Ahí está la trampa: Reducción de la CBV para no aumentar salario mínimo

El último día hábil de diciembre del 2017 el Presidente Jimmy Morales publicó un pírrico aumento al salario mínimo para las y los trabajadores formales, el cual consiste en lo siguiente: un incremento de Q3.25 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q2.98 para maquila y exportación.

Por Carmen Reina

Los salarios mínimos se establecen para el 2018 de la siguiente manera:

  • Para actividades agrícolas y no agrícolas: Q90.16 diarios, es decir Q2 mil 742.36 al mes. Y con la inclusión de la bonificación incentivo de Q250 suma un total de Q2 mil 992.36.
  • Para la actividad exportadora y de maquila: Q82.46 diarios, es decir Q2 mil 508.15, más los Q250 de bonificación, serían Q2 mil 758.15 al mes.

Esta decisión fue tomada luego de que no se arribó a un consenso dentro de la Comisión Nacional del Salario, en la cual hubo posiciones encontradas. Esta comisión se conforma de manera tripartita con representación del sector empresarial, de sindicatos de las y los trabajadores organizados y del Gobierno. La representación sindical planteó el aumento de Q165.00 diarios, para constituir un salario de Q5,018.75, mientras que el sector empresarial planteo que no se realizara ningún aumento. Finalmente, el presidente decidió un aumento insignificante, lo cual constituye casi una burla para las y los trabajadores.

El Vice Ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera Bolaños, argumentó que el aumento se fijó con base en la fórmula de la Organización Internacional del Trabajo, basada en el crecimiento económico, la inflación proyectada y el crecimiento de la población. Además que es lo que institucionalizaron en el Programa Nacional de Competitividad.

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria, señaló en una entrevista en Canal Antigua que su posición de no aumento al salario mínimo se fundamentó en la “disminución” de la inflación y del costo de la canasta básica, además de criterios de competitividad regional, comparados con México, El Salvador y Nicaragua, donde el salario mínimo es menor.

En el mes de agosto, por ejemplo, el costo de la canasta básica en el mes de agosto pasado fue de Q4 mil 311.90. Tal como lo indica Lorena Alvarez: “Conforme el INE la cotización de la canasta básica vital, que además de alimentos incluye los bienes y servicios esenciales como educación, salud, transporte y vivienda, en agosto fue de Q7 mil 868.43″. Sin embargo, sorpresivamente, a finales del mes de octubre el INE presentó un nuevo cálculo de la canasta básica vial, la cual es de Q3,475.28, la cual entró en vigor el 7 de noviembre.

En este nuevo cálculo, supuestamente basado en la Encuesta nacional de condiciones de vida –ENCOVI- 2014 y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 2016, la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 y proyecciones de población 2016, el INE determinó 34 alimentos que incluyen sopas instantáneas, mosh e incaparina.

En el sentido anterior, con base en supuestos cálculos técnicos, mágicamente la canasta básica vital se redujo en alrededor de Q1,000.00 al mes. Esto es irrisorio e inverosímil para cualquier persona que acude a los mercados y supermercados para comprar los productos básicos. Cualquier ama de casa, padre y madre de familia que compran alimentos darán cuenta del incremento de precio de los mismos, especialmente de la carne de res, por ejemplo.

Es evidente que no existió una base técnica y real para el cambio del cálculo de la canasta básica y que este ocurrió en la víspera de la negociación del incremento al salario mínimo, con lo cual es claro que este cambio tuvo un propósito de favorecer los intereses del sector empresarial y justificar que no se realizara ningún aumento al salario mínimo para las y los trabajadores.

La cuestión es mucho más compleja si se contrata esto con los altos índices de pobreza y desempleo prevalecientes. En Guatemala, la pobreza en el área rural se calcula en un 3.10%, para un total nacional de 59.3% y un 23.36% de pobreza extrema. Además, si aproximadamente el 70% de la población económicamente activa se encuentra en desempleo o empleo informal, se considera que el insultante aumento al salario mínimo no solo no resuelve, sino hace mucho más difícil un cambio en las condiciones de vida de la población depauperada y mucho menos frena el fenómeno de violencia, criminalidad y migración económica.

Rigoberto Dueñas, representante del sector sindical ante la Comisión Nacional del Salario Mínimo, indica que ya que el sector empresarial no logró implantar los salarios diferenciados, ahora buscaron esta estratagema institucionalizada por el Instituto Nacional de Estadística, para legitimar una forma de acumular más riqueza a costa del empobrecimiento de las y los trabajadores.

Los conceptos de Economía Política elementales plantean que para dinamizar la economía, es necesario generar el denominado mercado interno, es decir, elevar la capacidad de compra de la población, para que consuman más bienes y servicios. En este sentido, dinamizan la economía local y la producción. En pocas palabras, los pobres son un mal negocio porque no consumen. Esto pareciera no ser comprendido por un sector empresarial que a ultranza defiende el incremento de sus ganancias a partir de precarizar a la población.

Si comparamos en el sentido de competitividad, es importante recordar que en la región, el país más competitivo y atractivo para la inversión extranjera es Costa Rica, país que posee un salario mínimo alrededor de los US$520.00, el cual es el más alto en la región. Lo que hace competitiva a Costa Rica no es el monto de su salario base, sino otras condiciones que el Estado promueve, tales como la seguridad ciudadana y la alta educación de la población. Ante esto, es fundamental cuestionarnos en efecto de la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo, pero no para disminuir las condiciones sociales de la población, sino fortalecer las políticas públicas de calidad educativa, servicios de salud y de elevar el nivel de vida para generar “real competitividad”.

Si Guatemala continúa en este rumbo, no sólo aumenta las condiciones de desigualdad y pobreza, basadas en el extractivismo y expolio de los bienes naturales; sino que justifica un Estado ineficiente, que sólo es útil para los intereses empresariales, de una clase poderosa con carácter dinosaúrico que no comprende en el siglo XXI que ya no puede seguirse enriqueciendo a costa del empobrecimiento humano.

 

https://cmiguate.org/ahi-esta-la-trampa-reduccion-de-la-cbv-para-no-aumentar-salario-minimo/

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Argentina no está sola: las reformas de pensiones que están por venir

Los sistemas de pensiones de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos muy serios para lograr que la mayoría de adultos mayores cuenten con una pensión (cobertura), que las pensiones provean los suficientes recursos a los beneficiarios (suficiencia) y, sobre todo, que los gobiernos puedan pagarlas (viabilidad fiscal). Estos retos serán cada vez de mayor envergadura en la región, pues la transición demográfica está generando un rápido envejecimiento de la población, cuya expectativa de vida continúa aumentando. Esto hace imprescindible ajustar los sistemas de pensiones a la nueva realidad. En definitiva, la pregunta no es si los sistemas se tendrán que ajustar en sus parámetros fundamentales (nivel de pensiones, edad de jubilación y tasa de contribuciones), sino cuándo deberá producirse ese ajuste.

La pregunta no es si los sistemas se tendrán que ajustar en sus parámetros fundamentales, sino cuándo deberá producirse ese ajuste.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Argentina. El Congreso de ese país aprobó recientemente una ley de reforma previsional que busca resguardar la sostenibilidad financiera y reducir las contingencias fiscales de su sistema previsional, que cuenta con una de las tasas más altas de cobertura a nivel regional y se financia mediante los aportes de los trabajadores, empleadores y el Estado. Entre las principales modificaciones que introduce la reforma están la modificación de la fórmula de cálculo para las actualizaciones de las pensiones, jubilaciones y programas de asistencia social, y la elevación de la edad de jubilación de manera optativa: de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.

Más países de la región estudian ajustes

Otros países de la región se encuentran discutiendo ajustes mayores en sus sistemas de pensiones. El Congreso de Brasil está analizando una reforma que busca reducir el creciente déficit previsional resultante de un sistema con beneficios generosos y una cobertura superior al 80% para los mayores de 60 años.

Otros países eventualmente tendrán que llevar a cabo cambios en sus sistemas para lograr su viabilidad. Por ejemplo, Uruguay y Costa Rica gastan un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) en pensiones, como reflejamos en Ahorrar para Desarrollarse. Según nuestras proyecciones, esta presión fiscal irá en aumento para casi todos los países. Se calcula que el gasto público en jubilaciones, si no se aplican reformas, sería cercano al 50% del PIB en Brasil y sobrepasaría los 30 puntos porcentuales en Bolivia y 20 en Panamá en 2100.

¿Cómo evitar que las pensiones se conviertan en un problema social?

La viabilidad de los sistemas de pensiones depende de la coherencia que exista entre las contribuciones durante la vida laboral, los beneficios que se otorgan, la edad de jubilación y la expectativa de vida. Los sistemas en el siglo XXI deberán irse ajustando para que puedan mantenerse y poder otorgar beneficios a sus retirados. De hecho, Argentina está recorriendo un camino por el que ya pasaron otros países, como Chile, donde se creó el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para financiar pensiones para los trabajadores de menores ingresos -Pilar Solidario- y que se implementó con una reforma previsional en 2008. En España, el Gobierno decidió en 2013 implantar las primeras medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una de estas medidas fue el diseño de un “factor de sostenibilidad” que permite garantizar el equilibrio entre los gastos e ingresos del sistema público de pensiones. Reglas similares a esta ya están poniéndose en práctica en otros países europeos, como PortugalGreciaAlemania y Austria.

Los sistemas en el siglo XXI deberán irse ajustando para que puedan mantenerse y poder otorgar beneficios a sus retirados. De hecho, Argentina está recorriendo un camino por el que ya pasaron otros países, como Chile.

El gran reto de informar, explicar y convencer

Ajustar los sistemas de pensiones es una tarea ardua y difícil. Convencer sobre la necesidad de las reformas puede tornarse muy complicado en una era donde las comunicaciones son oblicuas y la velocidad de la información es casi instantánea. Por ello, las autoridades tienen la gran tarea de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de llevar a cabo estos cambios.

Las reformas a los sistemas de pensiones constituyen un tema de gran complejidad, que afecta a un grupo vulnerable de la población como son los adultos mayores, y deben por tanto abordarse con diálogo einclusión social para que la sociedad entienda y aproveche los beneficios de asegurar su sostenibilidad. Conseguir más y mejores pensiones para toda la población es una tarea ardua en la que todos deben involucrarse.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/01/05/argentina-no-esta-sola-las-reformas-de-pensiones-que-estan-por-venir/

How Ideologues Use Grade-School Economics to Distort Minimum Wage Debates

Introductory economics can be more misleading than it is helpful.

By James Kwak

Supply and demand curves were introduced to the world by the French mathematician Antoine-Augustin Cournot in 1838. These now-ubiquitous analytical tools show how many units of a product are demanded and supplied at any given price—and how prices automatically adjust so that supply exactly equals demand. This core insight dated back to at least to Adam Smith, who explained in his 1776 book The Wealth of Nations that market prices are determined by the individual, self-interested decisions of buyers and sellers.

By the late 19th century, supply and demand curves became a dominant feature of economics education, thanks in large part to a textbook, Principles of Economics, by the British economist Alfred Marshall. Marshall showed how buyers and sellers, acting in their own interests, converge on an equilibrium price that maximizes social welfare, defined narrowly as the difference between the value consumers place on goods and the total cost of producing those goods. This principle—that free markets generate the greatest possible economic well-being for society—is familiar to any student of introductory economics today.

Marshall, however, rejected the idea that we should simply let markets work their magic and accept whatever outcomes they produce. Instead, because people differ in wealth, he argued that “aggregate satisfaction can prima facie be increased by the distribution . . . of some of the property of the rich among the poor.”

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That view was echoed in the 1948 first edition of the textbook that would dominate the market for the next three decades. In Economics, Paul Samuelson wrote, “John D. Rockefeller’s dog may receive the milk that a poor child needs to avoid rickets. Why? Because supply and demand are working badly? No. Because they are doing what they are designed to do, putting goods in the hands of those who can pay the most.” For Samuelson, the competitive market model of Economics 101 was simply a useful analytical tool.

For his contemporaries Friedrich Hayek and Milton Friedman, however, it was something more: the heavy artillery in an ideological battle against the New Deal. Beginning in the 1940s, Hayek and especially Friedman built a comprehensive theory of society on the foundation of competitive markets. In his 1962 book Capitalism and Freedom, Friedman explained how virtually any social or political issue could be analyzed in terms of supply and demand—and concluded in each case that government should get out of the way and let free markets produce the best of all possible worlds.

Both Hayek and Friedman saw themselves as participants in a battle of ideas against encroaching socialism. In their hands, an analytical framework became a universal worldview: Economics 101 became economism. Economism is the belief that basic economics lessons can explain all social phenomena—that people, companies, and markets behave according to the abstract, two-dimensional illustrations of an Economics 101 textbook. Ideally, students should learn that the competitive market model is just that—a model, which by definition abstracts from the real world. According to the rhetoric of economics, however, the lessons of Economics 101 can be transplanted directly into the real world. The central idea that free markets maximize social welfare becomes a universal framework for understanding and answering any policy question.

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Economism may not accurately describe reality, but its reduction of complex phenomena to simple concepts was a major asset in the battle of ideas. The political landscape of the United States after World War II was dominated by the shadow of the New Deal and the idea that the government could and should pay a major role in managing the economy. Businesses that opposed intrusive regulations and wealthy individuals who feared higher taxes needed an intellectual counterweight to the New Deal, a conceptual framework that explained why an activist government was bad not just for their profits and their pocketbooks, but for society as a whole. Economism filled that need.

The rhetoric of economism was taken up first by think tanks such as the Foundation for Economic Education and the American Enterprise Institute, then by the National Review of William F. Buckley, who helped make free-market economics part of the conservative synthesis. From Barry Goldwater to Ronald Reagan, the conviction that all economic problems could be boiled down to first principles and solved by the magic of competitive markets became a central tenet of conservative ideology. In the memorable words of former House majority leader Dick Armey, “The market is rational and the government is dumb.”

As the mantra of free markets, small government, and lower taxes became more popular with voters, Democrats adapted by also paying homage to competitive markets. It was Bill Clinton who said, “The era of big government is over.” And Barack Obama’s signature health care reform program is centered on the idea of using (regulated) market competition to expand access to health insurance.

Economism presents itself as an abstract, value-neutral representation of the world—one that invokes the prestige of economics, a discipline that many people find intimidating. “It’s just Economics 101,” one often hears. The role that it plays in contemporary society, however, is deeply ideological. Economism naturalizes one possible state of affairs—in which individuals and companies are left to compete in unregulated markets—and, like Doctor Pangloss in Voltaire’s Candide, celebrates the outcomes that result as the best of all possible worlds.

But in reality, things do not always turn out so well. In practice, economism often has the effect of increasing inequality, or at least justifying it in today’s new Gilded Age. Consider the minimum wage. The United States has the lowest minimum wage, as a proportion of average wages, of any advanced economy—one reason for our wide gap between rich and poor. But according to economism, raising the minimum wage would only backfire and harm poor people. On a simple supply-and-demand diagram, a minimum wage is a price floor in the labor market; like any price floor, it must cause supply to exceed demand. Therefore, raising the minimum wage must increase unemployment, and anyone who disagrees simply doesn’t understand Economics 101.

In real life, however, employment levels are the result of many factors—some businesses can pass cost increases on to customers, better-paid workers are less likely to quit, and so on. Real economists study these relationships in detail, and a significant body of recent research indicates that modestly higher minimum wages have no discernible effect on unemployment.

Despite this empirical evidence, the public relations campaign against a higher minimum wage remains clothed in the rhetoric of economism. What goes unsaid is the campaign is, in significant measure, funded by industries that benefit from low wages for unskilled labor. This is but one example of how economism provides a seemingly neutral perspective on the world that can be deployed in the service of business interests and the wealthy.

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Economism is the reduction of social reality not just to Economics 101, but to just one Economics 101 lesson: the model of a competitive market driven by supply and demand.

Paul Samuelson bemoaned the fact that a single idea—that free competition is always good and government intervention is always bad—is often “all that some of our leading citizens remember, 30 years later, of their college course in economics.” Writing in the late 1940s, Samuelson’s first concern was preventing another Great Depression and the geopolitical turmoil that followed. In his textbook, which dominated introductory courses during the decades following World War II, the theory of supply, demand, and prices did not appear until Chapter 19, more than 400 pages in.

Contemporary textbooks, however, have moved away from Samuelson’s example. Whether by the slightly right-leaning Gregory Mankiw or the slightly left-leaning William Baumol and Alan Blinder, they now lead with rational individuals pursuing their self-interest in competitive markets, guided by Adam Smith’s invisible hand to maximize their collective prosperity. While economics professors know that the world is much more complicated than an introductory textbook, many college students are still inculcated with the simplistic dogma of competitive markets. According to a recent survey of undergraduate programs around the world by students at the University of Manchester, “Economics degrees are highly mathematical, adopt a single narrow perspective and put little emphasis on historical context, critical thinking or real-world applications.” This limited focus is even more true of business programs—the most popular undergraduate concentration in the United States —whose students often take little more economics than a required introductory course.

Economists already know the cure for Economics 101: better economics. Many advanced courses deal precisely with the differences between the real world and the introductory models taught in the first year. No doubt many teachers are able to give even casual students a healthy skepticism regarding the ideology of free markets. People who are familiar with the irrational behavior of human beings, the importance of institutions, the techniques for analyzing real-world data, and the vicissitudes of economic history will understand both the utility and the shortcomings of the competitive market model.

The pedagogical problem is that the typical introductory course does not allow enough time for anything more than a cursory introduction to these vitally important subjects. Professors can and do emphasize the limits of models, but even then a course centered around supply and demand curves will often produce the students that Samuelson lamented, who remembered only that competition is good and government is bad.

If we were to redesign Economics 101, what would it look like? One possibility is to begin not with abstract models, but with the real world. How do companies use technology to produce goods, and how are those companies organized? How are products and services distributed, and how do manufacturers, intermediaries, and retailers set prices? How are wages determined—not in the theoretical model, but in real life? What factors determine the set of opportunities available to different people in different parts of the planet?

The economist Partha Dasgupta, for example, begins his “very short introduction” to economics by describing the different material and economic conditions of two families, one in the suburban United States and one in rural Ethiopia. Students who begin with a grounding in the way the world actually works will be better equipped to understand the limitations of abstract models when they do learn them.

Alternatively, we could begin with real human beings. An introductory course in behavioral economics would reveal that we all make decisions irrationally, at least compared to the utility-maximizing entities who populate the typical textbook. The same is true of organizations, which are populated by fallible human beings who often have their own interests at heart. Understanding the importance of habit, convention, prejudice, and other factors will enable students to resist the allure of models that assume superhuman actors and perfectly efficient firms.

Or, perhaps, we could do away with the idea of Economics 101 altogether. I studied history and I teach law, neither of which has a single “101” class. There could be one introductory class called “Economic Institutions Around the World,” another called “Decision Making by Individuals and Organizations,” a third called “Economic Development Through History,” and a fourth called “Abstract Economic Modeling” (what is now “Economics 101”). Economics majors could take them in any order they wanted, and non-majors could take only those that interested them. People who take only one economics class would not necessarily be indoctrinated in the myth of the invisible hand; students who are serious about the field would learn everything they need to learn, but with the context necessary to understand the uses and limits of simple models.

Such a program would also be more true to the extraordinary richness of contemporary economic thinking, encouraging a more diverse range of students to enter the field. The premise of economism is that “economics” says only one thing: that unregulated competitive markets produce the best outcomes for all people. One antidote is for people to understand that economics is a fascinating discipline that provides many answers to many different kinds of questions—and to seek out those answers for themselves.

James Kwak is a professor at the University of Connecticut School of Law. Portions of this essay are adapted from his new book, Economism: Bad Economics and the Rise of Inequality (Pantheon).

2017 April 21

http://evonomics.com/ideologues-economics-minimum-wage-kwak/

Trabajo infantil, una problemática social

Por: Francisco Escobar 

El trabajo infantil continúa como una problemática que Guatemala no ha podido enfrentar a lo largo de varias décadas,  más bien,  es una situación que se ha agravado año con año.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, reconoce a Guatemala como uno de los 8 países de América Latina y el Caribe,  que presentan avances poco  significativos en la lucha contra el Trabajo Infantil, dentro de los 26 países analizados en la región y otros 130 países a nivel mundial.

El término trabajo infantil,  se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, en ocasiones perjudica su desarrollo físico y psicológico, interfiere con su escolarización, al privarles de la posibilidad de asistir a clases. En muchos casos, son niños y niñas, a quienes se les obliga a abandonar los estudios, de forma prematura o en algunos casos,  les exigen combinar ambas actividades, el estudio con un trabajo pesado, lo que puede consumir gran cantidad de su tiempo.

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  Guy Ryder, advirtió que todavía existen 152 millones de niños y niñas, víctimas del trabajo infantil, e hizo un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta y lograr su total erradicación, de aquí al 2025. ‘Todavía hay 152 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil, es decir, casi 1 de cada 10, en el mundo. De ellos, casi la mitad realiza trabajos peligrosos. Es preciso reconocer  que el progreso alcanzado es muy desigual’, señaló el ejecutivo de la OIT.

En el discurso de apertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en noviembre del año pasado, Ryder, reconoció los avances alcanzados sobre el tema en los últimos 20 años, pero advirtió que, aún queda mucho camino por recorrer para acabar con esta problemática. Según las últimas estimaciones de la OIT, hay aproximadamente 25 millones de personas, a nivel mundial, que son víctimas del trabajo forzoso.

En Guatemala,  la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, (Conapeti),  es la entidad encargada de coordinar e implementar la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de Trabajo Infantil. Esta constituye en una estrategia nacional, donde participan diferentes instituciones, públicas, privadas y de cooperación internacional.

Uno de los participantes principales es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), el cual asumió el compromiso de dar seguimiento a dicha estrategia, para el período 2016-2020. Es una herramienta que permitirá alcanzar los objetivos a largo plazo, todo en el marco de coordinación interinstitucional  con las distintas entidades del Estado relacionadas con el tema, para lograr los resultados propuestos y lograr erradicar el trabajo infantil, en el país.

La Conapeti, es presidida por el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, quien en caso de ausencia puede ceder el mandato al titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en este caso Leticia Teleguario.

Otras entidades participantes son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),  Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),  Ministerio de Gobernación (Mingob), Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República,  Secretaria Presidencial de la Mujer, Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia,  Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, director general del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre muchas más que velan por el cumplimiento de este documento.

El Mintrab, dentro de sus acciones en la estrategia  mencionada, realizó en el último año, 5 mil 734 visitas de inspección a empresas a nivel nacional, en la búsqueda del rescate de niños trabajadores. Actividades que se realizan para prevenir sobre el trabajo infantil, dichas revisiones estuvieron a cargo de la Inspección General de Trabajo (IGT). El resultado consistió en el rescate de 99 personas entre menores y adolescentes trabajadores, de quienes 28, eran víctimas de las peores formas de trabajo infantil.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que se realizó en el año 2016, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  detectó que  Alta Verapaz, Chiquimula, Baja Verapaz, Chimaltenango, Zacapa, Petén y Jalapa, fueron identificados como  los departamentos con mayores índices de niñez en condiciones de trabajo infantil.

De la población en condiciones de trabajo, aproximadamente el 50% se dedica a la agricultura o a actividades relacionadas a esta, por ello, se le identifica como un fenómeno que afecta principalmente a la niñez del área rural del país. Se le identifica a esta población, en situación de riesgo, porque amenaza su proceso de crecimiento, su educación y su desarrollo óptimo a futuro.

En un informe, publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indica que en la actualidad, cerca de 7 millones de niños, niñas y adolescentes habitan en Guatemala, cantidad que nos convierte en el país con mayor cantidad de población en este rango de edades. Además, representa el 37% de la población total centroamericana de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte el  director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Nery Rodenas, se refiere como  indignantes las condiciones de vida de la niñez en el territorio nacional, azotada por la desnutrición, la violencia y la marginación, sin que exista una política pública  que garantice su desarrollo adecuado. ‘Los niños y adolescentes guatemaltecos sobreviven en una situación de desigualdad y exclusión, que además los somete a violencia física y estructural’, opinó Rodenas.

Por aparte, agregó el director de la ODHAG, en su mayoría, esta población debe laborar para ayudar a sus familias, por la extrema pobreza en que viven y, es a partir de lo cual muchos de ellos,  son víctimas de explotación y de trata de personas.

Según la experta y representante adjunta de UNICEF en Guatemala, Mariko Kagoshima, ‘el trabajo es una de las principales barreras a la lactancia materna y contribuye a la decisión de las madres de abandonar esta práctica en un tiempo temprano’.

La UNICEF, informó sobre la existencia de estudios sobre lactancia materna, los cuales evidencian que,  intervenciones como la licencia de maternidad y el apoyo en el lugar de trabajo, aumentaron en más de un 30%  las tasas de lactancia materna.  Además la misma entidad argumenta que la pobreza es la principal causa de trabajo infantil y en otros estudios también indican que  existe un ciclo vicioso entre ambas problemáticas.  Pero se reconoce en todo análisis sobre el tema, que los niños involucrados en el trabajo infantil, realizan tareas ya sea para pagar sus estudios en escuelas u otro tipo de gastos o porque su familia necesita beneficiarse de lo remunerado por el menor.

El número de niños y jóvenes que se dedican al trabajo infantil ha ido en crecimiento, tanto en Guatemala como a nivel latinoamericano, según lo reflejan las informaciones proporcionadas por el sitio Notiamérica. En dicho portal, destaca que en Guatemala, hacia el 2016, había 850 mil menores  en labores remuneradas y el 70% de ellos, habitan en áreas rurales, y el 60% es indígena. El trabajo de estos menores se concentra en actividades agrícolas, ayudantes de buses o ventas informales.

EN LATINO AMÉRICA

Según la OIT, en México en el 2013, habían aproximadamente 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes ocupados en sectores agropecuario, comercial y de servicios, de los cuales el 46% de ellos no les remuneraban, según lo acordado por las personas que los contrataban. En Perú, el 70% de niños empleados,  comprenden las edades entre 5 a 17 años, quienes laboran en trabajos peligrosos, tales como los relacionados a la industria artesanal minera. Esta labor absorbe aproximadamente el trabajo de 500 mil niños y niñas, agrega la OIT.

En Colombia, se registran, 1 millón 91 mil menores de edad, sometidos al trabajo infantil, según registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta cantidad casi el 50% son niños sin remuneración y  285 mil son asalariados por realizar trabajos domésticos. 

CIFRAS A NIVEL MUNDIAL 

En todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica.

Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, o sea equivalente a 73 millones, están en situación de riesgo y peligro.

72 millones se concentran en África, 62 millones en Asia; 10.7 millones en toda América; 1.1 millones en los Estados árabes; y  5.5 millones en Europa y Asia Central.

Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

88 millones son varones y 64 millones son niñas.

El trabajo de menores, se concentra en actividades como la agricultura (71%), que incluye  la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura. 17%  trabajan en el sector de servicios y el 12% en el sector industrial, principalmente, la minería.

Fuente: Estimación mundial sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012-2016, Ginebra, septiembre de 2017. OIT

http://s21.gt/2018/01/03/trabajo-infantil-una-problematica-social/

Cacareo sindical

“Hacer ruido, rasgarse las vestiduras, en fin, como dijo Mario Roberto Morales “ser sindicalmente chilindrinicos” es lo que permite a estos señores y señoras mantener durante largos años los puestos en juntas directivas, consejos y comisiones institucionales.  Lo bueno es que ahora estos personajes son más sinceros: hacen todo el cacareo de supuesta protesta por la injusta medida, anuncian supuestas protestas -cuando desde hace años no se les ve afiliado alguno a sus organizaciones, o por lo menos relevante en un número digno- pero al final dejan bien claro: “no impugnaremos la decisión presidencial”.  Es decir, ofendidos pero jamás beligerantes, mejores soldados no hay.
Quiero dar un aporte “técnico” que le tal vez sea útil:
1. La imposición de la fórmula como eje central del sistema de fijación de salarios mínimos constituye un acto de anulación de la representación de los trabajadores.  Cuando el sector empleador afirma que la tasa es el resultado de la fórmula y que así está feliz -aunque preferirían que el resultado fuera “0” aumento-, lo que dice realmente es que el resultado es cómodo para sus intereses porque la propuesta de los trabajadores dejó de ser una variable reconocida en el sistema institucional de fijación del salario mínimo.  En la fórmula no está presente la libertad sindical, dejó de ser una variable, no entra en consideración “técnica” la opinión de los trabajadores con relación a su situación material de vida. Sin embargo, las variables que determinan la situación de los negocios empresariales, esas sí están consideradas en el “cálculo”.
2. Al utilizar únicamente esta fórmula como sistema de fijación de la tasa de salario mínimo, se comete un acto de reduccionismo del ejercicio del poder público en donde las variables macroeconómicas que la fórmula tiene previstas o que sí reconoce, en alguna medida transfiere los riesgos de los empresarios a la espalda de la clase trabajadora.
Cuando el gobierno explica que el resultado es un bajo reajuste salarial debido a que se ha producido, por ejemplo, una reducción en las exportaciones, entonces ahí el gobierno está transfiriendo los riesgos empresariales y políticos a los trabajadores. Todos sabemos que somos un país cuyo sistema económico es dependiente de la economía internacional, se basa en las actividades de exportación, pero esa situación ha sido una decisión sostenida por dos factores: a) los intereses de la oligarquía guatemalteca y capital transnacional, y b) las políticas económicas de gobiernos que responden a esos intereses.  Por lo tanto si la mano del mercado internacional castiga a la economía nacional entonces son esos dos sectores (gobierno y empresarios) los responsables y no la población trabajadora, ya que bien podríamos tener un sistema económico diferente si existiera realmente democracia y se priorizaran las actividades de fortalecimiento de la economía, bajo otro modelo productivo y no el exportador como principal. Entonces, según el principio del derecho laboral de “ausencia de riesgo” el gobierno no debería basar la decisión política, dentro del sistema de fijación del salario mínimo, únicamente en la fórmula, sino tendría que atender a dos cosas fundamentales:
a. Al carácter remunerador del salario mínimo, no sobre la base de un resultado matemático, sino sobre su finalidad que es la vida digna del trabajador según establecen las normas: artículo 103 del Código de Trabajo (CT), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador.
b. Debería prevalecer en la decisión política una explicación sobre el resultado de la consulta a los actores sociales, situación que anulan con la fórmula que sustituye a todo el sistema político que actualmente existe en las leyes para este asunto.  La fórmula no está en ley, la ley de competitividad como dijo alguien en los medios no es superior a las leyes que he citado en esta nota.
c. Cargar el análisis técnico a la Junta Monetaria y del IGSS, según establece el artículo 112 del CT. Ese es el sistema vigente, no lo es la fórmula de la OIT, y estas dos instituciones no solo hacen cálculos sino hacen un informe fundamentado en sus respectivas competencias. Con el simple uso de una fórmula se ha desinstitucionalizado todo esto y se degrada la legitimidad de la fijación de la tasa.  Por ejemplo habría que preguntarles a estas dos instituciones cual es el impacto de aplicar la fórmula y dar esa tasa de reajuste salarial, es decir, que diga el IGSS si con esa tasa de salario mínimo habrá mejor, igual o peor seguridad social para el 2018. Lo curioso de esto es que entre los sindicalistas que están protestando por la medida hay directivos titulares del IGSS y no solo no dicen nada sobre el papel del seguro social en la fijación del salario mínimo sino que además indican que no impugnarán la decisión presidencial. En pocas palabras, protestan pero al final están apoyando la medida.
Esos serían para mi los ejes de explicación técnica de porque el gobierno se ha equivocado fuertemente. Pero recuerde siempre que fueron los sindicalistas los que empezaron esto, quienes aceptaron por primera vez el uso de la fórmula.  Su protesta en diarios puede ser considerada como una pantomima más si al final el resultado es igual, es decir, terminan sirviendo de colchón de la revolcada que le dé el empresariado a los trabajadores.”
De una carta de Alejandro Argueta.

¿Gana el mínimo? para 2018 le tendrán que aumentar Q3.26 o 2.98 diarios

A tres días de que termine el año, el presidente Jimmy Morales, estableció los nuevos salarios mínimos para las actividades agrícolas, no agrícolas y de la actividad exportadora y de maquila, fijando en Q 90.16 diarios para las primeras dos y de Q 82.46 para la tercera, es decir Q3.26 y 2.98 más de lo instituido para este año.

Los nuevos salarios mínimos fueron publicados este viernes en el diario oficial en el Acuerdo Gubernativo 297-2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

171229 SALARIO MÍNIMO 2017

Para las actividades agrícolas y no agrícolas los Q 90.16 diarios, equivalen a Q 11.27 por hora, en jornada ordinaria diaria de trabajo o lo proporcional para la mixta o nocturna, lo que representa un salario mensual de Q 2 mil 742.36, más la bonificación de incentivo de Q 250.00, para un total de Q 2 mil 992.36.

Para la actividad exportadora y de maquila, los Q 82.46 diarios, equivalen a Q 10.30 por hora en jornada ordinaria diurna de trabajo, o lo proporcional para las jornadas mixta o nocturna. Esto representa un salario mensual de Q 2 mil 508.15 más Q250.00 de bonificación, para un total de Q 2 mil 758.15 al mes.

Según consigna la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), la decisión del mandatario se basó en análisis técnicos que le fueron proporcionados por el Mintrab después que la Comisión Nacional del Salario, conformada por las partes patronal y laboral, no alcanzó un acuerdo durante el proceso de discusión.

http://s21.gt/2017/12/29/gana-el-minimo-para-2018-le-tendran-que-aumentar-q3-26-o-2-98-diarios/

Sectores están en desacuerdo por aumento de salario mínimo para el 2018

El sector sindical señaló como insuficiente el aumento de salario mínimo decretado para el 2018 mientras que el sector empresarial refiere que no debió subir, aunque mencionan que la decisión fue mejor que en el 2016.

El salario mínimo se aumentó en 3.75%  para 2018, tanto para actividades en la ciudad, en el campo y maquilas, por decisión del presidente Jimmy Morales.

Representantes centrales sindicales del país calificaron como un miserable ajuste” que no responde a la realidad del país, el incremento de Q3.26 diarios para las actividades agrícolas y no agrícolas y de Q2.98 para la maquila y exportación  para 2018.

“Este incremento ni alcanza para la compra de una bolsa de mango verde”, dijo Adolfo Lacs Palomo de  la Federación Sindical de Empleados Bancarios y Seguros (Fesebs).

En tanto Antonio Malouf presidente del  Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) mencionó que la decisión del mandatario se basó  en lineamientos técnicos y no políticos como ocurrió en años anteriores.

Agregó que el sector recomendó que no se diera un ajuste para el próximo, como resultado de la desaceleración de la economía, la baja del tipo de cambio y otras variables, pero al final considera que el mandatario se basó en elementos técnicos.

Salario para el 2018

  • Pago diario Q90.16 para las actividades agrícolas y no agrícolas.
  • Estas tendrán un pago mensual de Q2 mil 992.36.
  • Para   maquila y exportación, quedo en Q82.46 el diario (Q10.36 la hora)
  • Y el mensual en Q2 mil 758.18.

Cambio a la canasta básica

Este año el gobierno por medio del Instituto Nacional de Estadística (INE) modificó los metodología para calcular la canasta básica alimentaria y mostró una baja respecto a meses anteriores.

Ese aspecto fue calificado por el dirigente sindical como una “argucia” que disminuyó  los valores.

Pero el sector empleador insiste que se trata también de una decisión técnica.

El  Ministerio de Trabajo, por medio de los viceministros, respalda la decisión del mandatario y anunció que se preparan los operativos con la Inspectoría General de Trabajo para que las empresas cumplan con el nuevo pliego salarial en enero y febrero.

http://www.prensalibre.com/economia/sectores-en-desacuerdo-por-aumento-de-salario-minimo-decretado-para-el-2018