“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”(video)

“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”, por Marta Flich

¡Hola amigos! En el siguiente videotutorial Marta Flich presenta las claves para identificar un mercado laboral… de mierda. Todo se resume en esta frase: “Antes tenías derecho al trabajo, y ahora un trabajo sin derechos”.

https://www.huffingtonpost.es/2018/05/10/tutorial-para-identificar-un-mercado-laboral-precario-por-marta-flich_a_23431023/

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Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

¿Cómo vemos el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe?

El “futuro del trabajo” inundó nuestras redes sociales y fue uno de los términos más buscados por los usuarios de Google en América Latina y el Caribe en 2017. Todos comenzamos a hablar de los peligros de la automatización, de la inteligencia artificial y de cómo los avances tecnológicos podrían eliminar un porcentaje importante de los empleos que conocemos en la actualidad. Por eso hoy, los gobiernos también se están empezando a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos preparar a nuestros países para un futuro incierto de profundos cambios en el mercado laboral?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla y ya estamos viendo la magnitud de esta encrucijada. Por ejemplo, hace unos meses el gigante estadounidense Walmart inauguró un nuevo establecimiento en Tegucigalpa (Honduras) y la prensa local se hizo eco del número de empleos creados: “Maxi Despensa Kennedy viene a generar 42 empleos directos y alrededor de 100 indirectos”.  Sin embargo, en las mismas fechas, otro gigante de nuestro tiempo (en este caso Amazon) acaparaba los titulares en buena parte del mundo con la apertura en Seattle (Estados Unidos) de su primera tienda sin empleados, ofreciendo a sus clientes una nueva experiencia de compra en la que basta con elegir un producto y salir de la tienda (previo pago automatizado con un dispositivo electrónico), sin hacer fila para pagar. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si el modelo de Amazon llega a expandirse por nuestra región?

Impacto de la tecnología en el mundo del trabajo

Como refleja El futuro del trabajo: perspectivas regionales, una publicación conjunta de los cuatro bancos de desarrollo regionales más importantes, existen cinco factores que determinan el impacto que puede tener la tecnología en los mercados laborales. En primer lugar, las estructuras económicas hacen que algunos países sean más susceptibles que otros. Es el caso de Centroamérica, por ejemplo, en donde una parte relevante de la economía se basa en sectores cuyo potencial de automatización es elevado, como los centros de atención al cliente (call centers), el comercio o la agricultura. Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos. De hecho, de acuerdo con la consultora McKinsey, al menos un 30% de las tareas podrán automatizarse en el 60% de las ocupaciones.

Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos.

Las habilidades existentes en la fuerza laboral también influyen en los incentivos para automatizar y el potencial de crear nuevos puestos de trabajo. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones con menores niveles de habilidades. Para superar esta barrera y asegurarnos de que nuestros ciudadanos están preparados para ocupaciones que hoy no alcanzamos ni a imaginar, debemos formar en ellos habilidades más sofisticadas y complejas. No me refiero solamente a las habilidades digitales, sino también a las habilidades socioemocionales (aquellas que los robots no pueden alcanzar, como la empatía, la comunicación, la persuasión o la negociación) y analíticas (como la capacidad para resolver problemas o saber cómo aprender a aprender).

Un tercer factor que afecta el nivel de influencia que tienen los avances tecnológicos en el mundo del trabajo es el acceso a banda ancha. Cada vez son más los trabajadores independientes que están a disposición de miles de clientes a través de plataformas electrónicas que funcionan a través de internet, en lo que se conoce como la economía gigEste fenómeno preocupa porque reduce el trabajo asalariadoy sitúa a millones de personas como contratistas independientes, lo que reduce las obligaciones sociales y, con ello, las protecciones que reciben los trabajadores. En la medida en que la tendencia es hacia más autoempleo, este fenómeno puede conllevar a más informalidad. Sin embargo, bien aprovechada, la economía gig puede ser una oportunidad en términos de generación de ingresos. Además, las plataformas digitales pueden conectar a los trabajadores de la región con los mercados internacionales, sin necesidad de migrar. Asimismo, el hecho de que las transacciones queden registradas en una plataforma digital aumenta su trazabilidad. Sin embargo, mientras que 35 de cada 100 personas que viven en países desarrollados tiene suscripciones de banda ancha fija, esta cifra se reduce a 10 para los países en desarrollo y emergentes.

Las presiones para automatizar también van a depender de la realidad demográfica de cada región. Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar. Mientras que los países africanos tendrán un crecimiento importante en su fuerza laboral, la proporción de personas en edad de trabajar en nuestra región irá reduciéndose poco a poco.

Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar.

Un último factor que hay que tener en cuenta cuando se habla de automatización es la disponibilidad de redes de protección. Es posible que los costos en bienestar de la automatización sean más altos en las economías en desarrollo y emergentes porque sus redes de protección están menos desarrolladas que las de los países de mayores ingresos. La cobertura de la seguridad social es a menudo más baja en regiones como América Latina y el Caribe, incrementando el impacto de los cambios laborales en aquellos trabajadores que no tienen acceso a seguro de desempleo.

Prioridades para triunfar en la era de los robots

¿Cómo podemos entonces aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y reducir sus impactos adversos? Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano. Para ello, es necesario mejorar las habilidades de la población, impulsando su aprendizaje más allá de la escuela y orientando a su talento hacia las nuevas oportunidades que brinda la tecnología. La segunda prioridad será apoyar más las transiciones de los trabajadores entre empleos, teniendo en cuenta que, en el nuevo mercado laboral, el ‘trabajo para toda la vida’ será la excepción (se calcula que los millennials cambiarán hasta 15 veces de trabajo a lo largo de su carrera). Por último, es preciso repensar el Estado del Bienestar, adaptando nuestros sistemas de seguridad social a la nueva realidad de la economía gig y a los cambios demográficos que provocarán que América Latina y el Caribe pase a ser una de las regiones del mundo más envejecidas.

Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano.

Desaprovechar esta revolución por no habernos preparado para enfrentarla es el mayor riesgo que corre la región. La buena noticia es que, aunque todavía existen grandes desafíos en materia laboral y de seguridad social, la tímida adopción de tecnología nos da un poco más de tiempo para apostar por las políticas correctas. Solo así podremos entrar con buen pie en el futuro del trabajo y garantizar un modelo de desarrollo económico con oportunidades para todos en la era de los robots.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/04/30/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe/

La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

Working hours: Past, present, and future

Work hours have been falling in developed countries—But where will they go in the future?

University of Sussex and NIESR, UK, and IZA, Germany

ONE-PAGERFULL ARTICLE

Elevator pitch

Working hours across the world are falling, but considerable variation remains. In some countries people work 70% more hours per year, on average, than in other countries. Much of this variation is due to differences in the prevalence of part-time work and patterns of female labor market participation. Looking ahead, the question of how reducing working hours will affect productivity is significant. In addition, how individuals divide up their leisure and work time and what the appropriate work−life balance is in an increasingly technological future are important concerns.

Annual hours worked by country,
                        1995–2015

Key findings

Pros

Working hours have been steadily falling in most countries for the last 50 years.

Fewer working hours does not necessarily mean lower total output or lower productivity.

Countries with higher shares of part-time workers tend to have relatively low annual and weekly working hours.

As working hours decrease, workers focus more on work–life balance considerations and how to spend their leisure time.

Cons

The labor markets in many countries are still not very flexible in that hours of work cannot be chosen by many employees.

Not all workers are experiencing fewer working hours; for example, some highly educated workers are now working more hours.

Advanced technology and increasing use of robots is likely to affect the supply of routine jobs and the demand for labor for many low- and semi-skilled workers.

The distributional and welfare implications of fewer working hours are not completely clear and could cause greater inequality.

Author’s main message

Declining working hours, their variation, and their distribution over different occupations and sectors is a topic of great importance. There is constant pressure to reduce working hours on grounds of work−life balance considerations. Debate is ongoing as to whether and how this can be achieved through technological change, without causing a regressive redistribution of income away from less skilled workers. Looking ahead, achieving the optimal balance between these factors will be a major challenge for policymakers.

Motivation

Working hours in most countries have been falling over the last 50−100 years. The Illustration shows the trends for six developed countries during the past 20 years. There are numerous potential drivers of this trend, including: changing demand conditions, shifts in preferences over labor−leisure trade-offs, active pressure from employee trade unions, technological advances improving workplace productivity, enlightened governments introducing maximum working hours legislation, and demographic changes in the pattern of work by men and women. It would be difficult to econometrically disentangle the relative importance of these different factors [1]. Instead, this article traces the origins of this movement toward fewer working hours and presents an overview of key patterns.

Discussion of pros and cons

The movement to reduce working time

Robert Owen, an enlightened factory owner, was the first to call for a 10.5 hour working day [2]. He had successfully adopted it in his New Lanark Mills in Scotland earlier in the 19th century and claimed it was possible to produce output as cheaply with a shortened work schedule because workers were less fatigued. By the turn of the century, there were many calls for an eight-hour work day. This movement gathered momentum and gave rise to the Factory Acts and other legislation in the UK, which progressively limited the length of the working day (and also curtailed the length of time that children could work). Most interesting in this movement was that many claimed it was possible to maintain, or even enhance, productivity by reducing the length of the working day. Understanding whether this is due to fatigue-induced lower marginal productivity at the end of longer work days, or whether workers are more motivated by better working conditions generally is difficult to determine. In the case of Robert Owen, he also provided housing and schools for his workers’ children as well as other benefits, which may have made them more willing to work harder.

The issue of the appropriate use of working time became acute during World War I, when the UK government sought to maximize armament production without fatiguing workers too quickly. This gave rise to many scientific studies on the production process and its relationship with working hours [3][4]. The implications of this research were embraced by Taylorism and the innovative experiments conducted at the Hawthorne plant between 1924 and 1932 [5]. This pioneering work into what induces productivity and the relationship between working hours and conditions continues to this day—though much of it is taking place in the subject of ergonomics rather than economics. There have also been relatively few economists who have examined the implications of these findings for the theory of labor supply or what determines productive output ([6] being one notable exception).

The most recent wholesale reductions in working time have been instigated by the European Working Time Directive (EWTD), which cut working time across the EU to a general maximum of 48 hours per week. Relatively little evaluation of the impact of these reforms has been conducted.

The microeconomics of labor supply

Standard microeconomic theory of labor supply suggests that workers seek to maximize their utility (which is a function of both labor—including goods that can be bought with the derived wage—and leisure). Basic theory allows the worker to choose the number of hours of work (and leisure) to supply subject to their budget constraint (i.e. based on their potential wage and their feasible consumption of goods); however, this view naïvely assumes that all potential hours are available to workers. In reality, most workers can only work the prescribed full-time hours on offer by their employer; although, workers are increasingly being allowed to work part time or flexi-time. Likewise, many models of employers’ demand for labor—and what this means for the length of the working day—are not regularly discussed empirically. This means that when examining the distribution of hours worked in many countries there is a large spike at around 35−40 hours and a smaller spike for part-time workers at around 15−20 hours a week. This perspective is naïve in many other important respects: output during each hour of the day from a worker is considered constant and workers do not get tired or belong to unions, there are no scheduling problems, there are no endogenous technological progress or imperfect competition or monopsony issues, and there are no consequences of working fewer hours or overtime rates [7]. It is generally known that in many countries there is little or no worker autonomy in the choice of working hours. Eurofund sources show that in Latvia, Hungary, Slovakia, Greece, Bulgaria, Romania, Portugal, and Crete, more than 80% of people say that their company sets the working time conditions in their job and there is little or no possibility for changes [8].

Examining trends across countries and over time

Despite the overall declining trend in working hours, there is still huge variation across countries; why is this? There are now excellent aggregate cross-country data on working hours that allow for the examination of trends over time and cross-country differences.

For many countries, there has been a steady, slow monotonic decline in working hours over time (Australia, Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Spain, the UK, and the US). But there are countries that have experienced variable demand for labor and hours of work, namely: Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Slovakia, and Slovenia. All these countries have experienced either relatively recent opening up to the West and the forces of globalization or have been on the receiving end of tumultuous events in their balance of trade and problems inside the eurozone—i.e. Greece.

Taken together, these trends provide insight into the controversy about differences between working conditions in the US and the EU. This comparison has been framed as a debate over whether Americans are “crazy” or Europeans are “lazy” [9][10]. Although the US has higher annual hours than other G7 countries, it is more or less firmly in the middle of the countries shown in Figure 1 and Figure 2 in terms of working hours and the share of part-time work. Therefore, the US is not unusual in its work habits when considered against all other countries, and there are good reasons for the significant differences with many EU countries, such as working time legislation, trade union practices, the degree of labor market flexibility, and demographic patterns of female labor force participation. This also provides a rationale for a slightly more considered comparison across countries, which should be reflected in future studies.

Average weekly working hours by country,
                        2016

Percentage of part–time workers,
                        2016

Figure 1 shows the number of average weekly working hours across a range of countries in the most recent data. Latin American countries top the table, with Chile, Costa Rica, Mexico, and Colombia recording four of the five longest working weeks. They are only surpassed by Turkey, at around 48 hours a week. The countries at the other end of the table, with 30−35 hour working weeks, are the Scandinavian countries and the Netherlands. The other countries with low working hours are Germany, Switzerland, France, Belgium, and Austria, all of which have had governments enact progressive interventionist labor market policies and are notable for the presence of strong, well-organized trade unions.

Female labor force participation and part-time work impact overall working hours

The compositional effects of female labor market participation and the prevalence of part-time work are important factors influencing total working hours. Taken together, these factors go some way toward explaining the overall variation in aggregate average working hours across countries. Specifically, there are many countries with low average total working hours that have a high fraction of women in work. Most notably: Iceland, Sweden, Norway, Estonia, Russia, Finland, and Canada all have above 60% of working-age women in employment. This means that more of the working hours in these countries are shared within the household. This is most marked in the Scandinavian countries.

In many countries, most notably former communist countries, the prevalence of part-time jobs is very low. For example, the participation rate in part-time jobs is only 2−8% in Russia, Hungary, the Czech Republic, Poland, Latvia, Slovakia, Lithuania, and Slovenia. Clearly, the incidence of part-time work is partly a cultural factor, which is associated with history, politics, religion, and the role of women in the family.

These cross-country differences are influenced by different trends toward more part-time work and increasing variability of working hours in some countries. Most EU countries have been subject to the EWTD, which limits working hours but may also have increased job flexibility. However, it is difficult to separate the demands of employers for worker flexibility and the desire by employees to be more flexible about their labor supply.

Many studies have econometrically analyzed working time patterns across countries [1]. Some of the main findings are as follows: First, countries with the lowest female employment population ratios and labor force participation rates have the highest annual and weekly working hours (Turkey, Mexico, and Costa Rica). Second, in contrast, the Netherlands and Switzerland have the highest percentage of part-time workers, relatively high female employment population ratios and labor force participation rates, and some of the lowest weekly and annual working hours. Third, Australia, the UK, and the US have similar annual and weekly working hours as well as similar female employment population ratios and labor force participation rates; however, the US has a substantially smaller percentage of part-time workers than the UK and Australia. Fourth, Russia has the lowest percentage of total, female, and male part-time workers. It has the fifth highest number of annual working hours and a relatively high female employment population ratio and labor force participation rate. Fifth, the ordering of countries based on the percentage of female and male part-time workers is relatively similar for most countries. And finally, for all examined countries, the percentage of female part-time workers is greater than the percentage of male part-time workers.

In countries with stronger traditions of gender equality and progressive left-wing governments (e.g. the Netherlands and Switzerland), part-time work is generally more commonplace. The finding that the percentage of female part-time workers is higher than the percentage of male part-time workers in all countries implies that having a greater total share of part-time workers translates into a higher female employment population ratio and labor force participation rate. Countries with higher shares of part-time workers also have relatively low annual and weekly working hours. A potential explanation may be that having greater female involvement in the labor force could increase each individual family’s earnings potential, thus reducing the need for male household members to work long hours to provide for their families. This is but one explanation and there are several other explanatory factors to consider, such as cultural attitudes toward female employment as well as female and overall unemployment levels.

In contrast to the Netherlands and Switzerland, countries such as Turkey, Mexico, and Costa Rica have the longest annual and weekly working hours and a low percentage of part-time workers, which translates into low female employment population ratios and labor force participation rates. This suggests that part-time work, female employment, and total working hours in a country are closely interlinked, emphasizing the need to consider them all simultaneously when analyzing working hour patterns across and within countries.

The productivity effects of working time

The central aspects when considering the effects of working time on productivity are clear: What is the relationship between fewer hours of work and productivity? What role does fatigue play in production and is there an optimal level of working hours beyond which a worker’s marginal production falls?

There is only limited evidence of the effect of working time variation on productivity. There is compelling case study-based microeconomic evidence showing that shorter working weeks are linked not only to working time flexibility but also to substantial productivity gains [11]. Another study, using data on munitions workers, found that output rises linearly with hours up to a threshold, but above this, output rises at a decreasing rate [4]. Recent microeconomic evidence based on the Hawthorne experiments suggests that working more hours can be counterproductive [5]. The Hawthorne experiments were conducted to examine productivity at the Hawthorne plant in Chicago in the 1920s and 1930s by varying working time, rest periods, piece-rates, and illumination at the workplace. The study estimates the optimal length of the working day to be around eight hours, but finds that this optimal level is dependent on the exact nature of the work, and thus varies across occupations.

Evidence based on data from 18 manufacturing sectors in the US between 1956−1991 shows that increasing overtime hours by 10% reduces output by around 2−4%. Although this study is econometrically limited, it is suggestive of structural issues associated with modeling the link between hours of work and aggregated output.

Panel data evidence is used to present cross-country econometric evidence, suggesting decreasing returns to working time, possibly due to a fatigue effect. The authors find the responsiveness of productivity per hour to changes in working time is negative and decreases with working time. However, the effect is not strongly significant, and one must also be concerned that the econometric evidence is based on only 18 countries with a very limited set of controls. Specifically, the authors only control for changes in employment relative to the population and average working hours, and make no allowance for working time legislation, changing trade union activity, or other demographic differences associated with rising female participation and the growth of part-time work in many countries.

What do people do with more leisure time?

Social scientists have long been interested in what people do with their time; how much of it is spent working and how much doing other things. Studies have often examined how these patterns vary by gender and across time. If individuals are really going to be working fewer hours in the future, will this allow for a better work–life balance, and what might be the implications of this?

In the US in 1965, the average man spent 42 hours a week working at the office or the factory; after allowing for commuting and various work breaks, this rose to 51 hours [12]. Today, the average American man works 36 hours a week, 40 when including breaks and commutes. How is this extra time used? The answer includes activities such as shopping, watching TV, reading, eating out, relaxing, or spending time with friends and family. Overall, depending on exactly what one counts, the average person has an extra six to eight hours of leisure per week. Over the course of a year, this extra time would add up to nine extra weeks of time away from work. The implications of these changes, especially if they continue into the future at the same rate, are enormous.

The other major change in working hours has been a widening of differences between the low skilled and the high skilled. In the US over the period from 1985 to 2005, men who did not finish high school gained eight hours a week of leisure time. Those with a college degree saw their leisure time drop by six hours a week over the same period. The same is true for female graduates in the US who have 11 hours a week less leisure time than those who did not complete high school. The consequences of these trends are that the highly skilled are becoming “cash rich” but “time poor.” The reverse is true of the less well educated. This means that changes in the pattern of working hours could have important long-term implications for the redistribution of income and wealth.

Gazing into the working time of the future

The dilemma in thinking about working hours is that they are traditionally regarded as something one wishes to minimize in order to maximize leisure time. Notwithstanding this, individuals must be cognizant of their budget constraints—desiring fewer working hours is all well and good, so long as people can pay their bills and maintain their standard of living. This means that all but the truly wealthy want to work enough hours to meet their financial obligations. Hence, workers need to be wary of an uncertain future where there may not be enough jobs and hours of work to go around.

A more radical vision of the future is that the nature of work patterns and the distinction between work time and leisure or home time is becoming blurred by the possibility of remote working. Do many office workers actually put in more hours out of the office by, for example, answering emails on the move whilst commuting, in the evenings, and at weekends? Might this trend, along with “working from home,” lead to even more blurred distinctions between working and non-working hours?

One view of future working hours is eternally optimistic, suggesting there will always be new products, new industries, and new jobs and thus enough work to go around, no matter how often technological advances make old jobs redundant. The alternative perspective is that average working hours will continue declining due to the increased use of robots and mechanization. If the latter view prevails, it is unclear how this affects the relative demand for labor between skilled and unskilled jobs and across different sectors.

There are many commentators who offer a prognostic vision of the future. Many claim that individuals should work fewer hours, relinquishing the so-called workaholic lifestyle. This perspective would also suggest sharing working hours more evenly across the population in an attempt to seek a better work−life balance. Others offer a different vision of the future, pointing out that as life expectancy continues to rise, workers will need to save more to fund their retirement. Hence, it has been suggested by some that part-time working into one’s 70s and 80s will need to become the norm in order to fund future pensions. This would require a rethinking of retirement decisions and labor supply choices over one’s entire lifecycle.

An insightful guide into how much people actually work between the ages of 16 and 70 and how much they would like to work is provided in a study from 2008 [8]. The authors present evidence from the European Working Conditions Survey 2015, which suggests that men would like to work about 38 hours per week, rather than the 41 hours they actually work at the height of their careers. For women, prior to their parenting phase, they would like to work around 35 hours per week, but this goes down to around 30 hours when they have family responsibilities. An important issue for future research is: are these desired hours compatible with the needs of a dynamic growing economy?

Limitations and gaps

Nobody really knows what the future of work will look like. Technological progress will cause some jobs to disappear but others to grow. Some evidence suggests that there has been a “hollowing out of occupations” as a result of technological change, with an increase in low and high-skill jobs but a fall in clerical, secretarial, and routine non-manual jobs. Has there been a corresponding hollowing out of working hours [13]? Do some highly skilled workers now work more hours than the less skilled in all countries—not just the US, and is there a corresponding increase in inequality in working hours worldwide? More research is needed on this topic to determine the patterns across countries and their consequences.

Likewise, the pattern of working time is changing, with people now able to use smart phones to read emails and to work remotely or while on the move. How these changes will play out in terms of working hours, productivity, and a host of other issues is hard to predict, but continual appraisal is required. Moreover, the optimal pattern of work across the day and the week varies for each occupation. As such, more experimental work needs to be done of the kind that was conducted over 90 years ago at the Hawthorne plant but has never really been repeated. Economists rarely talk to ergonomists/occupational therapists about the optimal pattern of work or the details of how working time relates to productivity over the course of the working day, or indeed, how working time will shape up in the technological future.

Summary and policy advice

Key challenges such as increasing life expectancy, aging populations, and inadequate savings and pensions mean that governments need to take a careful look at working patterns and their projected changes in an increasingly technologically-oriented future. Although the famous economist John Maynard Keynes was somewhat ahead of his time when projecting drastic reductions in the working week to around 15 hours a week, the implications of shorter working time need to be addressed. Modern economies need flexible labor markets with variable working times across occupations and sectors in the face of rapid technical change. This poses challenges to governments to consider appropriate policy responses. Likewise, the evidence that there is a trend of rising working hours amongst some groups of highly skilled workers, whilst there is a simultaneous hollowing out of routine job opportunities is worrying [13]. How will governments be able to ensure that the fruits of technical progress are equally shared if nations become more prosperous, whilst at the same time ensuring workers are incentivized to work? How will governments be able to encourage employers to share working hours among larger numbers of employees if total available working hours fall with rising automation? These challenges will require much more innovative approaches to employment taxes than currently exist. The policy implications of a decline in average working hours, while working hours across sectors and countries remain highly variable, is of concern.

As life expectancy rises, policymakers must also be concerned about the demographic balance between the number of working young and the numbers of state-dependent retirees. The world has seen the growing fiscal problems this is causing in Japan, problems that are also likely to be visited on many Western countries in the next 20 years. The reality is that the old must work more years to increase their pension savings to maintain their standard of living into an increasingly lengthy old age. However, the requirements of the young to find jobs is incompatible with the needs of older workers to retire later. How can working hours be shared between the old and the young—that is the question? This will require radical economic policy solutions in the future.

Acknowledgments

The author thanks the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. Previous work of the author contains a larger number of background references for the material presented here and has been used in parts of this article [5].

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these principles.

https://wol.iza.org/articles/working-hours-past-present-and-future/long

The importance and challenges of measuring work hours

Measuring hours worked is important, but different surveys can tell different stories

Bureau of Labor Statistics, USA, and IZA, Germany

ONE-PAGERFULL ARTICLE

Elevator pitch

Work hours are key components in estimating productivity growth and hourly wages as well as being a useful cyclical indicator in their own right, so measuring them correctly is important. The US Bureau of Labor Statistics (BLS) collects data on work hours in several surveys and publishes three widely-used series that measure average weekly hours. The series tell different stories about average weekly hours and trends in those hours but qualitatively similar stories about the cyclical behavior of work hours. The research summarized here explains the differences in levels, but only some of the differences in trends.

The key work hours series exhibit similar
                        cyclical behavior

Key findings

Pros

On average, respondents to the BLS’s household survey correctly report weekly hours worked per person and weekly hours worked on their main jobs.

All three series exhibit similar cyclical behavior.

Differences in levels between the three series can be explained by differences in concepts and coverage.

All three series exhibit similar trends since the beginning of the 1990s.

Cons

There are significant differences between the three series in levels and trends, and the differences in long-term trends cannot be completely reconciled.

In the household survey, respondents under-report multiple jobholding and over-report hours worked on second jobs, but aggregate hours are approximately correct because these errors in reporting mostly offset each other.

Estimating annual work hours from average weekly hours overstates the annual number of hours worked, because the surveys’ reference periods exclude most holidays.

These results may not generalize to other countries because of differences in survey methods.

Author’s main message

The BLS publishes three widely-used weekly-hours series: one from its household survey, one from its establishment survey, and one that combines data from the two. The difference in level between these series can be explained by survey features, but the difference in long-term trends can be only partially explained. However, all three series tell qualitatively similar stories about the cyclical behavior of weekly work hours. It is important for decision makers to understand the advantages and limitations of the different hours series.

Motivation

Measuring weekly work hours correctly is important for estimating average hourly earnings and labor productivity. If average weekly hours are overestimated, then average hourly wages are underestimated. To illustrate, some research using US data has shown that college graduates tend to overestimate their hours, while high school graduates tend to slightly underestimate theirs [1]. This imparts a downward bias on the average hourly wage of college graduates and an upward bias on the average wage of high school graduates, thus underestimating the college–high school wage difference. For measuring productivity, the actual number of hours worked is not as important as the growth rate. Most countries compare the growth in output to the growth in total labor hours (average weekly hours × employment × number of weeks per period). If hours growth is underestimated, then productivity growth will be overestimated.

Average weekly hours is also an important economic indicator in its own right. Firms can adjust work hours more easily than employment levels. Thus, at the beginning of a recession, firms historically have reduced hours per worker before laying off workers. Similarly, at the end of a recession, firms are often uncertain about the strength of the recovery and tend to increase hours per worker before incurring the cost of hiring additional workers.

The average weekly hours series from the BLS’s main sources of data on hours have both similarities and differences. Average weekly hours for all workers from the household survey (the Current Population Survey) have the highest level and exhibit a relatively flat trend—hovering around 39 hours a week but with a fair bit of cyclical variation. In contrast, weekly hours for production and nonsupervisory workers drawn from the establishment survey (the Current Employment Statistics survey) are lower in level, have less cyclical variation, and exhibit a strong downward trend until the early 1990s, with most of the decline occurring before 1982. The BLS’s Office of Productivity and Technology private nonfarm business hours series, which is derived from the establishment survey production worker series combined with data from the household survey and the National Compensation Survey, behaves much like the establishment survey production worker series. This is not too surprising since the production worker series is its primary data source.

Another source of data on work hours is the American Time Use Survey. The BLS publishes estimates of time spent working, but does not publish an official hours series. It is discussed here mainly because researchers have used microdata from time-use surveys to assess the quality of hours data from household surveys. The behavior of this series is similar to that of the hours series from the household survey.

Discussion of pros and cons

This section discusses the results of research that has examined the differences in these series with the goal of helping policymakers evaluate these important economic data. The series have different strengths and weaknesses, which need to be taken into account in deciding which to use.

A brief description of the hours series

The Current Population Survey is a monthly survey that collects information about employment status and hours worked from a sample of 60,000 households each month. Respondents are asked about usual and actual hours worked on their main and secondary jobs. For actual hours worked, respondents are usually asked to report for the week that includes the 12th of the month, which was chosen to minimize the effect of holidays. However, the November and December survey reference weeks are sometimes moved to the week of the 5th due to the impact of the November and December holidays on data collection or survey operations. These individual monthly reports are averaged to arrive at an estimate of average weekly hours worked. Although the survey collects hours worked on each job separately, the published estimates are on a per-employed-person basis.

The Current Employment Statistics survey collects information, also monthly, from business establishments on employment and hours paidfor the pay period that includes the 12th of the month. Until recently, the establishment survey collected hours data only for production workers (in goods-producing industries) and nonsupervisory workers (in services-providing industries); the series derived from these data is referred to as the production worker series. In 2006, the BLS started publishing an all-employee average weekly hours series in addition to the production worker series. The establishment survey production worker series has a much longer time series and it is the official hours series of the BLS. The two establishment survey series move together, but the all-employee hours series is higher in level by about three-quarters of an hour per week compared to the production worker series, which implies that average weekly hours are about 3.5 hours greater for nonproduction and supervisory workers than for production and nonsupervisory workers (nonproduction and supervisory workers are about 20% of total employment in the establishment survey).

As in the household survey series, average weekly hours from the establishment survey are calculated as total hours divided by total employment. However, because employment in the survey is establishment based, the denominator is the total number of jobs rather than the total number of employed people. Thus multiple jobholders are counted once in the household series but multiple times in the establishment survey. There are also important differences in coverage between the hours series from the household and establishment surveys. The establishment survey provides hours estimates for the total private sector, while the household survey covers all employed individuals. The household survey series includes government workers, private household workers, unincorporated self-employed workers, and unpaid family members—all of which are excluded from the establishment survey hours series.

The productivity series produced by the BLS Office of Productivity and Technology does not come from a separate survey but is constructed by combining data from three surveys—the Current Employment Statistics survey, the Current Population Survey, and the National Compensation Survey. Productivity measurement requires data on hours worked that cover all private nonfarm workers and have industry definitions that are consistent with those in the output data. Neither the establishment survey data nor the household survey data are ideal. Industry classifications in the establishment survey are more consistent with those used in the surveys that collect output data, but the hours data are hours paid and cover only production and nonsupervisory workers. The household survey collects data on hours worked by all workers but does not use industry classifications that are consistent with those in the output data sources. It is important that industry definitions be consistent for outputs and the inputs used to create them. Otherwise, industry productivity measures will be biased, with the extent of the bias depending on the amount of misclassification and the difference in growth rates.

The primary data source for the Office of Productivity and Technology productivity series is the establishment survey’s production worker hours series (the all-employee hours series is not used because the time series is too short). The data are adjusted from an hours-paid to an hours-worked basis using industry-level ratios of hours worked to hours paid calculated from National Compensation Survey data. These hours-worked-to-hours-paid ratios capture changes in the amount of annual leave granted and the amount of sick leave taken. This adjustment produces an estimate of production and nonsupervisory worker hours worked. Because of this adjustment, the productivity hours series shows fewer hours worked than the establishment production worker series, even though the productivity series includes nonproduction and supervisory workers while the establishment series does not.

Average weekly hours worked for nonproduction and supervisory workers are estimated using data from the household survey. The household survey data are adjusted to convert them from a per-person basis to a per-job basis, and jobs that are not covered by the establishment survey are dropped from the sample (for example, government workers, the self-employed, private household workers, and unpaid family members). The ratio of the average weekly hours of nonproduction and supervisory workers to those of production and nonsupervisory workers is calculated and then multiplied by production worker average weekly hours worked to arrive at an estimate of nonproduction and supervisory worker hours. Average weekly hours for all private wage and salary workers are equal to the weighted average of production worker and nonproduction worker hours worked [2]. To fill in remaining gaps, the data on wage and salary workers are supplemented with household survey data on unincorporated self-employed workers, employees of government enterprises (for example, the Postal Service), and unpaid family members.

Coverage of the productivity hours series differs from the household and establishment survey series because it is driven by the data needed for productivity estimates. The productivity hours series excludes government and nonprofit organizations because outputs for these sectors are derived from inputs (specifically, wages and salaries), which makes productivity estimates meaningless. Private household workers are excluded because there are no output data for this sector.

Another source of data on work hours is the American Time Use Survey, which is a time-diary survey that collects information about how people spend their time and can be used to generate estimates of average weekly hours worked. The BLS does not publish an hours series based on these data, but they are useful for evaluating the accuracy of hours-worked data from the household survey.

Figure 1 summarizes the key differences among the three BLS surveys that collect information on work hours: the household survey, the establishment survey, and the time-use survey.

Comparison of US Bureau of Labor Statistics
                        data sources on work hours

Reconciling differences

A natural first step in reconciling differences in work hour estimates between the household and establishment surveys is to examine the accuracy of hours data from the household survey using data from the time-use survey. Research using two methodologies has found that household survey respondents report their total work hours correctly on average, although some demographic groups tend to overestimate hours (for example, college graduates, full-time workers, and women) while others underestimate hours (for example, high school graduates and part-time workers) [1][3][4][5].

The research also found that the household survey reference period is not representative of the entire month—workers work longer hours during household survey reference weeks [1]. About one-third of the difference between reference and nonreference weeks was due to the exclusion of holidays from reference weeks. Because the household survey reference weeks are chosen to avoid holidays (to make it easier to interpret month-to-month changes), extrapolating published household series estimates to the entire month overestimates hours worked during the month, even though respondents correctly report their hours for the reference weeks.

Looking at main and second jobs separately, the research found that weekly hours from the household survey are correctly reported on average for the main job but not for second jobs [4][5]. Specifically, household survey respondents under-report the incidence of second jobs (about 5–6% of workers in the household survey report holding more than one job, compared with about 10–11% in the time-use survey) and over-report hours worked on second jobs (about 14 hours a week compared with about 9 hours). It is likely that the higher incidence of multiple jobholding in the time-use survey is due to self-reporting (compared with mostly proxy reporting in the household survey), which can result in greater reporting of low-hour second jobs. The net effect of this misreporting is that average weekly hours worked on all jobs is overestimated by 0.2–0.4 hours per job per week [4].

Studies making similar comparisons for the UK and Denmark come to similar conclusions about the accuracy of hours reports from household surveys [6][7]. Hours reports from the UK’s household surveys are found to be accurate at an aggregate level, and only minor differences are found between Danish household survey estimates and those from time diaries.

Some of the differences between the household and establishment survey hours series are due to the differences noted in the previous section. For example, research simulating the establishment survey hours data using household survey data (adjusted to establishment survey concepts) found that the difference in levels between the two series is due almost entirely to differences in coverage (all workers in the household survey, production and nonsupervisory workers only in the establishment survey), in the treatment of multiple jobholders (counted once in the household survey, multiple times in the establishment survey), and in the hours concept (hours worked in the household survey, hours paid in the establishment survey) [5].

Other differences were not as easy to reconcile. Although the simulated establishment production and nonsupervisory worker series replicated the actual establishment survey series in levels, it did not replicate the downward trend in the establishment survey hours series [5]. In fact, the simulated establishment survey series was nearly parallel to the original household survey series, but at a lower level of hours worked. There were two periods when the trends in the two series diverged: between 1984 and about 1991 and, to a lesser extent, after 2003 (when measured on a per-job basis). The establishment survey’s sample expanded considerably during the 1980s, but there are no data to determine whether the expansion played a part in the decline in the establishment survey series average weekly hours [5].

The effects of other, more subtle, differences between the series also were examined [5]. For example, the greater number of hours worked during the week of the 12th combined with the lengthening of pay periods in the establishment survey between the early 1980s and the mid-2000s could have imparted a slight downward trend because longer pay periods include more low-hour weeks. For the post-1998 divergence, most of the differences in overall hours trends were found to be due to differences in the trends in three industries (retail trade, leisure and hospitality, and professional and business services) rather than to differences in the distribution of workers across industries (composition effects).

Cyclical behavior

As predicted by theory, all of the BLS hours series exhibit procyclical behavior, although the cyclical patterns are more pronounced in some series than in others (Figure 2). It is easier to see the cyclical pattern in the household series because there is no upward or downward long-term trend. Average weekly hours decline during recessions and rise during expansions. The downward trends of the establishment survey series and the productivity series before 1982 make it more difficult to see how these series vary over the business cycle in those early years. During this period, the rate of decline accelerated during recessions, and the increases after recessions were moderated somewhat by the long-term downward trend. The increases in hours following the last three recessions were much slower than the increase after the 1980–1982 recessions.

Alternative US Bureau of Labor Statistics
                        measures of average weekly hours: quarterly, seasonally adjusted

A study comparing hours data from the time-use survey with data from the household survey and the establishment survey finds that the time-use survey hours are more cyclical than establishment survey hours but less cyclical than household survey hours [8]. While the study does not directly compare household and establishment survey hours series, it can be inferred that hours from the household survey are more cyclical than hours from the establishment survey.

Other researchers have examined the effect of standard-workweek reporting for salaried workers in the establishment survey on the cyclicality of the establishment survey hours series. The study simulated the establishment survey hours-paid concept for salaried workers using household survey data and compared that series to the household survey hours-worked series [9]. It found that the hours-paid series varies less with the business cycle than the hours-worked series but that the two series tell the same story about long-term changes in average weekly hours.

Limitations and gaps

The BLS collects hours data from household and establishment surveys, and each source of data has its advantages and disadvantages.

The BLS’s household survey (the Current Population Survey) allows for comparisons across demographic groups. But some groups appear to over-report hours in the household survey, while others under-report. Further, the small sample size limits the amount of industry detail, and the industry definitions in the household surveys do not exactly match the definitions in establishment surveys that collect output data, both of which are important for measuring productivity.

The BLS’s establishment survey (the Current Employment Statistics survey) collects data on hours paid, which differ from hours worked because of paid leave and off-the-clock work by salaried workers. And, until recently, the establishment survey collected hours data only for production and nonsupervisory workers. However, a major advantage of the establishment survey is its large sample, which allows for more industry detail in published estimates. Moreover, industry definitions in the establishment survey are more consistent with those used in surveys that collect output data.

The American Time Use Survey is a newer source of hours data. Because hours reports from time-diary surveys are generally considered to be accurate, it is a useful data source for validating data from the household surveys. But its small sample and infrequent publication (annually) limits its usefulness as a primary source of hours data.

One advantage of the household survey over the other sources of hours data is the high response rate—about 90%, with very low item nonresponse for the hours questions. In contrast, the response rate for the hours questions in the establishment survey is only 32%, due mainly to high item nonresponse. The response rate for the all-employee count is about 70%, but only 45% of those respondents provide information about payroll and hours. It is not possible to directly assess the effect of nonresponse on the quality of the establishment survey hours data because no benchmark data are available. The response rate for the time-use survey is higher than that of the establishment survey, but still well below that of the household survey. However, research suggests that nonresponse imparts minimal bias to estimates of hours worked in the time-use survey [10].

This article has focused mainly on the US because, apart from the studies mentioned earlier, there does not appear to be any research examining the accuracy of hours data in countries other than the US. Because survey methods and estimation procedures likely vary from country to country, the results summarized here may not generalize to other countries’ hours data. For example, whether there is a reference period effect (as there is in the US) depends on the reference period used and how work hours are distributed. However, these studies highlight some of the issues that might arise when collecting data on work hours and illustrate the types of research projects other national statistical agencies might undertake to assess the quality of their data on hours worked.

Summary and policy advice

Given the difficulty of measuring work hours, it is important for decision makers to understand the advantages and limitations of the different BLS hours series.

For comparing work hours across demographic groups, the Current Population Survey data are the most appropriate. The household survey can also provide information about hours worked by workers not covered by the establishment survey. The American Time Use Survey data also have demographic information, but the small sample size is a limitation, especially for comparing groups over time. And since the BLS does not publish hours estimates from the time-use survey, it is generally necessary to calculate estimates from the microdata. The time-use survey can, however, shed light on the timing of work, both by time of day and across days of the week.

In contrast, the establishment survey and productivity hours series are preferred for comparing hours across industries. Which series is most appropriate depends on the question being asked. The productivity series provides a more comprehensive measure of hours worked by all private nonfarm business sector workers, whereas the establishment survey series measures hours paid to production and nonsupervisory workers. In March 2006, the BLS began publishing hours data for all employees in addition to the production and nonsupervisory hours series.

All the BLS hours series tell qualitatively similar stories about the cyclical behavior of weekly hours, although they differ quantitatively. But the hours series tell different stories about the long-term trend in weekly hours. It has not been possible to explain all of these differences, so one series cannot be recommended over another for comparing long-term trends. Again, which series is most advantageous depends on the question being asked.

Acknowledgments

The author thanks US Bureau of Labor Statistics staff, an anonymous referee, and the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. The paper was produced as part of the author’s work at the US Bureau of Labor Statistics. The article may be copied freely as long as it is properly cited.

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these Principles.

https://wol.iza.org/articles/importance-and-challenges-of-measuring-work-hours/long

El cruzado del tarifazo

El presidente Mauricio Macri encabeza la campaña para buscar legitimidad política y social a una estructura tarifaria desproporcionada, injusta y regresiva. Datos duros desmienten sus principales argumentos para justificar el tarifazo.

El argumento más rústico, para justificar el aumento desproporcionado, injusto y regresivo de las tarifas de gas y luz, dice que existe una pauta de consumo de derroche en los hogares. El presidente Mauricio Macri encabeza esa cruzada repitiéndolo una y otra vez cuando no existe evidencia empírica ni respaldo en investigaciones en el área energética para sostener semejante afirmación. Que Macri y su familia vivan con el aire acondicionado prendido todo el año, como informó en su momento su esposa, o que algunos hogares privilegiados calefaccionen sus piletas en invierno no deberían orientar a sentenciar que toda la sociedad dilapida energía como esos representantes de la clase alta. En la defensa enfática de garantizar ganancias extraordinarias a conglomerados energético vía tarifazos, el gobierno carga la responsabilidad de los aumentos en sectores vulnerables, desde clases medias y bajas hasta pequeños y medianos comercios e industrias. El tarifazo sería culpa de ellos por años de despilfarro de los recursos energéticos. Macri lo afirma con la misma firmeza como cuando asegura que la inflación está bajando, sin recibir de sus interlocutores ocasionales la interpelación que no es cierto lo que dice.

Subsidios

Macri también critica la política de subsidios energéticos para buscar legitimidad social a los tarifazos, sin mencionar que ahora toda la sociedad está subsidiando a las petroleras pagando un precio del gas muy por encima del costo de producción. Hace años que la ortodoxia y la heterodoxia conservadora han demonizado a los subsidios a las tarifas de servicios públicos, logrando que gran parte de la sociedad aceptara que era necesario eliminarlos para vivir mejor. Ahora lo están padeciendo en los bolsillos.

La distorsión acerca de la comprensión acerca del alcance de la política de subsidios ha sido inmensa. Gracias a la cuenta de Twitter @elbosnio se descubre la existencia de un documento del FMI que se ocupa de ese tema. El objetivo de ese trabajo fondomonetarista es la de promover la disminución de los subsidios energéticos, pero resulta revelador porque informa que el nivel de subsidios que había hasta el 2015 en Argentina, en comparación internacional, era muy bajo.

En “How Large Are Global Energy Subsidies?”, el Fondo postula la necesidad de disminuirlos, exponiendo argumentos ambientales, fiscales y sociales. Por la cuestión ambiental, advierte que los subsidios, al abaratar el consumo de energías no renovables, incrementan la contaminación y gases de efecto invernadero.  Por el frente fiscal, indica que su financiamiento implica aumento de la deuda pública y más impuestos, además de desplazamiento de gasto público de otras áreas, como salud, educación e infraestructura, que afecta el crecimiento económico. Por el impacto macroeconómico y social, sentencia que “son una forma altamente ineficiente de brindar apoyo a los hogares de bajos ingresos, ya que la mayoría de los beneficios de los subsidios a la energía son, generalmente, capturados por hogares ricos”.

El informe del FMI calcula que los subsidios energéticos sumaban 5,3 billones de dólares en 2015, 6,5 por ciento del PIB mundial, aumentando de la estimación de 4,2 billones de dólares de 2011. El aspecto más interesante de ese documento es el cálculo particular de los subsidios energéticos en los países, mostrando que no eran significativos en Argentina en la comparación. Aquí va el detalle del monto de los subsidios energéticos en algunos países, en 2015, según el FMI:

  • Estados Unidos, 2177 dólares per cápita.
  • China, 1652.
  • Canadá, 1283.
  • Australia, 1259.
  • Japón, 1240.
  • Israel, 1113.
  • Bélgica 909.
  • Alemania, 684.
  • Inglaterra, 635.
  • España, 521.
  • Chile, 515.

El promedio mundial de subsidios a la energía eléctrica era de 640 dólares por habitante en 2015. Argentina subsidiaba a cada habitante con 413 dólares, hasta 2015, el 35 por ciento menos que el promedio mundial.

Consumo

Quienes estudian con seriedad el tema energético explican que malgastar es muy diferente que el uso eficiente. En el mercado argentino no existe derroche pero sí una utilización deficiente de la energía, por ejemplo por el tipo de construcción de las viviendas y por la calidad de los electrodomésticos. Aunque para muchos es difícil de absorber porque ha habido años de desinformación, y más aún ahora con un Presidente de la Nación que insiste hasta el hartazgo con el tema del dispendio, el consumo energético de los hogares no se define por el nivel de las tarifas. El consumo no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz, sino que está definido por la cuestión climática y por la calidad de la infraestructura de la vivienda.

Por el tarifazo no habrá ahorro; y sí, transferencias inmensas de ingresos a las compañías energéticas.

La demanda de gas natural está definida por la temperatura, por eso es mayor en las provincias más frías, y es inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Esto último significa que la utilización de gas no sube o disminuye según el nivel de la tarifa y el monto de los ingresos de los hogares. Son conclusiones de la investigación “El consumo de gas natural por red. Análisis territorial y temporal”, de Pedro Chévez, Carlos Discoli e Irene Martini, publicada en “Realidad Económica” N°308.

A partir del análisis realizado de la demanda nacional de gas natural residencia en un período extenso, que abarca de 1993 a 2014, la troika de investigadores

  • explican que el consumo de gas natural demuestra una clara incidencia del factor climático y en consecuencia una relación directa con la ubicación geográfica;
  • destacan que la demanda con un mismo nivel de temperatura no resulta constante a lo largo del territorio, sino que se acrecienta a medida que la rigurosidad del clima es mayor;
  • mencionan que existen diferentes variables tecnológicas y de comportamiento, que conjugadas con situaciones climáticas extremas justifican mayores consumos y que no necesariamente significan sobreconsumos adjudicables a un mal uso del recurso energético;
  • indican que entre las dimensiones y variables consideradas hay que tener en cuenta la mayor permanencia en los hogares debido a las condiciones climáticas, ocasionando una mayor demanda de energía, como así también menores niveles de radiación solar y heliofanía (número de horas reales de insolación diaria), minimizando el efecto de la ganancia energética directa en las viviendas; y
  • afirman que a nivel nacional el consumo promedio de gas natural por usuario acompañó en cierta manera la coyuntura del país sin cambios muy pronunciados, concluyendo que la demanda de gas es inelástica.

O sea, con más o menos poder adquisitivo, el consumo se mantiene constante. Si sube la capacidad de compra por mejoras en términos reales de los salarios o jubilaciones, los hogares incrementan el consumo de otros bienes motorizando la demanda y la expansión del mercado interno. En cambio, si disminuye el salario o el haber jubilatorio real, no se reduce el consumo de gas, sino el de otros bienes porque de esa forma generan el ingreso necesario para pagar un servicio público esencial. El tarifazo afecta en forma negativa de ese modo el nivel de actividad del mercado interno.

Balances

Hasta las empresas energéticas, beneficiarias del shock del tarifazo, se alejan de la campaña oficial de confusión y muestran que la cuestión climática es una variable relevante del nivel de consumo de los hogares. El balance anual 2017 de Edenor informa que hubo “un consumo inferior en aproximadamente 3 por ciento respecto al año anterior”, atribuyendo esa disminución “a un invierno poco severo, con temperaturas medias que superaron en 2°C las del año 2016”. El “ahorro” en los hogares no fue por el tarifazo; fue por razones climáticas.

El efecto monetario directo de los aumentos desproporcionados de tarifas estuvo reflejado en los balances de las empresas energéticos. Hubo menos ingresos disponibles en los hogares para otros consumos y estrangulamiento en la estructura de costos de comercios e industrias (ver nota aparte) con la contrapartida del incremento de las ganancias de las empresas energéticas

El recorrido por los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio, eligiendo firmas representativas de diferentes eslabones de la cadena energética, permite observar utilidades generalizadas originadas por el tarifazo.

  • Distribución eléctrica.

Edenor: La reseña del ejercicio 2017 indica que tuvo “mejoras significativas” del cuadro de resultados respecto al año anterior. Los ingresos pasaron de 13.080 a 24.340 millones de pesos; los resultados operativos, de una pérdida de 656 a una ganancia de 2495 millones de pesos; y el resultado neto, de un quebranto de 1189 a una utilidad de 682 millones de pesos. Señala que esos saldos “nos han permitido recomponer el patrimonio, aunque seguimos registrando resultados acumulados negativos”. Informa que en 2017 invirtieron 4137 millones de pesos, un 53 por ciento más que lo ejecutado en 2016, que “a su vez habían resultado en el máximo hecho por la sociedad en toda su historia”.

Edesur: Por razones no explicitadas, el comportamiento de sus resultados es opuesto al de Edenor. El operativo fue positivo en 1546 millones de pesos, menor en comparación con los 2024 millones del ejercicio anterior. El integral total fue una pérdida neta de 1044 millones, superior a la de 275 millones de 2016. Informa que las inversiones alcanzaron los 3559 millones de pesos en obras destinadas “a mejorar la calidad del servicio”. Tiene un capital de trabajo negativo de 10.018 millones de pesos, principalmente como consecuencia de la deuda contraída con Cammesa para financiar la operación de la compañía durante los años pasados. En 2017, los fondos aplicados a inversiones totalizaron 3994 millones de pesos comparados con los 3088 millones de 2016.

  • Transportadoras de gas.

TGN: Tiene 6806 kilómetros de gasoductos, y a través de sus dos troncales (Norte y Centro Oeste) abastece a ocho de nueve distribuidoras de gas y a numerosas generadoras eléctricas e industrias ubicadas en 15 provincias. Registró en 2017 ganancias de 842 millones de pesos en comparación con la pérdida de 259 millones de pesos en 2016, de 518 millones en 2015 y 257 millones en 2014. La variación de las ventas de 2040 millones de pesos entre los ejercicios 2017 y 2016 se explica por una mayor facturación de 1917 millones asociada “al incremento en las tarifas de transporte”, y el resto por servicios de “operación y mantenimiento de gasoductos”.

TGS. Por sus gasoductos, de 9183 kilómetros de extensión en total, transporta el 60 por ciento del gas consumido del país, atendiendo a 5,8 millones de usuarios finales. La ganancia en 2017 fue de 2793 millones de pesos, 200 por ciento más respecto de los resultados netos positivos del año anterior (930,6 millones). En el balance anual indica que el 44 por ciento de la tarifa del servicio público de gas se explica por el precio del gas en boca de pozo, y el restante 56 por ciento se divide en partes iguales entre los impuestos y los segmentos del transporte y la distribución.

  • Generadoras.

Central Puerto. Esta empresa representa el 12,1 por ciento de la generación energética total, y el 17,5 por ciento de la generación térmica. En 2017, la ganancia operativa fue de 3111 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2016 fue de 2100 millones. La ganancia neta, en este caso, a diferencia de la mayoría de los balances, fue superior a la operativa por utilidades obtenidas en los resultados financieros: el saldo positivo en ese renglón del balance fue de 3508 millones de pesos.

  • Distribuidora de gas.

Metrogas: Es la empresa de distribución de gas natural por red más grande del país, con el 18 por ciento del mercado con 2,4 millones de clientes. El resultado neto del año pasado fue una ganancia de 775 millones de pesos, cuando en 2016 había contabilizado una pérdida de 604 millones de pesos.

  • Transporte de electricidad.

Transener. Junto a su controlada Transba anotó una ganancia neta del ejercicio 2017 de 2282 millones de pesos, cuando el año anterior había tenido una pérdida de 57 millones. Posee, opera y mantiene la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión (550kV). Transba presta el servicio público de transporte de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires (66kV a 220Kv) por líneas de distribución troncal.

Costos

Como lo hizo con la reforma previsional asaltando el ingreso de los jubilados, Macri está lesionando también el de otro sector de su base electoral. Con el tarifazo castiga el presupuesto de los hogares de clases medias urbanas, y lo hace con dedicación para garantizar ganancias extraordinarias a las empresas energéticas.

El tarifazo es desproporcionado en relación al nivel de ingresos de la mayoría de la población. Esto lo dejó en evidencia el propio gobierno con la propuesta de disminuir o eliminar impuestos o tasas de las facturas de servicios públicos. Con esa medida aspira a aliviar el monto final de la factura de luz, gas y agua.

Ese descuento poco y nada cambiará el presupuesto de los hogares, y sólo muestra la desesperación del oficialismo ante la resistencia social y política que provoca el tarifazo. En esa búsqueda de compartir los costos de una medida anti popular abrazó a los gobernadores, que están actuando como aliados políticos, varios de ellos integrantes de una oposición, hasta ahora, colaboracionista con el ajuste.

Los tarifazos de la Alianza Cambiemos están derivando en una situación política muy incómoda para el oficialismo, expresada en las dos cámaras del Congreso. Pero también en una muy crítica por su impacto socioeconómico. La cruzada del tarifazo está ahogando el presupuesto de los hogares de las clases media y baja, que tiene como saldo un aumento de colgados a la red eléctrica: Edenor registra que el 17,1 por ciento del total de la energía entregada al mercado no la puede cobrar, que le significa unos 4000 millones de pesos menos de recaudación, mientras que en Edesur representan el 12,0 por ciento de la energía provista, contabilizando además un incremento de la morosidad en 6 puntos en los dos primeros años del gobierno de Macri respecto a la existente en 2015.

https://www.pagina12.com.ar/111494-el-cruzado-del-tarifazo