El excesivo y controversial lujo del sindicalismo en México

Mide 2.70 metros, pesa 198 kilos y está hecha de una aleación de metales.

La estatua que Joaquín Gamboa Pascoe, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), develó de sí mismo meses atrás es la última muestra de las peculiares conductas del sindicalismo mexicano.

Excesos, lujos y corrupción. Opacidad, opulencia e impunidad. Los sindicalistas mexicanos tienen mala fama.

O al menos algunos de sus líderes, que representan a la clase obrera pero se dice que viven como reyes. Históricamente a muchos dirigentes se los ha vinculado con un enriquecimiento desmesurado.

“México no merece los líderes sindicales que tiene”, le dice a BBC Mundo Martín Moreno, autor del libro “Los demonios del sindicalismo mexicano”, publicado en febrero.

Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el primer ejemplo de la obra de Moreno.

Algunos medios como el diario Reforma señalan que ha adquirido una Ferrari, autos Mercedes Benz y BMW, tres yates, un departamento en Nueva York, un condominio en Texas y una casa en Cancún.

También se habla de los departamentos de lujo comprados por su hijo José Carlos en Miami por US$7,5 millones y las fotos en jets privados que ha publicado su hija Paulina en redes sociales.

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Y la historia de “La Maestra”, considerada en su momento “la mujer más poderosa de México”.

Elba Esther Gordillo
“La Maestra” Elba Esther Gordillo fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos.

La influyente Elba Esther Gordillo dirigió la mayor organización sindical de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre 1989 y 2013, hasta que fue acusada de desviar US$208 millones de recursos públicos y luego detenida.

Lea: Auge y caída de la mujer más poderosa de México

O la de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, exiliado en Canadá desde 2006 luego de que fuera acusado de desviar US$55 millones, acusaciones que la Suprema Corte terminó desestimando.

Son casos que han golpeado la imagen del sindicalismo. Al sector se lo considera, según sondeos de opinón, casi tan corrupto como los partidos políticos y los altos funcionarios.

“Casos aislados”

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Siderometalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos, se preocupa por derribar esa percepción.

José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM
“Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, asegura José Luis Carazo, secretario de Trabajo de la CTM.

“No tengo la capacidad para decir si es cierto o no es cierto. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, porque no son situaciones en las que estemos realmente involucrados”, le dice a BBC Mundo en su oficina que mira al Monumento a la Revolución de la capital mexicana.

Para Carazo se trata de “casos aislados”. “Hay muchas denuncias, algunas llegan a ser ciertas, pero hay mucho mito también”, señala.

El dirigente sindical no considera que las denuncias ameriten una reacción de parte de la CTM, que cuenta con cuatro millones de afiliados en sindicatos de empresas privadas, según Carazo.

“No decimos que sean verdad, no decimos que sean mentira, simple y sencillamente no son temas que nos atañen, tenemos suficiente trabajo con la problemática de los trabajadores”, señala.

Carazo se encarga de aclarar que son “muchos” los dirigentes sindicales que no están en esas condiciones, pero defiende el hecho de haber ido creciendo en un trabajo, “y cualquiera que va creciendo tiene derecho a vivir mejor”.

“Mucha gente quisiera ver en el sindicalismo gente que vivamos como obreros”, añade, “pues no se da porque tampoco se da en el periodismo, tampoco en el gobierno, en las empresas”.

Vínculo político

El poder de los sindicatos no se puede concebir sin el estrecho vínculo que muchas veces existe entre estos y la autoridad de turno.

“Las grandes centrales obreras no surgieron desde abajo, sino desde el poder presidencial”, aseguró recientemente el intelectual Gabriel Zaid en una columna en el diario Reforma.

“Esta confederación”, le dice Carazo a BBC Mundo”, siempre se ha manifestado institucional (…) estamos respaldando al gobierno que está en el poder. Como confederación sí pertenecemos a un partido, al PRI, desde su surgimiento”,

Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato la petrolera estatal Pemex y senador por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El caso emblemático que expuso una unión controversial fue el “Pemexgate”, en el 2000. El desviamiento irregular de al menos 500 millones de pesos (casi US$40 millones) del fondo del sindicato petrolero a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida

Romero Deschamps, y el tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, fueron involucrados y acusados ante la justicia pero los cargos se desestimaron.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el diputado Aldana pero no obtuvo respuesta.

El Instituto Federal Electoral determinó que había habido un desvío y multó al PRI. Al líder sindical la justicia lo halló inocente de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La causa por fraude electoral contra Romero Deschamps prescribió en 2011.

Lea: Sindicatos mexicanos, ¿intocables?

“La mayoría de los sindicatos”, opina Moreno, “sirven para enriquecer a sus líderes al amparo de la protección presidencial desde hace muchos sexenios”.

“No podemos estar peor”, le dice a BBC Mundo el Dr. Arturo Alcalde Justiniani, abogado de sindicatos independientes.

“El modelo actual de sindicalismo en el país llegó a un extremo en términos de corrupción (…) El sindicalismo es un gran negocio porque los líderes se apropian de las finanzas sindicales”, añade.

Cuestiona la situación en la que operan la gran mayoría de los sindicatos en México.

“Las centrales obreras están totalmente subordinadas al empresariado y al Estado en menor medida”, sostiene.

La tasa de trabajadores afiliados a sindicatos, recuerda Alcalde Justiniani, ronda el 10% y hace hincapié en que “uno de cada 100 trabajadores está en un sindicato real”, aquellos en los que hay “elecciones legítimas, rendición de cuentas patrimonial, y un mínimo funcionamiento democrático en asambleas y congresos”.

“Me los regala mi esposa”

Son acusaciones que Carazo rechaza tajantemente al asegurar que los comicios sindicales son “legítimos” y “transparentes”.

¿Hay falta de transparencia en las finanzas?

Sede de la CTM en Ciudad de México
Vista interior de la sede de la CTM: la estatua del líder Gamboa Pascoe abajo; al fondo, el cartel: “Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

“Tenemos la obligación estatutaria de presentar nuestros estados de cuenta. (…) pero lo que sucede es que se quiere que se presenten ante quienes no son nuestros agremiados”.

La información no es pública.

Para muchos sindicatos las cosas podrían empezar a cambiar.

La Ley General de Transparencia, aprobada en abril pero que aún no entra en vigor, obligará a 180 sindicatos que representan a trabajadores estatales a explicar el destino de los recursos que reciben.

Pero para mostrar que no tiene nada que ocultar, Carazo me enseña su reloj.

Un Emporio Armani que, dice, se venden por 1.500 pesos mexicanos (casi US$100).

“Me los regala mi esposa”, aclara antes bajar al estacionamiento y enseñar su Nissan Sentra último modelo. Nada de Ferraris.

En la planta baja de la sede de la central sindical la estatua del líder Gamboa Pascoe queda custodiada desde lo alto por un enorme cartel: “CTM. Nuestra lucha por una mejor justicia social”.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150424_mexico_sindicatos_poder_lujo_jp

Empresarios no ven incentivos para reducir la informalidad

Empresarios no ven incentivos para reducir la informalidad

Para el sector empresarial, la economía informal persiste en el país. Refieren que el 70% de personas que laboran en este sector, lo hacen en condiciones “precarias” y que lejos de incentivar y promover una transición a la formalidad existen condiciones “poco atractivas” que frenan el interés para dar ese paso.

Por: Natiana Gándara
29 de Abril de 2015 a las 19:05h

Según datos de la Segunda Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI II-2014), indican que la informalidad bajó un 4.8% en dos años. De un 74.5% en el 2012 a un 65.8% a octubre del 2014, datos que para Carlos Contreras, Ministro de Trabajo y Previsión Social, “son una reducción importante”.

Sin embargo, los empresarios no coinciden con las cifras. Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), comentó que los “sistemas complejos”, como el tributario, laborales, que lejos de ser incluyentes, ponen tantos requisitos, que no permiten que las personas puedan formalizarse.

“Solo el tema fiscal, tarifas altas, requisitos que no se pueden cumplir, sumamente costoso de administrar, en todo el contexto y la historia ha demostrado, que entre más requisitos y tarifas altas, las personas no se incorporan a la economía formal, no porque no quieran sino porque es inaccesible”, resaltó el directivo.

“La historia ha demostrado, que entre más requisitos y tarifas altas, las personas no se incorporan a la economía formal, no porque no quieran, sino porque es inaccesible”, Jorge Briz, presidente Cacif.

Briz, recalcó que no coincide con las cifras y recordó que con la aprobación de las reformas fiscales en el 2012, “lejos de que las personas hayan acudido a formalizarse se han alejado más”.

DATOS NO SON PRECISOS

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), comentó que existen dos formas que mide la informalidad el Instituto Nacional de Estadística (INE), una es los trabajadores de empresas que tienen seis o menos trabajadores y otra es la afiliación a la seguridad social.

En ambos casos existen algunas que son formales porque están afiliadas a la seguridad social y otras que son informales porque no están afiliadas a la seguridad social y no cumplen incluso con las normas tributarias.

“No hay una certeza a que el dato según el tamaño de las empresas no refleje la realidad en materia de formalidad laboral, la más adecuada es la afiliación que está en el 29% de los ocupados de la población laboral están afiliados, pero hay que separar a un segmento de trabajos de cuenta propia y no remunerados, ese es uno de los retos de la incorporación que no tienen un patrono”.

Linares, afirmó que se necesitan propuestas de fondo y concretas que ayuden a reducir la informalidad en el país.

CONGRESO LABORAL

Por segundo año consecutivo y en el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional del Trabajo se realizó el Segundo Congreso Laboral con el tema central “Retos para la Generación de Empleo Decente: Hacia la formalización del mercado laboral”, promovido por el sector privado organizado.

http://www.prensalibre.com/economia/empresarios-no-ven-incentivos-para-reducir-la-informalidad

Impulsan el empleo formal

El sector informal abarca entre 70% y 71% de la economía, lo cual es preocupante, denuncia el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

“Más que excluyente, el sistema no permite el acceso de aquellos interesados en formalizarse, debido a los sistemas complejos”, dijo el presidente de la institución Jorge Briz Abularach, en el marco del II Congreso Laboral Retos para la Generación de Empleo Decente.

“Operar bajo este sistema implica que más personas estén sin beneficios,. Adicionalmente se generan dos sistemas que no permiten la sostenibilidad”, señaló Briz.

El ministro de Trabajo Carlos Contreras de reconoció que la institucionalidad laboral es débil, pero como política de gobierno se impulsa la legalidad del empleo. “En los últimos tres años los ajustes salariales se han mantenido en 5% y la última encuesta nacional de empleo muestra que, desde 2012, cuando la informalidad se hallaba en 74% se redujo a 65% en 2014.

http://www.s21.com.gt/pulso/2015/04/30/impulsan-empleo-formal

Discuten propuestas para impulsar empleo con protección social

Solo 35 mil de 200 mil que ingresan al mercado laboral logran un trabajo con prestaciones laborales.

El 71 por ciento de la población activa de Guatemala se encuentra en un trabajo informal, sin ningún tipo de protección social. El sector privado y Gobierno proponen leyes de inversión y empleo, flexibilidad laboral, salarios diferenciados o la regulación del trabajo por horas.
Las propuestas necesitan mayor discusión a criterio de Luis Linares, consultor y experto en el tema laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). “Me parece que no son las apropiadas. El salario diferenciado en Honduras, el cual está vigente desde 2007, ha tenido poco éxito y solo ha incorporado a unos 10 mil trabajadores, pero a costa de despidos en otras zonas”, afirma.
El mercado laboral integra unos 200 mil jóvenes al año, de los cuales solo 35 mil logran un trabajo formal. “En el tema de la flexibilidad laboral hay dos cuestiones, una es el abaratar el despido, pero para eso se debe solucionar con el seguro de desempleo para proteger al trabajador.
En el caso del trabajo por horas, la población labora medio tiempo, pero no por que quiera sino por el ingreso extra, por eso es una solución aparente, se trata de formalización precaria”, explicó.
Sergio Paixao, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país indicó que la formalización del empleo es la única salida, pero, debe ir de la mano de mejoras en el bienestar de los trabajadores con protección social, formación continua y seguridad social para la edad laboral y para la jubilación.
El viceministro de Economía, Sigfrido Lee, defendió el salario diferenciado como herramienta necesaria para crear empleos formales en lo rural. Por aparte el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, comentó que para llegar a la formalidad se debe aprobar más legislación que de mayor fuerza coercitiva al Estado para hacer que se cumpla la ley. Además de formalizar el trabajo a tiempo parcial y crear políticas de incentivo a la inversión basadas en un concepto de generación de empleo decente y de inclusión social.
Cambios de fondo
El problema es de fondo y no de leyes concretas, afirma Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Lo que hay que atacar, en su opinión, son lacras como la corrupción o la inseguridad para poder generar riqueza y acabar con la miseria y pobreza que azota al país. Además criticó lo complejo de los sistemas tributarios y laborales que hace que mucha gente no se incorpore a lo formal.
El presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowsky, afirma que en el sector se tiene un trabajo fuerte para que se cumplan las leyes laborales. El empresario afirma que clientes como Starbucks exigen que sus proveedores tengan esa garantía para sus trabajadores. “Apoyamos el salario diferenciado y la flexibilidad laboral, una vez se cumplan las leyes y convenios nacionales e internacionales”, agregó.
Los empresarios y analistas coincidieron en el II Congreso Laboral Retos para la Generación de Empleo Decente: Hacia la formalización del Mercado laboral, en el que discutieron diversas propuestas que impulsan por medio de varios proyectos.

“El salario diferenciado en Honduras, vigente desde 2007, ha tenido poco éxito”.
Luis Linares, consultor de Asíes.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20150430/economia/11877/Discuten-propuestas-para-impulsar–empleo-con-protecci%C3%B3n-social.htm

Firma de pactos colectivos comprometen al Estado

Según datos del Ministerio de Trabajo entre 1990 y 2013 se han aprobado 62 pactos colectivos laborales, los que según analistas perjudican al Estado, porque asume responsabilidades que no puede cumplir y debido a ello se recurre al endeudamiento para honrar estos compromisos laborales.

En febrero de 2013, el Ministerio de Trabajo notificó la certificación de la homologación del Pacto Colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el cual estaba compuesto por más de 50 artículos, destacando obligaciones laborales, la dignificación, profesionalización y mejoras en la formación inicial de docentes del sector público.

Ese mismo año, también fue aprobado el convenio del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), siendo este tipo de beneficios nocivos para la gestión pública, de acuerdo a Enrique Maldonado, analista en temas económicos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (Icefi), puesto que indica que dentro de esos gastos no se especifica cuánto le cuestan al Estado, ya que no se visibilizan en el presupuesto.

Maldonado indicó que estos convenios surgen porque las instituciones públicas no han tenido una adecuada política de absorción, reclutamiento y promoción de su recurso humano, como el caso del Mineduc, en donde el Estado está obligado a poder contratar un seguro de gastos y seguro de vida privado para los maestros, cuando ya existe el auxilio social y el auxilio póstumo. Añadió que han sido utilizados como un instrumento de chantaje político.

Mientras que Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) manifestó que ha existido abuso por parte de los trabajadores al pedir pactos, pero también, por parte de quien toma la decisión de otorgar beneficios en donde los más culpables son los funcionarios quienes los firman porque muchas veces se benefician ellos más que otros, tal es el caso del pacto de salud pública que incluye un reglamento de viáticos que significa que el ministro de esa cartera tiene US$200 diarios en ese tema más que otros ministros.

En marzo del año pasado, el presidente Otto Pérez Molina, exigía respeto a los pactos colectivos ante la petición de la entonces ministra de Finanzas María Castro, quien solicitaba que cesara el otorgamiento de los mismos, por considerarlos lesivos para el país. Sin embargo, este año Pérez Molina ante la creciente brecha fiscal y la falta de fondos en las arcas del erario nacional, prohibió la negociación de nuevos pactos colectivos entre los diferentes ministerios y los sindicatos de trabajadores.

http://lahora.gt/firma-de-pactos-colectivos-comprometen-al-estado/

Rechaza denuncias laborales

EL ministro de Trabajo, Carlos Contreras, se refirió a la denuncia en contra del Estado de Guatemala por parte de la central sindical estadounidense AFL-CIO ante un panel arbitral que evalúa la queja presentada por Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial con Centroamérica.

El funcionario rechazó que se están violentando los derechos a los trabajadores y actualmente están haciendo los esfuerzos pertinentes para cambiar esa tendencia por medio de un acuerdo firmado en 2013.

“La institucionalidad que garantiza el cumplimiento de legalidad laboral en Guatemala aún es precaria, cuando asumimos estaba en complicaciones difíciles, asumimos un compromiso con Estados Unidos para velar por los derechos laborales”, dijo.

http://lahora.gt/rechaza-denuncias-laborales/

País expuesto a sanciones

País expuesto a sanciones

El país podría de nuevo ser objeto de sanciones comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EE. UU. si no se atiende la demanda sobre presuntas violaciones adicionales a derechos laborales cometidas por el Gobierno guatemalteco, ante un panel arbitral que evalúa la queja de la central sindical estadounidense AFL-CIO.

29 de Abril de 2015 a las 00:00h

Los sindicalistas estadounidenses presentaron un pliego de casos adicionales a los del 2011, cuando empezó la disputa.

El ministro de Trabajo, Carlos Contreras —Izq.—, junto a directivos de la CIG, durante actividad informativa a socios.

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Fernando López, señaló, tras una conferencia sobre legislación laboral dictada por el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, que debe dársele seguimiento a la demanda de la AFL-CIO.

“Y si hay alguien que la incumple, sin importar qué empresa sea, que se proceda contra ella, porque para todos los demás —empresarios— es un perjuicio evidente y para el país también”, dijo López.

Trabajo

  • 6.3
  • millones de personas constituyen la PEA de Guatemala.

El dirigente agregó que las sanciones podrían complicar las exportaciones de varias empresas.

Resaltó que uno de los casos podría ser el de las maquilas que exportan a compañías de reconocidas marcas, que en cualquier momento podrían cesar sus pedidos.

Alejandro Ceballos, directivo de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), refirió que los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala ya expusieron sus “alegatos” y solo queda que el panel arbitral decida qué se hará. Refirió que al igual que los sindicalistas estadounidenses, Vestex presentó sus observaciones.

Según Ceballos, la sanción en este caso sería para el Gobierno guatemalteco hasta por US$15 millones.

http://www.prensalibre.com/pais-expuesto-a-sanciones