Sigue discusión del salario diferenciado

Alcaldes y Ejecutivo han mantenido pláticas para retomar el tema de los salarios diferenciados, informaron distintas fuentes ayer.

POR GUILLERMO ISAÍ RAMÍREZ

29 de Marzo de 2016 a las 20:50h

Al ser consultado, el ministro de Economía, Rubén Morales, afirmó que se busca generar consensos y acuerdos mínimos, como un elemento de eficiencia económica de productividad y bienestar para los guatemaltecos y darle certeza a los salarios.

 

“Se pueden discutir de nuevo, porque los salarios diferenciados ya existen, no son una novedad, pero es uno de los temas a abordar como salarios territoriales o regionales”, indicó el ministro de Economía.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, detalló que los alcaldes continúan con el tema, por lo que se está haciendo un análisis.

Julio Girón, alcalde de Estanzuela, Zacapa, informó que aún no hay nada concreto debido a las limitantes que se han generado sobre los salarios diferenciados, pero sí hay conversaciones.

Morales también apuntó que la Ley de Conservación de Empleo está en la Presidencia, ya que se ha tomado tiempo para evaluarla y se espera una pronta resolución.

“Ya han calificado unas 30 empresas nuevas de call centers, y hay entre 250 a 270 negocios de vestuario que también son nuevos. El registro lo llevan el ministerio de Economía y la SAT”, concluyó Morales.

 

http://www.prensalibre.com/economia/sigue-discusion-del-salario-diferenciado

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Por qué rechazar la iniciativa 4849 del Congreso de la República

En forma concreta se pueden resaltar tres razones por las que no debe ser aprobada la iniciativa 4849 del Congreso de la República sobre erradicación del trabajo infantil en Guatemala:

 

  1. Se supone que el objetivo de la iniciativa es adecuar la legislación nacional con las norma internacionales de trabajo, pero desde el inicio esto se incumplió porque la recomendación 190 de OIT en el numeral I regula que los Programas de Acción que el Estado impulse para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil deben ser previamente objeto de un proceso de consulta. Esta iniciativa no fue consultada ni siquiera con la entidad rectora de la política nacional de erradicación del trabajo infantil que es la Comisión Nacional Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Adolescencia Trabajadora (CONAPETI), mucho menos con organizaciones de trabajadores, padres y niños como establece la recomendación (esta recomendación forma parte integrante del convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y si el convenio es prácticamente una ley nacional según el inciso t) del artículo 102 de la Constitución Política entonces las disposiciones de la recomendación también sería obligatorias para el Estado).

 

La pasividad de la CONAPETI y la tendencia a separarla del proceso de elaboración y aprobación de la iniciativa es algo muy grave porque la comisión es la entidad rectora de la política nacional de erradicación del trabajo infantil en el país.  En el párrafo 271 del informe de país sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado en marzo de 2016, se resalta la importancia de la CONAPETI.  Sin embargo muchos ignorar como se le ha dejado de lado en esta importante iniciativa de ley y se ignora también como el Organismo Ejecutivo, por lo menos dos ministros, han aceptado la propuesta de la Cámara Empresarial sin realizar consultas y estudios de valoración objetivos sobre su pertinencia.

 

Haber ignorado el contenido de las recomendaciones 146 y 190 de la OIT constituye un primer punto de crítica que evidencia la incoherencia de la iniciativa sobre erradicación del trabajo infantil.

 

  1. La esencia de la iniciativa se basa en prohibir el trabajo de los niños.  Hemos considerado que esto sería una política totalmente regresiva porque según la recomendación 190 de la OIT, nuevamente en la parte sobre Programa de Acción, se indica que luego de haber identificada las actividades en donde se encuentran las peores formas de trabajo infantil, acción que ya se ha realizado ampliamente en Guatemala, el siguiente paso debería ser la acción de prevenir o prohibir la contratación de niños en esa actividades.  Entonces la iniciativa es regresiva porque en lugar de prohibir que los empleadores permitan la contratación el empleo de niños se limita a prohibir la actividad económica de éstos con lo que el niño o sus padres, y no el empleador, serían los responsables de la violación de la ley. De ser aprobada así sería totalmente ineficaz porque la autoridad administrativa de trabajo no podría responsabilizar al empleador cuando contrate niños, por ejemplo, tal y como sucede actualmente en las plantaciones de café dedicadas a la exportación en donde ante estas situaciones los empleadores dicen a los inspectores de trabajo que ellos no son los responsables del trabajo de los niños porque los llevan sus padres a quienes la empresa les paga únicamente la mitad del salario mínimo por un día de trabajo y en muchos casos solo paga ese medio salario al hombre y no a la mujer ni a los niños que ayudan al padre a cumplir las esclavizantes metas de producción impuestas por el patrono.

 

El informe de la CIDH en el mismo párrafo citado anteriormente resalta como el Estado considera un logro el trabajo de Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), esta secretaría funciona principalmente sobre la base jurídica de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación del 2009.  En esa ley se reformó el Código Penal y se creó el artículo 156 “bis” que constituye una decisión de política criminal que establece  el delito de: Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad, en este delito se prohíbe o sanciona la contratación de niños y niñas en condiciones de trabajo infantil bajo las peores formas, no se prohíbe la actividad económica como pretende la iniciativa 4849.  En el Código Penal de Guatemala el empleador que realice una contratación bajo estas condiciones es culpable penalmente y puede ser condenado a cuatro años de prisión. Entonces una reforma al Código de Trabajo que no prohíba la contratación estaría siendo regresiva con relación a estos avances institucionales, en pocas palabras si la política criminal del Estado ya ha llegado a considerar como delito con pena prisión para el empleador cuando éste explote niños o niñas, entonces la política laboral no puede tener un nivel inferior exonerando de responsabilidad al empleador.

 

Finalmente en la parte en donde se prohíbe la actividad y no la contratación de niños se llega al extremo de confundir totalmente lo que es un trabajo y un crimen.  Por ejemplo indica la iniciativa que queda prohibido el trabajo de sicario a toda persona menor de 18 años asumiendo que después de esa edad podría ser un trabajo permitido.  En ese mismo sentido se regula el narcotráfico, la pornografía, la trata de personas, etc.

 

  1. La iniciativa también presenta una considerable debilidad al no haber tomado en cuenta el inciso b) del numeral 2 de la recomendación 146 de la OIT que establece que los programas de acción para la erradicación del trabajo infantil deben asegurar los niveles ingresos dignos de las familias para que éstas no tengan que recurrir a la actividad económica de los niños.  Tomando en cuenta la abundante evidencia de explotación de los adultos en diferentes sectores de la economía nacional, principalmente en el sector agrícola dedicado a la exportación en donde no se paga el salario mínimo a los adultos (párrafos 34, 88, 89 y 90 del informe de la CIDH), entonces la iniciativa debería de comprender garantías y mecanismos para sancionar a empleadores que establecen sistemas de trabajo en donde los adultos son explotados y obligados a incorporar a sus hijos y mujeres en las actividades laborales.

 

Sin garantías como estas la política y la ley de erradicación del trabajo infantil será un fracaso.  Esta valoración ha sido compartida por la mayoría de sectores sociales y no pocas instituciones, por ejemplo, las anteriores presidencias de las comisiones del Congreso de la República que se han mencionado en este análisis.

 

Alejandro Argueta

18 de marzo de 2016.

 

OIT aplaza para noviembre Comisión de Encuesta

El documento vuelve a reiterar que Guatemala debe tomar medidas inmediatas en cuestiones relacionadas con la libertad sindical.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió aplazar para el penúltimo mes del año la
decisión sobre abrir una Comisión de Encuesta a Guatemala por sus incumplimientos en materia
laboral. Esto ocurrió durante las reuniones del Consejo de Administración que se celebran estos
días en Ginebra, Suiza.
En la Propuesta de Decisión, la OIT insta de nuevo al Gobierno de Guatemala a que “tome de
manera inmediata” las medidas necesarias para que se cumplan las acciones adicionales y
urgentes que todavía quedan por cumplir. Además, pide a la Comunidad Internacional que faciliten
recursos a la Oficina de la OIT en Guatemala para que pueda fortalecer su apoyo a los mandantes
tripartitos a la hora de cumplir la Hoja de Ruta.
El documento trae como anexo una carta del presidente Jimmy Morales dirigida al director general
de la OIT Guy Ryder, donde expresa su intención de lograr “un futuro con trabajo decente,
prosperidad y progreso”.
Además, hace referencia a las manifestaciones que rechazaron la corrupción y que terminaron en
unas elecciones que dejaron un país más unido, según Morales. Al referirse a la queja, dijo estar
comprometido en cumplir con los compromisos e invitó a Ryder y a la directora del Departamento
de Normas Internacionales de Trabajo, Corinne Braga, a que visiten el país “para constatar los
avances”.
Oportunidad a nuevo gobierno
Para Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), esta decisión es la esperada.
Sobretodo, teniendo en cuenta la reciente entrada de un nuevo gobierno. Victoriano Zacarías, del
sector sindical, opina que esto es una componenda entre patronos y Gobierno, ya que se lleva
años pidiendo la Comisión de Encuesta.

Los puntos destacados que requieren acciones, según la OIT, son: Investigar, esclarecer y
condenar a los autores de los homicidios de sindicalistas; realizar estudios de riesgo para todos los
sindicalistas amenazados y asignarle medidas de protección; adoptar reformas legislativas, según
lo recomendado por la OIT o reanudar la campaña masiva de sensibilización y consolidar la
Comisión de Resolución de Conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva,
garantizándole recursos para funcionar.

 

http://elperiodico.com.gt/2016/03/16/economia/oit-aplaza-para-noviembre-comision-de-encuesta/

 

La pobreza aumenta en medio de un pulso por la ley de desarrollo rural

POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt

La iniciativa de ley de desarrollo rural integral se encuentra engavetada en el Congreso desde hace más de seis años, tiempo en el que ha dado un pulso entre grupos de campesinos organizados, que piden la aprobación de la normativa para democratizar el acceso a la tierra y sectores empresariales vinculados al agro, que se oponen al proyecto al considerar que amenaza sus intereses. El campo se encuentra dividido sobre este tema, mientras que la pobreza y el hambre asolan con dureza a la población rural.

Si bien la pobreza es un problema de todo país, el campo lo sufre con más severidad. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 (Encovi), en las áreas urbanas los pobres representan el 42.1 por ciento de la población, pero en las áreas rurales son la mayoría, el 76.1 por ciento.

Esta disparidad, nada nueva para los conocedores del desarrollo humano, llevó en 2009 al planteamiento de la ley de desarrollo rural integral, con el objetivo de garantizar el desarrollo humano de las poblaciones asentadas en el campo y con menos posibilidades de salir de la pobreza.

La iniciativa de ley ya pasó por las manos de cientos de diputados, integrantes de organizaciones campesinas, empresarios, funcionarios, académicos y expertos, pero no hay un consenso sobre cómo responder a la necesidad de la población rural.

Adrián Zapata, arquitecto de la política nacional de desarrollo rural, habló con La Hora acerca de la iniciativa de ley en una oficina en la Ciudad de Guatemala, aunque el académico conoce de muy cerca la realidad del campo y de los campesinos, y por eso insiste en que la normativa se debe aprobar.

En primera instancia, Zapata resume el proyecto de ley en cinco elementos. El primero define que el desarrollo rural se mide con la calidad de vida de las personas de quienes habitan en territorios rurales, y no en la cantidad de carreteras o la situación de las fincas.

El segundo, es el Estado, porque es el que tiene la responsabilidad de enfrentar la falta de desarrollo rural. La política y la iniciativa de ley de desarrollo rural establecen que hay que enfrentar la problemática de pobreza y exclusión social de manera multi e intersectorial, lo que significa que el Estado debe responder con educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria, política económica y social; se establece la creación de un Ministerio de Desarrollo Social.

Lo tercero que establece es el enfoque territorial, es decir, que tiene que partir de las condiciones concretas que existen en los territorios porque no todos son iguales y cada quien tiene su realidad territorial.

El cuarto, por otra parte, dice que los pobres y excluidos son los sujetos priorizados; y, el quinto, define la política, es decir, la que le da el papel de promotor al Estado.

POLÉMICA: DEMOCRATIZAR NO ES PRIVATIZAR

Zapata explica que la iniciativa de ley se encuentra estancada debido a que grupos empresariales se encuentran en oposición, pues “les da terror la política agraria que incluye el Artículo 10 donde se indica de democratizar el régimen de tenencia de la tierra”.

En palabras del académico, la preocupación de los empresarios es que el artículo “abra la puerta para burlar la propiedad privada en el agro, pero los empresarios no leen el numeral completo, porque al final de ese texto dice: en el marco constitucional, legal, de los acuerdos, convenios y suscritos vigentes”.

Según Zapata, con “democratizar” se refiere promover que los campesinos tengan acceso a la tierra, en otras palabras, impulsar una política agraria que ayude a la mayor cantidad de campesinos que necesiten tierra.

“Hay que buscar mecanismos a través de los cuales los campesinos accedan a la tierra, pero no violando las leyes del país que protegen la propiedad privada”, puntualizó el experto.

Textualmente el Artículo 10 señala: “La Política Agraria reformará y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, desincentivando su concentración mediante la dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra, e incentivando el área destinada a la producción de alimentos, para el desarrollo del sujeto de la presente Ley en los términos que establecen la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y Convenios Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala”.

Además, indica: “Las principales líneas estratégicas de esta Política serán: acceso a tierra; regularización de la tenencia y propiedad de la tierra; atención a la conflictividad agraria y ambiental, y la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos financieros, y la dinamización de las economías campesinas mediante mecanismos financieros, de aseguramiento y garantía, que permitan generar en forma sostenible capacidad productiva y técnica e ingresos rurales para el desarrollo social y económico de las familias beneficiarias; y el fomento de intervenciones que generan capacidades productivas que contribuyan a la solución de la deuda agraria. Esta política será complementada con las disposiciones legales que sobre la materia del derecho sustantivo y procesal agrario, promulgue el Congreso de la República”.

LA VIDA EN EL CAMPO

Angelino Flores es un campesino de El Pajonal, una comunidad de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, en el oriente del país, donde la producción de maíz se reduce cada vez más por causa de las condiciones climáticas y la falta de oportunidades de conseguir parcelas.

Flores explica que tuvo que adquirir un préstamo para arrendar tierras, comprar semillas e instrumentos de labranza, pero la cosecha no resultó como esperaba por la escasez de lluvias en el último año, dejándole prácticamente en la quiebra.

Los apoyos de las municipalidades para la agricultura son mínimos, por no decir nulos, y por eso los campesinos creen que los gobiernos locales y el Ejecutivo le están dando la espalda a uno de los sectores más desprotegidos del país.

“No tenemos otra cosa que hacer para ganarnos la vida más que sembrar y cosechar. Eso es lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros papás, pero la situación está muy dura ahora y nosotros no tenemos cómo sobrevivir”, explica Angelino, al lado de otros campesinos que corrieron con la misma suerte.

Miles de campesinos como Angelino no han leído la iniciativa de ley de desarrollo rural, pero entienden y viven el problema de la falta de oportunidades en el campo, que se traduce en pobreza y miseria.

UNA VISIÓN EMPRESARIAL

Carla Caballeros, secretaria ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), dijo que ese sector expuso desde 2009 su postura sobre este tema, y dejó claro en el Congreso que la iniciativa no responde a los objetivos para los que fue planteada.

“Creemos que esa iniciativa realmente no responde ni a su título. No es una iniciativa que provea desarrollo rural. Nosotros creemos que debería impulsar una serie de acciones que tengan como propósito promover desarrollo en las áreas rurales”, afirmó Caballeros.

“El desarrollo no se promueve creando nuevos ministerios”, aseguró Caballeros, en referencia a la propuesta de creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, y añadió que la solución para el campo no consiste en duplicar funciones de las instituciones y leyes que “ya existen”.

A criterio de Caballeros, para combatir la pobreza rural se deben ejecutar con transparencia los programas sociales que ya existen y se ejecutan desde el Organismo Ejecutivo, para que los beneficios lleguen a los más necesitados.

El combate a la pobreza rural, para la entrevistada, radica entonces en el cumplimiento de las leyes que ya existen, especialmente en que los programas deben funcionar libres de corrupción, por lo que requieren una “revisión de calidad de gasto”.

“Hay una serie de programas en el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, que también están dirigidos a grupos vulnerables”, indicó.

La solución es verificar que la ayuda llegue a quien de verdad lo necesita, dijo Caballeros, porque hay casos de personas afiliadas a partidos políticos que se benefician de la asistencia para los pobres.

Mientras Nills Leporowsky, presidente de Camagro, afirmó que están conscientes que es necesaria una ley de desarrollo rural, pero no están de acuerdo en la forma en que se plantea la normativa, pues la misma tiene un elevado costo para el Estado, contemplando la creación de un ministerio.

“Nosotros creemos que la única forma de llegar a tener un desarrollo rural es mediante inversión. Es importante que las empresas vengan a invertir, que se creen empresas y empleos dignos con el tiempo y no mediante una ley que lejos de buscar ese desarrollo solo venga a crear más burocracia”, explicó.

A su criterio está normativa más bien ahuyenta la inversión, y de aprobarse habría más pobreza de la que se tiene, y acotó que “no existe otra forma en cualquier parte del mundo -de contrarrestar la pobreza-, sino es mediante la creación de empleo”.

Respecto a los salarios diferenciados comentó que “son una idea que se va a poner en prueba porque no lo tenemos todavía, para ver si así se logran mejores niveles de inversión en ciertos municipios del país, es una idea que salió hay que ver si funciona”.

El objeto de los salarios diferenciados, comentó Leporowsky, es llamar a mayores inversiones en el país, porque con ello vendrían mayores empresas, sin embargo los mismos fueron derogados porque no son acordes a los principios, derechos y garantías sociales que la Constitución garantiza.

UN PROBLEMA A FUTURO

En la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, ya el 51 por ciento de la población guatemalteca vivía en pobreza; de esa cifra el 35.8 por ciento correspondía a pobres y el 15.2 por ciento a pobres extremos, sin embargo ocho años más tarde la proporción de pobreza aumentó hasta llegar a un 59.3 por ciento, según el estudio realizado en 2014.

La última encuesta reveló que 9.37 millones de personas, bajo proyecciones de población de 2014, vive por debajo de la línea de pobreza, mientras del 15.2 por ciento de pobreza extrema se pasó a un 23.4 por ciento, lo que significó un aumento de 8.1 puntos porcentuales.

El estudio realizado en 2014, por otro lado demostró que la incidencia de pobreza entre la población indígena es del 79.2 por ciento, y eso equivale a 1.7 veces más que la población considerada no indígena.

Los departamentos que registraron una mayor concentración de pobreza son Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán, en niveles desde un 83.1 por ciento hasta un 77.5 por ciento; las tres locaciones son principalmente rurales.

Irma Gutiérrez, vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, dijo que esta ley es importante porque reconoce a las comunidades, sus necesidades y establece soluciones. “La ley de desarrollo rural parte de como nosotros, como pueblo, logremos el acceso a la tierra y el agua; nosotros consideramos que debería ser oportuno para que se haga la aprobación de esta ley”, afirmó.

Lo que sucede, a su parecer, es que en los diálogos legislativos y empresariales no se toma en cuenta a los pueblos indígenas. “Realmente nosotros como pueblo estamos marginados”, dijo la comunitaria y recalcó que la aprobación de la normativa iría en beneficio de las comunidades.

De no aprobarse la normativa, Gutiérrez afirmó que se estaría ignorando la debilidad del Estado para hacer frente a un problema histórico, pues hay muchas personas que no cuentan con tierras para sembrar y garantizar su sobrevivencia.

En el interior existen problemas integrales, pero no hay soluciones integrales, menciona Gutiérrez.

Para Mario Itzep, del Observatorio Indígena, existe un incoherente sistema de acceso a las tierras, por lo que cada vez hay menos campesinos con posibilidades de acceder a los medios de producción para subsistir.

“Hay que recordarle a los diputados que tienen una deuda política con los guatemaltecos y especialmente en el área rural; en la campaña electoral buscan el voto pero en el Congreso de la República le dan la espalda a la población”, aseveró.

Al igual que la vicepresidenta de los 48 cantones de Totonicapán, Itzep sostiene que la normativa se debe aprobar porque va en beneficio de las áreas rurales, y que la oposición del sector privado radica en el “miedo a perder las tierras que tienen”.

La pobreza disminuiría a su parecer, porque existirían mejores condiciones de salud y educación, por lo que los opositores deberían buscar no el bien propio sino anteponer el bienestar de todos, y de no aprobarse la ley, existiría mayor conflictividad social, más pobreza.

Zapata, por su lado, insiste en que la iniciativa de ley de desarrollo rural no tiene relación con una reforma agraria, como la que se intentó en 1944.

“El tiempo ha cambiado y el mundo es otro al de aquella época. Yo no creo que la reforma agraria sea el camino para desarrollar el país, porque la tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra, o sea hay que afectar la estructura de tenencia de la tierra para que haya desarrollo”, indicó.

“No basta resolver la problemática agraria para que haya desarrollo. Esta ya no se resolverá mediante una reforma agriaría y fiscalizadora, porque ya no hay condiciones y no corresponde con la realidad contemporánea y del mundo. Sin embargo, hay otros instrumentos para ello, como la iniciativa 4084”, puntualizó el académico.

En cifras

9.37 millones de personas viven en condición de pobreza.
51.2% de personas vivían en situación de pobreza en 2006.
83.1% de las personas en Alta Verapaz son pobres.
8 puntos porcentuales aumentó la pobreza extrema de 2006 a 2014.
53.6% de la pobreza extrema se concentra en Alta Verapaz.

“Les da terror la política agraria que incluye el artículo 10 donde se habla de democratizar el régimen de tenencia de la tierra”.
ADRIÁN ZAPATA

“Realmente nosotros como pueblo estamos marginados”.
IRMA GUTIÉRREZ -VICEPRESIDENTA 48 CANTONES DE TOTONICAPÁN-

“Creemos que esa iniciativa realmente no responde ni a su título. No es una iniciativa que provea desarrollo rural. Nosotros creemos que debería impulsar una serie de acciones que tengan como propósito promover desarrollo en las áreas rurales”.
CARLA CABALLEROS -CAMAGRO-

“Nosotros creemos que la única forma de llegar a tener un desarrollo rural es mediante inversión. Es importante que las empresas vengan a invertir, que se creen empresas y empleos dignos con el tiempo y no mediante una ley que lejos de buscar ese desarrollo solo venga a crear más burocracia”.
NILLS LEPOROWSKY -CAMAGRO-

 

http://lahora.gt/la-pobreza-aumenta-en-medio-de-un-pulso-por-la-ley-de-desarrollo-rural/

La batalla por los pactos colectivos llega hoy a la reunión de la OIT

Sindicalistas denuncian campaña contra la negociación colectiva, un derecho establecido
en la Constitución.

 

La discusión sobre los pactos colectivos en el país llegó a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la reunión de
Consejo de Administración que inicia hoy en Ginebra, Suiza,
en donde se discutirá si se abre una Comisión de Encuesta a
Guatemala.
En un documento donde Gobierno, sector empleador y
trabajador dan sus argumentos sobre los avances en la hoja
de ruta marcada, las organizaciones sindicales denuncian una
campaña contra los pactos colectivos impulsada por varios
sectores como el Estado, los empresarios y los medios de
comunicación, así como ONG proempresariales.
Según los argumentos, se presentan “los pactos colectivos firmados en el sector público como
causantes del déficit estatal, la corrupción y la ineficiencia de los servicios públicos”.
Victoriano Zacarías, de la Central General de Trabajadores (CGTG), comentó que lo expresado
fue una reacción a una campaña orquestada por los patronos que son los que rigen las políticas
del Estado. Y esa criminalización es una manera de justificar el proyecto neoliberal, que busca
recortar cada vez más los derechos de los trabajadores a costa de generar más ingresos.
Las declaraciones de los sindicatos las rechaza el sector empresarial. “No hay ninguna campaña
contra algo que es de uso legítimo para los trabajadores, como la negociación colectiva”, afirma
Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Ricci argumenta que se está utilizando en contra la denuncia que se hizo contra el pacto de salud y
sus excesos para generalizar sobre el tema. Asegurar que están contra la negociación colectiva
“es un derecho reconocido en la Constitución”, agrega.
Abusos que hay que corregir

colectivos, pero no por eso se puede pedir que ese derecho reconocido por la propia Constitución
desaparezca.
“El problema es que el Estado ha demostrado su debilidad y complicidad a través de abusos de los
funcionarios que han dado privilegios más allá de lo que es razonable. La denuncia debe ir hacia la
negociación de un nuevo pacto donde se supriman claúsulas abusivas o irracionales, pero no se
debe criminalizar. Además de pedir responsabilidades a esos funcionarios que actuaron mal”.
En este sentido, Zacarías dijo que los pactos vigentes fueron negociados con representantes del
Gobierno. Fueron revisados y dictaminados favorablemente por el Ministerio de Trabajo, por lo que
no hay ninguna violación como quieren hacer ver ahora.
Nueva mancha laboral
Hasta el momento, la sombra de la comisión de encuesta era por cuestiones relacionadas con las
prácticas antisindicales, la violencia hacia estos líderes y la dificultad de los trabajadores para
sindicalizarse. Esto, en opinión de Luis Linares, puede ser una “mancha más” para que la OIT
tome su decisión. Este proceso comenzó en 2012, cuando delegados sindicales presentaron una
queja por el incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio 87, que hace referencia a la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.

http://elperiodico.com.gt/2016/03/10/economia/la-batalla-por-los-pactos-colectivos-llega-hoy-a-la-reunion-de-la-oit/

 

¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina?

América Latina no es la región más pobre del planeta, pero compite con África por el título de la más desigual.

La base de datos del Banco Mundial, actualizada el pasado diciembre, muestra que los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos.

Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras (6), Colombia (7),Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14).

El Banco Mundial utilizó el coeficiente Gini para medir la desigualdad en base a dos variables absolutas: el cero (todos tienen el mismo ingreso o perfecta igualdad) y el 1 (una persona concentra todo el ingreso y el resto no tiene nada o desigualdad absoluta).

Una de las sorpresas es que países de ingreso mediano bajo, normalmente identificados como pobres (Honduras, Guatemala), tienen prácticamente el mismo nivel de desigualdad que otros de ingresos medio-altos o altos (Chile).

Un hombre que vive de recoger basura carga una bolsa con comida.Image copyrightGetty
Image captionAlgunos países suman a la pobreza los problemas de la desigualdad.

El economista de la Universidad de Quilmes y de AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina) Germán Herrera Bartis señala que es necesario distinguir entre pobreza y desigualdad en este grupo heterogéneo.

“La pobreza se vincula con el ingreso medio de una sociedad. La desigualdad con la distribución. No hay una relación lineal entre ambos. Por eso se puede tener países pobres muy desiguales, pero también países de ingresos medianos o de altos ingresos, como Brasil o Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad”, indicó a BBC Mundo.

  • Honduras

Según el Banco Mundial, Honduras tiene un 64,5% de la población en situación de pobreza y un 42.6% en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día).

En términos del coeficiente Gini, la desigualdad es del 53,7.

“Este coeficiente hay que ubicarlo en la serie de países para darse una idea. El país más igualitario, Noruega, tiene un índice de 25,9 y el más desigual, Sudáfrica, un 63,4”, indicó a BBC Mundo Herrera Bartis.

El Banco Mundial comparó ingresos, pero una desigualdad similar se percibe en términos de acceso a la salud o a la educación.

En el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas que mide conjuntamente ingreso, expectativa de vida y de educación de un país, Honduras pierde siete puntos cuando se pondera el impacto de la desigualdad en las mediciones.

Los seis países más desiguales de América Latina

Medición según el coeficiente de Gini

  • 53,7 Honduras
  • 53,5 Colombia
  • 52,9 Brasil
  • 52,4 Guatemala
  • 51,7 Panamá
  • 50,5 Chile

La disparidad es tal que los niños más pobres solo acceden a cuatro años promedio de educación mientras que los más ricos tienen 10 años y más, cifras que se profundizan cuando se compara la desigualdad en zonas rurales y urbanas.

  • Guatemala

El otro país con ingreso mediano bajo es Guatemala, noveno a nivel mundial y cuarto en la región.

Según el Banco Mundial, Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del 5% a principios de este siglo, pero para 2011 los índices volvieron a subir hasta llegar al 53,7% con una situación particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde ocho de cada 10 personas son pobres.

Esta situación no se puede achacar a la falta de crecimiento.

Con el paréntesis del estallido financiero 2008-2009, Guatemala aumentó su Producto Interno Bruto (PIB) más de un 3% anual en lo que va del siglo.

A pesar de esto la desigualdad sigue siendo una de las más elevadas de la región: el 52,4%, apenas unos puntos por detrás de Honduras.

Dos campesinas cargan dos sacos.Image copyrightGetty
Image captionLas disparidades aumentan cuando se compara a los habitantes de las zonas rurales con los que viven en las ciudades.

Según el Banco Mundial uno de los problemas más graves es la escasa recaudación fiscal, “el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía”.

“Hay un círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Una sociedad de bajos ingresos, de baja recaudación y muy desigual no genera el nivel de demanda que se requiere para atraer inversiones que hagan crecer la economía”, señala Herrea Bartis.

  • Colombia

Entre los países latinoamericanos de ingresos medio y altos, Colombia se encuentra en primer lugar en niveles de desigualdad, apenas por debajo de Honduras, a pesar de que, en términos de PIB, los colombianos están 74 puestos por encima de los hondureños.

En Colombia el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más pobre.

A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en adelante, la desigualdad se mantiene constante.

En el índice de desarrollo humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez que se lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos salarios.

Las señales de desigualdad se extienden por todo el tejido económico-social.

Dos mujeres cargan botes con agua en Colombia.Image copyrightGetty
Image captionLa desigualdad se acrecienta en muchos casos al tomar en cuenta el acceso a los servicios más básicos.

Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en manos de 13,7% de los propietarios.

Aplicando el coeficiente Gini a la distribución de la tierra, esta proporción da uno de los índices más altos de desigualdad: un 0,86.

  • Brasil

Octavo a nivel mundial, tercero en la región, la mayor economía de América Latina, Brasil es uno de los casos más flagrantes de convivencia entre una reducción de la pobreza y un aumento de la desigualdad.

Si en 2006 el 5% más rico acaparaba el 40% del ingreso total, en 2012 había aumentado esta participación hasta llegar al 44% a pesar de las políticas sociales del gobierno y el impacto del plan Fome Cero (Hambre Cero) que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.

Esta desigualdad sería más abismal aún si se contara toda la riqueza no declarada en un país que tiene una evasión fiscal del 13,4% y una economía en la sombra del 39%.

Mucho más difícil de ocultar, es la disparidad de acceso a salud y educación, algo que se visibilizó a nivel global en las protestas que precedieron a la Copa del Mundo 2014.

No sorprende que, una vez que se incorpora la desigualdad a la evaluación de sus indicadores de ingreso, salud y educación, Brasil registre una caída de 20 puntos en términos de Desarrollo Humano de la ONU.

Manifestante en Brasil en contra del Mundial de Fútbol.Image copyrightGetty
Image captionEn Brasil, hubo protestas en contra del Mundial de Fútbol debido a las dificultades económicas que vive una parte de la sociedad.

Si se toma en cuenta que el año pasado el PIB se desplomó en un 3,8%, la situación no luce promisoria.

“Los procesos económicos contractivos acompañados de ajuste fiscal golpean a los que menos tienen y, por lo general, aumentan tanto la pobreza como la desigualdad”, indicó Herrera Bartis.

  • Panamá

En términos de caída o desaceleración económica Panamá es una de las excepciones de la región.

Con un crecimiento promedio del 7% en los últimos 10 años, no se vio afectada por la caída de los precios de las materias primas: su PIB aumentó más del 6% en 2015.

Pero una cosa es la vida en esa opulenta “Little Manhattan” que puede ser la Ciudad de Panamá y otra la de las barriadas o el interior del país.

Los ingresos reflejan el abismo que separa a los rascacielos y las casas de precarios techos de chapa: el coeficiente Gini alcanza el 51,7.

Pero no son el único factor.

Desigualdad en Panamá.Image copyrightGetty
Image captionPese al crecimiento económico de la última década, en Panamá son visibles las desigualdades.

Un 25% de la población panameña no tiene servicios sanitarios, un 5% no tiene agua potable, un 11% sufre de desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos de tierra.

En el índice de desarrollo humano de la ONU Panamá pierde 20 puntos cuando se incluye el impacto de la desigualdad en la medición.

  • Chile

Es la economía regional que más ha crecido desde los años 80 y suele ser encomiada como modelo virtuoso para el resto de la región.

Sin embargo, el informe de 2015 de la OCDE, que agrupa a 34 naciones de altos ingresos, subraya los niveles de desigualdad en la sociedad chilena.

Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redunda en una muy desigual distribución salarial”, señala el informe.

En efecto, el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre.

Así, en la medición de desigualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el decimocuarto lugar a nivel mundial y en el sexto de las economías de la región.

Debido a la limitada intervención estatal, la situación empeora cuando se considera también el acceso a la salud y la educación.

Un hombre protesta en Chile.Image copyrightGetty
Image captionPese a ser un país de ingresos altos, la desigualdad persiste en Chile.

En el índice de Desarrollo Humano de la ONU, Chile pierde 13 puntos una vez que se suma la desigualdad conjunta de ingresos, acceso a salud y educación.

Sin embargo, Herrera Bartis señala dos reformas que están mejorando la situación.

“En la primera presidencia de Bachelet se introdujo la jubilación solidaria para los que no habían contribuido lo suficiente para una pensión. En su actual mandato, es la ley de inclusión escolar por la que se busca avanzar progresivamente hacia una mayor gratuidad del sistema. Pero la foto de Chile es de una economía profundamente desigual”, señaló a BBC Mundo Herrera Bartis.

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab?ocid=socialflow_facebook

Pese a avances en el nivel educacional de las mujeres, persiste brecha salarial de género en la región

 

http://www.cepal.org/es/comunicados/pese-avances-nivel-educacional-mujeres-persiste-brecha-salarial-genero-la-region