Los derechos laborales son Derechos humanos (video)

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Share of informal employment in countries of the world (gráfico)

Share of informal employment in countries of the world [6460×3610]

“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”(video)

“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”, por Marta Flich

¡Hola amigos! En el siguiente videotutorial Marta Flich presenta las claves para identificar un mercado laboral… de mierda. Todo se resume en esta frase: “Antes tenías derecho al trabajo, y ahora un trabajo sin derechos”.

https://www.huffingtonpost.es/2018/05/10/tutorial-para-identificar-un-mercado-laboral-precario-por-marta-flich_a_23431023/

La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

Las mujeres organizadas de la maquila

Carmen Quintela Babio

Francisca Alvarado Chij rebusca entre las gavetas de su pequeño cuarto. Entre retazos de tela y algunas hojas, encuentra una carpeta plástica. “Aquí tiene que estar”, sonríe. La humilde habitación, impoluta, y el olor a perfume que impregna cada esquina, son muestra del orden con el que Francisca cuida las pocas cosas que tanto esfuerzo le ha costado juntar.

Abre la carpeta con cuidado, y camuflado entre algunos papeles aparece un álbum de fotos, resguardado de la humedad. “Sí, aquí está”, confirma. La mujer saca una fotografía antigua, de hace unos 20 años, dice. En ella aparece una dedicada y joven Francisca, al inicio de una línea de producción de una maquila en la que trabajó tiempo atrás.

La historia de Francisca es una historia de constancia, de resistencia. Su memoria parece uno de esos álbumes de fotos que guarda con meticulosidad. Nació hace 47 años en Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez, y cuando apenas levantaba un palmo del suelo, su familia migró a Petén. Con 13 años, a inicios de los 80, una Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) mató a su padre. “Mi papá no era guerrillero”, cuenta sin poder aguantar las lágrimas, golpeada por el recuerdo.

Simone Dalmasso

Comenzó a trabajar muy niña, a los siete. Primero vendiendo comida en los buses.Cuidando niños, fabricando zapatos, y sirviendo comida en un restaurante después. A los 16 se fue a vivir con el padre de sus hijos. A los 22 llegó el primer trabajo en una maquila. Y a los 36, empezó a trabajar como operaria en Koa Modas, S.A., una fábrica de capital coreano ubicada en la zona 7 de Mixco. Su pareja y los golpes que le propinaba se quedaron en el camino.

Francisca, al igual que sus compañeras, gana el salario mínimo estipulado para las maquiladoras por el Ministerio de Trabajo. Q.2,758.16 al mes, más de Q200 menos que el sueldo mínimo general.

Con esta cantidad, las trabajadoras de Koa Modas apenas pueden permitirse alquilar un pequeño espacio que en ocasiones no supera dos metros de ancho por tres de largo. Algunas mujeres logran rentar un espacio mayor con apoyo de sus parejas, pero la mayoría están solas a cargo de varios hijos y deben hacer números para llegar a fin de mes.

Es el caso de Zaily Janeth Mejilla, que vive con dos de sus hijos en la colonia Berlín, en la zona 10 de Mixco. Los tres comparten un cuarto ocupado casi en su totalidad por una litera. La habitación se encuentra en la parte trasera de una imprenta. Las paredes, de madera, están roídas por las ratas que se pasean con la libertad que les proporciona la penumbra del lugar. La parte superior del cuarto está forrada con cartón, que se empapa y se hincha con la fuerte lluvia que cae afuera. “Pago Q200, una parte del alquiler —cuenta—. Mis papás me ayudan con el resto. No es lo mismo que pasan otras compañeras”.

Otras mujeres están completamente solas. Dejaron sus municipios de origen y migraron a la capital, con la propuesta de un trabajo fijo y la promesa de enviar un porcentaje del sueldo para mantener a sus familias.

Muchas optan por alquilar pequeños cuartos en las calles aledañas a la fábrica: unos espacios angostos, con una puerta, y, con suerte, una ventana que da a un patio común. Josefa Poncio López es una de ellas. Llegó de Santa Cruz del Quiché hace 17 años, cuando comenzó su trabajo en una maquila de la zona 3 de Mixco. Hace 11 años empezó a trabajar en Koa Modas. Paga Q350 al mes por el lugar que renta, una habitación dentro de un terreno en el que viven otras mujeres y hombres, la mayoría trabajadores de la fábrica. Su hija, de nueve años, y su padre viven en Santa Cruz.

Los alquileres aumentan conforme el lugar queda más próximo a la maquila. Magdalena Marcos Raymundo llegó de Nebaj, Quiché, hace 20 años. La humedad que impregna su cuarto se cuela por las fosas nasales y humedece el pelo de Magdalena que, cohibida, muestra el humilde espacio que comparte con dos de sus hijos pequeños. Dos camas imperiales, una estufa de gas oxidada y un armario de madera. Q525 al mes.

Francisca, Zaily, Josefa y Magdalena narran la misma realidad. La vida en la maquila no es fácil, aseguran. Largas jornadas de trabajo, horas extra no pagadas y un problema que afecta a una buena parte de las trabajadoras: el impago de las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de la empresa.

Hace unos años, decidieron organizarse para tratar de detener estos abusos.

La organización

Sentada en la silla frente a su vieja máquina de coser, con la que de vez en cuando hace algunos encargos, Francisca narra los abusos verbales y físicos, el acoso sexual y las amenazas directas que se daban —y se siguen dando— día sí día también por parte de los superiores y del jefe de personal de Koa Modas, S.A. Cuando se enfrentaba con sus supervisores, al principio, Francisca lloraba. Le temblaba el labio inferior, las piernas, y un sudor frío recorría su espalda cada vez que levantaba la voz. Pero la unión con varias compañeras y compañeros la fortaleció. En 2011 decidieron, al fin, sindicalizarse. Nacía el Sindicato de Trabajadores de la empresa Koa Modas, “Sitrakoamodassa”.

La sindicalización en Guatemala puede llegar a ser un desafío, por desconocimiento y reticencia de los empleados. En el sector de maquila todavía más complicado. Las trabajadoras consultadas hablan de acoso, hostigación y amenazas en los inicios de la organización.

El Ministerio de Trabajo ha registrado la creación de 47 sindicatos de maquilas entre 2012 y 2017. Sin embargo, Francisco Sandoval, viceministro de administración del trabajo, hace hincapié en que la organización no tiene la obligación de anunciar a la cartera si se da de baja o sigue vigente. Por ello, desconocen el número real de agrupaciones activas.

En la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), donde dan seguimiento a este tipo de informaciones, Lidia Cardona, secretaria ejecutiva encargada de actas del Sitrakoamodassa, cuenta que a la fecha únicamente hay tres sindicatos de maquila operando en Guatemala.

Simone Dalmasso

La organización a la que pertenece Cardona cuenta con 175 afiliados. Unos 50, explica, son hombres. El resto mujeres. A pesar de la gran cantidad de trabajadoras, los consejos directivo y consultivo del sindicato están integrados únicamente por tres empleadas, de un total de 12 cargos. “Es por el mismo machismo que hay en la maquila —explica—. Piensan que es mejor un hombre en un puesto de liderazgo que una mujer, para negociar. Y hasta cierto punto, puede ser cierto. Una compañera que antes integraba la directiva llegó a ser agredida por uno de los jefes de la empresa”.

Cardona explica que la creación del sindicato supuso mejoras, pero remarca que los miembros de la agrupación han sido los únicos beneficiados. Un porcentaje reducido, tomando en cuenta que la maquila cuenta con 1,180 trabajadores.

“Las violaciones, el acoso sexual y laboral siguen dándose, pero sobre todo con gente que no está en el sindicato. Esto también hizo que aumentara el número de afiliados”, cuenta Cardona. “Muchas mujeres son acosadas por los supervisores. La mayoría son madres solteras a las que los jefes les dicen que si quieren seguir en el puesto, tienen que salir con ellos”, continúa.

La Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (Coverco) es una entidad privada que lleva 20 años documentando las violaciones de derechos humanos y laborales en maquilas. Homero Fuentes, su director, remarca que en la sindicalización “se ve reflejada toda la cultura de terror que hemos vivido en este país. Cuando violan a una secretaria general de un sindicato, cuando le echan gasolina a una trabajadora, ¿quién más quiere afiliarse ahí? El mensaje está dado”.

Según Sandoval, cuando reciben denuncias de este tipo de abusos y amenazas, el Ministerio de Trabajo investiga si la queja tiene fundamento. “Si se constata este extremo, se fija una prevención a la parte empleadora para que cese con cualquier tipo de discriminación o amenaza. En caso de que incumpla, se pone una sanción y obviamente también la organización sindical o la persona puede además poner la denuncia en el Organismo Judicial a través de un incidente de represalias”, completa.

El despido

Sitrakoamodassa no fue la excepción. En 2013, dos años después de su creación, las 46 trabajadoras y trabajadores que integraban el sindicato fueron despedidos. Los empleados denunciaron a la empresa y un juez ordenó su reinstalación inmediata. Sin embargo, esto no sucedió. La empresa presentó varios recursos legales y retrasó la reinstalación durante dos años, hasta que finalmente fueron colocados de nuevo en sus puestos de trabajo.

El juzgado ordenó el pago de los salarios dejados de cobrar por los empleados despedidos y, según Cardona, de la directiva de Sitrakoamodassa, la empresa se comprometió a ir abonando el dinero en cuotas, ya que, aseguraba, no contaba con la disponibilidad para pagar los más de Q125 mil. Sin embargo, a la fecha esto no sucedió, denuncia la trabajadora.

Gregoria Chacach, tiene 49 años. Llegó hace 25 de San José Poaquil, en Chimaltenango, “por pobreza”, dice. Vive en un cuarto con techo de lámina, donde se respira un calor pegajoso, a pesar del fresco de la tarde. Cuenta la historia del despido y la reinstalación con una precisión asombrosa. “Había mucho maltrato, por eso decidimos armar el sindicato, el 18 de diciembre de 2011. El 28 de junio de 2013 nos echaron a la calle”. Gregoria asegura que ese día llegaron a la fábrica y se encontraron con la puerta cerrada. “Ustedes no entran”, dijo el guardia de seguridad.  “Nos reunimos con la inspección de trabajo, la PDH (Oficina del Procurador de Derechos Humanos), la defensora de la mujer… —continúa—. Se ganó una reinstalación en 24 horas, pero la empresa no la llevo a cabo. Pasaron cinco años hasta el 18 de mayo de 2015”.

Simone Dalmasso

En su cuarto, Florinda Ismalej Jerónimo guarda una copia de la orden de reinstalación laboral que el juzgado de paz de Mixco emitió hace tres años. Florinda lleva 17 años trabajando en el sector maquilador. Siete de ellos, en Koa Modas. Recuerda con tono enérgico, mientras revisa los papeles, que, a pesar de ser reubicadas en la empresa, las empleadas continúan peleando por recibir los salarios. Son más de Q63 mil por persona.

Esta, junto con el pago de las cuotas del IGSS, es la gran lucha de las trabajadoras de esta maquila. Floridalma Ramírez Alonso, una de las más veteranas, con 61 años, parece incombustible. Fue de las primeras mujeres en integrar el sindicato. Vive en la zona 1 de Guatemala, en una pequeña casa que comparte con sus hijos y sus nietos. “Antes vivíamos en un barranco, pero con el huracán Mitch perdimos todo. Fuimos beneficiados con este lugar y aquí estamos ahora”, cuenta. Asegura que ella es la única que, con sus poco más de Q2,700 al mes, sostiene a su familia.

A Floridalma le tocaría jubilarse este año, pero, lamenta, no va a poder. En 2014, sacó su constancia de cuotas en el Seguro Social y le salió a cero. “No tenía ninguna cuota pagada y llevo trabajando en la maquila desde hace 17 años”. Con el pelo teñido de canas, la trabajadora es ejemplo de perseverancia: “Yo les digo a mis compañeras que hay que seguir, en la lucha… Hay que seguir”.

Según el viceministro Francisco Sandoval, están en conversaciones con la empresa y las trabajadoras y trabajadores “para instalar una mesa de diálogo para someter las diferencias, con nosotros como amigables componedores. El impago de cuotas podría llevar a una sanción pecuniaria. Pero al final, la sanción se paga, y el daño sigue estando ahí. La idea es poder profundizar en la situación para exponer ambas partes a través de la mesa de diálogo. En algunos momentos los problemas se agrandan porque no hay estos espacios”.

Cardona no se muestra muy esperanzada al hablar de estas mesas de diálogo. “Llevamos 35 audiencias en el juzgado de Paz de Mixco para ver lo de la reinstalación, pero la mayoría son suspendidas porque no está la jueza, o no llegó la intérprete, o la dueña no aparece. También tenemos entendido que el IGSS obligó a la empresa a pagar las cuotas pendientes, pero pusieron recursos y ahí se quedó estancado”.

Se trató de obtener por vía telefónica la versión de Koa Modas, S.A. en varias ocasiones, pero en la fábrica alegaron que los responsables no se encontraban disponibles para hablar.

 

***

Durante los dos años en los que la empresa no reinstaló a las trabajadoras y trabajadores, Francisca Alvarado puso en marcha su máquina de coser manual. “No tiene luz, pero puedo enhebrar la aguja con los ojos cerrados”, asegura. Vendió prendas que confeccionaba ella misma e hizo algún que otro arreglo en la ropa de sus vecinos, para poder llevarse algo a la boca y a la de sus dos hijos, a los que mantenía sola después de abandonar a un esposo alcohólico y maltratador. Y en medio de la tormenta, volvió a estudiar. Primero terminó la primaria. Después se metió con básicos y bachillerato. Hoy está graduada en hotelería y turismo. “Yo no voy a depender de nadie, no voy a depender de ningún hombre”, asiente, orgullosa.

 

https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mujeres-organizadas-de-la-maquila

Female labor force participation in developing countries

Elevator pitch

While women’s labor force participation tends to increase with economic development, the relationship is not straightforward or consistent at the country level. There is considerably more variation across developing countries in labor force participation by women than by men. This variation is driven by a wide variety of economic and social factors, which include economic growth, education, and social norms. Looking more broadly at improving women’s access to quality employment, a critical policy area is enhancing women’s educational attainment beyond secondary schooling.

Gender disparities in labor force
                        participation rates

Key findings

Pros

Female labor force participation is an important driver (and outcome) of growth and development.

Women join the workforce in developing countries as a coping mechanism in response to shocks.

The participation of women is the outcome of various macro and individual factors.

Access to quality education (beyond secondary) is critical to improve employment outcomes for women.

Cons

In developing countries, high female labor force participation rates typically reflect poverty.

Women earn less than men and are more likely to be engaged in unprotected jobs, such as domestic work.

Education raises the reservation wage and expectations of women, but it needs to be matched by job creation.

Underreporting is common, so data on women’s participation rates do not accurately reflect women’s work.

Author’s main message

The relationship between women’s participation in the labor force and development is complex and reflects changes in economic activity, educational attainment, fertility rates, social norms, and other factors. Standard labor force participation rates paint only a partial picture of women’s work. More important is understanding the quality of women’s employment. To achieve gains in employment quality, policies need to focus on both labor demand and supply dimensions. Expanding access to secondary and higher education is particularly relevant.

Motivation

Women’s participation in the labor market varies greatly across countries, reflecting differences in economic development, social norms, education levels, fertility rates, and access to childcare and other supportive services (see Defining the labor force participation rate). The relationship between female labor force participation and these factors is complex. One dimension that has been widely examined is the U-shaped relationship between economic development and women’s labor force participation (see What is the U-shaped hypothesis?[1]. Focusing on these issues is critical because female labor force participation is a driver of growth, and thus participation rates indicate a country’s potential to grow more rapidly. It is also important because in many developing countries women’s labor force participation is a coping mechanism in response to economic shocks that hit the household. However, beyond the numbers is the far more important concern with the quality of work that women are able to engage in.

This paper highlights the complex nature of female labor force participation in developing countries and presents findings on the key trends and factors that drive women’s engagement in the labor market and access to employment, especially the role of educational attainment. It examines specific insights from different developing countries, including Brazil, India, Indonesia, and Turkey. Above all, what comes through is the importance of looking at the quality of employment and the need to focus on promoting better outcomes for women in the labor market.

Discussion of pros and cons

Development, as seen during the Industrial Revolution and more recently in East and (parts of) Southeast Asia, has involved two related transitions: the movement of workers from agriculture to manufacturing (and more recently services) and the migration of people from rural to urban areas. These transitions were associated with rising levels of education, declining fertility rates, and shifts in other socio-economic drivers of labor force participation, with specific implications for the role of women, especially in the labor market.

Female labor supply is, therefore, both a driver and an outcome of development. As more women enter the labor force, economies can grow faster in response to higher labor inputs. At the same time, as countries develop, women’s capabilities typically improve, while social constraints weaken, enabling women to engage in work outside the home. For this reason, policymakers need to understand the nature of women’s labor supply and to monitor women’s labor force participation. Ultimately, labor force participation is the outcome of not only supply-side factors, but also of the demand for labor.

The relationship between evolving socio-economic and demographic factors and how women participate in the world of work is multifaceted. In particular, whether a woman is working may be driven, on the one hand, by poverty (as evident in low-income countries) and, on the other, by women’s increasing educational attainment and the opportunities to work that are made available in a more modern economy. Moreover, during periods of crisis and in response to economic shocks, women are often required to take up (typically informal) employment to smooth household consumption. This occurred in Indonesia in the wake of the East Asian Financial Crisis of 1997–1998 [2].

Beyond analyzing labor force participation, it is also important to look at the nature of women’s employment. In general, when women work, they tend to be paid less and to be employed in low-productivity jobs. Educational attainment is a major driver of better employment outcomes for women in both developed and developing countries.

Aggregate trends mask large differences in female labor force participation rates

Over the last two decades, the global female labor force participation rate has remained fairly stable, declining slightly for the total female working-age population (15+) from 52.2% in 1992 to 51.4% in 2012 (based on ILO estimates, http://www.ilo.org/kilm). Though 370.5 million women have joined the labor market in the past 20 years, women still account for just 39.8% of the global labor force. Moreover, the gap in participation rates of men and women has narrowed only slightly, from 27.8 percentage points in 1992 to 26.0 percentage points in 2012 (15+). However, as education enrollment rates have risen, participation rates have fallen among school-age youth (a positive trend). Looking at just the 25 and older age group and abstracting from the effect of rising enrollment in education reveals a rise in the global female labor force participation rate, from 53.1% in 1992 to 54.2% in 2012. At the same time, the gender gap for the adult working-age population 25 and older has fallen from 32.5 percentage points in 1992 to 29.5 percentage points in 2012.

At a more disaggregated level, the participation of women varies considerably across developing countries and emerging market economies, far more than the participation of men. In the Middle East, North Africa, and South Asia, less than 40% of women aged 25 and older participate in the labor force (Figure 1). However, participation rates have increased in the Middle East and North Africa from 1992 to 2012, while they have fallen in South Asia. In all three regions, conservative social attitudes toward women in the work place prevail [3].

Regional estimates of female labor force
                        participation rates, 1992 and 2012 (adult population 25 and older)

But even within regions where overall female labor force participation rates are low, there is considerable diversity (Figure 2). In South Asia, female participation rates range from around 20% in Pakistan to almost 80% in Nepal, which can be explained by differences in social and economic factors. Women in Nepal are less constrained by social norms, though they work mostly in subsistence agriculture, which is driven more by poverty than by choice. Bangladesh is one of the few countries in South Asia that has experienced a rapid increase in women’s participation in employment, due to growth in the readymade garment industry and a rise in livestock rearing (linked to access to micro-credit) [4]. Despite strong improvements in social indicators, female labor force participation rates in Sri Lanka, a middle-income economy, have remained fairly stable, averaging around 33% over the decade 2003–2012 [5].

Gender disparities in labor force
                        participation rates in selected developing countries, various years
                        (2010−2012)

Trends in female labor force participation rates in India have been particularly puzzling. Female participation rates fell from 34.1% in 1999–2000 to 27.2% in 2011–2012. Research has posited several reasons behind this decline in India, from increased school enrollment of girls and young women and lack of job opportunities for women to the income effect (see below) and mismeasurement of female labor force participation (see, for example [6][7]).

Though the trend in India is considered puzzling, India is not an isolated example. Turkey has experienced declines as well, with female participation rates dropping from 36.1% in 1989 to 23.3% in 2005. This downward trend has been explained by rising urbanization and structural transformation: as households moved from rural to urban areas, husbands shifted out of agriculture, resulting in a withdrawal of women from the labor force (reflecting women’s increased engagement in domestic duties) [8]. Since 2005, however, a period of better macroeconomic conditions, Turkish women have rejoined the labor force. Participation rates rose to 29.5% in 2012. Other countries in the Middle East and North Africa have similarly low rates of participation but have not experienced such strong growth in recent years.

In Latin America and the Caribbean the female labor force participation rate has risen considerably over the last two decades and is estimated at 54.2% in 2012, higher than the global average (see Figure 1). For example, female labor force participation rates in Brazil rose from 54.1% in 2001 to 57.9% in 2009, while rates in Chile rose from 33.9% in 1996 to 47.8% in 2012. In Brazil, the increase in women’s participation was driven by both pull and push factors, partly reflecting trade liberalization and the accompanying sectoral transitions [9].

In contrast to South Asia, in East and Southeast Asia women’s participation in the labor market has historically been higher. As countries in these regions developed rapidly in the twentieth century, workers, including women, transitioned from agriculture to manufacturing. Overall, improvements in educational attainment and expansion in export-oriented manufacturing pushed women into newly created jobs in these economies [3]. Indonesia, with a lower rate of female labor force participation than other Southeast Asian countries, is often cited as an example of the added-worker effect. In the wake of the East Asian financial crisis of 1997–1998, many male workers lost their jobs in the formal sector. To smooth household consumption, women increased their labor supply, though mostly through jobs in the informal sector and agriculture. As a consequence, the female labor force participation rate in Indonesia rose from 49.9% in 1997 to 51.2% in 1999 [2].

Empirical evidence: Factors and determinants

Given the complex nature of female labor force participation in developing countries, it is important to highlight how socio-economic factors affect the decision and ability of women to engage in the labor market. The key, often overlapping, dimensions considered in the literature include [3][10]:

  • Level of economic development.
  • Educational attainment.
  • Social dimensions, such as social norms influencing marriage, fertility, and women’s role outside the household.
  • Access to credit and other inputs.
  • Household and spouse characteristics.
  • Institutional setting (laws, protection, benefits).

This section focuses on the first two dimensions.

Is the U-shaped relationship between development and female labor force participation more than a stylized fact?

The most discussed hypothesis in the literature, explored in a large number of studies, is that there is a U-shaped relationship between economic development and women’s participation in the labor force [1]. The basic, stylized argument is that when a country is poor, women work out of necessity, mainly in subsistence agriculture or home-based production. As a country develops, economic activity shifts from agriculture to industry, which benefits men more than woman. Subsequently, education levels rise, fertility rates fall, and social stigmas weaken, enabling women to take advantage of new jobs emerging in the service sector that are more family-friendly and accessible. At a household level, these structural shifts can be described in the context of the neoclassical labor supply model: as a spouse’s wage rises, there is a negative income effect on the supply of women’s labor. Once wages for women start to rise, however, the substitution effect will induce women to increase their labor supply.

Data for a large set of countries for 2010 show (weak) evidence of a U-shaped relationship between the log of GDP per capita (in purchasing power parity-adjusted 2005 constant international dollars, a proxy for economic development) and the female labor force participation rate, though the nonlinear trend line is not a very good fit for the data due to outliers (Figure 3). Some of these outliers, including India and Turkey (discussed above), have far lower participation rates than most countries at the same income level. In contrast, outliers at the other end of the distribution, such as Brazil and China, have higher female labor force participation rates than the average for their level of economic development.

Data for 169 countries show a U-shaped
                        relationship—a decline and then a rise in female labor force participation
                        as economies develop (2010)

Despite the apparent U-shaped relationship evident in Figure 3, there has been debate on the validity of this hypothesis, particularly on its robustness to different data sets and methodologies. One study finds that the U-shaped relationship is not robust once dynamic generalized method of moments (GMM) panel data techniques are employed [3]. Moreover, earlier findings were sensitive to the use of more up-to-date and accurate labor force data. Clearly, not all countries have followed such a U-shaped path as the economy has grown. 
For example, the female labor force participation rate rose from 23.9% in 1990 to 36.0% in 2010 in Bangladesh, a low-income country, while it stagnated or declined in India (especially in rural areas). Thus, ascribing the complex evolution of female labor force participation in developing countries purely to changes in per capita GDP oversimplifies the reality of multiple forces at play.

Does education increase the likelihood of a woman’s participation in the labor force?

One of the strongest determinants of labor market outcomes in both developed and developing countries is educational attainment [2]. From a supply-side perspective, education has an important impact on an individual’s decision to participate in the labor force. Education is a key factor behind the U-shaped hypothesis: women’s education lags improvements in educational attainment among men, but once women’s education levels catch up and job opportunities emerge, women start to participate in greater numbers.

Education levels of girls and young women have improved considerably in many developing countries in recent decades. However, the remaining disparities within countries play a critical role in determining labor market outcomes for women. A nonlinear (at times, U-shaped) relationship between educational attainment and participation of women in the labor force is evident in many developing countries. The most uneducated women in poorer countries are the most likely to participate in subsistence activities and informal employment, while women with a high school education may be able to afford to stay out of the labor force. Once women have more than a secondary school education, higher wages encourage women to join the labor force, particularly if appropriate jobs are available.

Indeed, there is a U-shaped relationship between educational attainment and female labor force participation rates in a number of countries. Based on National Sample Survey data for India for 2011–2012, the lowest participation rates for women occur for those with a higher secondary school education (12 years of schooling), at 11.9% in urban areas and 19.3% in rural areas; rates are higher among better-educated women, for example 27.4% in urban areas and 32.7% in rural areas for women with an undergraduate degree. As other countries have experienced, there is, therefore, a threshold suggesting a payoff in the labor market only for women with more than a secondary education.

Participation is only part of the picture: The quality of employment for women also matters

While studies of female labor participation rates that cover dimensions such as cross-country differences, country-level trends, and factors driving participation are informative, they often fail to go beyond the binary nature of this labor market indicator. But in developing countries, it is crucial to understand not only whether women are working but also what the employment outcomes are for women who do enter the labor force.

Overall, the quality of employment and opportunities for better jobs continue to be unequally distributed between men and women, even in countries where there is close to parity in the labor force participation rate [11]. In most developing countries, when women work, they tend to earn less (the well-known gender wage gap), to work in less productive jobs, and to be overrepresented in unpaid family work and other forms of vulnerable work. Employment segregation by gender is prevalent in all countries [10]. Ultimately, engaging in employment that is vulnerable is unlikely to improve the economic empowerment of women; rather, it is often a reflection of the subordinate position of women in the household.

In terms of employment status, more women than men work as contributing family workers, which adds to their labor market vulnerability. In 2012, an estimated one-third or more of working women in Africa, South Asia, and Southeast Asia were engaged in unpaid family work, which typically places women in a subordinate and more vulnerable position [11]. In many developing countries, especially in the Middle East, North Africa, and South Asia, a high proportion of working women are active in the agricultural sector, though the shares in this sector have fallen in recent years as more women have taken up work in the services sector (and in the manufacturing sector in a few countries, such as Bangladesh).

As is well documented in the literature, women typically earn less than men, even after controlling for differences in observable worker and job characteristics. Based on a large sample of countries, a review paper finds that the earnings gap between men and women with similar characteristics ranges from 8% to 48% [12]. The study also notes that there is not a robust relationship between economic development and declining wage disparities.

As is the case for labor force participation, education plays a critical role in determining the nature of employment taken up by women. Education raises the reservation wage (lowest wage at which a person would accept a particular job) and changes the preferences of jobseekers. For example, one study of women in Indonesia estimates that, compared with having a junior secondary education, having a college education increases the probability of working in a regular job by 25.6% and having a senior secondary education increases it by 10.3% (based on an analysis of 2009 labor force survey data). Women with at most a primary school education were less likely to be regularly employed [2].

As studies have found in several developing countries, women’s education needs to expand beyond middle school (junior secondary) for their participation in the labor force to increase, especially if they are to work in better jobs. At higher levels of education, potential earnings act as a pull factor, helping overcome economic and social constraints.

Limitations and gaps

The literature has (and, increasingly, policymakers have) long recognized that women’s participation in the labor force is poorly measured and underestimated [13]. Though data collection has improved, this remains a major obstacle to the analysis of official statistics collected through labor force and other household surveys. Another limitation arises from survey enumeration. Because of poor training of enumerators, labor force surveys underestimate the participation of women. Enumerators often fail to adequately probe for the economic activities of female members in the household, a problem that is compounded by the fact that men are often the survey respondents in countries where female labor force participation rates are low, as in the Middle East, North Africa, and South Asia.

Time-use surveys have been proposed as a means of gathering more accurate and insightful data on the nature of women’s work in and out of the household, especially in subsistence production and informal employment [13]. The challenge, however, is that time-use surveys are costly and thus cannot be used as regularly as standard labor force surveys.

Summary and policy advice

The changing nature of women’s participation in the labor force has been a critical dimension of the development process since the Industrial Revolution. However, the relationship between participation and economic progress is far from straightforward. Though cross-sectional data do indicate that there is a U-shaped relationship between female labor force participation and GDP per capita, this relationship is not robust and it is not a consistent trend at the country level. Ultimately, women’s employment is driven by a range of multifaceted factors, including education, fertility rates, social norms, and the nature of job creation.

Beyond standard labor force participation rates, policymakers should be concerned with whether women can access better jobs and take advantage of new labor market opportunities that arise as a country grows and, in so doing, can contribute to the development process itself. For this reason, policies should consider both supply- and demand-side dimensions, including access to better education and training programs and access to childcare, as well as other supportive institutions and legal measures to ease the burden of domestic duties, enhance women’s safety, and encourage private sector development in industries and regions that can increase job opportunities for women in developing countries.

Particular emphasis is needed on keeping young girls in school and ensuring that they receive a good quality education, beyond junior secondary level, and are able to take advantage of training opportunities. That, in turn, will increase their chances of overcoming other barriers to finding decent employment.

Acknowledgments

The author thanks two anonymous referees and the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. The responsibility for opinions expressed in this paper rests solely with the author, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Organization (ILO).

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these principles.

© Sher Verick

https://wol.iza.org/articles/female-labor-force-participation-in-developing-countries/long