PGN y Salud piden anular bonos extra a trabajadores

La nulidad de cuatro artículos del Pacto Colectivo de Salud, que se refieren al pago de bonos y viáticos a los trabajadores sindicalizados, pretenden la PGN y el Ministerio de Salud.

La petición de esa nulidad, cuyo pago significaría Q2 mil 133 millones  al año, según cálculos de la PGN, se efectuó ayer, durante la primera audiencia del juicio ordinario que se sigue en el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, debido al supuesto incumplimiento en el pago de los beneficios.

Julio Saavedra, abogado de la PGN, explicó que antes de la suscripción del pacto  debía tomarse en cuenta el presupuesto  del Estado, lo que no ocurrió y por ello la vigencia de los artículos podría causar daño.

Dinero necesario

  • El Pacto Colectivo de Salud fue firmado por el entonces ministro del ramo, Jorge Villavicencio, y avalado por el expresidente Otto Pérez Molina, durante la administración del desaparecido Partido Patriota.
  • El presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud  este año es de  Q6 mil 897 millones 96 mil 196,   y el pago de los Q2 mil 133 millones representaría un gasto de 31 por ciento del presupuesto total.
  • El pago por concepto de bonos y viáticos también supera lo que Salud debe invertir en el sostenimiento de un hospital de neonatología, que al año  requeriría  Q20 millones.
  • En el 2014, técnicos del Ministerio  hicieron un cálculo sobre lo que se habría cubierto con el pago de Q56 millones por viáticos que se desembolsaron ese año. Según su estimación, se habrían atendido 38 mil 728 partos y equipado 56 centros de Salud, entre otros destinos de beneficio social.mba

El viceministro de Planificación de la cartera, Juan Carlos Verdugo, afirmó: “El derecho de los trabajadores a la negociación colectiva es legítima, pero el Pacto Colectivo tiene implicaciones económicas para el Ministerio de Salud que atentan contra el derecho a la salud de la población guatemalteca”.

Rechazo

El abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, César Landelino Franco López, quien también fue su asesor durante la firma del pacto, expuso en contra de la solicitud y dijo que el Estado participó en las negociaciones, por lo que no puede ahora argumentar en su contra.

Durante su exposición, Franco López calificó de “aberrante” la intención de anular los cuatro artículos y solicitó que se declare falta de personalidad de la PGN para hacer esa solicitud.

Hizo referencia a que el proceso para la firma del Pacto  cumplió con los aspectos legales necesarios y que ningún funcionario, después de la firma, lo rechazó e incluso hubo compromisos para el pago.

Juicio sigue

En el 2015, el Sindicato de Salud denunció a la cartera debido al incumplimiento en el pago de bonos acordados  en el 2013, y ello llevó a que este lunes se efectuara la primera audiencia del juicio.

La PGN y Salud, además de haber contrademandado con la solicitud de nulidad, buscaban que la jueza  decretara medidas cautelares y dejara en suspenso los artículos, pero la rechazó.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pgn-y-salud-piden-anular-bonos-extra-a-trabajadores

Pactos colectivos deben revisarse

Los trabajadores de entidades públicas o autónomas tienen derecho a tener mejoras en sus salarios o incentivos, pero a través de los años se ha abusado de los mismos porque las autoridades de turno, que  los han firmado o acordado, no midieron que al final este dinero se paga con los impuestos del pueblo. El Código de Trabajo, en el artículo 49, expresa que Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y a las demás materias relativas a este.

El pacto colectivo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Las disposiciones de los artículos 45 a 52, inclusive, son aplicables al pacto colectivo  en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este.

Ayer se realizó una audiencia en un juzgado laboral, a donde acudió un  representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde se hizo una presentación, básicamente, del pacto colectivo que tienen los trabajadores del Ministerio de Salud. Según la PGN  el pacto le cuesta al Estado Q2 mil 133 millones y el mismo no fue consensuado. Esta es una cantidad de dinero considerable que puede utilizarse en programas de asistencialismo para la pobreza que viven miles de personas en el país.

No nos oponemos a que los trabajadores tengan mejoras, pero esto debe ser proporcional y no desmedido, aprovechando que son  recursos del Estado. A través de los años el Estado no ha sido austero, se gastan millones de quetzales en aspectos que son beneficiosos para la población, si no se hace para justificar que se ejecutó lo programado. El sindicalismo en muchas ocasiones no ha sido bien visto en el país, porque quienes lo  conforman tienen prebendas y no responden verdaderamente a los intereses de la clase trabajadora. Habrá sin duda excepciones.

La PGN ayer solicitó ante el Juzgado Séptimo de Trabajo la nulidad absoluta de algunos artículos del pacto colectivo, que se suscribió en agosto de 2013 entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (Sntsg). Indican que este pacto se  convino  ilegalmente al haber otorgado beneficios económicos y sociales sin contar previamente con dictamen favorable de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin); además, por delegar funciones que de acuerdo con la ley competen exclusivamente a la autoridad nominadora (Mspas) y al presidente de la República.

http://www.s21.gt/2017/02/pactos-colectivos-deben-revisarse/

PGN y MSPAS solicitan anular incentivos a trabajadores que cuestan más de Q2 mil millones

Representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron a un juez de trabajo la nulidad de los artículos 43 y 45 del pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que representa el gasto de Q2 mil 133 millones en beneficios a empleados. La solicitud la plantearon en el marco de una audiencia ordinaria de juicio.

El artículo 43 refiere el pago de un bono por antigüedad real, incentivo salarial, incentivo económico por un trabajo decente, traslado de trabajadores de renglón permanente a renglón 011 y viáticos para las comisiones de trabajo.

Mientras que el artículo 45 establece que se le debe pagar al empleado un bono vacacional de Q400 y otro navideño de Q300.

Según la PGN estos incisos no cuentan con el documento de aprobación del Ministerio de Finanzas (Minfin) y además, este desembolso “atenta contra el presupuesto del Estado”.

En la audiencia también estuvieron presentes miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Alpirez y Regina Ruano.

http://www.s21.gt/2017/02/pgn-mspas-solicitan-anular-incentivos-a-trabajadores-cuestan-q2-mil-millones/

PGN y Salud piden nulidad de Pacto Colectivo

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) solicitaron la nulidad de varios artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de esa cartera, por considerar que, al firmar y homologar estas condiciones, se incurrió en arbitrariedades y discrecionalidades que violentaron la ley. Además, solicitaron que el caso se remita a un tribunal penal para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes en contra de los involucrados en la negociación del convenio.

_Nac3_1bEsta mañana abogados de la PGN y el MSPAS acudieron a la primera audiencia de un juicio solicitado por el sindicato para demandar el cumplimiento del pacto colectivo.

En respuesta a la demanda de los sindicalistas, ambas entidades solicitaron al juzgado la nulidad de artículos específicos del convenio, pues consideran que al decretarlos no se hizo un análisis técnico financiero sobre el impacto que tendrían en el presupuesto de la cartera. Tampoco se verificó su viabilidad de acuerdo al marco legal del país, señalaron.

Las partes impugnadas son: el último párrafo de artículo 39; los incisos a, b, c y f del numeral 1 del artículo 43, que regula los bonos e incentivos para trabajadores; el artículo 45, que establece bonos especiales; el artículo 51 y numeral 3 del artículo 43, sobre viáticos para comisiones al interior y exterior.

BONOS E INCENTIVOS

De acuerdo con la PGN y el ministerio, lo establecido en el primer párrafo, numeral 1, artículo 43 del pacto ya está regulado en el decreto legislativo 59-95, que tiene como propósito consolidar cualquier tipo de retribución o prestación económica (bonos e incentivos) que incidan en la claridad y transparencia del cálculo del salario real.

Sin embargo, el mismo pacto excluye algunos bonos de la consolidación del pago a los trabajadores y, en ese sentido, los ministros que firmaron y homologaron este artículo violaron el orden público porque la facultad de decidir tal excepción a la Ley corresponde al Congreso, justificaron.

Otro de los incisos señalados es el que ordena el pago de un Bono de Antigüedad Real. Sobre este artículo señalaron que viola la prohibición pagar dos veces la antigüedad de los servidores en la misma entidad; por tanto, a su criterio, se trata de una “medida injusta que genera desigualdad”, ya que dos personas que realizan un mismo trabajo pueden recibir salarios diferentes.

BONO A LA INEFICIENCIA

Una tercera inconsistencia en el pacto expuesta por la PGN es el establecimiento del “Incentivo económico para un trabajo decente”, el cual permite que los fondos no ejecutados por el ministerio se repartan entre los trabajadores, a pesar de que la Ley indica que todo presupuesto restante debe ir al fondo común.

Según explicaron, dicha retribución establece un “sistema perverso” en el que los trabajadores reciben un bono más grande, mientras menor sea la ejecución de la cartera.

TRASLADO DE PERSONAL TEMPORAL A PERMANENTE

Según la PGN, al garantizar en un pacto colectivo que todo trabajador en un puesto temporal tendrá derecho automático a una posición permanente,se omite el proceso de convocatoria y oposición que establece la Ley de Servicio Civil para la elegibilidad de personas que puedan ser contratadas. Además, se violenta el derecho político de igualdad de oportunidades y, principalmente, se crea un sistema discrecional, sin garantías de debido proceso administrativo.

REGLAMENTO DE VIÁTICOS

El numeral 3 del artículo 43 obliga al ministerio a otorgar una serie de pagos por viáticos para comisiones al interior y exterior. No obstante, la ley dice que las escalas y los montos de viáticos deben ser establecidos por el Presidente, mediante un acuerdo gubernativo, y no por un ministro, pues no tiene la competencia legal para tomar decisiones al respecto de este tema.

PRIVILEGIOS PARA LÍDERES SINDICALES

Además, denunciaron que la autorización de licencias con goce de salario para líderes sindicales no figura dentro de las facultades de los ministerios; tampoco la autorización para aceptar el pago del 70 por ciento del costo de los gastos de asistencia técnico legal a la organización sindical.

SINDICATO RESPONDE

Durante la audiencia, el representante legal del sindicato señaló que no se puede pedir la nulidad del Pacto porque en el 2013 y 2014, años en que se firmó y se modificó el convenio, se tuvo el aval de dos ministerios.

El sindicato requirió pruebas a la PGN y al MSPAS. Para el 2 de mayo se programó una próxima audiencia para discutir dichos documentos.

http://lahora.gt/pgn-salud-piden-nulidad-pacto-colectivo/

Pacto Colectivo de Salud a juicio; una oportunidad histórica para enmendar la plana

Según PGN pacto tiene un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Salud irá a juicio mañana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) interpuso una demanda contra la institución por incumplimiento del convenio y aunque lo que buscan es una resolución que ratifique sus demandas, el juicio es el contexto oportuno para que el Estado se pronuncie de forma oficial sobre la legalidad del pacto, cuestionada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la propia cartera.

_1La negociación colectiva, de la cual surgen los pactos o convenios colectivos, es un derecho de todas las personas trabajadoras. Guatemala, como miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) tiene el compromiso de respetar, promover y cumplir tal derecho, siempre y cuando se haga con apego al marco legal del país.

Las demandas de los salubristas son legítimas en cuanto a que buscan mejores condiciones para realizar su labor; sin embargo, lo que preocupa a las autoridades es la forma en la que tales demandas reciben una solución en el pacto colectivo, pues consideran que ciertas disposiciones ahí contenidas contradicen la Constitución o el Código de Trabajo, además de que se establecieron sin prever el impacto que podrían tener en las finanzas y la administración del Ministerio.

LA DEMANDA QUE DARÁ PASO AL JUICIO

Luis Alpírez, secretario general del SNTSG, explicó que la demanda por incumplimiento del Pacto Colectivo que será conocida mañana por el Juzgado Séptimo de Trabajo fue interpuesta en el 2015.

-¿Qué artículos señalan ustedes que incumplió el Ministerio de Salud?-

“En sí casi todo el Pacto Colectivo y condiciones de trabajo, no cumplen el tema de los viáticos a los trabajadores, no cumplen el tema de la carrera administrativa, de las Juntas Mixtas, el traslado de los trabajadores al renglón permanente, la misma persecución que tienen contra los líderes sindicales que tiene relación al artículo 19 y 20 del Pacto Colectivo, es decir, si nos ponemos a resumir los artículos del pacto que no cumplen es básicamente todo el pacto. Lo que hemos logrado son avances a pura presión y pura lucha.”

De acuerdo con Alpírez, entre los aspectos más urgentes está la unificación de bonos al salario base, pues el Ministerio tiene una deuda de Q400 millones acumulada por 16 meses con 25 mil trabajadores.

Además, el Reglamento de Viáticos no se cumple desde 2015, debido a que la CGC señaló en su informe de auditoría 2015 que los montos de retribuciones por comisiones en el exterior son definidos por el Ejecutivo para todas sus dependencias a principios de año y un ministerio no puede tener su propia escala. Además, la normativa otorga más viáticos a los líderes del SNTSG y a los titulares de la cartera, lo cual es un privilegio prohibido por el Código de Trabajo.

Por otro lado, durante el Gobierno del Partido Patriota, el presidente Otto Pérez Molina se comprometió a otorgar 20 mil plazas permanentes para el sector salud, las cuales sí se crearon por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero no se entregaron en su totalidad: 3 mil 800 se dieron y alrededor de 10 mil tienen certificación de elegibilidad.

Pese a todo, Alpírez hace énfasis en el carácter legal del Pacto y señala que el incumplimiento por parte de la gestión de Jimmy Morales es una cuestión de falta de voluntad.

“Lo que estamos volteados ahora es a los órganos de justicia laboral, porque ellos deben de dar sus resoluciones apegadas a derecho, porque si no cumplen con ejecutar un mandato legal, entonces ¿de qué legalidad estamos hablando en el país? Ahí no está en discusión si el pacto es legal o no es legal, ahí la discusión es y la demanda es para que se cumpla. Si el Gobierno quiere sudar calenturas ajenas que las agarren, pero nosotros ahorita estamos volteados a ver a los tribunales de trabajo y de justicia”, señala.

EL PACTO DESFINANCIADO

El convenio de Salud no es el único cuestionado. En enero de 2016 María Eugenia Villagrán, entonces procuradora general de la nación, informó que después de un análisis, la institución concluyó que 14 pactos colectivos no cumplieron con dictamen técnico del presupuesto, de Finanzas Públicas ni de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

En esa fecha también emitió un dictamen sobre el Pacto de Salud, señalando que los compromisos adquiridos por la cartera implican la erogación de pagos, bonos y viáticos que no son acordes a la situación presupuestaria del Ministerio.

Durante el proceso de negociación y previo a la suscripción del acuerdo, establecen los dictámenes de la PGN, no se solicitó a Finanzas el dictamen o pronunciamiento respecto a la existencia del respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendían otorgar.

Según las estimaciones realizadas por la PGN, dar cumplimiento al Pacto tendría un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30.

Tampoco se consideró la fuente de financiamiento de la cual se tomarían los fondos para cubrir los beneficios contraídos y no se sustentó, por medio de algún dictamen técnico o financiero, la viabilidad de los compromisos adquiridos, pasando por alto principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y derecho presupuestario.

Los exministros responsables por la firma y ampliación del pacto, Jorge Villavicencio y Enrique Monterroso, además del extitular de Trabajo, Carlos Contreras, fueron denunciados penalmente por la PGN, pero a la fecha el Ministerio Público no ha tomado acciones en su contra.

Y aunque la Procuraduría señaló irregularidades en el pacto, no interpuso ninguna acción en su contra, pues según dijo Villagrán en ese entonces, se requería la autorización del Presidente para solicitar la anulación.

INCUMPLIMIENTO

El Pacto Colectivo fue suscrito el 21 de agosto de 2013 y posteriormente fue homologado por el Ministerio de Trabajo el 19 de diciembre de 2014. Su incumplimiento por parte de Salud y el conflicto con los sindicatos comenzó casi inmediatamente.

El 21 de julio de 2015, el Ministerio de Salud interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el posible fraude en el pago de honorarios por Q20.6 millones producto de la negociación y suscripción del pacto.

Además, la querella planteada ante la Fiscalía Contra la Corrupción señaló que dicho convenio se puede considerar lesivo para los intereses del Estado y las finanzas de la cartera de Salud, ya que implicó aumentos desmesurados en las cuotas a pagar por concepto de viáticos y bonos por antigüedad anualmente. En respuesta, miembros del SNTSG paralizaron los servicios en nueve hospitales del país.

Para solventar la situación, Monterroso se comprometió a renegociar el pacto colectivo, pero no concretó su intento. Sus sucesores, Mariano Rayo y Alfonso Cabrera, tampoco cumplieron ni renegociaron el pacto; tampoco solicitaron su anulación.

ANÁLISIS

Lucrecia Hernández Mack, ministra de Salud, indicó que todavía analizan con la PGN la postura que adoptarán mañana ante la demanda del sindicato, pero no descarta una solicitud de anulación del pacto. “No estamos seguros todavía sobre cómo manejarlo (…) el Pacto Colectivo de Salud, como tal, tiene cláusulas que son completamente legítimas y sobre otras tenemos nuestras dudas sobre cómo se negoció, y si hubo los suficientes análisis financieros e incluso legales para adquirir esos compromisos. Sobre esos estamos analizando para ver cuál será nuestra postura”, señaló.

Las deudas por bonos y viáticos con los trabajadores, así como el traslado de trabajadores al reglón 011 se discuten en las Juntas Mixtas con el SNTSG, señaló la ministra. Para su abordaje se han formado comisiones específicas que buscan cumplir con los compromisos basados en análisis legales y presupuestales.

La PGN se negó a dar información sobre la audiencia que se celebrará mañana; sin embargo, la procuradora Anabella Morfín se comprometió a revisar los pactos colectivos al inicio de su gestión y a finales del mes pasado dijo que ya habían completado 4 análisis.

Cláusulas controversiales del Pacto Colectivo de salud

“Incentivo económico por un trabajo decente”

El capítulo séptimo del Pacto, establece una serie de medidas conforme a un “convenio económico” entre el Ministerio y los trabajadores.

Uno de ellos es el “Incentivo económico por un trabajo decente”, que consiste en otorgar un bono a los trabajadores presupuestados, según los montos no ejecutados por la cartera para finales de año.

“Se pagaría en los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año, a los trabajadores del ministerio que laboran bajo los renglones presupuestarios 011, 021, 022, 031 y otros renglones permanentes, su valor será equivalente al monto que reflejen las economías que presente ejecución presupuestaria de cada año fiscal, este monto será negociado en el mes de septiembre de cada año, sobre la base de los principios de derechos adquiridos”, se lee en el pacto.

Por Ley, todo el presupuesto que no se ejecute tiene que ir al fondo común, porque todo presupuesto es dinero de los contribuyentes. Sin embargo, el Pacto Colectivo de Salud reparte lo no ejecutado entre los trabajadores, por lo que mientras menos ejecuten, mayor es el bono.

Pago de viáticos

El pago de viáticos es una constante demanda del sindicato, debido a la condición presupuestaria de la cartera, pues, según se determinó en un análisis a las cláusulas del pacto, no se consideraron las capacidades presupuestarias de las unidades ejecutoras para adquirir un compromiso de esas magnitudes.

Dentro del Pacto se establece que, conforme a un Reglamento de gastos de viáticos específico para el Ministerio de Salud, tanto autoridades de salud como sindicalistas tendrían cubiertos desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos conexos, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario del trabajo en el interior o exterior del país.

El Pacto fija una cuota diaria de Q 350, aplicable para todo el empleado, personal que presta sus servicios técnicos o profesionales, personal de carácter temporal y por planilla, que por comisión oficial tengan que prestar sus servicios en el interior de la república.

Asimismo, se fijaron cuotas diarias específicas para altos funcionarios y dirigentes sindicales del ministerio que tengan que desempeñar alguna comisión oficial en el interior de la república.

De esa cuenta, el Ministro recibiría Q 1 mil 200; los viceministros Q 1 mil; directores generales, gerentes y coordinadores, Q 800 ; directores de áreas de salud departamentales, gerente administrativo financiero de área, gerentes de recursos humanos de áreas, directores de hospitales, gerentes administrativos financieros del hospital, gerentes de recursos humanos de hospitales, Q 600; Jefes de departamentos y unidades, Q 400; miembros de la secretaria general SNTSG, Q 1 mil ; Secretarias de comité ejecutivo del SNTSG, Q 800, Secretaria vocal, secretaria de actas, secretarias de conflictos y secretaria de finanzas de filiales del SNTSG, Q 400 y los miembros de Consejos consultivos y comisiones del SNTSG, Q 350.

También se estableció el pago de viáticos desde 150 a 600 dólares, para comisiones en el extranjero.

Bonos

Otro de los compromisos son una serie de bonos destinados a los empleados, adicionales al pago de su salario base.

Para cada trabajador se establece un bono vacacional de Q 400, un bono navideño de Q300 y un bono de “insumos, útiles y uniformes”, que, según el pacto, se definirá conforme las necesidades de sus trabajadores a nivel local.

El bono de antigüedad se recibe de forma escalonada: con cuatro años el incremento es del 5%, con 8 años, 20%; con 12, 40%; con 15, 60%; con 20, 80%, y con 30 años o más, 100%.

Las autoridades señalan que los bonos como el de antigüedad generan grandes brechas de sueldos entre trabajadores que realizan una misma función y que los porcentajes de los incrementos no se proyectaron con base en criterios técnicos y presupuestarios, por lo que se dificulta cumplir con el compromiso.

http://lahora.gt/pacto-colectivo-salud-juicio-una-oportunidad-historica-enmendar-la-plana/

Ministerio de Trabajo denuncia ante juzgado laboral a 13 empresas por incumplir aumento al salario mínimo y el pago del aguinaldo.

https://twitter.com/i/web/status/833731411513397249

Sectores productivos buscan no pagar impuestos

Aranceles El Ministro de Finanzas, opinó que la medida generaría pérdidas millonarias en recaudación

Para beneficiar a sectores afines al gobierno, el lunes pasado, el presidente Jimmy Morales giró instrucciones de instalar una mesa de diálogo para abordar el tema con autoridades y los sectores ganaderos beneficiados en la normativa de la Iniciativa de Ley 5182, denominada Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y Porcina. Esos grupos que actualmente presionan con bloqueos en las carreteras creen que deben recibir privilegios e incentivos para sus empresas e industria. Incentivos que nadie más tiene, en Guatemala, actualmente.

Se perderían Q1, 200 millones anuales

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, aseguró que la iniciativa 5182, involucra un tema fiscal complejo, que generaría millonarias pérdidas a Guatemala, en la recaudación de impuestos. Estrada, profundizó en el tema diciendo que, “La estimación del costo tributario la ha hecho la autoridad tributaria (SAT), con sus expertos para el tema, y opinan que en la versión actual de la norma habría un sacrificio tributario por lo menos de Q1,200 millones (anuales) si pasara en la forma en la que se planteó dicha iniciativa”.

Sector ganadero debe volverse más competitivo

Agregó Estrada que, la manera de abordar el tema no es la más atinada, pues no se trata únicamente de modificar regímenes tributarios sino de la competitividad para los sectores involucrados en la legislación. Tampoco ideal, la forma en que bloquean la libre locomoción de los guatemaltecos, como medida de presión para conseguir privilegios e incentivos. Extorsionar a Guatemala, no debe rendir frutos, nunca, sean los amigos o socios de los que están en el Gobierno o no. Estrada es del criterio que, “Uno escucha más que todo un problema de competitividad y no un problema fiscal, y el problema de competitividad se resuelve con recursos para poder invertir y con medidas mucho más integrales. No solamente el tema tributario es el que resuelve el problema del sector y por eso queremos tener una discusión más amplia para ver lo que se puede implementar de manera más integral”.

Ley 5182Cambiar las tasas impositivas genera caos

Según el funcionario, en necesario tener prudencia, pues la modificación de regímenes tributarios puede generar un “efecto dominó en otros mecanismos”. Al respecto, Estrada comentó que se ha acordado tener dos diálogos, uno relacionado a la integración de los sectores al régimen tributario vigente, y otro más complejo que es cómo se fomenta y se apoya al sector. “Hay temas de inconstitucionalidades, de poder tener tasas diferenciadas, de justicia tributaria. No es el único sector que tiene problemas de competitividad, son todos y entonces queremos reducir los impuestos o queremos ampliar la base tributaria con que todos paguen lo que les toca, hay que fundamentar también por qué tienen que haber tasas diferenciadas o mecanismos diferenciados y creo que hay mucho desconocimiento”, concluyó el funcionario.

Cobrar impuestos es costoso

Cobrar los impuestos también tiene un costo, y una tasa de un 1% aunque simbólica, resulta ridícula, si los competidores, en otras industrias sustitutas, como las avícolas no tienen dichos privilegios e incentivos. Guatemala necesita más eficiencia y productividad, no menos. Beneficiar a un sector, solo porque sí, no beneficia a nadie. Por su parte, el Ministerio de Economía, Mineco, llega a consenso y ha iniciado el proceso para eliminar el arancel de cuadriles de pollo importado. Quitarán arancel que genera impuestos El ministro de Economía, Rubén Morales, y el viceministro, Enrique Lacs, informaron que luego de un proceso de consultas generales, se han alcanzado los consensos necesarios, a nivel nacional, para iniciar el proceso de eliminación del arancel al cuadril de pollo en el Marco del DR CAFTA, con el objetivo es reducir el arancel y eliminar el contingente lo más pronto posible.

Con esta medida se espera que los beneficios se trasladen al consumidor (en precios más bajos). Morales indicó que, “Desde el año 2016 nos hemos reunido con diversos sectores, con la Asociación de expendedores de carne, con Asaunidos del mercado La Terminal, Asociación de Importadores y Comercializadores de Comestibles Cárnicos (ICOCAR), la ANAVI, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Procuraduría de los Derechos Humanos, Bancadas de los partidos políticos: FCN, UCN, MR, UNE, Convergencia, Comisiones de Economía y Defensa al Consumidor del Congreso de la República, y hemos alcanzado el consenso para acelerar el proceso de desgravación, llevando el arancel a los cuadriles de pollo a cero.”

En agosto de 2014, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), consultó al Mineco, sobre la revisión de partidas arancelarias en el marco del CAFTA DR, ya que en el caso especí- fico del cuadril de pollo, existían partidas arancelarias con descripciones similares y tratamiento arancelario distinto, creando confusión al aplicar el arancel para la importación de cuadriles de pollo procedente de los Estados Unidos. Apegado a la Ley, el Ministerio de Economía regularizó el listado arancelario apegado al CAFTA DR, con lo cual se aplicaron los aranceles por ley al cuadril de pollo para el 2017 es de 12.5%* fuera de contingente. “Desde que asumimos el cargo en 2016, iniciamos la búsqueda de solución de esta situación que durante años estuvo sin resolver, todo esto, apegado a la ley, según el CAFTA DR vigente desde el 2006 aprobado por el Congreso de la República”, informó el ministro Morales. Hasta la fecha los precios de los cuadriles de pollo se han mantenido estables, y se ha instruido a la Diaco para mantener un constante monitoreo de los precios del pollo, para que los beneficios de esta medida, de eliminación del arancel, se trasladen efectivamente al consumidor.

http://www.s21.gt/2017/02/sectores-buscan-no-pagar-impuestos/