Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

http://lahora.gt/economista-uso-inadecuado-pactos-colectivos-termina-expresiones-impunidad/amp/

Trabajadores, Sindicatos y empleadores

A la juventud le explico que: Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima, presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. Según el trabajo desempeñado, en el ámbito anglosajón, es costumbre agrupar bajo el color teórico del cuello de su camisa, según el tipo de oficio que desempeñen.

El concepto moderno de trabajador, como el de empresa rio, surge con la Revolución Industrial del siglo XIX y se consolida durante la denominada Segunda Revolución Industrial. Esta dicotomía social, económica y productiva establecería las diferentes clases sociales, que se denominan clase capitalista o burguesía, se utiliza desde el siglo XVII y la otra es la clase obrera o proletariado. En el manifiesto comunista, Marx y Engels, definen al conjunto de trabajadores dependientes como proletariado.

‘Es muy importante que los jóvenes tomen conciencia en lo humano, el concepto de igualdad y del derecho laboral, todos debemos comprendernos y respetarnos’.

En la teoría marxista, frente a la burguesía, el trabajador es la clase social que no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única fuente de ingresos para los proletarios es la venta de su trabajo, de su fuerza de trabajo. La sociedad capitalista se define como aquella sociedad política y jurídica basada en una organización específica del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción. Los Jóvenes deben conocer que: Un sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales, con respecto al centro de producción.

El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. Los sindicatos, tras reunirse con sus afiliados, informan y llegan a acuerdos previos o toman conciencia de las necesidades del momento, negocian en nombre de estos y se llaman negociación colectiva, sobre: salarios y condiciones de trabajo son las jornadas, descansos, vacaciones, licencias, capacitación profesional, dando lugar al contrato colectivo de trabajo.

El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad, la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores, para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse o cambiar de sindicato, es libre y sin injerencias del Estado, patrones, empleadores u otros sindicatos.

Es muy importante que los jóvenes tomen conciencia en lo humano, el concepto de igualdad y del derecho laboral, todos debemos comprendernos y respetarnos. Todo joven debe obtener muchos conocimientos para conocer el significado de las cosas, en base de ello deben tratar de superarse y actuar correctamente respetando las leyes que ha plasmado la Sociedad, para no caer en lo indebido, apoyando la seguridad, educación, salud, trabajo, evitando la corrupción, vicios y respetándose a sí mismo como al prójimo y no perder el espíritu de patriotismo y el derecho humano.

http://www.s21.gt/2017/05/trabajadores-sindicatos-empleadores/

El crimen de Chepe León Castañeda

POR: | 15 MAYO, 2017 – 1:19 PM

Chepe León Castañeda condenó secuestros y fue secuestrado.

Los años del conflicto armado interno fueron brutales. Muchos muertos, demasiados botones rojos que brotaron como espigas en la piel de este país. Pero uno de los crímenes que más me impactó fue el de Chepe León Castañeda.

El día de su muerte fue un aciago 16 de noviembre de 1979… Chepe había decidido junto a otros periodistas fundar el Sindicato de Medios de Comunicación Social, SIMCOS y sus actividades le llevaron a ser señalado para ser asesinado por el paramilitar, Ejército Secreto Anticomunista, ESA.

Mi colega de redacción, mi amigo. Un periodista que siempre estaba corriendo, como si el tiempo se le fuera entre sus largos y filosos dedos. Flaco, de pelo largo, nervioso pero firme. Inquieto, trabajador y buen amigo de sus amigos.

Jamás escatimó las horas ni el espacio para compartir, era un hombre de palabra fácil, no tenía ningún problema para hacer reír a los demás con sus buenas puntadas. Escribía en su máquina mecánica con dos dedos y lo hacia a gran velocidad.

Mantenía un cigarrillo entre la comisura de los labios y siempre tenía entrecerrados los ojos a causa del humo del Payaso sin filtro que fumaba con deleite….

Historia completa de Chepe León Castañeda en voz de Haroldo Sanchez:

http://www.guatevision.com/sin-reservas/chepe-leon-castaneda/

 

Nadie sabe cuántos trabajadores de Salud tienen licencia para no trabajar

El descontrol en el Ministerio de Salud en cuanto a quiénes exactamente tienen permiso para no trabajar con goce de salario y dedicarse a actividades gremiales se evidenció ayer  cuando nadie en el Gobierno pudo dar ese dato ni desde el sindicato mayoritario del sector.

Después de la reunión del gabinete de Gobierno, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, dio un informe de actualización del proceso legal por el pacto colectivo firmado en el 2013 entre esa cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

La funcionaria recordó que esa agrupación sindical demandó al Estado de Guatemala por incumplimiento del Pacto Colectivo  y que el Ministerio y la Procuraduría General de la Nación (PGN), como Estado de Guatemala, respondieron con una contrademanda, la cual fue ampliada el 2 de mayo último, con el fin de anular las licencias sindicales otorgadas en ese documento.

Hernández afirmó que las licencias no son permisos que otorga el Ministerio, sino que dependen de cómo el sindicato decide organizarse.

“Eso significa que queda a discreción del sindicato y de su organización la cantidad de licencias que puedan tener sus integrantes”, explicó la ministra.

El cálculo

Las licencias son extendidas para nueve integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, cuatro integrantes de cada filial, tres de cada subfilial y dos de cada sección, según Hernández Mack.

El problema es que ese ministerio no tiene datos exactos de cuántos sindicalistas cuentan con licencias, añadió la funcionaria, por lo que pidieron información al Ministerio de Trabajo, que no la ha entregado.

“Pero si  uno se pone a hacer cálculos básicos de cuántas filiales, subfiliales y secciones pudiera haber, calculamos que son alrededor de dos mil personas que se encuentran gozando de licencia sindical”, comentó Hernández Mack.

Otro problema es que no se puede establecer cuánto dinero representan para el Estado esos permisos, porque no se tiene el dato de cuánto   devengan y a qué renglón pertenecen los dos mil trabajadores con licencia para no trabajar.

Hernández dio una pista: “Hay alrededor de 23 mil trabajadores en el renglón 011 —presupuestados—, de los cuales el ocho por ciento estarían gozando de licencias”. El ocho por ciento de 23 mil  es mil 840.

El vaivén

“Todavía no hemos recibido respuesta, no sabemos si nos van a poder dar esa información”, manifestó Hernández Mack sobre los datos solicitados a la mencionada dependencia.

La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, informó después que el dato de quiénes son esas dos mil personas lo tiene la ministra de Salud.

“En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es asesorarla a ella —ministra de Salud— en aspectos específicos que nos pregunta. La categoría de cada trabajador es un dato que ellos mismos han identificado dentro de diferentes departamentos, que, asumo, se los puede compartir con todo gusto”, afirmó Telguario.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, salió al paso para aclarar que la ministra de Salud se refería a que son los sindicatos los que tienen la información exacta de quiénes son los beneficiados con licencias de trabajo.

Sindicato tampoco sabe

Luis Alpírez, secretario general del SNTSG, el sindicato mayoritario en Salud, recordó que el Pacto Colectivo permite conceder a sus  afiliados licencia con goce de salario por el tiempo que sea necesario,  previa notificación.

“Nosotros, desde el momento en que eligen a un representante sindical, por ley  damos aviso a la Inspección General de Trabajo, y ellos les notifican no solo al sindicato, sino también al Ministerio de Salud, de la inamovilidad. Ese tema es el que la ministra no aclara”, manifestó Alpírez.

Al preguntarle al sindicalista cuántas personas cuentan con licencia para no laborar, aseguró que a lo interno de su sindicato son 20. “Todos esos achichincles que ella llama 25 sindicatos, ese ya es asunto de ella. Nosotros damos parte por los nuestros, y son un aproximado de 20”, afirmó, y señaló a Hernández de promover una “cortina de humo”.

Descontrol es en todo el Ejecutivo

El hecho de que no se tenga certeza de cuántos trabajadores reciben sueldo sin  trabajar, por ser sindicalizados con licencias, refleja un problema  en el servicio civil  que no corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud, sino que se da en toda la administración pública, opina Daniel Haering, analista político y profesor en la Escuela de Gobierno.

˜“Por eso se decidió hacer un censo de trabajadores que debería estar ejecutándose ahora mismo, y que es necesario para empezar de cero. Las fuerzas políticas, el presidente, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la comunidad internacional deben impulsarlo”, aseguró el experto.

˜Haering no cree que el problema del pacto colectivo  se solucione pronto, ni el problema de información que “claramente” existe en las instituciones del Estado.

“Es un lío espectacular que sucede en toda la administración pública”, expresó.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/descontrol-en-el-ministerio-de-salud-sindicato-nacional-de-trabajadores-de-salud-de-guatemala

Salud paga a dos mil empleados que no trabajan

Autoridades del Ministerio de Salud solicitaron una ampliación a la denuncia contra el pacto colectivo de esa institución porque se paga a personal que no labora por licencias sindicales.

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, explicó que se solicitó la ampliación de la denuncia contra el pacto, porque al hacer la revisión identificaron que como parte de los beneficios otorgados hay uno que permite no llegar a trabajar a por lo menos dos mil empleados.

“En el pacto se otorga licencias sindicales para no trabajar a nueve integrantes del comité ejecutivo del sindicato, así como a cuatro trabajadores más de cada filiar, tres de cada subfilial, dos de cada sección y dos más del consejo consultivo. Como empleados en verdad no sabemos cuántas personas gozan de este beneficio, pero haciendo cuentas creemos que son más de dos mil”, detalló Hernández.

Según la funcionaria en el análisis que efectuaron con la Procuraduría General de la Nación (PGN) se percataron que estos permisos sindicales contravienen con la Ley de Servicio Civil del Estado, el Código de Trabajo y otras leyes y convenios internacionales.

La ministra de Salud indicó que desconocen a ciencia cierta cuál es el impacto económico en salario para este personal, ya que según el mismo pacto colectivo, estas personas ya no dependen de los permisos del patrono, sino que es de los mismos sindicalistas, así que no se sabe quiénes son los que gozan de este beneficio, ni cuanto devengan.

“El impacto no es sólo salarial, hay que tomar en cuenta que esas personas no están haciendo las tareas por las que fueron contratadas y seguramente se ha tenido que cubrir de alguna manera”, lamentó.

Grupos de choque

La titular de la cartera de Salud aseguró que tomando en cuenta esta situación, es fácil darse cuenta que los grupos de choque que han participado en las manifestaciones son personas que gozan de esta licencia sindical.

“Le Ministerio de Salud le está pagando a estos grupos de choque, y seguramente a varios netcenter, porque son muy activos en las redes sociales, eso no puede continuar así”, señaló.

La solicitud de ampliar la denuncia se hizo el pasado 28 de abril y el juzgado séptimo de Trabajo lo incorporó el dos de mayo en la audiencia que se efectuó en torno al proceso que se lleva contra el pacto colectivo.

El proceso contra este instrumento laboral inició en 2015 cuando el sindicato demandó al Ministerio de Salud por incumplimiento al pacto colectivo. La primera audiencia pública por este caso se programó en febrero de 2017.

Luego de ello el Estado se defendió planteando una contra demanda a través de la PGN y el MSPAS en donde se solicitó la nulidad del reglamento de viáticos, algunos bonos que generan privilegios y se solicitó que se retirara de las obligaciones del ministerio el pago del abogado de los sindicalistas.

Según la ministra Hernández, el abogado de los sindicalistas está exigiendo un cobro de Q21 millones, de los cuales ya se le habría hecho efectivo Q14 millones.

“No existe ni contrato, es triste ver cómo una compra de Q400 mil en medicamentos lleve un proceso largo, pero la contratación de este abogado no tiene ni siquiera un documento legal que respalde sus servicios”, lamentó la funcionaria.

Prensa Libre trató de contactar a dos representantes del Frente Nacional de Lucha, pero no respondieron las llamadas. También se dejó un mensaje en su página oficial de Facebook, pero no hubo respuesta.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mspas-paga-a-dos-mil-empleados-que-no-trabajan

Un análisis sobre pactos colectivos

Los alcances y excesos de la corrupción han dejado una profunda huella en todas las instituciones guatemaltecas, y así como la persecución criminal ha alcanzado a las más altas esferas de los tres poderes del Estado, también el momento es propicio para profundizar en investigaciones hacia otros sectores, como los sindicatos públicos, a la luz de nuevas denuncias respecto de leoninos acuerdos entre una dirigencia inmoral y políticos descarados.

Con relativa frecuencia se conocen casos de esos abusos, como los privilegios desproporcionados para muchos dirigentes, pero también por excesos evidentes de funcionarios que avalaron pactos colectivos de condiciones de trabajo y honorarios excesivos a los asesores legales, los cuales deben salir de los impuestos que pagan los guatemaltecos.

El más reciente ejemplo conocido es el del asesor del sindicato de Salud, quien habría recibido honorarios por 14 millones de quetzales, 90 por ciento de los cuales fue pagado con dinero público. Esta vergüenza alienta la suspicacia sobre una negociación de esa naturaleza y el destino de una cifra exorbitante.

Este caso se suma a otros de años recientes, como los honorarios que en su oportunidad habría cobrado el ya fallecido abogado Enrique Torres Lezama, hermano de Sandra Torres, cuyo monto se dijo en su oportunidad que pudo pasar de los 15 millones de quetzales y el cual cubrirían los más de 14 mil afiliados a los sindicatos del Ministerio de Educación.

Son ejemplos que en términos dinerarios resultan grotescos, por ser cifras incomprensibles para un país tan empobrecido como Guatemala, lo cual solo podría ser explicable ante el generalizado abuso en que han incurrido los últimos gobiernos, con una dirigencia sindical voraz, como se puede constatar en casi todas las instituciones públicas en las que se negociaron pactos colectivos en los últimos años y que ahora cobran una elevada factura.

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Los sindicatos del Congreso son el más reciente ejemplo de esa cadena de abusos. Se llegaron a denunciar casos patéticos como la existencia de plazas de conserjes u oficinistas con sueldos y prestaciones que ningún profesional del sector público obtiene y que solo evidencian el contubernio entre gobernantes inescrupulosos y dirigentes venales.

Los objetivos perversos que motivaron esos acuerdos refuerzan la necesidad de una amplia y profunda investigación de cada pacto, porque sus condiciones son insostenibles, y porque la actual batalla contra la corrupción hace obligado su análisis.

Hasta los cargos alcanzados por algunos dirigentes deben ser investigados, pues también existen ejemplos de acciones criminales en las que incurrieron varios de los más altos mandos, como ocurrió recientemente con el golpe a una estructura mafiosa en la portuaria Quetzal y en otras entidades autónomas.

En su momento fue agrio el debate sobre la conveniencia del sindicalismo en el sector público, pero los abusos en los que se ha incurrido justifican una renovada crítica, porque la perversa irresponsabilidad de quienes asumieron esos compromisos representa un alto costo para los contribuyentes guatemaltecos.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/un-analisis-sobre-pactos-colectivos

Presentarán pruebas de ilegalidades en Pacto Colectivo del MSPAS

El próximo martes, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, junto con representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentarán documentos para sustentar la ilegalidad, bajo la cual se aprobaron algunos de los artículos del Pacto Colectivo firmado con trabajadores y miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

El 21 de febrero, en respuesta a la petición presentada por el MSPAS, de anular ciertos artículos del pacto colectivo, el representante legal del SNTSG señaló que no se podía pedir la nulidad del Pacto porque en 2013 y 2014, años en que se firmó y se modificó el convenio, se tuvo el aval de dos ministerios. Posteriormente requirió pruebas para sustentar esa petición.

Será el próximo martes cuando autoridades del Ministerio presenten sus documentos de prueba para respaldar la ilegalidad de los artículos que piden sean anulados: el último párrafo de artículo 39; los incisos a, b, c y f del numeral 1 del artículo 43, que regula los bonos e incentivos para trabajadores; el artículo 45, que establece bonos especiales; el artículo 51 y numeral 3 del artículo 43, sobre viáticos para comisiones al interior y exterior.

SIN NEGOCIACIÓN
En tanto, los intentos de negociación del Ministerio con el sindicato fueron infructuosos pues los sindicalistas no se presentaron a las mesas de discusión para consensar una renegociación de los beneficios que habían sido otorgados a los trabajadores.

 

http://lahora.gt/presentaran-pruebas-ilegalidades-pacto-colectivo/