energéticos en algunos países, en 2015, según el FMI:

  • Estados Unidos, 2177 dólares per cápita.
  • China, 1652.
  • Canadá, 1283.
  • Australia, 1259.
  • Japón, 1240.
  • Israel, 1113.
  • Bélgica 909.
  • Alemania, 684.
  • Inglaterra, 635.
  • España, 521.
  • Chile, 515.

El promedio mundial de subsidios a la energía eléctrica era de 640 dólares por habitante en 2015. Argentina subsidiaba a cada habitante con 413 dólares, hasta 2015, el 35 por ciento menos que el promedio mundial.

Consumo

Quienes estudian con seriedad el tema energético explican que malgastar es muy diferente que el uso eficiente. En el mercado argentino no existe derroche pero sí una utilización deficiente de la energía, por ejemplo por el tipo de construcción de las viviendas y por la calidad de los electrodomésticos. Aunque para muchos es difícil de absorber porque ha habido años de desinformación, y más aún ahora con un Presidente de la Nación que insiste hasta el hartazgo con el tema del dispendio, el consumo energético de los hogares no se define por el nivel de las tarifas. El consumo no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz, sino que está definido por la cuestión climática y por la calidad de la infraestructura de la vivienda.

Por el tarifazo no habrá ahorro; y sí, transferencias inmensas de ingresos a las compañías energéticas.

La demanda de gas natural está definida por la temperatura, por eso es mayor en las provincias más frías, y es inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Esto último significa que la utilización de gas no sube o disminuye según el nivel de la tarifa y el monto de los ingresos de los hogares. Son conclusiones de la investigación “El consumo de gas natural por red. Análisis territorial y temporal”, de Pedro Chévez, Carlos Discoli e Irene Martini, publicada en “Realidad Económica” N°308.

A partir del análisis realizado de la demanda nacional de gas natural residencia en un período extenso, que abarca de 1993 a 2014, la troika de investigadores

  • explican que el consumo de gas natural demuestra una clara incidencia del factor climático y en consecuencia una relación directa con la ubicación geográfica;
  • destacan que la demanda con un mismo nivel de temperatura no resulta constante a lo largo del territorio, sino que se acrecienta a medida que la rigurosidad del clima es mayor;
  • mencionan que existen diferentes variables tecnológicas y de comportamiento, que conjugadas con situaciones climáticas extremas justifican mayores consumos y que no necesariamente significan sobreconsumos adjudicables a un mal uso del recurso energético;
  • indican que entre las dimensiones y variables consideradas hay que tener en cuenta la mayor permanencia en los hogares debido a las condiciones climáticas, ocasionando una mayor demanda de energía, como así también menores niveles de radiación solar y heliofanía (número de horas reales de insolación diaria), minimizando el efecto de la ganancia energética directa en las viviendas; y
  • afirman que a nivel nacional el consumo promedio de gas natural por usuario acompañó en cierta manera la coyuntura del país sin cambios muy pronunciados, concluyendo que la demanda de gas es inelástica.

O sea, con más o menos poder adquisitivo, el consumo se mantiene constante. Si sube la capacidad de compra por mejoras en términos reales de los salarios o jubilaciones, los hogares incrementan el consumo de otros bienes motorizando la demanda y la expansión del mercado interno. En cambio, si disminuye el salario o el haber jubilatorio real, no se reduce el consumo de gas, sino el de otros bienes porque de esa forma generan el ingreso necesario para pagar un servicio público esencial. El tarifazo afecta en forma negativa de ese modo el nivel de actividad del mercado interno.

Balances

Hasta las empresas energéticas, beneficiarias del shock del tarifazo, se alejan de la campaña oficial de confusión y muestran que la cuestión climática es una variable relevante del nivel de consumo de los hogares. El balance anual 2017 de Edenor informa que hubo “un consumo inferior en aproximadamente 3 por ciento respecto al año anterior”, atribuyendo esa disminución “a un invierno poco severo, con temperaturas medias que superaron en 2°C las del año 2016”. El “ahorro” en los hogares no fue por el tarifazo; fue por razones climáticas.

El efecto monetario directo de los aumentos desproporcionados de tarifas estuvo reflejado en los balances de las empresas energéticos. Hubo menos ingresos disponibles en los hogares para otros consumos y estrangulamiento en la estructura de costos de comercios e industrias (ver nota aparte) con la contrapartida del incremento de las ganancias de las empresas energéticas

El recorrido por los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio, eligiendo firmas representativas de diferentes eslabones de la cadena energética, permite observar utilidades generalizadas originadas por el tarifazo.

  • Distribución eléctrica.

Edenor: La reseña del ejercicio 2017 indica que tuvo “mejoras significativas” del cuadro de resultados respecto al año anterior. Los ingresos pasaron de 13.080 a 24.340 millones de pesos; los resultados operativos, de una pérdida de 656 a una ganancia de 2495 millones de pesos; y el resultado neto, de un quebranto de 1189 a una utilidad de 682 millones de pesos. Señala que esos saldos “nos han permitido recomponer el patrimonio, aunque seguimos registrando resultados acumulados negativos”. Informa que en 2017 invirtieron 4137 millones de pesos, un 53 por ciento más que lo ejecutado en 2016, que “a su vez habían resultado en el máximo hecho por la sociedad en toda su historia”.

Edesur: Por razones no explicitadas, el comportamiento de sus resultados es opuesto al de Edenor. El operativo fue positivo en 1546 millones de pesos, menor en comparación con los 2024 millones del ejercicio anterior. El integral total fue una pérdida neta de 1044 millones, superior a la de 275 millones de 2016. Informa que las inversiones alcanzaron los 3559 millones de pesos en obras destinadas “a mejorar la calidad del servicio”. Tiene un capital de trabajo negativo de 10.018 millones de pesos, principalmente como consecuencia de la deuda contraída con Cammesa para financiar la operación de la compañía durante los años pasados. En 2017, los fondos aplicados a inversiones totalizaron 3994 millones de pesos comparados con los 3088 millones de 2016.

  • Transportadoras de gas.

TGN: Tiene 6806 kilómetros de gasoductos, y a través de sus dos troncales (Norte y Centro Oeste) abastece a ocho de nueve distribuidoras de gas y a numerosas generadoras eléctricas e industrias ubicadas en 15 provincias. Registró en 2017 ganancias de 842 millones de pesos en comparación con la pérdida de 259 millones de pesos en 2016, de 518 millones en 2015 y 257 millones en 2014. La variación de las ventas de 2040 millones de pesos entre los ejercicios 2017 y 2016 se explica por una mayor facturación de 1917 millones asociada “al incremento en las tarifas de transporte”, y el resto por servicios de “operación y mantenimiento de gasoductos”.

TGS. Por sus gasoductos, de 9183 kilómetros de extensión en total, transporta el 60 por ciento del gas consumido del país, atendiendo a 5,8 millones de usuarios finales. La ganancia en 2017 fue de 2793 millones de pesos, 200 por ciento más respecto de los resultados netos positivos del año anterior (930,6 millones). En el balance anual indica que el 44 por ciento de la tarifa del servicio público de gas se explica por el precio del gas en boca de pozo, y el restante 56 por ciento se divide en partes iguales entre los impuestos y los segmentos del transporte y la distribución.

  • Generadoras.

Central Puerto. Esta empresa representa el 12,1 por ciento de la generación energética total, y el 17,5 por ciento de la generación térmica. En 2017, la ganancia operativa fue de 3111 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2016 fue de 2100 millones. La ganancia neta, en este caso, a diferencia de la mayoría de los balances, fue superior a la operativa por utilidades obtenidas en los resultados financieros: el saldo positivo en ese renglón del balance fue de 3508 millones de pesos.

  • Distribuidora de gas.

Metrogas: Es la empresa de distribución de gas natural por red más grande del país, con el 18 por ciento del mercado con 2,4 millones de clientes. El resultado neto del año pasado fue una ganancia de 775 millones de pesos, cuando en 2016 había contabilizado una pérdida de 604 millones de pesos.

  • Transporte de electricidad.

Transener. Junto a su controlada Transba anotó una ganancia neta del ejercicio 2017 de 2282 millones de pesos, cuando el año anterior había tenido una pérdida de 57 millones. Posee, opera y mantiene la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión (550kV). Transba presta el servicio público de transporte de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (66kV a 220Kv) por líneas de distribución troncal.

Costos

Como lo hizo con la reforma previsional asaltando el ingreso de los jubilados, Macri está lesionando también el de otro sector de su base electoral. Con el tarifazo castiga el presupuesto de los hogares de clases medias urbanas, y lo hace con dedicación para garantizar ganancias extraordinarias a las empresas energéticas.

El tarifazo es desproporcionado en relación al nivel de ingresos de la mayoría de la población. Esto lo dejó en evidencia el propio gobierno con la propuesta de disminuir o eliminar impuestos o tasas de las facturas de servicios públicos. Con esa medida aspira a aliviar el monto final de la factura de luz, gas y agua.

Ese descuento poco y nada cambiará el presupuesto de los hogares, y sólo muestra la desesperación del oficialismo ante la resistencia social y política que provoca el tarifazo. En esa búsqueda de compartir los costos de una medida anti popular abrazó a los gobernadores, que están actuando como aliados políticos, varios de ellos integrantes de una oposición, hasta ahora, colaboracionista con el ajuste.

Los tarifazos de la Alianza Cambiemos están derivando en una situación política muy incómoda para el oficialismo, expresada en las dos cámaras del Congreso. Pero también en una muy crítica por su impacto socioeconómico. La cruzada del tarifazo está ahogando el presupuesto de los hogares de las clases media y baja, que tiene como saldo un aumento de colgados a la red eléctrica: Edenor registra que el 17,1 por ciento del total de la energía entregada al mercado no la puede cobrar, que le significa unos 4000 millones de pesos menos de recaudación, mientras que en Edesur representan el 12,0 por ciento de la energía provista, contabilizando además un incremento de la morosidad en 6 puntos en los dos primeros años del gobierno de Macri respecto a la existente en 2015.

https://www.pagina12.com.ar/111494-el-cruzado-del-tarifazo

Cuatro choques externos que transformarán América Latina

La región se enfrenta a unos años difíciles en los que tendrá que digerir las consecuencias de la revolución digital y el cambio climático

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Este es la primera frase de Cien años de soledadla novela de Gabriel García Márquez que narra la vida de los pocos pero fascinantes habitantes de Macondo, un imaginario pueblo perdido en las selvas de Colombia. Cada cierto tiempo, a Macondo lo sacude lo que los economistas, politólogos y sociólogos de hoy llaman un “choque externo”. Es un invento foráneo que trastoca la economía, las relaciones de poder, los hábitos y costumbres, en fin, la vida del pueblo. Así, además del hielo, a Macondo lo sacudieron la llegada de los imanes, de la pianola, de ideas políticas en conflicto que dispararon una larga y sangrienta guerra civil, o la bananera, una empresa multinacional más poderosa que todos los Gobiernos y todos los ejércitos. La novela es, por supuesto, mucho más que el relato de los “choques externos” que le cambian la vida a la gente del pueblo. Pero las convulsiones de Macondo ofrecen una excelente metáfora para discutir las sacudidas que le vienen a América Latina.

Esta ha sido siempre la región con las economías más volátiles del mundo. Periódicamente, una etapa de expansión y prosperidad es súbitamente reemplazada por otra de estancamiento y miseria.

Según la ONU América Latina es una de las zonas más vulnerables al cambio climático

Estos ciclos de auge y caída suelen estar determinados por los precios internacionales de las materias primas que exporta la región, y por la disponibilidad de préstamos e inversiones que vienen de afuera. Cuando los precios del petróleo, cobre, café, soja, etcétera, suben en el mercado mundial, América Latina prospera. Cuando caen, se empobrece. Cuando los bancos y empresas extranjeras invierten y abren el crédito, las economías latinoamericanas mejoran. Pero cuando los préstamos e inversiones foráneas cesan (y con frecuencia eso sucede al mismo tiempo que bajan los precios de las exportaciones) viene la debacle: devaluación, inflación, desempleo, suspensión de programas sociales y quiebras de bancos y empresas. Naturalmente, los Gobiernos latinoamericanos también son responsables por no hacer que sus economías sean menos vulnerables a las oscilaciones internacionales. Pero es justo reconocer que no es fácil neutralizar el impacto de un masivo choque económico externo.

Los nuevos choques externos

En los próximos años, a las sacudidas económicas que periódicamente agitan América Latina se le van añadir otras. El cambio climático, la revolución digital, una nueva intolerancia a ciertos problemas sociales o la revolucionada política mundial serán las fuentes de estos potentes e inéditos choques externos.

El cambio climático

Ninguna región escapará a sus efectos. Pero según la Organización de Naciones Unidas, América Latina es una de las más vulnerables a los accidentes climáticosque seguirán aumentando en frecuencia, fuerza, fatalidades y costos. Las razones de esta alta vulnerabilidad van de la geografía al clima, de las condiciones socioeconómicas a la demografía. Es la zona más urbanizada del planeta: el 80% de sus habitantes viven en ciudades, la gran mayoría de ellos son pobres y sus viviendas, muy precarias. La corrupción también agudiza la fragilidad de la región ante el cambio climático. Es frecuente, por ejemplo, que funcionarios venales autoricen construcciones en lugares inadecuados o que hagan la vista gorda con las violaciones de normas urbanísticas a cambio de sobornos.

El cambio climático traerá los choques externos más transformadores que ha vivido América Latina. Cambiarán dónde y de qué viven los latinoamericanos, lo que producen y lo que gastan. O a qué conflictos domésticos e internacionales tendrán que enfrentarse.

La revolución digital

Inteligencia artificial, big data, robótica, blockchain, computación cuántica y redes neuronales son solo algunos de los campos en los que se dan las revoluciones tecnológicas que van a cambiar el mundo. Es fácil intuir que se nos avecinan enormes transformaciones. Pero lo que más nos sorprenderá es la rapidez con la que se harán notar sus efectos.

La posibilidades que abren estas nuevas tecnologías son maravillosas. Pero también son enormes los problemas que plantean. Un importante efecto indeseable de la revolución digital es que puede destruir muchos puestos de trabajo existentes, antes de crear otros nuevos. Eso también va a pasar en todas partes. Pero en América Latina el impacto sobre el mercado laboral será más fuerte. Según la ONU, en las próximas décadas dos de cada tres empleos formales en Latinoamérica serán automatizados. El choque externo producido por la revolución digital puede ser tan determinante como el del cambio climático

Nueva intolerancia a viejos males

La desigualdad económica y la corrupción son dos plagas perennes en Latinoamérica. A pesar de que su erradicación ha sido siempre la promesa de populistas y revolucionarios, en la práctica las sociedades las aceptaban como realidades inevitables. Recientemente, esto ha comenzado a cambiar. La coexistencia pacífica de los latinoamericanos con la corrupción y la desigualdad se está acabando. Entre otras razones, el aumento de la desigualdad en Estados Unidos y Europa ha creado un intenso debate mundial que ha reactivado esa discusión en América Latina. Lo mismo sucede con la corrupción. Las fechorías de los corruptos, que siempre han existido, ahora se han hecho más visibles e inaceptables. Las nuevas clases medias, más numerosas, educadas, informadas y conectadas, se han activado y están hartas de los desmanes y de la impunidad. Guatemala, Brasil y Perú se han unido a la lista de países como Corea del Sur, Ucrania, Arabia Saudí y China, donde las acusaciones de corrupción han llevado a la cárcel a políticos y empresarios antes intocables.

Los choques externos son una amenaza creciente para América Latina. Pero no tanto como las amenazas que constituyen la complacencia y la falta de previsión

Si bien estas acciones son locales, en muchos casos los estímulos que prenden la mecha vienen de afuera. El escándalo de la empresa Odebrecht, por ejemplo, es brasileño pero ha resultado en un choque externo que ha convulsionado la política de muchos países de América Latina. La inestabilidad producida por la lucha de la gente contra la corrupción y la desigualdad va a seguir.

La política

A finales del siglo XIX, un periodo tan caótico como el actual, el pensador italiano Antonio Gramsci escribió: “El viejo mundo se está muriendo. El nuevo tarda en llegar. En ese claroscuro se ceban los monstruos”. Esta frase capta muy bien lo que está sucediendo hoy en el mundo. Es natural que estos nuevos monstruos foráneos también hagan de las suyas en América Latina. Para eso no solo se aprovecharán de las oportunidades que les ofrecen las nuevas relaciones de poder dentro y fuera de la región, sino también de las nuevas tecnologías. Internet está siendo utilizado para polarizar, destruir reputaciones e influir en procesos electorales. El impacto en sociedades aprensivas, que ya están crispadas y confundidas, puede ser enorme. Los protagonistas de siempre pierden influencia y son reemplazados por recién llegados que alteran la agenda y actúan de manera imprevisible. Nuevos caudillos mundiales, como Xi Jinping o Vladímir Putin, mueven fronteras y cambian reglas. Donald Trump desestabiliza a su país y al mundo. ¿A quién creer? ¿Qué es verdad? ¿En quién confiar?

La política es siempre muy local, pero ahora lo local se mezcla con lo global casi instantáneamente, creando contundentes choques políticos externos. Si la principal cadena de transmisión de este tipo de choques externos son las redes sociales, entonces América Latina es, de nuevo, la región más vulnerable. Según un estudio de ComScore, los latinoamericanos pasan en las redes sociales el 29% del tiempo que están en Internet. En ninguna otra parte el tiempo en redes sociales es tan alto. En EE UU es el 14%, y en Asia el 8%, por ejemplo.

Las buenas noticias

Los choques externos que impactarán a Latinoamérica tendrán altos costos, pero también abrirán oportunidades inéditas. Y los latinoamericanos son expertos en sobrevivir a la volatilidad. Llevan décadas, sino siglos, adaptándose, esquivando, improvisando y manejando los efectos de los choques externos. Las empresas latinoamericanas de hoy son ágiles y eficaces sobrevivientes de los periódicos revolcones que súbitamente cambian las reglas del juego.

Los Gobiernos latinoamericanos también son responsables de no hacer que sus economías sean menos vulnerables

Además, estos cuatro choques externos también tienen aspectos positivos. La nueva intolerancia con la desigualdad y la corrupción es una buena noticia. El cambio climático trae catástrofes, pero también cambios en los ciclos agrícolas que pueden aumentar la productividad y el rendimiento de las cosechas. Habrá una inmensa demanda de nuevas industrias especializadas en la adaptación a los cambios del clima o la mitigación de sus riesgos.

Lo mismo vale para la revolución digital. Las nuevas tecnologías seguramente crearán nuevos mercados y reducirán las barreras que tanto inhiben la competencia en el sector privado. Y si bien la polarización y la crispación política de la sociedades crea las peligrosas convulsiones políticas de las que se aprovechan los populistas, también es cierto que puede estar abriendo espacios para nuevos líderes democráticos que traigan otras propuestas.

Los choques externos son una amenaza creciente para América Latina. Pero no tanto como las amenazas que constituyen la complacencia y la falta de previsión.

El más de lo mismo ya no va a funcionar. Quienes antes rompan con el conformismo y salgan de su zona de comodidad tendrán más oportunidades de evitar que los choques externos los arrollen.

https://elpais.com/internacional/2018/04/13/actualidad/1523626880_607321.html

Viaje al futuro: el mundo laboral en 2028

De cara a la cumbre del G-20, el Cippec convocó a un grupo de destacados especialistas para evaluar escenarios sobre qué puede pasar en el mercado laboral. Se coincidió que la adopción de tecnología siempre vino acompañada con el miedo al desempleo: El mundo va rápido. Esa es la tensión que vivimos.

El presidente Mauricio Macri(c) junto al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger(i) y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en la última reunión del G-20 en Buenos Aires.
El presidente Mauricio Macri(c) junto al presidente del BCRA, Federico Sturzenegger(i) y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en la última reunión del G-20 en Buenos Aires.

Silvia Naishtat

Mundo laboral
¿Se anima a pensar cómo será el mundo del trabajo de acá a diez años? Es lo que propuso Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) a un conjunto de laureados especialistas que imaginaron distintos escenarios.

Hubo sorpresa: el 42% de esas mentes críticas apostó a que Argentina tiene futuro. Esto es, una fuerza laboral capacitada y con habilidades para enfrentar el tsunami tecnológico que ya estamos viviendo.

¿Y el otro 58%? Apenas 11% se inclinó por un país estancado y en decadencia y el resto imaginó alternativas para seguir en el juego.

No es menor para una Argentina que, según el Banco Mundial, es el segundo país que enfrentó la mayor cantidad de crisis económicas a lo largo de su historia. Al primer puesto de ese ranking lo ocupa el Congo.

El debate que propone Cippec es crucial y sus conclusiones formarán parte de las recomendaciones a la presidencia argentina del G-20. Junto al CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), Cippec coordina las actividades del Think20. Se trata de los centros de pensamiento donde se generarán propuestas. El mismo ejercicio acerca del futuro del trabajo se está llevando a cabo en India y en Sudáfrica.

MartínRapetti, director de Desarrollo Económico de Cippec, junto a Ramiro Albrieu, otro economista de la institución, señalaron que si se mira con perspectiva histórica el futuro del trabajo no es una preocupación nueva en las economías en desarrollo.

Subrayaron que esas economías se distinguen por una dualidad en la que conviven sectores y actividades modernas de alta productividad y próximos a estándares internacionales junto a otros rezagados y de muy baja productividad.

En las mesas, el experto en Relaciones Internacionales Roberto Rusell, el historiador económico Pablo Gerchunoff, los economistas Daniel Heymann, Jorge Katz, Roxana Maurizio, y Fernanda Peirano intercambiaban ideas con Rafael Rofman (Banco Mundial) y Marta Pujadas (UOCRA).

Una de las preocupaciones consiste en cómo preparar las nuevas generaciones para lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial que se extiende como una llamarada.

Para algunos, Argentina permanecerá en una especie de transición sin cambiar demasiado. Otros prevén tiempos confusos con gente trabajando hasta la extenuación por sueldos miserables. La buena noticia es que quienes pintaban ese negro panorama fueron minoría.

Se coincidió que la tecnología siempre vino acompañada con el miedo al desempleo. “El mundo va muy rápido y esa es la tensión que vivimos”, soltaron. Así, se advirtió que peligra la demanda de puestos de calificaciones intermedias que es preponderante en la Argentina. Pero se hizo hincapié en las oportunidades que genera la industria del cuidado, la del software y el turismo que pueden ocupar a trabajadores de baja preparación que podrán profesionalizarse.

En paralelo al encuentro de Cippec hubo otro del B-20, el brazo del G-20 para el sector privado. Analizaron los déficits del sistema educativo. “El 65% de los chicos que van al colegio tendrán oficios que hoy no existen y deberán estar listos para el aprendizaje continúo durante toda su vida”, contó Sergio Kaufman (Accenture). Para Kaufman, la tecnología destruye determinados tipos de empleo y crea nuevos puestos de trabajo. Citó lo que sucedió con Uber en Nueva York. Antes de su llegada se realizaban 13 millones de viajes de taxi, ahora alcanzan a los 25 millones de viajes. “La revolución tecnológica debe generar empleo inclusivo”, señaló. Ese parece ser el verdadero desafío.

https://www.clarin.com/economia/viaje-futuro-mundo-laboral-2028_0_r1PH0PBqz.html

¿Qué es el monopsonio y cómo impacta al mercado de trabajo?

Varias décadas (y kilos y canas) después de haber estudiado por primera vez el concepto de un mercado laboral con competencia perfecta, su belleza me sigue maravillando. En este tipo de mercado no hay necesidad de que el gobierno intervenga, puesto que (de forma casi mágica) se da un equilibrio entre las empresas que buscan trabajadores y los trabajadores que buscan empleo. Si el gobierno fijara un salario mínimo muy alto, se generaría desempleo, puesto que los empleadores no estarían dispuestos a contratar a tantos trabajadores si les tienen que pagar un salario más alto. Por el contrario, si el gobierno estableciera un tope salarial, el número de trabajadores demandados por las empresas superaría el número de personas dispuestas a trabajar por ese salario. Más allá de su estética académica, sigo convencido de que las lecciones de este modelo deben estar siempre presentes en el diseño de políticas públicas. Pero, como dice el economista Dani Rodrik, “es un modelo, no el modelo”, y hay muchas posibles fallas de mercado que también deberían considerarse. Entre ellas, el monopsonio, que cada vez genera más atención.

No tan conocido como el monopolio, el monopsonio se genera cuando hay muchas personas buscando trabajo y solo hay pocos empleadores, quienes pueden darse el lujo de ofrecer un salario menor al que tuvieran que ofrecer si hubiera más competencia por los trabajadores. Además de ser malo para el trabajador, este modelo genera un resultado que es ineficiente en el sentido económico. Es decir, hay potenciales contrataciones que beneficiarían tanto a las empresas como a los trabajadores, pero estas contrataciones de beneficio mutuo no se llevan a cabo. Por muchos años, la posibilidad teórica de monopsonio no se consideraba importante para el análisis práctico ni para el diseño de políticas públicas, pero varios estudios recientes sugieren que el problema de monopsonio es relevante y creciente en el tiempo (véanse, por ejemplo, este estudio con base en la información del sitio web careerbuilder.com y este estudio con base en una plataforma en línea de crowdsourcing).

El monopsonio se genera cuando hay muchas personas buscando trabajo y solo hay pocos empleadores, quienes pueden darse el lujo de ofrecer un salario menor al que tuvieran que ofrecer si hubiera más competencia por los trabajadores.

El rol de las políticas públicas

El problema del monopsonio tiene al menos tres implicaciones para las políticas públicas del mercado laboral. La primera tiene que ver con el salario mínimo. En un modelo de monopsonio, un pequeño incremento del salario mínimo puede aumentar el empleo, lo cual podría explicar los estudios empíricos que no encuentran los efectos negativos de los aumentos del salario mínimo que el modelo de competencia perfecta predice. No obstante, cuando el salario mínimo llega a un nivel crítico, seguir incrementándolo tendría el mismo efecto dañino que expliqué anteriormente para la competencia perfecta: aumentar el desempleo (o la informalidad). En este sentido, la existencia del poder monopsónicopuede justificar el uso del salario mínimo para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, pero no su uso desmesurado.

La existencia del poder monopsónico puede justificar el uso del salario mínimo para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, pero no su uso desmesurado.

La segunda implicación tiene que ver con la importancia de los sindicatos. Según el Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, los sindicatos pueden proveer un contrapeso al poder de negociación y el ejercicio unilateral del poder monopsónico, promoviendo mayores salarios, mejores condiciones de trabajo y hasta un nivel más eficiente del empleo. En otras palabras, la existencia del poder monopsónico podría justificar un intento de revertir una tendencia de largo plazo hacia menores niveles de sindicalismo. De hecho, un estudio reciente encontró que el impacto negativo del monopsonio en los salarios es menor cuando hay un mayor porcentaje de trabajadores representados por un sindicato. Este estudio también demostró que el vínculo entre productividad y salarios es más fuerte cuando los sindicatos tienen mayor representación.

La existencia del poder monopsónico podría justificar un intento de revertir una tendencia de largo plazo hacia menores niveles de sindicalismo.

La tercera implicación es tal vez la más obvia. Igual que existen esfuerzos orientados a combatir y regular los monopolios, los expertos están empezando a analizar cómo regular los monopsonios. Por ejemplo, Alan Krueger y Eric Posner proponen reforzar el escrutinio de las fusiones entre empresas para detectar efectos adversos en el mercado laboral. Igualmente, Krueger y Posner sugieren prohibir los convenios que impiden a trabajadores de salarios bajos buscar empleo en empresas que compiten con su empleador actual. También proponen prohibir los acuerdos entre sucursales de una sola empresa a no competir por los mismos trabajadores.

Monopsonio versus competencia perfecta

Mi impresión es que el debate sobre las mejores políticas públicas ante la existencia de los monopsonios está apenas comenzando. Las políticas orientadas a fortalecer el poder de negociación de los trabajadores o limitar el poder de los empleadores tienen mayor justificación ante la evidencia del poder monopsónico, pero no debemos olvidar por completo las advertencias del modelo “clásico” de competencia perfecta sobre un exceso de intervención del Estado. En mi opinión, los errores de “alabar demasiado las virtudes del mercado laboral libre” e “ignorar las consecuencias no anticipadas de intervenir demasiado en un mercado” son igualmente comunes y peligrosos.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/03/23/que-es-el-monopsonio-y-como-impacta-al-mercado-de-trabajo/

El Consejo de Administración de la OIT decide nombrar una Comisión de Encuesta para Venezuela

Una Comisión de Encuesta – el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT – examinará las quejas relativas a la violación de las normas internacionales del trabajo por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

Comunicado de prensa | 21 de marzo de 2018
GINEBRA (OIT Noticias) – El Consejo de Administración  de la Organización Internacional del Trabajo ha decidido nombrar una Comisión de Encuesta para examinar las quejas relativas al incumplimiento por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de los Convenios sobre la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos.

La queja, presentada en junio del 2015 por 33 delegados de los empleadores a la Conferencia Internacional del Trabajo, se refiere al incumplimiento del Convenio de la OIT núm. 26 sobre los métodos para la fijación de los salarios mínimos, 1928 ; el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 ; y el Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 . Así mismo alega ataques, acoso, agresiones y una campaña para descreditar a la organización de empleadores FEDECAMARAS y sus dirigentes y afiliados.

Alega además la ausencia de consulta con FEDECAMARAS sobre leyes que afectan los intereses económicos y laborales de los empleadores, y la adopción de numerosos aumentos del salario mínimo sin consultas con los representantes de los empleadores y de los trabajadores.

El Consejo de Administración ha discutido esta queja seis veces desde 2015 y ha solicitado en diversas ocasiones al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que adopte medidas para poner fin a la supuesta injerencia, agresión y estigmatización en contra de FEDECAMARAS, sus organizaciones afiliadas y sus dirigentes.

Al tomar la decisión de establecer la Comisión de Encuesta, el Consejo de Administración expresó la profunda preocupación sobre la falta de progreso alguno en relación a sus decisiones y recomendaciones anteriores relativas a la queja. En particular, se refirió al fracaso de institucionalizar una mesa redonda tripartita que reuniera a representantes del gobierno, de los empleadores, de los trabajadores así como de la OIT para fomentar el diálogo social a fin de resolver todas las cuestiones pendientes. El Consejo de Administración también lamentó que no hubiese sido posible llevar a cabo la misión de alto nivel recomendada en su reunión de noviembre 2017 , debido a las objeciones planteadas por el Gobierno respecto a la agenda de la misión.

Una Comisión de Encuesta por lo general se nombra cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados, que son tratados internacionales vinculantes, y se niega reiteradamente a ocuparse de ello.

Tras haber recibido la queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, el Consejo de Administración puede decidir nombrar la Comisión de Encuesta, compuesta por tres miembros independientes, para llevar a cabo una investigación profunda de la queja, determinar todos los hechos del caso y formular recomendaciones sobre las medidas que deben tomarse para tratar los problemas planteados por la queja.

Hasta la fecha, se han establecido 12 comisiones de encuesta  por la OIT desde su fundación en 1919. La más reciente fue establecida como consecuencia de una queja depositada contra el Gobierno de Zimbabue en noviembre de 2008.

Para más información, por favor póngase en contacto con la Redacción de la OIT: newsroom@ilo.org .