Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

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La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos

POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Alejandro Argueta, abogado de profesión especializado en Derecho Laboral, se ha enfocado en el estudio y atención de casos relacionados a la defensa de derechos de trabajadores, las organizaciones sindicales, pactos colectivos del sector público y privado. El abogado, también con conocimientos y estudios en Historia y Economía, conversó con “La Hora” respecto a las consecuencias que existen a partir de la corrupción de organizaciones de sindicatos en el sector público y de la necesidad de eliminar estas malas prácticas en favor de la gestión de las instituciones públicas.

Argueta analizó e identificó anomalías en el Pacto Colectivo firmado entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y el sindicato de salubristas de esa institución. A criterio del experto, existe una brecha sumamente ancha entre la verdadera naturaleza de los sindicatos y la forma en que han funcionado, en la práctica. Según Argueta, en ese juego de corrupción y defensa de intereses personales, los más afectados son los trabajadores honestos y la población.

¿Cuál es o debería ser la naturaleza de un sindicato?
Los sindicatos son muy importantes. En el ámbito laboral y profesional, la única forma de lograr mejorar y superarse es organizándose, en lo individual hay muy pocas historias de éxito, creer que solo uno va lograr las cosas no se puede, entonces hay que organizarse. Un sindicato siempre debe buscar el bienestar de los trabajadores. Hay muchos casos que demuestran la necesidad de trabajar y proponer en colectivo. Una segunda función de los sindicatos es que son un interlocutor político, porque para hacer política es importante tener representantes políticos y legítimos.

¿Cómo son los sindicatos en Guatemala?
En Guatemala, los sindicatos actualmente son el producto de una política de represión antisindical. En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical. No es culpa de los trabajadores, la destrucción de la fuerza sindical ha sido una causa de algunos patronos.

¿Quién es el principal beneficiado con la corrupción de un sindicalista?
Es el patrono porque si el sindicalista fuera honesto a la representación que ejerce entonces el patrono realmente tendría que negociar con una fuerza colectiva real y ceder parte de sus intereses económicos y políticos con tal de mantener la estabilidad de su actividad. Por el contrario, si el sindicalista es controlado por la presión del patrono, lo que hace es que deja de ser sindicalista y se convierte en un cómplice del patrono. Hay una frase que dice “no se puede vivir de defender una injusticia y pretender no ser parte de ella”. Entonces, cuando el sindicalista traiciona su representatividad y se presta a intereses opacos del patrono, se convierte en cómplice del patrono. Un patrono legal, responsable y honesto no necesita de un sindicalista corrupto. El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos.

¿Cómo se aplica esto a las instituciones públicas?
En las instituciones públicas, lo que puede suceder es que los funcionarios corruptos corrompen al sindicalista para que en la traición de sus intereses lo primero que traicionen sea ser el primer testigo de los actos de corrupción del funcionario. Cuando en realidad ellos tendrían que ser los primeros en denunciar la corrupción de las instituciones. O sea que lo primero que gana es el silencio del sindicalista de la inapropiada gestión del funcionario.

Un sindicalista estatal conoce bien las instituciones, lo saben todo, tienen el sentido de un funcionario correcto y uno que no está actuando bien, saben sobre los procesos administrativos, sobre las compras, las presiones financieras, se enteran de todo. Cuando lo ocultan es donde traicionan la esencia de su papel como sindicalistas. La corrupción que vemos ahora es el resultado y producto de un deterioro de la administración pública que empieza con los funcionarios. La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

¿Cuáles son las consecuencias de esa dinámica de corrupción entre sindicalistas y funcionarios?
Lo que sucede es que aunque existen muchos sindicatos en las instituciones, en lo público o en lo privado, en realidad los trabajadores no están representados, lo que existen son sindicatos de cartón, son fachadas políticas que ejercen una función de validación de la corrupción y han dejado de ser representativos para el resto de trabajadores.

¿De qué forma se puede resolver esto?
Considero que lo primordial es dar oportunidades de fomentar nuevos liderazgos y sobre todo de jóvenes que estén conscientes de las deficiencias actuales y tengan la intención de hacer las cosas de manera distinta.

También considero que se deben aprovechar las coyunturas actuales de la lucha contra la corrupción y aprovechar que hay de parte del sector empresarial y estatal personas que comprenden la necesidad de apoyar estos procesos.

Actualmente resultan muy cuestionados los Pactos Colectivos. ¿De qué forman funcionan estas negociaciones?
El Pacto Colectivo es la formalización de los acuerdos entre los sindicalistas y los representantes de las instituciones, el problema es el tipo de negociación. Hasta ahora no tengo evidencia para hacer una excepción respecto a las anomalías en las negociaciones.

El problema con los Pactos Colectivos es que, con el modelo con el que se plantean, no son sostenibles. La forma en que se negocian entre instituciones públicas y sindicalistas, hacen que los beneficios no sean sostenibles. En el caso de los salubristas hay que reconocer que sí ganan muy poco, los ingresos son bajos para los que están haciendo gestión púbica. Y entonces vienen este tipo de prácticas entre sindicalistas y funcionarios públicos y llegan a acuerdos de beneficios económicos que aparentan ser favorables pero no son sostenibles y al final los trabajadores salen defraudados porque al final no reciben nada.

No les pagan porque no hay respaldo legal para hacerlo, no hay suficiente capacidad presupuestaria, otras veces, la mayoría de beneficios deben ser erradicados porque no son sostenibles.

¿Cuál es el perfil que debe tener un sindicalista?
Yo considero que antes que cualquier cosa, un sindicalista debe ser responsable y formal en el cumplimiento de sus funciones legales como empleado públicos y a partir de ahí proponer una mejora. No al revés, no proponer cosas que les quiten responsabilidades como empleados públicos porque de esa forma afectan la gestión pública y esa no es la verdadera intención de un sindicalista.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida. Así es como me imagino un sindicato: intransigente con las prácticas opacas, exigente de condiciones de trabajo que le dignifiquen y le den carrera.

¿En algún momento, los sindicatos se vuelven herramientas políticas?
Se convierten en grupos de poder. Primero, las personas los apoyan y creen que van a lograr beneficios insostenibles con la representación de los sindicalistas, buscan un alivio a su precaria condición de vida. Con esa intención, la gente apoya la sindicalización. La gente participa de una u otra manera, pero con ese apoyo y con el uso de licencias se convierten en una herramienta de presión política para intereses muy particulares que muchas veces no tienen que ver con los intereses de los empleados.

Tomando en cuenta que existen anomalías en la actividad sindical, ¿quiénes deberían vigilar el actuar de los sindicatos?
Todos. Es una tarea que va desde el Presidente, los ministros, las organizaciones como la Contraloría General de Cuentas, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de trabajo. Prácticamente es una tarea de muchas instituciones. Son varias las autoridades que deben poner atención en este tema para resolver lo que está sucediendo.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción. Esto no se trata de criticar el movimiento sindical en general sino a la corrupción que se ha impregnado en estas actividades.

En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical.

La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida.

Alejandro Argueta, abogado especializado en derecho laboral.

http://lahora.gt/experto-laboralista-el-sindicalista-corrupto-no-va-luchar-por-intereses-verdaderos/

¿Es usted parte del precariado?

Jonathan Menkos Zeissig

13 de Marzo de 2018 a las 00:00h

Hace algunos días terminé de leer Precariado. Una carta de derechos, de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres. Standing desarrolla una definición sobre lo que considera una nueva clase social, el precariado, caracterizada por la inseguridad crónica y con derechos cada vez más limitados. He aquí doce preguntas para que usted evalúe si es parte de esta clase social.

1) ¿Tiene usted un empleo inseguro; es decir, con un contrato de trabajo por tiempo definido? 2) ¿Ha pasado o está pasando por un período largo de desempleo (más de seis meses) buscando trabajo, pero sin encontrarlo? 3) ¿Ha necesitado la ayuda económica (préstamos o donaciones) de familiares y amigos para subsistir mientras encuentra empleo? 4) ¿Experimenta la sensación de que todo en su vida laboral es temporal? 5) ¿Por necesidad, ha tenido que tomar empleos impredecibles, “de lo que sea”, alejados de su profesión? 6) ¿Su patrón le exige trabajar tiempo extra sin remuneración? 7) ¿Trabaja sin derecho a seguridad social, vacaciones pagadas, aguinaldo y bono 14? 8) ¿Trabaja por un sueldo menor al salario mínimo? 9) ¿Factura por su trabajo, ocultando la relación de dependencia que tiene con su patrono? 10) ¿Piensa que su situación económica no mejorará en los próximos dos o tres años? 11) ¿Está sobrecalificado para el trabajo que ha tenido o tiene? Y, finalmente, 12) ¿Carece de ahorros o algún seguro para enfrentar más de dos meses de desempleo?
Si respondió afirmativamente a seis de las doce preguntas planteadas, entonces usted es parte del precariado guatemalteco, el cual es resultado, en buena medida, de las políticas neoliberales que han puesto en marcha un Estado ambivalente: débil cuando deja a la mano invisible —al “libre” mercado— todo lo relacionado con el bienestar de las personas (salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad, empleo, prestaciones laborales), y fuerte para regular la vida de las empresas más grandes o de aquellas cercanas al poder político: otorgándoles privilegios fiscales, disminuyéndoles los salarios de los trabajadores, buscándoles nuevos mercados en el exterior o garantizándoles su poder de monopolio.

Romper con la nociva tendencia a precarizar a los trabajadores y, por ende, a sus familias, requiere redefinir el mercado laboral, garantizar el derecho a trabajar y el rol del Estado en su cumplimiento. Standing propone una carta de derechos, con 29 artículos, para poner fin al precariado. Entre los que mejor se adecuan a nuestra realidad están el reconocimiento a todas las formas de trabajo, incluidos aquellos no remunerados relacionados con la reproducción y el cuidado familiar. Asimismo, fortalecer la negociación colectiva y colaborativa; rechazar la pérdida de derechos laborales; promover una protección social moderna y universalista; desmercantilizar la educación y la política, para enseñar empatía y no oportunismo; poner fin a los subsidios que fomentan la caridad en menoscabo de la acción pública para el bienestar social, y avanzar hacia una renta básica universal. Estos cambios requieren de un Estado con políticas públicas bien definidas y financiadas, con objetivos y resultados claros, y con una tributación justa y equitativa.

Si puede envíeme su respuesta a las doce preguntas planteadas para seguir tratando este tema y haga que su enojo e indignación por esta realidad se transforme en valentía. Las personas en el precariado no son una masa sin esperanza: son una fuerza social para el cambio, con potencia para empujar una agenda de nación que elimine la incertidumbre laboral y defienda la igualdad.

jmenkos@gmail.com

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/es-usted-parte-del-precariado

Las mujeres organizadas de la maquila

Carmen Quintela Babio

Francisca Alvarado Chij rebusca entre las gavetas de su pequeño cuarto. Entre retazos de tela y algunas hojas, encuentra una carpeta plástica. “Aquí tiene que estar”, sonríe. La humilde habitación, impoluta, y el olor a perfume que impregna cada esquina, son muestra del orden con el que Francisca cuida las pocas cosas que tanto esfuerzo le ha costado juntar.

Abre la carpeta con cuidado, y camuflado entre algunos papeles aparece un álbum de fotos, resguardado de la humedad. “Sí, aquí está”, confirma. La mujer saca una fotografía antigua, de hace unos 20 años, dice. En ella aparece una dedicada y joven Francisca, al inicio de una línea de producción de una maquila en la que trabajó tiempo atrás.

La historia de Francisca es una historia de constancia, de resistencia. Su memoria parece uno de esos álbumes de fotos que guarda con meticulosidad. Nació hace 47 años en Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez, y cuando apenas levantaba un palmo del suelo, su familia migró a Petén. Con 13 años, a inicios de los 80, una Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) mató a su padre. “Mi papá no era guerrillero”, cuenta sin poder aguantar las lágrimas, golpeada por el recuerdo.

Simone Dalmasso

Comenzó a trabajar muy niña, a los siete. Primero vendiendo comida en los buses.Cuidando niños, fabricando zapatos, y sirviendo comida en un restaurante después. A los 16 se fue a vivir con el padre de sus hijos. A los 22 llegó el primer trabajo en una maquila. Y a los 36, empezó a trabajar como operaria en Koa Modas, S.A., una fábrica de capital coreano ubicada en la zona 7 de Mixco. Su pareja y los golpes que le propinaba se quedaron en el camino.

Francisca, al igual que sus compañeras, gana el salario mínimo estipulado para las maquiladoras por el Ministerio de Trabajo. Q.2,758.16 al mes, más de Q200 menos que el sueldo mínimo general.

Con esta cantidad, las trabajadoras de Koa Modas apenas pueden permitirse alquilar un pequeño espacio que en ocasiones no supera dos metros de ancho por tres de largo. Algunas mujeres logran rentar un espacio mayor con apoyo de sus parejas, pero la mayoría están solas a cargo de varios hijos y deben hacer números para llegar a fin de mes.

Es el caso de Zaily Janeth Mejilla, que vive con dos de sus hijos en la colonia Berlín, en la zona 10 de Mixco. Los tres comparten un cuarto ocupado casi en su totalidad por una litera. La habitación se encuentra en la parte trasera de una imprenta. Las paredes, de madera, están roídas por las ratas que se pasean con la libertad que les proporciona la penumbra del lugar. La parte superior del cuarto está forrada con cartón, que se empapa y se hincha con la fuerte lluvia que cae afuera. “Pago Q200, una parte del alquiler —cuenta—. Mis papás me ayudan con el resto. No es lo mismo que pasan otras compañeras”.

Otras mujeres están completamente solas. Dejaron sus municipios de origen y migraron a la capital, con la propuesta de un trabajo fijo y la promesa de enviar un porcentaje del sueldo para mantener a sus familias.

Muchas optan por alquilar pequeños cuartos en las calles aledañas a la fábrica: unos espacios angostos, con una puerta, y, con suerte, una ventana que da a un patio común. Josefa Poncio López es una de ellas. Llegó de Santa Cruz del Quiché hace 17 años, cuando comenzó su trabajo en una maquila de la zona 3 de Mixco. Hace 11 años empezó a trabajar en Koa Modas. Paga Q350 al mes por el lugar que renta, una habitación dentro de un terreno en el que viven otras mujeres y hombres, la mayoría trabajadores de la fábrica. Su hija, de nueve años, y su padre viven en Santa Cruz.

Los alquileres aumentan conforme el lugar queda más próximo a la maquila. Magdalena Marcos Raymundo llegó de Nebaj, Quiché, hace 20 años. La humedad que impregna su cuarto se cuela por las fosas nasales y humedece el pelo de Magdalena que, cohibida, muestra el humilde espacio que comparte con dos de sus hijos pequeños. Dos camas imperiales, una estufa de gas oxidada y un armario de madera. Q525 al mes.

Francisca, Zaily, Josefa y Magdalena narran la misma realidad. La vida en la maquila no es fácil, aseguran. Largas jornadas de trabajo, horas extra no pagadas y un problema que afecta a una buena parte de las trabajadoras: el impago de las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de la empresa.

Hace unos años, decidieron organizarse para tratar de detener estos abusos.

La organización

Sentada en la silla frente a su vieja máquina de coser, con la que de vez en cuando hace algunos encargos, Francisca narra los abusos verbales y físicos, el acoso sexual y las amenazas directas que se daban —y se siguen dando— día sí día también por parte de los superiores y del jefe de personal de Koa Modas, S.A. Cuando se enfrentaba con sus supervisores, al principio, Francisca lloraba. Le temblaba el labio inferior, las piernas, y un sudor frío recorría su espalda cada vez que levantaba la voz. Pero la unión con varias compañeras y compañeros la fortaleció. En 2011 decidieron, al fin, sindicalizarse. Nacía el Sindicato de Trabajadores de la empresa Koa Modas, “Sitrakoamodassa”.

La sindicalización en Guatemala puede llegar a ser un desafío, por desconocimiento y reticencia de los empleados. En el sector de maquila todavía más complicado. Las trabajadoras consultadas hablan de acoso, hostigación y amenazas en los inicios de la organización.

El Ministerio de Trabajo ha registrado la creación de 47 sindicatos de maquilas entre 2012 y 2017. Sin embargo, Francisco Sandoval, viceministro de administración del trabajo, hace hincapié en que la organización no tiene la obligación de anunciar a la cartera si se da de baja o sigue vigente. Por ello, desconocen el número real de agrupaciones activas.

En la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), donde dan seguimiento a este tipo de informaciones, Lidia Cardona, secretaria ejecutiva encargada de actas del Sitrakoamodassa, cuenta que a la fecha únicamente hay tres sindicatos de maquila operando en Guatemala.

Simone Dalmasso

La organización a la que pertenece Cardona cuenta con 175 afiliados. Unos 50, explica, son hombres. El resto mujeres. A pesar de la gran cantidad de trabajadoras, los consejos directivo y consultivo del sindicato están integrados únicamente por tres empleadas, de un total de 12 cargos. “Es por el mismo machismo que hay en la maquila —explica—. Piensan que es mejor un hombre en un puesto de liderazgo que una mujer, para negociar. Y hasta cierto punto, puede ser cierto. Una compañera que antes integraba la directiva llegó a ser agredida por uno de los jefes de la empresa”.

Cardona explica que la creación del sindicato supuso mejoras, pero remarca que los miembros de la agrupación han sido los únicos beneficiados. Un porcentaje reducido, tomando en cuenta que la maquila cuenta con 1,180 trabajadores.

“Las violaciones, el acoso sexual y laboral siguen dándose, pero sobre todo con gente que no está en el sindicato. Esto también hizo que aumentara el número de afiliados”, cuenta Cardona. “Muchas mujeres son acosadas por los supervisores. La mayoría son madres solteras a las que los jefes les dicen que si quieren seguir en el puesto, tienen que salir con ellos”, continúa.

La Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (Coverco) es una entidad privada que lleva 20 años documentando las violaciones de derechos humanos y laborales en maquilas. Homero Fuentes, su director, remarca que en la sindicalización “se ve reflejada toda la cultura de terror que hemos vivido en este país. Cuando violan a una secretaria general de un sindicato, cuando le echan gasolina a una trabajadora, ¿quién más quiere afiliarse ahí? El mensaje está dado”.

Según Sandoval, cuando reciben denuncias de este tipo de abusos y amenazas, el Ministerio de Trabajo investiga si la queja tiene fundamento. “Si se constata este extremo, se fija una prevención a la parte empleadora para que cese con cualquier tipo de discriminación o amenaza. En caso de que incumpla, se pone una sanción y obviamente también la organización sindical o la persona puede además poner la denuncia en el Organismo Judicial a través de un incidente de represalias”, completa.

El despido

Sitrakoamodassa no fue la excepción. En 2013, dos años después de su creación, las 46 trabajadoras y trabajadores que integraban el sindicato fueron despedidos. Los empleados denunciaron a la empresa y un juez ordenó su reinstalación inmediata. Sin embargo, esto no sucedió. La empresa presentó varios recursos legales y retrasó la reinstalación durante dos años, hasta que finalmente fueron colocados de nuevo en sus puestos de trabajo.

El juzgado ordenó el pago de los salarios dejados de cobrar por los empleados despedidos y, según Cardona, de la directiva de Sitrakoamodassa, la empresa se comprometió a ir abonando el dinero en cuotas, ya que, aseguraba, no contaba con la disponibilidad para pagar los más de Q125 mil. Sin embargo, a la fecha esto no sucedió, denuncia la trabajadora.

Gregoria Chacach, tiene 49 años. Llegó hace 25 de San José Poaquil, en Chimaltenango, “por pobreza”, dice. Vive en un cuarto con techo de lámina, donde se respira un calor pegajoso, a pesar del fresco de la tarde. Cuenta la historia del despido y la reinstalación con una precisión asombrosa. “Había mucho maltrato, por eso decidimos armar el sindicato, el 18 de diciembre de 2011. El 28 de junio de 2013 nos echaron a la calle”. Gregoria asegura que ese día llegaron a la fábrica y se encontraron con la puerta cerrada. “Ustedes no entran”, dijo el guardia de seguridad.  “Nos reunimos con la inspección de trabajo, la PDH (Oficina del Procurador de Derechos Humanos), la defensora de la mujer… —continúa—. Se ganó una reinstalación en 24 horas, pero la empresa no la llevo a cabo. Pasaron cinco años hasta el 18 de mayo de 2015”.

Simone Dalmasso

En su cuarto, Florinda Ismalej Jerónimo guarda una copia de la orden de reinstalación laboral que el juzgado de paz de Mixco emitió hace tres años. Florinda lleva 17 años trabajando en el sector maquilador. Siete de ellos, en Koa Modas. Recuerda con tono enérgico, mientras revisa los papeles, que, a pesar de ser reubicadas en la empresa, las empleadas continúan peleando por recibir los salarios. Son más de Q63 mil por persona.

Esta, junto con el pago de las cuotas del IGSS, es la gran lucha de las trabajadoras de esta maquila. Floridalma Ramírez Alonso, una de las más veteranas, con 61 años, parece incombustible. Fue de las primeras mujeres en integrar el sindicato. Vive en la zona 1 de Guatemala, en una pequeña casa que comparte con sus hijos y sus nietos. “Antes vivíamos en un barranco, pero con el huracán Mitch perdimos todo. Fuimos beneficiados con este lugar y aquí estamos ahora”, cuenta. Asegura que ella es la única que, con sus poco más de Q2,700 al mes, sostiene a su familia.

A Floridalma le tocaría jubilarse este año, pero, lamenta, no va a poder. En 2014, sacó su constancia de cuotas en el Seguro Social y le salió a cero. “No tenía ninguna cuota pagada y llevo trabajando en la maquila desde hace 17 años”. Con el pelo teñido de canas, la trabajadora es ejemplo de perseverancia: “Yo les digo a mis compañeras que hay que seguir, en la lucha… Hay que seguir”.

Según el viceministro Francisco Sandoval, están en conversaciones con la empresa y las trabajadoras y trabajadores “para instalar una mesa de diálogo para someter las diferencias, con nosotros como amigables componedores. El impago de cuotas podría llevar a una sanción pecuniaria. Pero al final, la sanción se paga, y el daño sigue estando ahí. La idea es poder profundizar en la situación para exponer ambas partes a través de la mesa de diálogo. En algunos momentos los problemas se agrandan porque no hay estos espacios”.

Cardona no se muestra muy esperanzada al hablar de estas mesas de diálogo. “Llevamos 35 audiencias en el juzgado de Paz de Mixco para ver lo de la reinstalación, pero la mayoría son suspendidas porque no está la jueza, o no llegó la intérprete, o la dueña no aparece. También tenemos entendido que el IGSS obligó a la empresa a pagar las cuotas pendientes, pero pusieron recursos y ahí se quedó estancado”.

Se trató de obtener por vía telefónica la versión de Koa Modas, S.A. en varias ocasiones, pero en la fábrica alegaron que los responsables no se encontraban disponibles para hablar.

 

***

Durante los dos años en los que la empresa no reinstaló a las trabajadoras y trabajadores, Francisca Alvarado puso en marcha su máquina de coser manual. “No tiene luz, pero puedo enhebrar la aguja con los ojos cerrados”, asegura. Vendió prendas que confeccionaba ella misma e hizo algún que otro arreglo en la ropa de sus vecinos, para poder llevarse algo a la boca y a la de sus dos hijos, a los que mantenía sola después de abandonar a un esposo alcohólico y maltratador. Y en medio de la tormenta, volvió a estudiar. Primero terminó la primaria. Después se metió con básicos y bachillerato. Hoy está graduada en hotelería y turismo. “Yo no voy a depender de nadie, no voy a depender de ningún hombre”, asiente, orgullosa.

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mujeres-organizadas-de-la-maquila

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

Alejandro Argueta.

Guatemala, 26 de febrero de 2018.

Preliminares para ubicar la crítica en la posición correcta

Existe un relevante nivel de crítica ciudadana a la situación institucional que deriva de la suscripción y vigencia de no pocos pactos colectivos en la administración pública. Este reclamo se basa en la percepción sobre la existencia de abusos en dichos acuerdos que, de manera directa e indirecta, debilitan las capacidades institucionales de la administración y por lo tanto reducen las oportunidades de acceso a seguridad, desarrollo y bienestar. Las percepciones van desde las que nacen del puro “sentido común” popular y generalizado, hasta opiniones políticas y técnicas de sujetos socialmente acreditados e instituciones ciudadanas.

Sin embargo, para construir una crítica sostenible, es necesario plantear que muchas buenas intenciones han caído en profundizar el problema al formularse desde visiones reduccionistas y, en el peor de los casos, basadas en prejuicios políticos e institucionales con relación a la existencia del reconocimiento del derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical en la administración pública. Esto debe sustentarse no solo en razones universales de justicia y probidad, sino principalmente en argumentos jurídicos e institucionales pertinentes que conduzcan a la construcción de los necesarios consensos que se requiere en este tipo de situaciones, para la formulación de soluciones que permitan avanzar a la sociedad en su conjunto a un nivel de desarrollo superior.

Dicho en pocas palabras, la condición para hacer bien una crítica de este tema se resume en la frase: “Nosotros no somos antisindicales, somos anticorrupción” de la doctora Lucrecia Hernández Mack, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017.

Este paradigma implica un punto de vista diferente al que tradicionalmente se sostiene en este tipo de asuntos. Normalmente se ubican los abusos en los pactos colectivos en el Estado como un asunto solamente laboral (posición reduccionista), con lo que se oculta la verdadera naturaleza del problema.

El asunto de estos abusos implica tomar en cuenta lo siguiente:

  1. El Estado tiene la obligación de proteger y promover la negociación colectiva (artículo 106 de la Constitución). Por lo tanto, cualquier crítica o propuesta de solución a esta situación tiene que formularse, necesariamente, bajo el paradigma de fomento y defensa de este derecho, no en su limitación, obstrucción o erradicación.

 

  1. El principal punto del problema en estos abusos no es la existencia de los sindicatos, ni mucho menos la institucionalidad de la negociación colectiva y el producto de su realización, que son los convenios y pactos colectivos. El problema radica en la forma en que los funcionarios ejercen el poder público. Es decir, es un problema de arbitrariedad en el ejercicio del poder y no solo de corrupción.

 

  1. En un modelo de negociación colectiva, la dinámica básica de relación entre los actores es que la organización de empleados hace una petición (mediante un procedimiento legalmente determinado) y el funcionario encargado de la entidad pública accede o niega el otorgamiento de lo pedido. Por lo tanto, el problema está en la legalidad del acto administrativo de otorgamiento: si este se realizó dentro del marco de la competencia legal del funcionario, no habrá problema alguno con lo otorgado, pero si de alguna manera dicho funcionario se excede, omite o tergiversa el ejercicio de sus funciones legales, entonces lo otorgado carecerá de pertinencia legal y por lo tanto es un acto nulo. En pocas palabras, el asunto es de “legalidad”: los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite, excederse de ese límite es causa de responsabilidad y omitir el cumplimiento de lo que la ley les impone también es causa de responsabilidad (artículos 152 al 155 de la Constitución).

Con esta introducción, la ruta a seguir consiste en que cada pacto colectivo debe ser analizado con la pertinencia jurídica que corresponda según los niveles de competencia legal de cada funcionario que suscribió dicho acuerdo. Existe una metodología especializada para realizar este análisis de pertinencia. En este documento se brindarán algunos ejemplos con relación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Entonces, un pacto colectivo de condiciones de trabajo es “abusivo” cuando el funcionario titular de la entidad administrativa establece cláusulas cuyo contenido fue acordado faltando a su deber de cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, es el actuar del funcionario lo que determina esa ilegalidad y es él el primero en responder por sus consecuencias. Los sindicalistas pueden estar asociados a dichos abusos, pero no responden en primera instancia porque no son los empleados públicos los que tienen las competencias legales formales para poder decidir la aceptación de la propuesta del pacto o acuerdo. Puede criticarse la pertinencia legal de su propuesta, pero en un orden de relevancia es más grave que un funcionario público decida aceptar la propuesta y la otorgue, ya que el deber del funcionario es mantener la legalidad de los actos administrativos que le competen.

Esto es relevante ya que cualquier crítica a la negociación colectiva en el Estado debería empezar por tener claro al sujeto responsable ya que cuando se construyen juicios de valor u opiniones responsabilizando solamente a una de las partes de la relación (solo sindicalistas) y exonerando a la otra (en este caso al sujeto principal de la responsabilidad), entonces se ha realizado, en lugar de una crítica constructiva, un comentario u opinión antisindical que es técnicamente considerado como comportamiento de discriminación. Este tipo de conductas, lejos de constituir la solución, profundizan la situación problemática e invisibilizan las principales responsabilidades, favoreciendo un sistema de arbitrariedad y corrupción. Por eso no es deseable un planteamiento erróneo de la crítica, ya que empezaría mal y producirá estigmatizaciones o etiquetas negativas a la persona u organización ciudadana que tenga el deseo sincero de contribuir a la formulación e implementación de soluciones.

Un ejemplo de esta limitación es cuando la ciudadanía realiza señalamientos de como “debe ser” la negociación colectiva en determinado órgano administrativo y propone el contenido de pactos o convenios cuando esa acción está reservada a las partes. En este caso lo apropiado es hacer un análisis negativo de la situación de suscripción del acuerdo y reclamar directamente al Estado, y a sus funcionarios, los errores y abusos que se detecten. Otro ejemplo es cuando se afirma que el sindicalismo se ha deteriorado por prácticas obscuras de clientelismo, pero se omite hacer mención que quien promueve, fomenta y protege, esos pactos clientelares son los funcionarios responsables de la administración pública.

Lo más importante es señalar la existencia de un modelo cultural arbitrario en la administración pública con relación a la forma de ejercer el poder político, que produce un sistema ineficiente e ineficaz. Una serie de procesos de normalización de prácticas ilegales y administrativas irracionales marcan la cotidianidad de funcionarios y empleados: las personas se “acostumbran” a hacer incorrectamente las cosas y, ante la degradada situación económica de la mayoría de personas contratadas en el Estado -bajas remuneraciones y malas condiciones de trabajo-, cualquier beneficio es apreciado sin considerar la forma en que se obtuvo. Las personas pasan a identificar en su subjetividad que esos beneficios -insostenibles desde el punto de vista legal, financiero y administrativo- son sus derechos “legítimos” y se olvidan del paradigma legal que prescribe que “el error no es fuente de derecho, pero si lo es de responsabilidad” (Dr. Edgar González, Viceministro Administrativo de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017). Así, las personas pierden la posibilidad real de mejorar su situación de empleo por medio de formas y mecanismos legales y defienden, en algunos casos, lo indefendible, contrastando al Estado con derechos fundamentales como la libertad sindical.

Sin embargo, lo más grave con relación a lo anterior, es la creación de instituciones informales que sustituyen a las formales (régimen de legalidad) y que se “legalizan” con una gran cantidad de actos de otras instituciones que, al omitir la debida rectoría de sus competencias, otorgan validez formal a los acuerdos colectivos que contienen vicios de ilegalidad. Es el caso de dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la Contraloría General de Cuentas, decisiones de la Junta Nacional de Servicio Civil, opiniones y actos de la Inspección General de Trabajo y hasta decisiones de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Un ejemplo paradigmático es la sentencia colectiva o laudo arbitral emitido por los tribunales con relación al conflicto colectivo en el Hospital San Juan de Dios. En esa sentencia, revisada en todas las cortes (con participación incluso del Ministerio Público en acciones de amparo), fue confirmado un contenido que trata:

  1. la creación de un fideicomiso para el pago de deudas personales de los empleados públicos,
  2. otorgamiento de un espacio para la instalación de una agencia bancaria dentro del hospital nacional,
  3. el manejo de la planilla del total de empleados (escogidos arbitrariamente por la persona nombrada por el Ministro de Salud Pública y el representante de la coalición de trabajadores sin realizar procesos de licitación), y
  4. un aumento salarial solo para los empleados de ese hospital.

El contenido o las peticiones de los trabajadores coaligados debía haber sido analizado desde la primera instancia, pero los integrantes del Tribunal de Conciliación dejaron de lado el apropiado examen de la legalidad y aprobaron lo solicitado. Luego, todos los demás tribunales superiores que conocieron el caso también aprobaron el contenido y omitieron denunciar o tomar acción con relación a ilegalidad que resulta evidente. El resultado final es una sentencia firme o ejecutoriada que tiene validez formal a pesar de que su contenido es ilegal.

En este punto de deterioro del sistema institucional con relación a la legalidad de los actos de la administración pública y la utilización de la negociación colectiva como una sofisticada forma de extracción ilegal de fondos públicos, es donde la intención de las partes puede volverse criminal al buscar la apropiación de patrimonio público, o la distribución de poder, para el establecimiento de redes o relaciones clientelares como, por ejemplo, el otorgamiento de plazas fantasma.

Teniendo claro este punto de partida es posible hacer un esbozo de las características de los abusos que determinan la crítica de los pactos colectivos en cuanto a su pertinencia legal, financiera y administrativa.

Breve descripción de los asuntos cuestionados de nulidad en el pacto colectivo del MSPAS

La acción judicial de nulidad que tuvo su origen en la demanda planteada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -SNTSG- se presentó en dos momentos: en la audiencia judicial laboral del 21 de febrero de 2017 y en una ampliación realizada el 2 de mayo de 2017.

Los principales puntos en los que se plantea la nulidad son los siguientes:

  1. El contenido del numeral 1 del artículo 43 del pacto colectivo. Entre lo que sobresale:

 

  • El bono de antigüedad real, debido a que el Ministro de Salud Pública que lo autorizó omitió realizar, previamente a la autorización del bono, los estudios financieros correspondientes a la viabilidad y sostenibilidad de esa prestación y estableció una escala con tasas acumulativas de aumento de salario por motivo de antigüedad (que contradice el régimen de legalidad establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública).
  • Se dividió el salario, fraccionando cuatro bonos que deberían ser incluidos en el monto de la retribución total, en contradicción con la Ley de Consolidación Salarial.
  • Se continuó la misma fórmula de cómputo para el pago de un bono por trabajo decente, en donde se distribuyen incorrectamente “economías” presupuestarías, cuando el régimen de legalidad establece destinos específicos que está prohibido modificar.
  • Se crea un sistema de contratación totalmente informal, con el objeto de trasladar a personal temporal a puestos definitivos, sin considerar los procedimientos establecidos en el sistema de servicio civil y que desembocó en la creación de miles de plazas y el otorgamiento, bajo serias dudas de transparencia, de varios miles de estas. La informalidad de este sistema se observa en el acuerdo suscrito entre el mismo Ministro de Salud que suscribió el pacto y el representante sindical, en octubre de 2013, en donde establecen que en cada unidad ejecutora -por medio del visto bueno de tres personas (delegado sindical, encargado de recursos humanos y director de área)- se seleccionará por medio de listados firmados por esas tres personas a los que -estando contratados en renglones temporales- opten a un cargo público definitivo o permanente.

 

  1. El contenido del numeral 3 del artículo 43 del pacto colectivo con relación a un reglamento de viáticos. Esto resulta ilegal por que un Ministro de Estado no tiene competencia para modificar un asunto de la administración pública, en donde el único funcionario facultado legalmente para determinarlo es el Presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, conforme el inciso e del artículo 183 de la Constitución Política de la República. En este caso el Ministro de Salud aprobó un reglamento que aumenta las tasas de viáticos y establece privilegios precisamente para el Ministro y los directivos del sindicato de empleados públicos.

 

  1. El artículo 51 del pacto colectivo, en donde el Ministro de Salud Pública aceptó pagar directamente el monto de “honorarios” por servicios profesionales de asesoría al abogado del sindicato de empleados públicos. Este asunto tiene varios detalles:
  • Las entidades públicas no pueden pagar directamente a los proveedores de servicios de personas particulares,
  • la tasa de honorarios fue establecida de forma que no se hace según el verdadero valor del servicio prestado sino por medio de un mecanismo que se establece en forma incierta y exponencial al vincularlo con el resultado del aumento de los beneficios económicos establecidos en el propio pacto colectivo suscrito entre las partes; incluso incluyen el bono de antigüedad real en el cálculo de esos honorarios cuando no lo incluyeron para las prestaciones de los trabajadores. Esto fue pagado parcialmente a la persona indicada en el pacto colectivo -son más de veinte millones de quetzales- y, si continua la validez de esa norma, aún queda un saldo pendiente.
  1. El artículo 20 del pacto colectivo relativo a licencias sindicales. El Ministro de Salud Pública se extralimitó en sus funciones al otorgar licencias con goce de salario por un año fiscal completo a un número indeterminado de servidores públicos. La incertidumbre sobre el número de personas que pueden gozar de este privilegio se encuentra en el hecho que la fórmula de cómputo se hizo incierta en el sentido que es el sindicato el que decide cuántas personas pueden ser, ya que es esta organización, y no la administración, la que establece el número de filiales que puedan existir. El sistema legal de servicio civil establece un límite para el otorgamiento de licencias con goce de salario y ningún funcionario está facultado para variar esa disposición.

 

  1. Los artículos relativos a Junta Mixta y sistema disciplinario, que tienen relación con la destitución de empleados públicos y la resolución de conflictos individuales.

 

7 artículos importantes que debe conocer del Código de Trabajo

Es de suma importancia conocer el Código de Trabajo, le presentamos los 7 artículos que creemos que todos deberían conocer.

¿Qué es el Código de Trabajo y cuál es su función?

¿Por qué debo saber la importancia del código de trabajo? Muchas son los guatemaltecos que se cuestionan la relevancia de tener conocimiento del código de trabajo.

Este código estructurado permite establecer la importancia que: toda persona que labora posee derechos y deberes; por lo tanto, el patrono debe regirse bajo este marco legal y propiciar un ambiente adecuado para el desenvolvimiento de los trabajadores.

Función del código de trabajo

El código de trabajo contiene normas especiales que determinan las clases de contratos para los trabajadores de la empresa privada o gobierno.

Este documento legal estable los roles entre los Gerentes o Representantes frente al personal que tiene bajo su mando. Pero ¿Quién regula este código? Para el cumplimiento de éstas normas, el ente regulador es el Ministerio de Trabajo y Prevención Social de Guatemala que vela por el buen desempeño de las relaciones empleado-empleador, personal-patrón u obrero-patronales, con el fin de establecer leyes que procuren mantener un equilibrio y respeto entre los dos agentes involucrados.

Además, El Código de Trabajo de Guatemala tiene el fin de contribuir a la paz social, a fomentar la productividad y el desarrollo social.

El Código de Trabajo es el encargado de establecer las normas para el desarrollo de la persona que labora, y abarca todo tipo de especialidades profesionales y oficios  riesgos de trabajo y enfermedades. Sucede con gran frecuencia el desconocimiento por parte de los guatemaltecos acerca de los beneficios y nivel de protección que brinda el código de trabajo.

Siete artículos importantes:

Permisos con goce de salario a los que tienes derecho:

  • De acuerdo al artículo 61, numeral ñ del Código de Trabajo, los patronos tienen obligación de conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos:
  • Cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijos, tres días.
  • Cuando contrajera matrimonio, cinco días.
  • Por nacimiento de hijo, dos días.
  • Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos.
  • Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate.
  • Por desempeño de una función sindical, siempre que esta se limite a los miembros del Comité Ejecutivo y no exceda de seis días en el mismo mes calendario, para cada uno de ellos.
  • En todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo.

¿Cada cuánto debo descansar?

Además de vacaciones y asuetos, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de cinco a seis días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. — Artículo 126.

¿Puedo cambiar mis vacaciones por dinero?

De acuerdo con el artículo 133: ‘Las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el período de vacaciones’.

¿A qué tengo derecho si estoy embarazada?

Según el artículo 152 del Código de Trabajo: ‘La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el ciento por ciento (100%) de su salario durante los treinta (30) días que precedan al parto y los cincuenta y cuatro (54) días siguientes’.

Los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para ser disfrutados en la etapa post-parto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ochenta y cuatro (84) días efectivos de descanso durante ese período.

Jornadas de trabajo

El artículo 116 expresa: La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno (06:00 — 18:00 horas) no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana.

La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno (18:00 — 06:00 horas) no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana.

Trabajo en menores de edad

Los menores de edad deben trabajar en menor cantidad que los mayores, así lo indica el artículo 149: La jornada ordinaria — diurna se debe disminuir así:

En una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de catorce años; y
En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice por la Inspección General de Trabajo.

¿Cuáles son razones justas de despido?

De acuerdo al artículo 77 del Código de Trabajo, son algunas causas justas de despido:

Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.
Cuando el trabajador revele los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos.
Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada.
Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato.

¿Qué lleva un reglamento interior de trabajo?

Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente diez o más trabajadores, queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Este debe contener:

Las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el período de descanso durante la jornada;
El lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;
Los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan;
El lugar, día y hora de pago;
Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas
La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otros.

Aquí encontrarás más información acerca del Código del Trabajo:

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/codigo-de-trabajo.pdf

http://www.guatevision.com/2018/01/17/7-articulos-importantes-conocer-del-codigo-trabajo/