Dinero ético

 

La igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

Es sabido que una de las derrotas más clamorosas de los trabajadores es creer que son privilegios lo que antes eran derechos: derrota porque el trabajador se considera afortunado; clamorosa porque la fortuna siempre crea mala conciencia. Se trata de una ejecución singular, consecuencia de una clase depredadora que se encontró en la crisis con las condiciones idóneas para que 1)un puesto de trabajo entre tantos parados fuese una suerte, 2) un contrato fijo entre tantos temporales, un milagro, 3) 1.000 euros entre tantas prestaciones por desempleo, un lujo, y 4) vacaciones, algo de otro tiempo.

Es sabido también, porque al final en los pueblos todo se sabe, que ese círculo vicioso tiene unas consecuencias escandalosas, la más siniestra de todas la de que entre los propios trabajadores se reprochen los privilegios, como cuando a muchos les parece más insulto el sueldo de un estibador que el de ellos mismos. Hay otras, estas más previsibles, producto del funcionamiento extraordinario en España que tiene el mantra de que otros están peor que tú; aquella fábula, cuento o canción que decía que no te quejes de que tus zapatos estén rotos porque hay otros que se están comiendo las suelas.

Así que estos días, cuando tantos no responden o evitan responder que tienen un mes de vacaciones porque lo consideran inmoral, se publica que en el partido político Barcelona en Comú no funciona el llamado “salario ético”, una nómina que se pretendía ejemplificadora para la clase política bajo otro mantra innecesario: no se necesita más. Los comunes de Ada Colau, meses después, han descubierto que siempre se necesita más; la nueva política empieza a comprender que lo ético es ganar lo que uno merece sin apropiarse de lo que no es suyo, y que los sueldos altos, en lo público y en lo privado, están justificados si uno se hace acreedor de ellos.

Así que por un lado aparece una nueva izquierda denunciando la precariedad laboral y el traspaso semántico de derechos a privilegios, pero ella misma se aplica unas restricciones que dan la razón a los que defienden que hay que ganar lo justo para vivir, aunque ni eso cumplen. Se ha enquistado, desde hace tiempo, un pensamiento envenenado: el que tiene menos tiene más razón, y su defensa de las convicciones es más pura. Solo hay que recordar en los debates a los candidatos peleándose para ver quién cobra menos, y organizando ejercicios de transparencia con el objetivo de celebrar al que menos dinero tenga. Olvidando un asunto fundamental, el primero sabido de todos ellos: la igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

https://elpais.com/elpais/2017/08/08/opinion/1502209632_779645.html

La retorcida lógica de los secuestradores del convenio 169

Cualquier texto de economía  demanda  que para la realización de inversiones,  de contratos,  de cualquier tipo de actividad humana,  las reglas que establezcan la manera en que se llevan a cabo se encuentren establecidas en reglas claras,  concisas y exactas aplicables a todos por igual que señalen cuales son los requisitos a cumplir y cuáles son los efectos de llevar a cabo una actividad.

Lo anterior también es el caso con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo. La lógica demandaría que para su aplicación existan reglas claras sobre como ejecutar ciertas actividades para cumplir con el denominado  ‘Derecho de Consulta’ que ha sido instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarado aplicable sin limitación a Guatemala por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Trabajo, órgano encargado de la aplicación de los Convenios Internacionales en materia de Trabajo  publicó a principios del mes anterior una Guía metodológica para realizar el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169.  El día  martes ha surgido la noticia que  se había interpuesto por una organización indígena una acción de amparo en contra de dicha guía.  Se alega que la Guía Metodológica no se consultó a los pueblos indígenas.   Esta es la segunda tratativa de regular el derecho a la Consulta.  Los amparos,  sin embargo,  no señalan que  aspectos de los derechos de los pueblos indígenas vulnera esta Guía,  sino simplemente se alega que no se consultó a los interesados.

Entonces,  para normar el derecho a la consulta se necesita,  valga la redundancia,  hacer una consulta,  pero utilizando que normas?   Pero entonces,   el alegato  podrá ser,  a cada paso de la consulta que se está violando algún  derecho  ancestral.  De esta manera,  se crea un círculo vicioso.  Pareciera  que hay quienes  quieren utilizar el pretendido ‘Derecho a la Consulta’  para simplemente crear vacíos que impidan  que existan reglas claras para tener un ambiente propicio a la inversión en el país.  Es posible que nos encontremos ante una situación donde los tribunales han hecho al Estado rehén de las organizaciones  que han utilizado el derecho a la Consulta como excusa para paralizar el desarrollo.

La solución  debe debatirse entre dos aspectos, o los tribunales definen el contenido de la consulta sobre la consulta,  o  las organizaciones son propositivas y no negativas sobre el derecho a la consulta.

La Guía metodológica tiene la ventaja fundamental,  que se trata de esto,  de una guía,  aunque  entonces pueda alegarse que la guía no es obligatoria y que no viola el convenio 169.   Pero para dicho caso,  la argumentación de la falta de obligatoriedad haría la Guía nugatoria. Si tomamos la Guía como una propuesta,  la respuesta de las organizaciones indígenas no debe ser que viola el derecho a la consulta, sin indicar  cuales partes de la guía no son admisibles.  En este caso es como  ver a nuestro país,  como el perro que se muerde la cola y va en círculos,  pero no resuelve nada.

Para tener un desarrollo adecuado como país,  debemos dejar claramente establecidas que objeciones concretas,  basadas en principios jurídicos claros y fundamentados en la constitución política de la república  existen  por parte de los interesados para que la guía sea aplicable. Es obligación de las organizaciones indígenas aterrizar el derecho a la Consulta e indicar que parte de la guía es inadmisible para dichas organizaciones y sobre todo una justificación razonable para lo anterior basada en la normativa que escogimos todos como país al elegir a una asamblea constituyente en dos ocasiones separadas.

http://s21.com.gt/2017/08/09/la-retorcida-logica-los-secuestradores-del-convenio-169/

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

Canadá está de moda. De manos de su carismático primer ministro, Justin Trudeau, proyecta la imagen de una nación pacífica, progresista y socialmente responsable.

Y sin embargo, en América Latina, la presencia canadiense a menudo se percibe de forma muy distinta.

La expresión más concreta de la influencia canadiense en la región, la minería, está rodeada de conflictos y controversia social y ambiental.

Influencia

La influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.

Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en nuestra región, con 80 grandes proyectos.

La minería canadiense en América Latina

US$67.500 millones

Valor de los activos mineros canadienses en América Latina

  • 55% Inversiones mineras canadienses en América, como porcentaje del total de sus inversiones
  • 80 Proyectos mineros en ejecución
AFP

Tal vez sea inevitable que, dada la cantidad de proyectos mineros, Canadá sea pararrayos de críticas que van destinados a la minería en general.

Pero las expectativas eran distintas cuando los mineros canadienses aterrizaron en la década de 1990.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo“, le recuerda a BBC Mundo Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una ONG crítica de las multinacionales mineras.

“Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”, afirma.

“Algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia”, agrega Padilla.

Controversias

Son varios los casos de mineras canadienses que se han envuelto en controversias por los supuestos efectos ambientales nocivos de su actividad.

Protesta minera en Perú.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLas protestas sociales han acompañado a la minería a lo largo del continente.

Padilla menciona, apenas como un ejemplo, el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental, acusaciones que las multinacionales canadienses han rechazado.

Más grave aún, hay quienes alegan que la actividad minera supuestamente ha contribuido a la violencia en las zonas en las que opera.

“Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”, aseguraba en una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra.

Menos conflicto

“No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones de las empresas canadienses en América Latina”, le dice a BBC Mundo Ben Chalmers, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada).

MinaDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa minería es el principal motor económico de varios países latinoamericanos.

Para sostener su argumento, Chalmers cita un reciente estudio del profesor Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, sobre la presencia canadiense en las cinco principales naciones mineras latinoamericanas.

“El estudio catalogó todas las operaciones mineras en esos países, y encontró que el 36% de ellas eran de propiedad canadiense. Pero solo el 20% de ellas tenían conflictos asociados a su actividad. En cambio, las mineras de propiedad de otras naciones extranjeras distintas a Canadá, que constituían un 24% del total, tenían conflictos en 34% de los casos”, asegura Chalmers.

“En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera”, le dice Chalmers a BBC Mundo.

Responsabilidad social

Chalmers reconoce que algunos casos censurables han atraído la atención de los críticos a la minería canadiense, pero asegura que tanto la sociedad civil canadiense como las mismas empresas trabajan para asegurar la protección de los estándares ambientales y de responsabilidad social.

Protesta antiminera en Mexico, foto archivo, de 2006)Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLas protestas contra las mineras canadienses llevan varios años (foto de archivo de 2006)

En los últimos diez años, indica, se ha creado un programa “Hacia la minería sostenible”, que requiere a las empresas mineras miembros de esta asociación reportar sobre 23 indicadores de asuntos ambientales y sociales, una iniciativa que Chalmers describe como pionera.

El papel del gobierno

A lo que muchos críticos replican que no es suficiente y que se requiere que el mismo gobierno canadiense tome medidas para asegurar el buen comportamiento de sus empresas mineras en América Latina.

¿Ha habido esfuerzos en ese campo por parte del gobierno canadiense?

Protesta minera HondurasDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa actividad minera a veces se ha visto afectada por la violencia. En la imagen, protesta en Honduras.

“Hasta el momento no en la práctica”, le dice a BBC Mundo Cesar Padilla de la OCMAL.

“Eventualmente en el discurso sí, pero no olvidemos que el poder de estas mineras no solo se refleja acá en América Latina sino que también en Canadá. El sector minero es muy poderoso políticamente”, insiste, para concluir que ni la llegada de Trudeau al poder ha hecho mucha diferencia.

“La situación en Canadá no ha cambiado mucho pese al discurso que tiene el actual gobierno”, puntualiza.

Apoyan innovaciones

La industria minera canadiense nuevamente se muestra en desacuerdo.

Chalmers le dice a BBC Mundo que a lo largo de los años se han establecido mecanismos para que pueda haber acceso a los tribunales canadienses para los reclamos sobre supuestos abusos de mineras de ese país, así como se ha creado la figura de un “consejero de responsabilidad social corporativa” para las mineras del sector.

Protesta antiminera en Filipinas.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa actividad minera canadiense ha generado protestas en varias regiones del mundo.

“Nuestra industria ha apoyado esos desarrollos”, insiste el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá.

Padilla, por su parte, asegura que el comportamiento de las mineras canadienses también tiene que ver con las reglas que le imponen los gobiernos locales.

“No nos olvidemos que una misma empresa puede tener una muy buena conducta en un país y muy mala en otro. Depende de la institucionalidad de cada uno de esos países“, le dice el activista a BBC Mundo.

“Lo que hacen en Chile es diferente a lo que hace la misma empresa en República Dominicana o en Honduras. Usan el espacio que les deja la institucionalidad y las leyes de los países”, agrega.

Problema de imagen

Pese a sus esfuerzos, la industria minera canadiense tiene un camino difícil por delante al intentar convencer a sectores muy escépticos de la sociedad latinoamericana sobre las ventajas de su actividad.

La minería canadiense genera puestos de trabajo, inversión y divisas para los países latinoamericanos.

Protesta minera EcuadorDerechos de autor de la imagenAFP
Image captionMuchos latinoamericanos tienen desconfianza de las empresas mineras. En la foto, Protesta minera en Ecuador.

Pero la minería en general, y no solo la canadiense, enfrenta un problema grave de imagen en muchos países de la región, en donde muchos sectores de la población han perdido paciencia frente a las controversias ambientales y sociales que se han desencadenado en torno a estos megaproyectos mineros.

Una posición resumida por Padilla cuando le dice a BBC Mundo que, en su opinión, no es fácil encontrar ejemplos de mineras trabajando para el beneficio de América Latina.

“Existen las empresas mineras malas y las peores”, puntualiza.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40698694

Crece la carga tributaria en Centroamérica

La carga tributaria creció desde 13,4% en 2013 a 14% en 2016, tanto por el efecto rezagado de las reformas fiscales en Honduras y Nicaragua, como por una mejor gestión de las entidades tributarias de Guatemala y Panamá.

Del Informe Económico Regional (IER) 2016-2017: Oportunidades y retos para Centroamérica, de SIECA:

Tamaño de la carga tributaria en Centroamérica aumenta

En cuanto a los ingresos, la carga tributaria aumentó en todos los países de la región, aun cuando en ninguno de ellos se implementó, al menos en el período en estudio, alguna reforma tributaria de la cual se deriven los aumentos marginales recaudatorios.

Las cifras de recaudación muestran que la carga tributaria del istmo pasó del 13.4% en 2014, al 13.6% en 2015 y al 14.0% en 2016, tanto por los efectos rezagados de las reformas tributarias en Honduras y Nicaragua, como por los esfuerzos de recuperación institucional de las administraciones tributarias de Guatemala y Panamá. Asimismo, por las mejoras administrativas y el fortalecimiento de los controles que se implementaron en El Salvador y Costa Rica, con el objeto de disponer de un mayor nivel de recursos fiscales.

El mayor salto en la carga tributaria lo reportó Nicaragua, en donde se estima que los tributos como porcentaje del PIB mejoraron un 1.1 p.p., al pasar del 15.6% en 2015 al 16.7%, en 2016. Por su parte Honduras, también como efecto final de la reforma tributaria de 2014 y la implementación de ciertos controles administrativos, aumentó sus impuestos en un 0.6% del PIB, lo que significó el incremento de la carga tributaria, que pasó del 17.9 al 18.5%, convirtiendo a esta nación en la de mayor carga tributaria en la región centroamericana.

Por su parte, Costa Rica y El Salvador, ambos países atribulados por la incapacidad de los partidos políticos de alcanzar acuerdos que les permitan el avance fiscal, concentraron sus fuerzas en la implementación de mejores controles administrativos que, de 2014 a 2016, les reportaron un aumento tributario del 0.4%.

Costa Rica pasó del 12.9% en 2014, al 13.2% en 2015, para luego llegar al 13.3% en 2016. Por su parte, El Salvador pasó del 15.1%, en 2014, al 15.2%, en 2015, hasta arribar al 15.5%, en 2016. 

Guatemala y Panamá demostraron la importancia de disponer de una administración tributaria sana e institucionalmente fuerte. En el primero de estos países, sobre todo por el descubrimiento de redes de defraudación tributaria y aduanera, así como por el desmantelamiento del equipo técnico de la administración tributaria, la capacidad de recaudación se redujo del 11.0% en 2013 al 10.2% en 2015.Un hecho positivo fue la recuperación de la carga tributaria hasta un 10.4% en 2016, aunque esto no signifique todavía un cambio estructural en la dinámica de recaudación.

De forma similar en Panamá, el mecanismo de cobro administrativo de impuestos fue cambiado para que nuevamente la Dirección General de Ingresos se encargara de efectuarlo. Panamá reportó una desmejora en la recaudación tributaria del 10.8% del PIB en 2013 al 9.4% en 2015; al igual que Guatemala, la nueva administración logró una reversión de la tendencia y ubicó la carga tributaria en un 9.7% en 2016 que, aunque lejos de los resultados previos y mucho más de los potenciales, implica una buena noticia para las finanzas públicas de esta economía.

Ver completo: “Informe Económico Regional 2016/17: Oportunidades y retos para Centroamérica“.

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Crece_la_carga_tributaria_en_Centroamrica?u

Guatemala y la ley de empleo parcial

La administración Morales prevé tener listo el próximo mes el primer borrador de la ley que regula el trabajo a tiempo parcial, que deberá quedar aprobado antes de febrero de 2018.

En febrero cobra vigencia en Guatemala el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y para esa fecha deberá estar listo el marco legal para implementar el empleo a tiempo parcial.

Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, dijo a Prensalibre.com que “… ya tienen un primer producto de la propuesta, un análisis comparativo de los países donde se ha implementado este instrumento, especialmente europeos. De acuerdo con el funcionario… han avanzado en temas relacionados con la seguridad social de los empleados, el pleno derecho de la libertad sindical y colectiva, el goce de vacaciones, la protección de la maternidad y el salario.”

“… En ese sentido, Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, opinó que los sectores de call centers, servicios, turismo, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los que más aprovecharían la contratación temporal de personal.”

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Guatemala_y_la_ley_de_empleo_parcial?u

Piden salario diferenciado para la caficultura

Ricardo Arenas, presidente de Anacafé

Crear un salario mínimo diferenciado es la solicitud del sector cafetalero para enfrentar la crisis que afronta por la escasa producción, efecto de la roya y precios internacionales más bajos que el costo, lo cual lo hace insostenible, dijo Ricardo Arenas, presidente de Anacafé.

Dijo que no entregará una propuesta, pero que ya le explicaron el año pasado al presidente Jimmy Morales el impacto en ese rubro.

Arenas insistió en solicitar que se devuelvan recursos que el gobierno anterior desvió del fideicomiso, por unos Q400 millones.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/ven-como-opcion-producir-mas-cafe-en-tierras-bajas