IGSS acude a la CC por Q4 millardos

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que el Congreso incluya la cuota patronal del Estado en el Presupuesto de ingresos y gastos para 2016.

El monto que el IGSS busca que se le asigne supera los Q4.6 millardos para cubrir las cuotas patronales y el aporte que le corresponde al Estado y que se arrastra desde hace varios años. El Ministerio de Finanzas (Minfin) incluyó en el proyecto de presupuesto solamente Q609.1 millones, por lo que el seguro social reclama que se incremente la asignación.

El aporte del Estado a los programas del IGSS asciende a Q2.9 millardos, la cuota patronal que le corresponde suma Q961 millones y solo se presupuestaron Q454.1 millones. Para las clases pasivas el reclamo es de Q718.4 millones y se presupuestan Q155 millones. Para 2016  solo se incluyó el 13.1 por ciento de lo que corresponde al IGSS.

Escucha a centros de análisis

La Comisión de Finanzas escuchó observaciones con respecto al Presupuesto General 2016.

http://elperiodico.com.gt/2015/10/15/economia/igss-acude-a-la-cc-por-q4-millardos/

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Apoyo ha costado más de Q3 mil millones

Las manifestaciones que los sindicatos de Educación y Salud, así como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) hacían en apoyo al expresidente Otto Pérez Molina no eran gratis, pues le representan al Estado unos Q3 mil 560.74 millones anuales.

El gobierno del Partido Patriota dejó un legado negativo para el presupuesto nacional, que cada año debe cubrir los beneficios otorgados por pactos colectivos que incluyen aumentos salariales anuales y, en el caso de la Conic, reducción de deuda agraria.

Otro grupo beneficiado por los patriotistas fue la Unidad de Acción Sindical y Popular, que el 1 de septiembre pasado bloqueó el ingreso del Congreso para tratar de evitar que se conociera el antejuicio contra Pérez Molina.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la firma de los pactos colectivos ha significado compromisos y prebendas.

“Lo que hicieron las autoridades irresponsables fue firmar cualquier pacto con tal de tener a la gente tranquila o bien para tenerla a su favor”, expresó.

Quezada explicó que el pacto colectivo más oneroso es el del Congreso porque tiene un incremento anual del 10 por ciento, lo cual significa que un trabajador duplica su salario después de siete años de labores. Le siguen los pactos en Educación y Salud, por la cantidad de empleados.

“Si el Gobierno sigue pagando lo que hasta ahora ha erogado, quedará insolvente”.

“Si el Gobierno sigue pagando lo que hasta ahora ha erogado, quedará insolvente. Cuando los ministerios —Salud y Educación— empiezan a topar los números, comienzan a usar el dinero para inversión, por lo que ya no se adquiere medicina ni se invierte en educación. Va a llegar al punto, que no está lejano, en que ni eso será suficiente”, aseveró.

Indicó que todos los beneficios concedidos en un pacto son irreducibles.

“Los fondos adicionales no solo se necesitarán en el 2015, se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno”, expuso.

Impacto

Los efectos que tiene la suscripción de los pactos repercuten en las finanzas del Estado. Quezada citó el caso del pacto del Ministerio de Educación, donde se decretó un aumento salarial progresivo a partir del 2013. Ese año fue del 8 por ciento, cuando la cartera tenía contratados 202 mil 507 trabajadores; para el 2014 se fijó en 10 por ciento, y para el 2015, en 12.

Para este año el Ejecutivo requiere de al menos Q700 millones para cumplir con el pacto. En los últimos tres años ha necesitado más de Q1 mil 621.14 millones para honrar los compromisos con el sindicato magisterial.

En el caso del pacto colectivo de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio debe erogar este año Q1 mil 832.6 millones, en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

Según la Conic, el gobierno de Pérez Molina dejó un compromiso de Q15 millones anuales, a través del Ministerio de Agricultura. Adicional a ello se ha rebajado la deuda agraria a dos mil 616 familias de 32 comunidades rurales, cuyo monto supera los Q92 millones y que significan en promedio el 84 por ciento de la deuda que tenían los indígenas con el Estado.

Para estos tres compromisos el Estado debe erogar Q3 mil 560.74 millones al año, lo cual constituye una amenaza para las finanzas públicas.

Apoyo incondicional

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, advirtió de que si bien los pactos colectivos suplen la actualización de salarios en la administración pública, que son bajos, persisten las disparidades salariales.

Aseguró que las negociaciones son viciadas porque hay un juego de concesiones: “Si tú me das, yo te doy; son favores que se pagan con apoyo político”.

“Los sindicatos pierden independencia ante las autoridades”.

“Los sindicatos pierden independencia ante las autoridades porque hay un intercambio de favores económicos a costa del Estado, como absorber los costos de la negociación. Eso lleva a un condicionamiento político porque los sindicatos son manejados por el Estado o son cómplices de los funcionarios”, expuso Linares.

“Se conceden privilegios a los dirigentes sindicales; por ejemplo, en Salud se calcula que unos mil 200 empleados tienen permisos y licencia sindical, además de dar beneficios a los funcionarios que suscriben el pacto. En este caso los viáticos para el ministro de Salud subieron de US$400 a US$600”, indicó.

Linares manifestó que hay una serie de irregularidades y abusos que cometen los sindicatos y los funcionarios que firman los pactos.

Sin respaldo

Según Javier Santizo, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo: “Toda erogación que hace el Estado debe tener fuente de financiamiento”.

En el caso de los pactos es complicado porque son mejoras de los trabajadores públicos que van adquiriendo hasta llegar a un punto en que las entidades se vuelven inoperantes, e insisto en que no hay una fuente financiera que asegure la sostenibilidad de los incrementos”.

Indicó que cuando un juez hace el análisis de un pacto colectivo para el sector privado ve la capacidad financiera que tiene el patrono para brindar los beneficios a los trabajadores.

“En el ámbito público es distinto porque los empleados obtienen beneficios anuales y en muchos casos son exorbitantes. Lo que sucederá es que el Estado va a quebrar o las entidades se van a dedicar a pagar salarios y no podrán invertir, menos operar”, afirmó Santizo.

http://www.prensalibre.com/apoyo-ha-costado-mas-de-q3-mil-millones

Nicolás Maduro aumentó 30% el salario mínimo para enfrentar la inflación

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que decretó un aumento del salario mínimo del 30% para hacer frente a la inflación que, asegura, ronda el 80%, una subida de la que responsabilizó a los empresarios privados que le hacen a su Gobierno una “guerra económica”.

“Yo he decidido, para proteger el salario del último trimestre del año 2015 y dejar protegido, de los capitalistas ladrones, el salario del primer trimestre de nuestra amada clase obrera, decretar un aumento del salario mínimo nacional del 30%”, dijo Maduro desde un acto de Gobierno que encabezó en el estado Zulia (oeste).

Aumento

El salario mínimo mensual vigente en Venezuela hasta ayer era de 7 mil 422 bolívares, equivalentes a US$1 mil 178 al cambio de 6.3 bolívares por dólar, el cambio oficial más bajo, o iguales a US$37.11 a un cambio de 199.85, la tasa oficial más alta, en el marco del complicado sistema de control de divisas.

Con este ajuste anunciado, el salario pasará a 9 mil 649 (US$1 mil 531/ US$48.2) e “inmediatamente deben ajustarse todas las tablas de la administración pública y toda la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, ordenó el Presidente.“Vamos a perseguir la inflación, ahora vamos a picarle adelante, y el que necesita apoyo que me diga, lo digo para el sector privado, y el que no pueda que me diga también y me entregue lo que tiene y yo se lo voy a entregar a la clase obrera”, dijo al amenazar a quienes no cumplan con el aumento.

Agregó que este incremento de salarios “significa un aumento anualizado al año 2015 del 137% del ingreso mínimo vital de los trabajadores”, que va “mucho más allá de la inflación”.

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Exportadores proponen generación de empleo

Generar un millón más de nuevos empleos en los próximos cuatro años es la propuesta que el sector exportador plantea a las autoridades de gobierno que tomarán posesión en enero.

Con la propuesta “Si la promesa es empleo… las exportaciones son el camino”, los empresarios agremiados a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) apuestan a tener 2.6 millones de personas empleadas en ese sector y así generar US$22 mil 944 millones en ingresos de divisas.

Por Natiana Gándara y Sandra Vi
Estuardo Castro, Alfonso Muralles y Fanny Estrada, directivos de Agexport, dieron a conocer la propuesta de generación de empleo. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)

Para finales del 2015 se estima que los empleos del sector llegarían a un millón 571 mil.

El planteamiento, según lo explicaron a Prensa Libre ejecutivos de Agexport, incluye acciones que requieren de políticas públicas que promuevan las exportaciones, la competitividad y la mejora en el clima de negocios.

De darse esas condiciones, explicaron, se puede lograr un aumento sostenido de las ventas al extranjero y concretar la meta de generación de miles de empleos.

Rescate

Según Fanny Estrada, directora de Competitividad y secretaria ejecutiva de Agexport, el sector es una fuente masiva de empleo, pero esto solo puede darse en condiciones que favorezcan la competitividad.

En ese sentido manifestó que es urgente rescatar la Ley de Inversión y Empleo, la cual evitaría perder 80 mil empleos que genera el sector de vestuario y textiles.

Según datos de Agexport, el sector cuenta con más de 152 empresas que confeccionan y hacen ropa, además de 270 que se dedican a fabricar botones, serigrafía, hilos, bordados, etiquetas, bolsas de plástico y cajas de cartón, entre otros insumos.

Datos del Banco de Guatemala registran que hasta agosto pasado las ventas de ese sector sumaron US$898 millones 954 mil 32.

Estrada refirió que ante la incertidumbre respecto del futuro de los beneficios fiscales de los que goza el sector, 200 mil empleos se han perdido.

La Ley de Inversión y Empleo debe sustituir al decreto 29-89, que exonera de impuestos a las exportaciones de ese gremio.

“Lo que proponemos es una ley rescate, que no es lo que el país necesita, pero si no se hace se corre el riesgo de que compañías multinacionales se vayan a otros países”, indicó Estrada.

Aseguró: “Nos podemos olvidar de ese sector”, al señalar la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP) como una nueva amenaza.

Diversidad

Los ejecutivos de Agexport refirieron que las exportaciones del país han crecido 10 veces desde 1986, se transformaron y en la actualidad representan el 19% del producto interno bruto (PIB). Estrada dijo que la meta es llevarlas hasta el 30% del PIB.

Expresó que antes solo se exportaba azúcar, café y banano, pero ahora estos representan el 25% de las ventas, ya que el 75% son productos nuevos.

Propuesta realizable

De acuerdo con el ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, la propuesta de Agexport es ambiciosa y realizable. Si el sector privado y el público invierten se facilitarían las inversiones, y entonces el sector laboral se prepararía para la demanda de empleos con mejores salarios.

Según Agexport, para la próxima semana se ha planificado una reunión entre el Ministro y el sector, para promover la mencionada ley de rescate.

Acisclo Valladares Urruela, comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión (Pronacom), expuso que la propuesta es un esfuerzo de país que está alineada con otras iniciativas de guatemaltecos, como Mejoremos Guate, de donde salen los insumos que retroalimentan la Agenda Nacional de Competitividad, que ejecuta el Programa Nacional de Competitividad.

Valladares afirmó que la propuesta es integral y totalmente viable como país, si se enfoca en sectores productivos que tienen el potencial de crecer y crear empleo.

Agexport además señala la necesidad de aprobar un marco jurídico que fortalezca la institucionalidad, a través de leyes como la de delitos informáticos o reformas al código penal para que los inversionistas tengan más confianza para invertir en el país.

Cambios y apoyo

Marco Antonio Lemus Salguero, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, indicó que para aprobar una ley de inversión y empleo se debe reformar el Código de Trabajo, para que dé certeza jurídica a los guatemaltecos y a las empresas que hayan invertido en el país.

“En Guatemala no existe una legislación laboral que dé confianza de que no se violen derechos laborales”, dijo Lemus.

Estimación de empleo 2015

  • cifras
  • 1
  • millón 571 mil 17 plazas
  • 634
  • mil 828 en productos tradicionales

A criterio de Carlos Barreda, de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, la iniciativa de ley 4644, de inversión y empleo, que modifica a la 2989, “perdió credibilidad”.

Según el legislador, se han hecho acercamientos para buscar una iniciativa que pueda limitarse al tema de las empresas que son beneficiadas en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, decreto 29-89, y Ley de Zonas Francas, decreto 65-89.

“Existe un consenso en el pleno para retener los empleos que ya existen en las maquilas. Hemos dialogado con el sector privado para tener una iniciativa que se limite a mantener los beneficios a las empresas que ya están instaladas, especialmente las del sector textil”, señaló Barreda.

Candidatos Apoyan

El proyecto de los exportadores se plantea a los presidenciables Sandra Torres y Jimmy Morales como una alternativa a implementar por quien gane el próximo 25 de octubre.

René de León, coordinador del área económica del plan de gobierno del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que la propuesta de Agexport es emblemática y factible.

“La iniciativa privada es quien puede generar empleo masivo de forma directa, y el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar las condiciones”, refirió.

“Si el Gobierno no cumple con lo que debe hacer, no se pueden crear los empleos que propone Agexport”, afirmó De León.

Yuri Arana, miembro del equipo de comunicación del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), indicó que esta propuesta es una de las prioridades de las mesas de trabajo del partido.

“Consideramos que Guatemala debe ser competitiva en todos sus sectores productivos; es vital que todos los guatemaltecos cuenten con un salario digno”, refirió.

Impacto directo

La propuesta proyecta que si las exportaciones siguen creciendo en cuatro años llegarían a alcanzar los US$22 mil 944 millones y se emplea a un millón de personas más, el impacto significaría US$12 mil 110 millones de divisas adicionales a las que se lograrían en el 2015, es decir, US$1 mil 110 millones al año del PIB.

http://www.prensalibre.com/guatemala/generacion-de-empleo-proponen-exportadores

Se gradúan en Nicaragua especialistas en cumplimiento laboral

Un total de 25 gerentes de textileras se convirtieron este fin de semana en los primeros especialistas en “cumplimiento social y laboral” de Nicaragua, con miras a que eleven la competitividad de las empresas de zonas francas del país.

Hasta ahora Nicaragua carecía de especialistas formados en la materia, pero la capacitación de los gerentes ofrece a sus respectivas empresas una mayor calificación profesional y académica de sus recursos humanos, informó Better Work, la oficina de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) especializada en el cumplimiento de normas laborales.

Las patronales de zonas francas aplaudieron el programa de capacitación. “Es el primer paso que damos en la profesionalización de áreas como estas, y lo elogiamos”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Nicarag ense de la Industria Textil y Confección  (Anitec), Dean García.

La capacitación, que se desarrolló en la Universidad Centroamericana  (UCA) , fue auspiciada por Better Work, con el apoyo del Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional  (IFC, en inglés) .

Las textileras ofrecen el 60% de los empleos de las empresas bajo el régimen de zona franca en Nicaragua, que tienen 108 mil trabajadores en total.

Las zonas francas exportaron US$2.510,2 millones en 2014, y en este 2015 apuntan a un crecimiento del 0,06%, según datos del Banco Central de Nicaragua.

http://www.prensalibre.com/economia/se-graduan-especialistas-en-cumplimiento-laboral

Máquinas frente a humanos: ¿dónde está el límite?

Por – 15 de octubre de 2015, 6:00 am

Una serie de estudios ha puesto por delante la teoría de que el trabajo producido por humanos será sustituido por máquinas cada vez más inteligentes, lo que conducirá al ser humano a la irrelevancia. ¿Quién no ha oído hablar de los coches que se autoconducen, las máquinas que diagnostican enfermedades o incluso los robots que identifican emociones? ¿Es el progreso de la inteligencia artificial el fin de la inteligencia humana? En otras palabras, ¿será el último invento que tendrá que realizar el ser humano una máquina más inteligente que el más listo de los humanos, para que ésta pueda seguir inventando a futuro?

Aunque muchos de estos estudios tienen visos de ciencia y economía-ficción, todos ponen de manifiesto las implicaciones que estos fenómenos pueden tener para el devenir de nuestras sociedades. Así, por ejemplo, dependiendo de si las máquinas son capaces de sustituir solo al trabajo poco calificado, calificado o todo el trabajo, se darán consecuencias distributivas distintas, pero en todos los casos presumiblemente de gran magnitud, por lo que los países deben ir preparándose. Hasta ahora, la máquina ha sido capaz de sustituir un montón de personas en trabajos rutinarios llevando a algunas profesiones casi a su extinción. ¿Quién se acuerda hoy de los operadores telefónicos o los mecanógrafos? Pero lo que pronostican Brynjolfsson y A. McAfee en su último e influyente libro La segunda era de las máquinas es que este proceso se acelerará a futuro. Así, no solo personas con trabajos rutinarios y/o de baja calificación, sino muchos trabajadores calificados (traductores, analistas de datos, gestores…), serán potencialmente reemplazados por máquinas.

Existe un vigoroso debate acerca de cuán factible es ese escenario (recomiendoesta interesantísima discusión de expertos sobre el futuro del trabajo en la era de las máquinas). Un aspecto importante es si el hecho de que el sector de la computación esté aumentando su capacidad de forma exponencial se traducirá encambios en el agregado de la economía. Un ejemplo histórico ayuda a entender este fenómeno: a finales del siglo XIX, la producción de velas era un sector importante para la economía, mientras que cien años después la producción de iluminación se convirtió en un sector con un peso casi irrelevante. ¿Por qué? Porque la capacidad de iluminar ha crecido muchísimo pero la demanda de productos de iluminación no se ha incrementado al mismo ritmo. Ese fue unproceso que también sufrió –y en muchos países sigue sufriendo– la agricultura. Dado que el sector agrícola es capaz de producir mucho más que en el pasado, se necesita menos gente para alimentar a las sociedades, gente que puede trabajar en otros sectores. De acuerdo con estos ejemplos, la pregunta entonces es si el sector de la computación tendrá más o menos relevancia en el futuro.

Relacionado con lo anterior, otro aspecto importante a considerar es qué tan rápido están ocurriendo estas transformaciones y qué peso tienen ya en la economía en su conjunto. Si bien los ejemplos son muy sugerentes, los datos en el agregado no muestran todavía un cambio importante en el crecimiento de la productividad, quizá porque aún suponen una parte pequeña de las economías. Qué tan rápido ocurra el cambio a futuro determinará la capacidad de las sociedades de ir ajustándose a estos procesos.

Finalmente, quizá el aspecto más importante a resaltar y difícil de predecir es hasta qué punto las máquinas serán complementarias o sustitutivas del trabajo y para qué tipos de trabajo. Hasta la fecha, la inteligencia artificial ha sido capaz de suplir muchos trabajos rutinarios, pero no ha podido sustituir tantos trabajos en el sector servicios (salud, cuidado de infantes y adultos mayores, maestros y profesores) cuyo peso relativo en empleo ha crecido. Es fácil imaginar un futuro donde lasmáquinas produzcan otros productos, pero ¿podrán cuidar a un niño, a un anciano, o enseñar? Asimismo, hay todo un grupo de profesiones que se han beneficiado mucho del desarrollo de la computación. Es muy probable que la emergencia de maneras más poderosas de computación suponga la aparición de nuevas ocupaciones ahora inimaginables que supongan nuevas fuentes de empleo. ¿Quiénes se podrán beneficiar?

Sin duda, se trata de preguntas muy importantes. Quizá una máquina las podrá contestar pronto.

*Este artículo pertenece a la serie de posts titulada ‘El futuro del trabajo‘, en la que cada mes reflexionamos sobre los empleos que vienen. Lea el artículo anterior: ‘Si trabajar por cuenta propia es el futuro, ¿qué pasará con las pensiones?‘.

http://blogs.iadb.org/trabajo/2015/10/15/maquinas-frente-a-humanos-donde-esta-el-limite/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=

Lesividad de pactos de trabajo en el sector público

El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), bajo la conducción del exministro Jorge Villavicencio, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), el 21 de agosto de 2013, con vigencia de dos años, con el inaudito aval de la Procuraduría General de la Nación, que debe velar por la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones estatales, y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ilustra sobre la lesividad para los intereses estatales de algunas disposiciones contenidas en los pactos colectivos de condiciones de trabajo “negociados” en el sector público.

Por cierto, este Pacto fue presentado en su oportunidad como un gran logro del régimen de Otto Pérez, así como ocurrió con el Contrato de Usufructo de Puerto Quetzal, que es lesivo para los intereses del Estado. Los sindicalistas, por su parte, llamaron a Pérez como el “presidente amigo”.

Desde que se tuvo acceso al contenido del susodicho Pacto se detectaron varias disposiciones gravosas para el Estado y jurídicamente cuestionables, tales como: (i) La creación de una comisión bilateral conformada por 2 representantes del SNTSG y 2 representantes del MSPAS, para la discusión e implementación de los procesos de ingresos, ascensos, traslados y permutas de trabajadores; (ii) el pago de onerosos bonos por antigüedad real; (iii) el pago de altas sumas de dinero en concepto de viáticos a los sindicalistas, el numeroso grupo de sindicalistas (2,069) con “licencia sindical” para no laborar; (iv) la prohibición de que los trabajadores puedan ser despedidos sin justa causa mediante el correspondiente pago indemnizatorio, aunque la Constitución dispone: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario”; y (v) la sustitución de la indemnización por despido injustificado por la prestación denominada “compensación económica por tiempo de servicio”, a razón de un mes de salario por cada año laborado sin límite de tiempo, que es una suerte de indemnización universal.

Dado que la administración pública se rige por el principio de que solo está permitido lo que la Constitución y la ley expresamente establecen, entendiéndose por prohibido lo no permitido, se pone en duda que los funcionarios puedan negociar y pactar condiciones de trabajo que contradigan la Constitución y la ley, o que excedan los límites de lo permitido.

En conclusión, el indicado Pacto refleja algunas de las disposiciones gravosas y lesivas que se han venido “negociando” entre sindicatos del sector público y las autoridades, que obligan al Estado en menoscabo de sus intereses, y que imperativamente deben ser revisadas o declaradas lesivas o sin vigencia.

http://elperiodico.com.gt/2015/10/15/opinion/lesividad-de-pactos-de-trabajo-en-el-sector-publico/