Los derechos laborales son Derechos humanos (video)

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Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

Minuto tecnológico: Amazon y la respuesta sindical global

Hemos comentado en varias ocasiones en este minuto tecnológico, lo que va a suponer la robótica y en general la transformación digital en el mundo del trabajo, de la empresa y de las relaciones laborales. Paro masivo provocado por la destrucciones de puestos de trabajo de personas que pierden sus empleos al ser sustituidas por robots; y también mejoras en las condiciones del resto de los trabajadores que tendrán menos trabajo y más tiempo libre…Todas estas cuestiones las habrán escuchado seguro que más de una vez.

Pero lo paradójico es que de momento nos encontramos con titulares que al menos sorprenden. Voy a coger como ejemplo una de las grandes tecnológicas: Amazon. La empresa que ha revolucionado el comercio. Que en una hora te lleva a tu casa lo que hayas comprado, sea lo que sea. Una de las grandes locomotoras de la Bolsa, que sólo en el primer trimestre ha facturado más de 50.000 millones de dólares y ha ganado más de 1.600 millones. Una empresa que en 2017 contrató ella sola a lo largo del mundo a casi 140.000 trabajadores y que en total tiene ya 560.000. Casi seiscientos mil trabajadores.

Amazon es grande, innovadora, global, moderna, divertida. Y está generando nuevas situaciones laborales, pocas veces antes vistas. Por ejemplo sus trabajadores llevan en los últimos meses denunciando las condiciones laborales que tienen. Y ya han realizado algunas huelgas en varios países. Pero sin entrar en el fondo de esos motivos, ahora se produce un efecto de la globalización. Una movilización y protesta laboral también global. Sindicatos de España, Francia e Italia en contacto con trabajadores del Reino Unido y Alemania buscan un comité de empresa europeo para globalizar la lucha y coordinar acciones. Nuevos entornos también porque las huelgas de los trabajadores tienen que enfrentarse a nuevos retos: competencia de robots y sobre todo a la tiranía de los algoritmos.

http://amp.ondacero.es/programas/noticias-fin-de-semana/audios-podcast/amazon-y-la-respuesta-sindical-global_201804285ae424050cf2a468a78820f5.html?__twitter_impression=true

El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos

POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Alejandro Argueta, abogado de profesión especializado en Derecho Laboral, se ha enfocado en el estudio y atención de casos relacionados a la defensa de derechos de trabajadores, las organizaciones sindicales, pactos colectivos del sector público y privado. El abogado, también con conocimientos y estudios en Historia y Economía, conversó con “La Hora” respecto a las consecuencias que existen a partir de la corrupción de organizaciones de sindicatos en el sector público y de la necesidad de eliminar estas malas prácticas en favor de la gestión de las instituciones públicas.

Argueta analizó e identificó anomalías en el Pacto Colectivo firmado entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y el sindicato de salubristas de esa institución. A criterio del experto, existe una brecha sumamente ancha entre la verdadera naturaleza de los sindicatos y la forma en que han funcionado, en la práctica. Según Argueta, en ese juego de corrupción y defensa de intereses personales, los más afectados son los trabajadores honestos y la población.

¿Cuál es o debería ser la naturaleza de un sindicato?
Los sindicatos son muy importantes. En el ámbito laboral y profesional, la única forma de lograr mejorar y superarse es organizándose, en lo individual hay muy pocas historias de éxito, creer que solo uno va lograr las cosas no se puede, entonces hay que organizarse. Un sindicato siempre debe buscar el bienestar de los trabajadores. Hay muchos casos que demuestran la necesidad de trabajar y proponer en colectivo. Una segunda función de los sindicatos es que son un interlocutor político, porque para hacer política es importante tener representantes políticos y legítimos.

¿Cómo son los sindicatos en Guatemala?
En Guatemala, los sindicatos actualmente son el producto de una política de represión antisindical. En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical. No es culpa de los trabajadores, la destrucción de la fuerza sindical ha sido una causa de algunos patronos.

¿Quién es el principal beneficiado con la corrupción de un sindicalista?
Es el patrono porque si el sindicalista fuera honesto a la representación que ejerce entonces el patrono realmente tendría que negociar con una fuerza colectiva real y ceder parte de sus intereses económicos y políticos con tal de mantener la estabilidad de su actividad. Por el contrario, si el sindicalista es controlado por la presión del patrono, lo que hace es que deja de ser sindicalista y se convierte en un cómplice del patrono. Hay una frase que dice “no se puede vivir de defender una injusticia y pretender no ser parte de ella”. Entonces, cuando el sindicalista traiciona su representatividad y se presta a intereses opacos del patrono, se convierte en cómplice del patrono. Un patrono legal, responsable y honesto no necesita de un sindicalista corrupto. El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos.

¿Cómo se aplica esto a las instituciones públicas?
En las instituciones públicas, lo que puede suceder es que los funcionarios corruptos corrompen al sindicalista para que en la traición de sus intereses lo primero que traicionen sea ser el primer testigo de los actos de corrupción del funcionario. Cuando en realidad ellos tendrían que ser los primeros en denunciar la corrupción de las instituciones. O sea que lo primero que gana es el silencio del sindicalista de la inapropiada gestión del funcionario.

Un sindicalista estatal conoce bien las instituciones, lo saben todo, tienen el sentido de un funcionario correcto y uno que no está actuando bien, saben sobre los procesos administrativos, sobre las compras, las presiones financieras, se enteran de todo. Cuando lo ocultan es donde traicionan la esencia de su papel como sindicalistas. La corrupción que vemos ahora es el resultado y producto de un deterioro de la administración pública que empieza con los funcionarios. La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

¿Cuáles son las consecuencias de esa dinámica de corrupción entre sindicalistas y funcionarios?
Lo que sucede es que aunque existen muchos sindicatos en las instituciones, en lo público o en lo privado, en realidad los trabajadores no están representados, lo que existen son sindicatos de cartón, son fachadas políticas que ejercen una función de validación de la corrupción y han dejado de ser representativos para el resto de trabajadores.

¿De qué forma se puede resolver esto?
Considero que lo primordial es dar oportunidades de fomentar nuevos liderazgos y sobre todo de jóvenes que estén conscientes de las deficiencias actuales y tengan la intención de hacer las cosas de manera distinta.

También considero que se deben aprovechar las coyunturas actuales de la lucha contra la corrupción y aprovechar que hay de parte del sector empresarial y estatal personas que comprenden la necesidad de apoyar estos procesos.

Actualmente resultan muy cuestionados los Pactos Colectivos. ¿De qué forman funcionan estas negociaciones?
El Pacto Colectivo es la formalización de los acuerdos entre los sindicalistas y los representantes de las instituciones, el problema es el tipo de negociación. Hasta ahora no tengo evidencia para hacer una excepción respecto a las anomalías en las negociaciones.

El problema con los Pactos Colectivos es que, con el modelo con el que se plantean, no son sostenibles. La forma en que se negocian entre instituciones públicas y sindicalistas, hacen que los beneficios no sean sostenibles. En el caso de los salubristas hay que reconocer que sí ganan muy poco, los ingresos son bajos para los que están haciendo gestión púbica. Y entonces vienen este tipo de prácticas entre sindicalistas y funcionarios públicos y llegan a acuerdos de beneficios económicos que aparentan ser favorables pero no son sostenibles y al final los trabajadores salen defraudados porque al final no reciben nada.

No les pagan porque no hay respaldo legal para hacerlo, no hay suficiente capacidad presupuestaria, otras veces, la mayoría de beneficios deben ser erradicados porque no son sostenibles.

¿Cuál es el perfil que debe tener un sindicalista?
Yo considero que antes que cualquier cosa, un sindicalista debe ser responsable y formal en el cumplimiento de sus funciones legales como empleado públicos y a partir de ahí proponer una mejora. No al revés, no proponer cosas que les quiten responsabilidades como empleados públicos porque de esa forma afectan la gestión pública y esa no es la verdadera intención de un sindicalista.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida. Así es como me imagino un sindicato: intransigente con las prácticas opacas, exigente de condiciones de trabajo que le dignifiquen y le den carrera.

¿En algún momento, los sindicatos se vuelven herramientas políticas?
Se convierten en grupos de poder. Primero, las personas los apoyan y creen que van a lograr beneficios insostenibles con la representación de los sindicalistas, buscan un alivio a su precaria condición de vida. Con esa intención, la gente apoya la sindicalización. La gente participa de una u otra manera, pero con ese apoyo y con el uso de licencias se convierten en una herramienta de presión política para intereses muy particulares que muchas veces no tienen que ver con los intereses de los empleados.

Tomando en cuenta que existen anomalías en la actividad sindical, ¿quiénes deberían vigilar el actuar de los sindicatos?
Todos. Es una tarea que va desde el Presidente, los ministros, las organizaciones como la Contraloría General de Cuentas, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de trabajo. Prácticamente es una tarea de muchas instituciones. Son varias las autoridades que deben poner atención en este tema para resolver lo que está sucediendo.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción. Esto no se trata de criticar el movimiento sindical en general sino a la corrupción que se ha impregnado en estas actividades.

En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical.

La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida.

Alejandro Argueta, abogado especializado en derecho laboral.

http://lahora.gt/experto-laboralista-el-sindicalista-corrupto-no-va-luchar-por-intereses-verdaderos/

Los países del mundo en los que se trabaja más horas (y los dos primeros son de América Latina)

La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó en marzo una ley que le dará a una cantidad importante de su fuerza laboral un merecido descanso.

Los legisladores aprobaron de manera abrumadora un proyecto de ley que reduce el máximo de horas de trabajo semanales a 52, de las 68 horas que se permitían antes.

Corea del Sur es la nación desarrollada que tiene la jornada laboral más larga, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La ley entrará en vigor en julio, aunque inicialmente solo se aplicará en las grandes empresas y luego llegará a compañías más pequeñas.

A pesar de la oposición de la comunidad empresarial, el gobierno cree que la ley es necesaria para mejorar la calidad de vida, crear más empleos y aumentar la productividad.

Excepción a la regla

Corea del Sur tiene una jornada laboral más extensa que cualquier otro país desarrollado: un promedio de 2.069 horas por año, por trabajador.

Pero aunque es el país desarrollado que más trabaja, hay dos naciones en vías de desarrollo en el que se trabaja aún más horas. Y ambas están en América Latina.

El análisis de la OCDE, que incluyó a 38 países, mostró que los mexicanos (2.225 horas/año) y los costarricenses (2.212) tienen las jornadas laborales más extensas del mundo.

Gráfico de los países con jornadas laborales más extensas

Estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que los países de ingresos bajos y medios tienden a trabajar más horas que sus contrapartes más ricos.

Esto se debe a una serie de factores que van desde la proporción de trabajadores cuentapropistas o autónomos a los salarios más bajos, la inseguridad laboral y cuestiones culturales.

Pero Corea del Sur no es la única excepción a la regla.

Una minera en Sierra LeonaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionVarios países del mundo no tienen límites legales para la jornada laboral.

Japón tiene un problema con la “muerte por exceso de trabajo“, algo que no solo está expresado por las estadísticas sino también por el hecho de que el idioma japonés tiene una palabra para este tipo de fallecimiento: karoshi.

La palabra se refiere a los empleados que mueren a causa de dolencias relacionadas con el estrés (ataques cardíacos, derrames cerebrales) o que se quitan la vida debido a las presiones del trabajo.

El promedio de 1.713 horas trabajadas por año en Japón no está entre las más altas de la lista de la OCDE, pero más allá del número, existe la sombría realidad de que el país no cuenta con una legislación que estipule un límite máximo de horas semanales y no hay ningún límite para las horas extras.

Empresario japonés dormido en una estaciónDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionTrabajar de más es algo habitual en Japón.

En el año fiscal 2015-16, el gobierno registró un récord de 1.456 casos de karoshi.

Los grupos defensores de los derechos de los trabajadores afirman que las cifras reales podrían ser mucho más altas debido al subregistro.

Países con la semana laboral legal más extensa
Tailandia 84
Islas Seychelles 74
Costa Rica 72
Nepal 68
Irán 64
Malasia 62
Singapur 61

Según las cifras más recientes de la OIT, Asia es el continente donde el mayor número de personas trabaja la mayor cantidad de horas: la mayoría de los países asiáticos (el 32%) no tienen un límite máximo para la jornada laboral.

Otro 29% tiene umbrales altos (60 horas semanales o más). Y solo el 4% de los países cumplen con las recomendaciones de la OIT y acatan las normas laborales internacionales que establecen un máximo de 48 horas o menos para la semana laboral.

En las Américas y el Caribe, el 34% de las naciones no tienen límite de horas semanales, la tasa más alta entre todas las regiones.

Surcoreanos cruzando una calle.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLos surcoreanos trabajaron un promedio de 2.069 horas el año pasado.

Uno de los países sin límite es Estados Unidos.

Pero es en Medio Oriente donde los límites legales son más extensos: ocho de cada 10 países permiten jornadas laborales que exceden las 60 horas por semana.

En Europa, en tanto, todos los países tienen un horario semanal máximo y solo Bélgica y Turquía tienen jornadas laborales legales de más de 48 horas.

Pero es en África donde hay más países en los que más de un tercio de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas por semana. La tasa en Tanzania, por ejemplo, es de 60.

Ciudades “adictas al trabajo”

También hay encuestas que muestran en qué ciudades se trabaja más.

En 2016, Swiss Bank UBS publicó un análisis de 71 ciudades que mostraban a Hong Kong con un promedio de 50,1 horas semanales de trabajo, por delante de Bombay(43.7), Ciudad de México (43.5), Nueva Delhi (42.6) y Bangkok (42.1).

Hong KongDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUna encuesta de 2016 halló que Hong Kong es la ciudad en la que se trabaja más horas.

Los mexicanos, además de trabajar las jornadas más largas, también están sujetos a uno de los regímenes vacacionales más mezquinos del mundo: sus vacaciones mínimas pagas legales son de menos de 10 días, lo mismo que ocurre en Nigeria, Japón y China, por ejemplo.

En cambio Brasil ofrece un mínimo de entre 20 a 23 días.

Podría ser peor, sin embargo.

En India, donde no existe un límite para el horario laboral máximo, los trabajadores no tienen una cantidad mínima garantizada de vacaciones pagas anuales.

http://www.bbc.com/mundo/institucional-43872427

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Las mujeres organizadas de la maquila

Carmen Quintela Babio

Francisca Alvarado Chij rebusca entre las gavetas de su pequeño cuarto. Entre retazos de tela y algunas hojas, encuentra una carpeta plástica. “Aquí tiene que estar”, sonríe. La humilde habitación, impoluta, y el olor a perfume que impregna cada esquina, son muestra del orden con el que Francisca cuida las pocas cosas que tanto esfuerzo le ha costado juntar.

Abre la carpeta con cuidado, y camuflado entre algunos papeles aparece un álbum de fotos, resguardado de la humedad. “Sí, aquí está”, confirma. La mujer saca una fotografía antigua, de hace unos 20 años, dice. En ella aparece una dedicada y joven Francisca, al inicio de una línea de producción de una maquila en la que trabajó tiempo atrás.

La historia de Francisca es una historia de constancia, de resistencia. Su memoria parece uno de esos álbumes de fotos que guarda con meticulosidad. Nació hace 47 años en Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez, y cuando apenas levantaba un palmo del suelo, su familia migró a Petén. Con 13 años, a inicios de los 80, una Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) mató a su padre. “Mi papá no era guerrillero”, cuenta sin poder aguantar las lágrimas, golpeada por el recuerdo.

Simone Dalmasso

Comenzó a trabajar muy niña, a los siete. Primero vendiendo comida en los buses.Cuidando niños, fabricando zapatos, y sirviendo comida en un restaurante después. A los 16 se fue a vivir con el padre de sus hijos. A los 22 llegó el primer trabajo en una maquila. Y a los 36, empezó a trabajar como operaria en Koa Modas, S.A., una fábrica de capital coreano ubicada en la zona 7 de Mixco. Su pareja y los golpes que le propinaba se quedaron en el camino.

Francisca, al igual que sus compañeras, gana el salario mínimo estipulado para las maquiladoras por el Ministerio de Trabajo. Q.2,758.16 al mes, más de Q200 menos que el sueldo mínimo general.

Con esta cantidad, las trabajadoras de Koa Modas apenas pueden permitirse alquilar un pequeño espacio que en ocasiones no supera dos metros de ancho por tres de largo. Algunas mujeres logran rentar un espacio mayor con apoyo de sus parejas, pero la mayoría están solas a cargo de varios hijos y deben hacer números para llegar a fin de mes.

Es el caso de Zaily Janeth Mejilla, que vive con dos de sus hijos en la colonia Berlín, en la zona 10 de Mixco. Los tres comparten un cuarto ocupado casi en su totalidad por una litera. La habitación se encuentra en la parte trasera de una imprenta. Las paredes, de madera, están roídas por las ratas que se pasean con la libertad que les proporciona la penumbra del lugar. La parte superior del cuarto está forrada con cartón, que se empapa y se hincha con la fuerte lluvia que cae afuera. “Pago Q200, una parte del alquiler —cuenta—. Mis papás me ayudan con el resto. No es lo mismo que pasan otras compañeras”.

Otras mujeres están completamente solas. Dejaron sus municipios de origen y migraron a la capital, con la propuesta de un trabajo fijo y la promesa de enviar un porcentaje del sueldo para mantener a sus familias.

Muchas optan por alquilar pequeños cuartos en las calles aledañas a la fábrica: unos espacios angostos, con una puerta, y, con suerte, una ventana que da a un patio común. Josefa Poncio López es una de ellas. Llegó de Santa Cruz del Quiché hace 17 años, cuando comenzó su trabajo en una maquila de la zona 3 de Mixco. Hace 11 años empezó a trabajar en Koa Modas. Paga Q350 al mes por el lugar que renta, una habitación dentro de un terreno en el que viven otras mujeres y hombres, la mayoría trabajadores de la fábrica. Su hija, de nueve años, y su padre viven en Santa Cruz.

Los alquileres aumentan conforme el lugar queda más próximo a la maquila. Magdalena Marcos Raymundo llegó de Nebaj, Quiché, hace 20 años. La humedad que impregna su cuarto se cuela por las fosas nasales y humedece el pelo de Magdalena que, cohibida, muestra el humilde espacio que comparte con dos de sus hijos pequeños. Dos camas imperiales, una estufa de gas oxidada y un armario de madera. Q525 al mes.

Francisca, Zaily, Josefa y Magdalena narran la misma realidad. La vida en la maquila no es fácil, aseguran. Largas jornadas de trabajo, horas extra no pagadas y un problema que afecta a una buena parte de las trabajadoras: el impago de las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por parte de la empresa.

Hace unos años, decidieron organizarse para tratar de detener estos abusos.

La organización

Sentada en la silla frente a su vieja máquina de coser, con la que de vez en cuando hace algunos encargos, Francisca narra los abusos verbales y físicos, el acoso sexual y las amenazas directas que se daban —y se siguen dando— día sí día también por parte de los superiores y del jefe de personal de Koa Modas, S.A. Cuando se enfrentaba con sus supervisores, al principio, Francisca lloraba. Le temblaba el labio inferior, las piernas, y un sudor frío recorría su espalda cada vez que levantaba la voz. Pero la unión con varias compañeras y compañeros la fortaleció. En 2011 decidieron, al fin, sindicalizarse. Nacía el Sindicato de Trabajadores de la empresa Koa Modas, “Sitrakoamodassa”.

La sindicalización en Guatemala puede llegar a ser un desafío, por desconocimiento y reticencia de los empleados. En el sector de maquila todavía más complicado. Las trabajadoras consultadas hablan de acoso, hostigación y amenazas en los inicios de la organización.

El Ministerio de Trabajo ha registrado la creación de 47 sindicatos de maquilas entre 2012 y 2017. Sin embargo, Francisco Sandoval, viceministro de administración del trabajo, hace hincapié en que la organización no tiene la obligación de anunciar a la cartera si se da de baja o sigue vigente. Por ello, desconocen el número real de agrupaciones activas.

En la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), donde dan seguimiento a este tipo de informaciones, Lidia Cardona, secretaria ejecutiva encargada de actas del Sitrakoamodassa, cuenta que a la fecha únicamente hay tres sindicatos de maquila operando en Guatemala.

Simone Dalmasso

La organización a la que pertenece Cardona cuenta con 175 afiliados. Unos 50, explica, son hombres. El resto mujeres. A pesar de la gran cantidad de trabajadoras, los consejos directivo y consultivo del sindicato están integrados únicamente por tres empleadas, de un total de 12 cargos. “Es por el mismo machismo que hay en la maquila —explica—. Piensan que es mejor un hombre en un puesto de liderazgo que una mujer, para negociar. Y hasta cierto punto, puede ser cierto. Una compañera que antes integraba la directiva llegó a ser agredida por uno de los jefes de la empresa”.

Cardona explica que la creación del sindicato supuso mejoras, pero remarca que los miembros de la agrupación han sido los únicos beneficiados. Un porcentaje reducido, tomando en cuenta que la maquila cuenta con 1,180 trabajadores.

“Las violaciones, el acoso sexual y laboral siguen dándose, pero sobre todo con gente que no está en el sindicato. Esto también hizo que aumentara el número de afiliados”, cuenta Cardona. “Muchas mujeres son acosadas por los supervisores. La mayoría son madres solteras a las que los jefes les dicen que si quieren seguir en el puesto, tienen que salir con ellos”, continúa.

La Comisión de Verificación de Códigos de Conducta (Coverco) es una entidad privada que lleva 20 años documentando las violaciones de derechos humanos y laborales en maquilas. Homero Fuentes, su director, remarca que en la sindicalización “se ve reflejada toda la cultura de terror que hemos vivido en este país. Cuando violan a una secretaria general de un sindicato, cuando le echan gasolina a una trabajadora, ¿quién más quiere afiliarse ahí? El mensaje está dado”.

Según Sandoval, cuando reciben denuncias de este tipo de abusos y amenazas, el Ministerio de Trabajo investiga si la queja tiene fundamento. “Si se constata este extremo, se fija una prevención a la parte empleadora para que cese con cualquier tipo de discriminación o amenaza. En caso de que incumpla, se pone una sanción y obviamente también la organización sindical o la persona puede además poner la denuncia en el Organismo Judicial a través de un incidente de represalias”, completa.

El despido

Sitrakoamodassa no fue la excepción. En 2013, dos años después de su creación, las 46 trabajadoras y trabajadores que integraban el sindicato fueron despedidos. Los empleados denunciaron a la empresa y un juez ordenó su reinstalación inmediata. Sin embargo, esto no sucedió. La empresa presentó varios recursos legales y retrasó la reinstalación durante dos años, hasta que finalmente fueron colocados de nuevo en sus puestos de trabajo.

El juzgado ordenó el pago de los salarios dejados de cobrar por los empleados despedidos y, según Cardona, de la directiva de Sitrakoamodassa, la empresa se comprometió a ir abonando el dinero en cuotas, ya que, aseguraba, no contaba con la disponibilidad para pagar los más de Q125 mil. Sin embargo, a la fecha esto no sucedió, denuncia la trabajadora.

Gregoria Chacach, tiene 49 años. Llegó hace 25 de San José Poaquil, en Chimaltenango, “por pobreza”, dice. Vive en un cuarto con techo de lámina, donde se respira un calor pegajoso, a pesar del fresco de la tarde. Cuenta la historia del despido y la reinstalación con una precisión asombrosa. “Había mucho maltrato, por eso decidimos armar el sindicato, el 18 de diciembre de 2011. El 28 de junio de 2013 nos echaron a la calle”. Gregoria asegura que ese día llegaron a la fábrica y se encontraron con la puerta cerrada. “Ustedes no entran”, dijo el guardia de seguridad.  “Nos reunimos con la inspección de trabajo, la PDH (Oficina del Procurador de Derechos Humanos), la defensora de la mujer… —continúa—. Se ganó una reinstalación en 24 horas, pero la empresa no la llevo a cabo. Pasaron cinco años hasta el 18 de mayo de 2015”.

Simone Dalmasso

En su cuarto, Florinda Ismalej Jerónimo guarda una copia de la orden de reinstalación laboral que el juzgado de paz de Mixco emitió hace tres años. Florinda lleva 17 años trabajando en el sector maquilador. Siete de ellos, en Koa Modas. Recuerda con tono enérgico, mientras revisa los papeles, que, a pesar de ser reubicadas en la empresa, las empleadas continúan peleando por recibir los salarios. Son más de Q63 mil por persona.

Esta, junto con el pago de las cuotas del IGSS, es la gran lucha de las trabajadoras de esta maquila. Floridalma Ramírez Alonso, una de las más veteranas, con 61 años, parece incombustible. Fue de las primeras mujeres en integrar el sindicato. Vive en la zona 1 de Guatemala, en una pequeña casa que comparte con sus hijos y sus nietos. “Antes vivíamos en un barranco, pero con el huracán Mitch perdimos todo. Fuimos beneficiados con este lugar y aquí estamos ahora”, cuenta. Asegura que ella es la única que, con sus poco más de Q2,700 al mes, sostiene a su familia.

A Floridalma le tocaría jubilarse este año, pero, lamenta, no va a poder. En 2014, sacó su constancia de cuotas en el Seguro Social y le salió a cero. “No tenía ninguna cuota pagada y llevo trabajando en la maquila desde hace 17 años”. Con el pelo teñido de canas, la trabajadora es ejemplo de perseverancia: “Yo les digo a mis compañeras que hay que seguir, en la lucha… Hay que seguir”.

Según el viceministro Francisco Sandoval, están en conversaciones con la empresa y las trabajadoras y trabajadores “para instalar una mesa de diálogo para someter las diferencias, con nosotros como amigables componedores. El impago de cuotas podría llevar a una sanción pecuniaria. Pero al final, la sanción se paga, y el daño sigue estando ahí. La idea es poder profundizar en la situación para exponer ambas partes a través de la mesa de diálogo. En algunos momentos los problemas se agrandan porque no hay estos espacios”.

Cardona no se muestra muy esperanzada al hablar de estas mesas de diálogo. “Llevamos 35 audiencias en el juzgado de Paz de Mixco para ver lo de la reinstalación, pero la mayoría son suspendidas porque no está la jueza, o no llegó la intérprete, o la dueña no aparece. También tenemos entendido que el IGSS obligó a la empresa a pagar las cuotas pendientes, pero pusieron recursos y ahí se quedó estancado”.

Se trató de obtener por vía telefónica la versión de Koa Modas, S.A. en varias ocasiones, pero en la fábrica alegaron que los responsables no se encontraban disponibles para hablar.

 

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Durante los dos años en los que la empresa no reinstaló a las trabajadoras y trabajadores, Francisca Alvarado puso en marcha su máquina de coser manual. “No tiene luz, pero puedo enhebrar la aguja con los ojos cerrados”, asegura. Vendió prendas que confeccionaba ella misma e hizo algún que otro arreglo en la ropa de sus vecinos, para poder llevarse algo a la boca y a la de sus dos hijos, a los que mantenía sola después de abandonar a un esposo alcohólico y maltratador. Y en medio de la tormenta, volvió a estudiar. Primero terminó la primaria. Después se metió con básicos y bachillerato. Hoy está graduada en hotelería y turismo. “Yo no voy a depender de nadie, no voy a depender de ningún hombre”, asiente, orgullosa.

 

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