La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

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Las mujeres organizadas de la maquila

Carmen Quintela Babio

Francisca Alvarado Chij rebusca entre las gavetas de su pequeño cuarto. Entre retazos de tela y algunas hojas, encuentra una carpeta plástica. “Aquí tiene que estar”, sonríe. La humilde habitación, impoluta, y el olor a perfume que impregna cada esquina, son muestra del orden con el que Francisca cuida las pocas cosas que tanto esfuerzo le ha costado juntar.

Abre la carpeta con cuidado, y camuflado entre algunos papeles aparece un álbum de fotos, resguardado de la humedad. “Sí, aquí está”, confirma. La mujer saca una fotografía antigua, de hace unos 20 años, dice. En ella aparece una dedicada y joven Francisca, al inicio de una línea de producción de una maquila en la que trabajó tiempo atrás.

La historia de Francisca es una historia de constancia, de resistencia. Su memoria parece uno de esos álbumes de fotos que guarda con meticulosidad. Nació hace 47 años en Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez, y cuando apenas levantaba un palmo del suelo, su familia migró a Petén. Con 13 años, a inicios de los 80, una Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) mató a su padre. “Mi papá no era guerrillero”, cuenta sin poder aguantar las lágrimas, golpeada por el recuerdo.

Simone Dalmasso

Comenzó a trabajar muy niña, a los siete. Primero vendiendo comida en los buses.Cuidando niños, fabricando zapatos, y sirviendo comida en un restaurante después. A los 16 se fue a vivir con el padre de sus hijos. A los 22 llegó el primer trabajo en una maquila. Y a los 36, empezó a trabajar como operaria en Koa Modas, S.A., una fábrica de capital coreano ubicada en la zona 7 de Mixco. Su pareja y los golpes que le propinaba se quedaron en el camino.

Francisca, al igual que sus compañeras, gana el salario mínimo estipulado para las maquiladoras por el Ministerio de Trabajo. Q.2,758.16 al mes, más de Q200 menos que el sueldo mínimo general.

Con esta cantidad, las trabajadoras de Koa Modas apenas pueden permitirse alquilar un pequeño espacio que en ocasiones no supera dos metros de ancho por tres de largo. Algunas mujeres logran rentar un espacio mayor con apoyo de sus parejas, pero la mayoría están solas a cargo de varios hijos y deben hacer números para llegar a fin de mes.

Es el caso de Zaily Janeth Mejilla, que vive con dos de sus hijos en la colonia Berlín, en la zona 10 de Mixco. Los tres comparten un cuarto ocupado casi en su totalidad por una litera. La habitación se encuentra en la parte trasera de una imprenta. Las paredes, de madera, están roídas por las ratas que se pasean con la libertad que les proporciona la penumbra del lugar. La parte superior del cuarto está forrada con cartón, que se empapa y se hincha con la fuerte lluvia que cae afuera. “Pago Q200, una parte del alquiler —cuenta—. Mis papás me ayudan con el resto. No es lo mismo que pasan otras compañeras”.

Otras mujeres están completamente solas. Dejaron sus municipios de origen y migraron a la capital, con la propuesta de un trabajo fijo y la promesa de enviar un porcentaje del sueldo para mantener a sus familias.

Muchas optan por alquilar pequeños cuartos en las calles aledañas a la fábrica: unos espacios angostos, con una puerta, y, con suerte, una ventana que da a un patio común. Josefa Poncio López es una de ellas. Llegó de Santa Cruz del Quiché hace 17 años, cuando comenzó su trabajo en una maquila de la zona 3 de Mixco. Hace 11 años empezó a trabajar en Koa Modas. Paga Q350 al mes por el lugar que renta, una habitación dentro de un terreno en el que viven otras mujeres y hombres, la mayoría trabajadores de la fábrica. Su hija, de nueve años, y su padre viven en Santa Cruz.

Los alquileres aumentan conforme el lugar queda más próximo a la maquila. Magdalena Marcos Raymundo llegó de Nebaj, Quiché, hace 20 años. La humedad que impregna su cuarto se cuela por las fosas nasales y humedece el pelo de Magdalena que, cohibida, muestra el humilde espacio que comparte con dos de sus hijos pequeños. Dos camas imperiales, una estufa de gas oxidada y un armario de madera. Q525 al mes.

Francisca, Zaily, Josefa y Magdalena narran la misma realidad. La vida en la maquila no es fácil, aseguran. Largas jornadas de trabajo, horas extra no pagadas y un problema que afecta a una buena parte de las trabajadoras: el impago de las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de la empresa.

Hace unos años, decidieron organizarse para tratar de detener estos abusos.

La organización

Sentada en la silla frente a su vieja máquina de coser, con la que de vez en cuando hace algunos encargos, Francisca narra los abusos verbales y físicos, el acoso sexual y las amenazas directas que se daban —y se siguen dando— día sí día también por parte de los superiores y del jefe de personal de Koa Modas, S.A. Cuando se enfrentaba con sus supervisores, al principio, Francisca lloraba. Le temblaba el labio inferior, las piernas, y un sudor frío recorría su espalda cada vez que levantaba la voz. Pero la unión con varias compañeras y compañeros la fortaleció. En 2011 decidieron, al fin, sindicalizarse. Nacía el Sindicato de Trabajadores de la empresa Koa Modas, “Sitrakoamodassa”.

La sindicalización en Guatemala puede llegar a ser un desafío, por desconocimiento y reticencia de los empleados. En el sector de maquila todavía más complicado. Las trabajadoras consultadas hablan de acoso, hostigación y amenazas en los inicios de la organización.

El Ministerio de Trabajo ha registrado la creación de 47 sindicatos de maquilas entre 2012 y 2017. Sin embargo, Francisco Sandoval, viceministro de administración del trabajo, hace hincapié en que la organización no tiene la obligación de anunciar a la cartera si se da de baja o sigue vigente. Por ello, desconocen el número real de agrupaciones activas.

En la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), donde dan seguimiento a este tipo de informaciones, Lidia Cardona, secretaria ejecutiva encargada de actas del Sitrakoamodassa, cuenta que a la fecha únicamente hay tres sindicatos de maquila operando en Guatemala.

Simone Dalmasso

La organización a la que pertenece Cardona cuenta con 175 afiliados. Unos 50, explica, son hombres. El resto mujeres. A pesar de la gran cantidad de trabajadoras, los consejos directivo y consultivo del sindicato están integrados únicamente por tres empleadas, de un total de 12 cargos. “Es por el mismo machismo que hay en la maquila —explica—. Piensan que es mejor un hombre en un puesto de liderazgo que una mujer, para negociar. Y hasta cierto punto, puede ser cierto. Una compañera que antes integraba la directiva llegó a ser agredida por uno de los jefes de la empresa”.

Cardona explica que la creación del sindicato supuso mejoras, pero remarca que los miembros de la agrupación han sido los únicos beneficiados. Un porcentaje reducido, tomando en cuenta que la maquila cuenta con 1,180 trabajadores.

“Las violaciones, el acoso sexual y laboral siguen dándose, pero sobre todo con gente que no está en el sindicato. Esto también hizo que aumentara el número de afiliados”, cuenta Cardona. “Muchas mujeres son acosadas por los supervisores. La mayoría son madres solteras a las que los jefes les dicen que si quieren seguir en el puesto, tienen que salir con ellos”, continúa.

La Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (Coverco) es una entidad privada que lleva 20 años documentando las violaciones de derechos humanos y laborales en maquilas. Homero Fuentes, su director, remarca que en la sindicalización “se ve reflejada toda la cultura de terror que hemos vivido en este país. Cuando violan a una secretaria general de un sindicato, cuando le echan gasolina a una trabajadora, ¿quién más quiere afiliarse ahí? El mensaje está dado”.

Según Sandoval, cuando reciben denuncias de este tipo de abusos y amenazas, el Ministerio de Trabajo investiga si la queja tiene fundamento. “Si se constata este extremo, se fija una prevención a la parte empleadora para que cese con cualquier tipo de discriminación o amenaza. En caso de que incumpla, se pone una sanción y obviamente también la organización sindical o la persona puede además poner la denuncia en el Organismo Judicial a través de un incidente de represalias”, completa.

El despido

Sitrakoamodassa no fue la excepción. En 2013, dos años después de su creación, las 46 trabajadoras y trabajadores que integraban el sindicato fueron despedidos. Los empleados denunciaron a la empresa y un juez ordenó su reinstalación inmediata. Sin embargo, esto no sucedió. La empresa presentó varios recursos legales y retrasó la reinstalación durante dos años, hasta que finalmente fueron colocados de nuevo en sus puestos de trabajo.

El juzgado ordenó el pago de los salarios dejados de cobrar por los empleados despedidos y, según Cardona, de la directiva de Sitrakoamodassa, la empresa se comprometió a ir abonando el dinero en cuotas, ya que, aseguraba, no contaba con la disponibilidad para pagar los más de Q125 mil. Sin embargo, a la fecha esto no sucedió, denuncia la trabajadora.

Gregoria Chacach, tiene 49 años. Llegó hace 25 de San José Poaquil, en Chimaltenango, “por pobreza”, dice. Vive en un cuarto con techo de lámina, donde se respira un calor pegajoso, a pesar del fresco de la tarde. Cuenta la historia del despido y la reinstalación con una precisión asombrosa. “Había mucho maltrato, por eso decidimos armar el sindicato, el 18 de diciembre de 2011. El 28 de junio de 2013 nos echaron a la calle”. Gregoria asegura que ese día llegaron a la fábrica y se encontraron con la puerta cerrada. “Ustedes no entran”, dijo el guardia de seguridad.  “Nos reunimos con la inspección de trabajo, la PDH (Oficina del Procurador de Derechos Humanos), la defensora de la mujer… —continúa—. Se ganó una reinstalación en 24 horas, pero la empresa no la llevo a cabo. Pasaron cinco años hasta el 18 de mayo de 2015”.

Simone Dalmasso

En su cuarto, Florinda Ismalej Jerónimo guarda una copia de la orden de reinstalación laboral que el juzgado de paz de Mixco emitió hace tres años. Florinda lleva 17 años trabajando en el sector maquilador. Siete de ellos, en Koa Modas. Recuerda con tono enérgico, mientras revisa los papeles, que, a pesar de ser reubicadas en la empresa, las empleadas continúan peleando por recibir los salarios. Son más de Q63 mil por persona.

Esta, junto con el pago de las cuotas del IGSS, es la gran lucha de las trabajadoras de esta maquila. Floridalma Ramírez Alonso, una de las más veteranas, con 61 años, parece incombustible. Fue de las primeras mujeres en integrar el sindicato. Vive en la zona 1 de Guatemala, en una pequeña casa que comparte con sus hijos y sus nietos. “Antes vivíamos en un barranco, pero con el huracán Mitch perdimos todo. Fuimos beneficiados con este lugar y aquí estamos ahora”, cuenta. Asegura que ella es la única que, con sus poco más de Q2,700 al mes, sostiene a su familia.

A Floridalma le tocaría jubilarse este año, pero, lamenta, no va a poder. En 2014, sacó su constancia de cuotas en el Seguro Social y le salió a cero. “No tenía ninguna cuota pagada y llevo trabajando en la maquila desde hace 17 años”. Con el pelo teñido de canas, la trabajadora es ejemplo de perseverancia: “Yo les digo a mis compañeras que hay que seguir, en la lucha… Hay que seguir”.

Según el viceministro Francisco Sandoval, están en conversaciones con la empresa y las trabajadoras y trabajadores “para instalar una mesa de diálogo para someter las diferencias, con nosotros como amigables componedores. El impago de cuotas podría llevar a una sanción pecuniaria. Pero al final, la sanción se paga, y el daño sigue estando ahí. La idea es poder profundizar en la situación para exponer ambas partes a través de la mesa de diálogo. En algunos momentos los problemas se agrandan porque no hay estos espacios”.

Cardona no se muestra muy esperanzada al hablar de estas mesas de diálogo. “Llevamos 35 audiencias en el juzgado de Paz de Mixco para ver lo de la reinstalación, pero la mayoría son suspendidas porque no está la jueza, o no llegó la intérprete, o la dueña no aparece. También tenemos entendido que el IGSS obligó a la empresa a pagar las cuotas pendientes, pero pusieron recursos y ahí se quedó estancado”.

Se trató de obtener por vía telefónica la versión de Koa Modas, S.A. en varias ocasiones, pero en la fábrica alegaron que los responsables no se encontraban disponibles para hablar.

 

***

Durante los dos años en los que la empresa no reinstaló a las trabajadoras y trabajadores, Francisca Alvarado puso en marcha su máquina de coser manual. “No tiene luz, pero puedo enhebrar la aguja con los ojos cerrados”, asegura. Vendió prendas que confeccionaba ella misma e hizo algún que otro arreglo en la ropa de sus vecinos, para poder llevarse algo a la boca y a la de sus dos hijos, a los que mantenía sola después de abandonar a un esposo alcohólico y maltratador. Y en medio de la tormenta, volvió a estudiar. Primero terminó la primaria. Después se metió con básicos y bachillerato. Hoy está graduada en hotelería y turismo. “Yo no voy a depender de nadie, no voy a depender de ningún hombre”, asiente, orgullosa.

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mujeres-organizadas-de-la-maquila

Trabajadoras domésticas y de maquilas denuncian abusos laborales

Con una caminata mujeres trabajadoras domésticas y de maquilas buscan reivindicar sus derechos y que se traduzcan en salarios dignos y condiciones laborales apropiadas.

empleadas

 

La marcha inicio en la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) ubicada en la zona 1 hasta llegar a la casa presidencial donde fue entregado un pliego de peticiones.

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La mujeres exigen el pago de prestaciones conforme a la ley y que los certificados del seguro social sean entregados a los trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Maquila denunció que al momento de exigir las prestaciones los patronos las amenazan con despidos o rebajas de sueldo.

empleadas

Información: Silvia Salvatierra

http://www.guatevision.com/trabajadoras-domesticas-maquilas-denuncian-abusos-laborales/

Unas 125 empresas analizan abandonar Guatemala

Las 125 empresas impactadas por la vigencia del Decreto 19-2016 podrían irse del país y mientras se define su condición preparan un recurso en contra del artículo 41 de la nueva normativa.

 

Los inconvenientes provocados por la falta de certeza certeza jurídica ha detenido pedidos de mercancías y en algunos casos, las empresas se encuentran inmovilizadas a la espera de los reglamentos a dicha ley.

 

Fabricantes de ropa y otros artículos que se producen en zonas francas amenazan con retirarse del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

René Castañeda, representante de la Asociación de Zonas Francas Privadas, afirmó que la situación los está llevando a cerrar sus operaciones y abandonar el país.

El artículo 41 de La Ley Emergente para la Conservación del Empleo, vigente desde el 31 de marzo de 2016, especifica que no podrá producirse o comercializarse desde las zonas francas, ni desarrollarse 43 actividades, entre ellas, farmacéuticos, cosméticos, plásticos y maquinaria, entre otros.

Impacto

Trabajan propuesta

  • Después de la modificación de los Decretos 29-89 y 65-89 por la Ley Emergente para la Conservación del Empleo (Decreto 19-2016), el Ministerio de Economía (Mineco), en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), trabaja en la propuesta de nuevos reglamentos.
  • “El Artículo 27 del Decreto 19-2016, determina los sectores excluidos de los beneficios fiscales en las Zonas Francas. Esta lista no puede ser modificada por ningún instrumento legal de menor jerarquía, como una resolución o reglamento, sino únicamente por enmiendas o decretos del Congreso. El Ejecutivo es el encargado de emitir y aprobar los reglamentos”, afirmó el Mineco.

Castañeda explicó que solo una de las zonas francas tiene una inversión de Q100 millones, por lo que la salida de capitales impactaría en la productividad del país.

El Decreto 19-2016 modificó los Decretos 29-89 y 65-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y Ley de Zonas Francas, respectivamente.

El Ministerio de Economía (Mineco) debe elaborar propuestas de reglamentos para la aplicación de los cambios de estas leyes, en los que ya trabajan, según comunicado del ministerio, pero que el listado emitido por el Legislativo no puede ser modificado.

Juan Francisco Letona, encargado de operaciones de Direca, distribuidora de productos farmaceúticos para distintos laboratorios internacionales, expresó que la ley los impactó de manera importante.

“La ley no puede tener efectos reatroactivos y si una empresa ya tenía los derechos adquiridos no se los deberían quitar. Lo que queda es modificar eso en el reglamento que están haciendo”, dijo Letona.

Direca despediría a 72 personas y ya buscan otro destino, aseguró Letona, porque hay zonas francas en Nicaragua, El Salvador y Panamá, que ofrecen certeza jurídica y cuentan con una ley que brinda beneficios.

Jeniee Seo, gerente de Administración, de Plastic Uni, empresa coreana que fabrica bolsas plásticas para empaque, apuntó que sus clientes, exportadores de vestuario, tienen atrasados los envíos al exterior, ya que ellos no están produciendo. “Son 200 empleos los que se perderían, porque los directivos piensan migrar”, dijo Seo.

 

 

http://www.prensalibre.com/economia/unas-125-empresas-analizan-irse-del-pais

Las brechas salariales continúan

Pese a que existen leyes que garantizan equidad e igualdad laboral entre hombres y mujeres, las brechas respecto de salarios y preferencias para ocupar ciertos puestos siguen, afirman fuentes consultadas.

 

Agregan que la brecha en el desempeño laboral entre hombres y mujeres se debe a la cultura masculina enraizada en nuestra sociedad, que delega la carga de la maternidad y del hogar a la mujer.

 

Las mujeres del área rural y las empleadas domésticas son quienes más desigualdades encuentran dentro del ámbito laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2-2014), la población en edad de trabajar (PET) es de 10 millones 509 mil 644 de personas —52.7 por ciento son mujeres—, mientras que la población económicamente activa (PEA) es de seis millones 316 mil cinco —el 65 por ciento son hombres—.

En el boletín del Observatorio de Trabajo Decente, Ingresos Salariales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), se indica que la diferencia que hay en el ingreso promedio de un asalariado rural —Q1,470.50— es alrededor de la mitad respecto del urbano metropolitano —Q2,930.43—.

Según el informe: “Estas diferencias son aún mayores en el caso de los asalariados rurales indígenas y las mujeres asalariadas rurales indígenas, que son las que tienen el menor ingreso, aproximadamente un tercio del promedio del urbano metropolitano”.

El salario promedio rural de la mujer indígena es de Q1,128.42, en tanto el de una no indígena en el área urbana metropolitana es de Q2,776.11.

Julio Prado, analista de Asíes, señaló que las mujeres tienen mayores diferencias salariales en el sector informal.

“En promedio, la mujer tiene alrededor del 84 por ciento del salario del hombre; pero si vamos al área rural y es mujer indígena, a veces anda por 60 por ciento el salario que devenga respecto con el del hombre, por la misma actividad”, aseveró.

Lourdes Xitumul Piox, a cargo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), señaló que para el 2010 la diferencia salarial en el promedio entre hombres y mujeres era de Q438, mientras que en el 2014 fue de Q495.

“Está permeado en el imaginario de que el hombre es para la vida laboral y las mujeres ya tenemos socialmente asignados roles, que somos para el espacio privado, cuidar a la familia, atender a la pareja, al papá. Es el sistema patriarcal con el que luchamos día a día”, indicó.

Resaltó que cuando una mujer llega a un puesto por su capacidad, en la práctica tiene que hacer el doble o triple esfuerzo por asegurar su trabajo; además, se enfrenta con que un hombre puede ganar más en el mismo puesto y por hacer las mismas funciones que ella.

Otro indicador que refleja la realidad de las mujeres está en el Seguro Social, ya que el año pasado reportó 410 mil 955 afiliadas cotizantes y 856 mil 474 afiliados.

Erwin García, director de Sistema de Información y Estadísticas de la Seprem, señaló que en los datos que se manejan los hombres participan en las actividades del hogar en 13 por ciento y el 87 por ciento de tareas recaen en las mujeres, las cuales no son remuneradas, pero sustituyen un costo.

Agregó que en el 2011 se calculaba que el aporte del trabajo no remunerado de la mujer al producto interno bruto (PIB) era de 15.6 por ciento y para el 2014 era de 18.9 por ciento.

“Esto nos da una idea muy cercana a la realidad de cuánto es el aporte de la mujer al PIB”, aseveró.

Según Tania Arita, gerente regional de Manpower Centroamérica y República Dominicana, un informe sobre inclusión de la mujer en lo laboral refleja que si bien la mujer ocupa el 50 por ciento en el mercado laboral, apenas el 25 por ciento llega a cargos gerenciales, ni siquiera directivos.

“Hay datos estadísticos que nos dicen que todavía el hombre sigue ganando más que la mujer, a pesar de que tienen el mismo puesto y los mismos roles (…) Más del 20 por ciento de las mujeres consideran que hay mejores oportunidades para el hombre o preferencias para ocupar cargos”, dijo.

Resaltó que más del 76 por ciento de las mujeres después del embarazo deciden no regresar al trabajo, porque no hay flexibilidad de horarios.

Añadió que según un estudio realizado en 25 países, se encontró que los millennials —personas menores de 34 años— consideran que reducir las brechas entre hombres y mujeres llevará unos 22 años.

Invisibiliza aporte

Según Élida Ajsac, directora de promoción y participación de la mujer de Seprem, las desigualdades tienen sus raíces en el sistema patriarcal y racista. Agregó que  el mismo invisibiliza el aporte femenino, y  si se  habla del sector agrícola, a las mujeres se les relega como ayudantes del jefe de familia.

No se denuncia

Dulce Zúñiga, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo  que por ahora no tienen denuncias relacionadas con discriminación de género o desigualdad salarial. Resaltó que aunque  el Código de Trabajo contempla la igualdad en los salarios, existen diferencias que no se denuncian.

Luchan por la igualdad

Mayra Díaz, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, señaló que en la organización se trata de eliminar esa brecha y que las mujeres incidan sin importar la etnia, credo o cultura. “Se lucha por un salario decente, justo y vital”, expresó.

Sin cumplirse

Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de Maquila, dijo que aunque la ley es clara, la maternidad afecta la contratación de la mujer en ciertos sectores, y  que en el trabajo doméstico predomina  la mano de obra femenina; pero aún ahí le pagan más al hombre.

Ven desventaja

Tania Arita, de Manpower, indicó que más del 20 por ciento de las mujeres piensa que llegar a posiciones de liderazgo es olvidarse de  su familia y el hombre eso lo pone como un ingrediente. Agregó: “Hay una cultura masculina arraigada (…) en donde no hay flexibilidad para las mujeres”.

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/las-brechas-continuan

Un millón de menores trabajan

POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt

Al menos un millón de niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 17 años, realizan diferentes labores, según lo indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT); además, señaló que Guatemala es el país de la subregión de América Central donde se reporta el mayor índice de trabajo infantil peligroso.

En tal sentido, estadísticas del Ministerio de Trabajo señalan que 850 mil 937 menores se encuentran activos laboralmente, la mayor parte de ellos en Huehuetenango. Mientras que datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos destacan que tres de cada 10 niños indígenas trabajan y 1.5 de cada 10 niños no indígenas también lo hacen.

 

http://lahora.gt/un-millon-de-menores-trabajan/

Guatemala es el país con mayor índice de trabajo infantil en Centroamérica, según OIT

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guatemala es el país de la subregión de América Central y República Dominicana en donde se reporta el mayor índice de trabajo infantil peligroso, siendo en total, de acuerdo con la entidad, al menos un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, los que realizan diferentes labores.

La Oficial Regional de la OIT informó que en América Latina se contabilizan actualmente 12.5 millones de infantes que trabajan, lo cual en la mayor parte de casos les impide ir a la escuela.

Agregó que pese a que durante 2012 se redujo en 7.5 millones la cifra del total de niños que son explotados laboralmente, no se ha avanzado lo suficiente en la erradicación de este flagelo.

Asimismo, se dio a conocer que en la subregión de América Central y República Dominicana hay 2 millones de menores que trabajan, de los cuales la mitad son guatemaltecos.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Oswaldo Enríquez, explicó que según datos de esa cartera, son 850 mil 937 menores los que están activos laboralmente en Guatemala, la mayor parte de ellos en Huehuetenango, y que ejercen en “las peores formas de trabajo infantil”.

Finalmente, la oficina de la OIT pidió a las autoridades de los diferentes países que se enfoquen adecuadamente las políticas públicas para evitar el trabajo infantil, especialmente el riesgoso, mismo que en Guatemala se vincula con la pólvora y picar piedra.

 

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