Informalidad y género

Las tasas de informalidad de mujeres y hombres son similares, no porque sus mercados laborales sean similares, sino porque algunos factores que aumentan la informalidad de las mujeres respecto a la de los hombres compensan otros con el efecto contrario.

Desde que el INEGI empezó a publicar información oficial sobre la informalidad laboral, me ha parecido sorprendente que esta estadística no difiera mucho entre mujeres y hombres. La tasa de informalidad laboral fue de 56.5 % en el segundo trimestre de 2017, con una diferencia entre mujeres y hombres de apenas 0.4 puntos porcentuales (56.8 % versus 56.4 % respectivamente). Mi expectativa hubiera sido que la tasa de informalidad de las mujeres fuera sustancialmente mayor que la de los hombres porque muchas mujeres trabajan en categorías de empleo de altísima informalidad como el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado.

Es pertinente mencionar que el INEGI publica dos estadísticas oficiales de la informalidad laboral: la tasa de informalidad 1 (TIL1) y la tasa de informalidad laboral 2 (TIL2). Las cifras mencionadas en el párrafo anterior son de la TIL1 y se refieren al mercado laboral en su totalidad. La TIL2, que es el indicador de informalidad que reporta México ¿Cómo Vamos?, excluye el sector agropecuario de los cálculos. Los datos de la TIL2 dan la primera pista de que el dato agregado de informalidad (TIL1) esconde diferencias de género importantes en las subcategorías.

¿Qué pasa cuando se excluye el sector agropecuario de las estadísticas sobre informalidad? En primer lugar, la tasa de informalidad baja de 56.5 % a 51.8 % porque el sector agropecuario es de alta informalidad. Pero la magnitud de la reducción es mucho mayor para los hombres porque el 18.4 % del empleo masculino está en el sector agropecuario versus solo el 3.8 % del empleo femenino. Con la exclusión del sector agropecuario, la tasa de informalidad ahora sí es sustancialmente mayor para mujeres que para hombres (55.5 % versus 49.1 % respectivamente). La alta participación masculina en el sector agropecuario explica, en parte, el por qué la brecha de género en la informalidad general es tan pequeña, a pesar de múltiples factores que aumentan la informalidad de las mujeres, los cuales se explican a continuación.

Si bien los hombres están sobrerrepresentados en el sector agropecuario, las mujeres están sobrerrepresentadas en otros tipos de empleo con altas tasas de informalidad. Por ejemplo, 10.8 % del empleo femenino se encuentra en el trabajo doméstico con una tasa de informalidad de 98.1 %, versus solo 0.6 % del empleo masculino con una tasa de informalidad de 85.9 %. Además, 5.4 % del empleo femenino es trabajo subordinado no remunerado fuera del sector agropecuario, que es 100 % informal por definición, versus solo 1.6 % para los hombres. Finalmente, 24.1 % de las mujeres trabajadoras son independientes fuera del sector agropecuario con una tasa de informalidad de 80.7 %, versus 19.8 % de hombres trabajadores con una tasa de informalidad de 70.5 %.

La siguiente gráfica muestra, para mujeres y hombres, el impacto en la tasa de informalidad de excluir sucesivamente las categorías de empleo con alta informalidad. La exclusión del sector agropecuario tiene un impacto desproporcional para los hombres mientras la exclusión del trabajo doméstico, el trabajo subordinado no remunerado y el trabajo independiente tienen impactos desproporcionales para las mujeres. Lo que queda después de estas exclusiones (las barras de azul claro) se puede resumir como el empleo no agropecuario sujeto al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Para los trabajadores no remunerados, los trabajadores domésticos y los trabajadores independientes la seguridad social no es obligatoria. Con todas estas exclusiones, quedándonos con 55.8 % del empleo femenino y 59.6% del masculino, llegamos a una tasa de informalidad de 32.0% de las mujeres y 40.3% de los hombres.

Este último dato es tal vez el más sorprendente. Cuando nos enfocamos en empleos subordinados y remunerados, excluyendo el trabajo doméstico y el sector agropecuario, las mujeres tienen una tasa de informalidad sustancialmente menor. Es interesante notar también que este segmento del mercado laboral aporta la gran mayoría de cotización a la seguridad social, en gran medida por el diseño de la Ley del Seguro Social. Como porcentaje del empleo femenino total, el empleo formal en este segmento representa 38.0 %. La cifra correspondiente para el empleo masculino es solo 35.6 %. Esto explica, casi por si solo, el hecho de que el porcentaje de trabajadores totales con seguridad social sea mayor para mujeres (38.5 %) que para hombres (36.8 %).

En resumen, las tasas de informalidad de mujeres y hombres son similares, no porque sus mercados laborales sean similares, sino porque algunos factores que aumentan la informalidad de las mujeres respecto a la de los hombres compensan otros con el efecto contrario. Las mujeres están sobrerrepresentadas en varias categorías de empleo con altas tasas de informalidad como el trabajo doméstico y el trabajo subordinado no remunerado. Además, fuera del sector agropecuario, las mujeres están sobrerrepresentadas, y tienen mayores tasas de informalidad, en el trabajo independiente. Sin embargo, pocas mujeres trabajan en el sector agropecuario, que es el sector económico con mayor informalidad, y las mujeres que encuentran empleos fuera de las categorías de alta informalidad tienen una tasa de informalidad menor que los hombres. El resultado final es que, en el agregado, hay una diferencia mínima en la tasa de informalidad entre mujeres y hombres, pero esta similitud en el agregado esconde una serie de diferencias profundas de género.

* David S. Kaplan es Especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2017/08/22/informalidad-y-genero/

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Dinero ético

 

La igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

Es sabido que una de las derrotas más clamorosas de los trabajadores es creer que son privilegios lo que antes eran derechos: derrota porque el trabajador se considera afortunado; clamorosa porque la fortuna siempre crea mala conciencia. Se trata de una ejecución singular, consecuencia de una clase depredadora que se encontró en la crisis con las condiciones idóneas para que 1)un puesto de trabajo entre tantos parados fuese una suerte, 2) un contrato fijo entre tantos temporales, un milagro, 3) 1.000 euros entre tantas prestaciones por desempleo, un lujo, y 4) vacaciones, algo de otro tiempo.

Es sabido también, porque al final en los pueblos todo se sabe, que ese círculo vicioso tiene unas consecuencias escandalosas, la más siniestra de todas la de que entre los propios trabajadores se reprochen los privilegios, como cuando a muchos les parece más insulto el sueldo de un estibador que el de ellos mismos. Hay otras, estas más previsibles, producto del funcionamiento extraordinario en España que tiene el mantra de que otros están peor que tú; aquella fábula, cuento o canción que decía que no te quejes de que tus zapatos estén rotos porque hay otros que se están comiendo las suelas.

Así que estos días, cuando tantos no responden o evitan responder que tienen un mes de vacaciones porque lo consideran inmoral, se publica que en el partido político Barcelona en Comú no funciona el llamado “salario ético”, una nómina que se pretendía ejemplificadora para la clase política bajo otro mantra innecesario: no se necesita más. Los comunes de Ada Colau, meses después, han descubierto que siempre se necesita más; la nueva política empieza a comprender que lo ético es ganar lo que uno merece sin apropiarse de lo que no es suyo, y que los sueldos altos, en lo público y en lo privado, están justificados si uno se hace acreedor de ellos.

Así que por un lado aparece una nueva izquierda denunciando la precariedad laboral y el traspaso semántico de derechos a privilegios, pero ella misma se aplica unas restricciones que dan la razón a los que defienden que hay que ganar lo justo para vivir, aunque ni eso cumplen. Se ha enquistado, desde hace tiempo, un pensamiento envenenado: el que tiene menos tiene más razón, y su defensa de las convicciones es más pura. Solo hay que recordar en los debates a los candidatos peleándose para ver quién cobra menos, y organizando ejercicios de transparencia con el objetivo de celebrar al que menos dinero tenga. Olvidando un asunto fundamental, el primero sabido de todos ellos: la igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

https://elpais.com/elpais/2017/08/08/opinion/1502209632_779645.html

Crece la carga tributaria en Centroamérica

La carga tributaria creció desde 13,4% en 2013 a 14% en 2016, tanto por el efecto rezagado de las reformas fiscales en Honduras y Nicaragua, como por una mejor gestión de las entidades tributarias de Guatemala y Panamá.

Del Informe Económico Regional (IER) 2016-2017: Oportunidades y retos para Centroamérica, de SIECA:

Tamaño de la carga tributaria en Centroamérica aumenta

En cuanto a los ingresos, la carga tributaria aumentó en todos los países de la región, aun cuando en ninguno de ellos se implementó, al menos en el período en estudio, alguna reforma tributaria de la cual se deriven los aumentos marginales recaudatorios.

Las cifras de recaudación muestran que la carga tributaria del istmo pasó del 13.4% en 2014, al 13.6% en 2015 y al 14.0% en 2016, tanto por los efectos rezagados de las reformas tributarias en Honduras y Nicaragua, como por los esfuerzos de recuperación institucional de las administraciones tributarias de Guatemala y Panamá. Asimismo, por las mejoras administrativas y el fortalecimiento de los controles que se implementaron en El Salvador y Costa Rica, con el objeto de disponer de un mayor nivel de recursos fiscales.

El mayor salto en la carga tributaria lo reportó Nicaragua, en donde se estima que los tributos como porcentaje del PIB mejoraron un 1.1 p.p., al pasar del 15.6% en 2015 al 16.7%, en 2016. Por su parte Honduras, también como efecto final de la reforma tributaria de 2014 y la implementación de ciertos controles administrativos, aumentó sus impuestos en un 0.6% del PIB, lo que significó el incremento de la carga tributaria, que pasó del 17.9 al 18.5%, convirtiendo a esta nación en la de mayor carga tributaria en la región centroamericana.

Por su parte, Costa Rica y El Salvador, ambos países atribulados por la incapacidad de los partidos políticos de alcanzar acuerdos que les permitan el avance fiscal, concentraron sus fuerzas en la implementación de mejores controles administrativos que, de 2014 a 2016, les reportaron un aumento tributario del 0.4%.

Costa Rica pasó del 12.9% en 2014, al 13.2% en 2015, para luego llegar al 13.3% en 2016. Por su parte, El Salvador pasó del 15.1%, en 2014, al 15.2%, en 2015, hasta arribar al 15.5%, en 2016. 

Guatemala y Panamá demostraron la importancia de disponer de una administración tributaria sana e institucionalmente fuerte. En el primero de estos países, sobre todo por el descubrimiento de redes de defraudación tributaria y aduanera, así como por el desmantelamiento del equipo técnico de la administración tributaria, la capacidad de recaudación se redujo del 11.0% en 2013 al 10.2% en 2015.Un hecho positivo fue la recuperación de la carga tributaria hasta un 10.4% en 2016, aunque esto no signifique todavía un cambio estructural en la dinámica de recaudación.

De forma similar en Panamá, el mecanismo de cobro administrativo de impuestos fue cambiado para que nuevamente la Dirección General de Ingresos se encargara de efectuarlo. Panamá reportó una desmejora en la recaudación tributaria del 10.8% del PIB en 2013 al 9.4% en 2015; al igual que Guatemala, la nueva administración logró una reversión de la tendencia y ubicó la carga tributaria en un 9.7% en 2016 que, aunque lejos de los resultados previos y mucho más de los potenciales, implica una buena noticia para las finanzas públicas de esta economía.

Ver completo: “Informe Económico Regional 2016/17: Oportunidades y retos para Centroamérica“.

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Crece_la_carga_tributaria_en_Centroamrica?u

Promueven un espacio de lactancia para las mamás trabajadoras

Guatemala presenta unos bajos índices de lactancia materna. Mientras que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomienda que el período mínimo de lactancia dure entre 6 meses hasta 2 años, la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 presenta que solo el 11% de las mamás en el país amamantan a sus bebés pasados los 8 meses.Y una de las principales causas por las que las madres abandonan su período de lactancia es el ámbito laboral.TE PUEDE INTERESAR:
En este sentido están promoviendo que las instituciones y el sector privado cuenten con un espacio para que las madres puedan amamantar a sus bebés o bien extraerse la leche y mantenerla refrigerada.’Es un gran logro que puede hacerse una realidad’, comentó el presidente Jimmy Morales en su discurso en apoyo a la leche materna.
El Presidente aprovechó en su discurso para recordar la época en la que su esposa Patricia Marroquín de Morales podía alimentar a su hijo mayor durante el período laboral.’Hace 23 años a mi esposa le daban en la empresa lugar y tiempo para que fuese a extraer su leche y guardarla en la refrigeradora y hoy publicamente reconozco ese espacio que le daban porque mi hijo mayor logró tener leche materna a pesar de que mi esposa tenía que compartir conmigo la responsabilidad de mantener un hogar de clase media baja’, relató.Jimmy Morales define la leche materna como ‘el jugo sagrado de la vida’ @soy_502 pic.twitter.com/dGaRKIpQCg— Roberto Caubilla (@RobertoCSoy502) 1 de agosto de 2017Por su parte, la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, anunció que ya cuentan con bastantes avances en este programa y señaló que cuando ‘la empresa le da las condiciones óptimas a los trabajadores hay mucha más productividad’.El objetivo es conseguir que todas las empresas cuenten con este espacio para lactar.Amigos de la lactanciaPor el momento, cerca de 25 empresas de todo el país además de otras instituciones públicas, como el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN), ya se han convertido en ‘Amigos de la Lactancia Materna’.Germán González, Secretario de SESAN, comentó que no se necesita una gran inversión para ello, solo habilitar un espacio con un refrigerador, un lavamanos y un extractor de leche eléctrico o manual.En su caso, el Secretario destacó que no invirtió más de 5 mil quetzales.

http://www.soy502.com/articulo/promueven-espacio-lactancia-mamas-trabajadoras-31313

El mejor gasto social: Educación y Salud

Por cada dólar invertido en salud y educación se requiere gastar tres en asistencia social directa para lograr el mismo efecto en la reducción de la pobreza.

El Informe “Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), tiene conclusiones similares a las de estudios similares realizados en otros países: “Al estimar el efecto conjunto de las intervenciones públicas en la reducción de la pobreza, se identificó que logran reducir la pobreza de 7.2 a 10.1 por ciento en dependencia de la línea de pobreza utilizada (US$1.8, US$ 2 y US$2.6), principalmente por el gasto social en salud y educación. Por su parte, el aporte del subsidio de la energía eléctrica no logra compensar la reducción en los ingresos en los hogares generada por el pago de impuestos indirectos, por lo cual no incide en la disminución de la pobreza.

“… se identifica que el sistema tributario aumenta la pobreza y no logra una disminución significativa en la desigualdad. Debido a que una gran parte de la densidad poblacional se encuentra alrededor de la línea de pobreza y que los ingresos en países en vías de desarrollo como Nicaragua sufren de volatilidad, la intervención pública tiene mayor impacto en la reducción de la pobreza que en la reducción de la vulnerabilidad. Esto sugiere que los programas sociales alivian la pobreza en el corto plazo, pero si la familia deja de percibirlos puede recaer en la pobreza en el mediano plazo.”

“… Los programas sociales no reducen la vulnerabilidad a caer en situación de pobreza, lo cual implica que si los hogares dejan de recibirlos, pueden recaer en pobreza.
Por lo cual, potenciar el gasto en salud y educación que tiene un impacto significativo en la reducción de los niveles de vulnerabilidad a la pobreza, puede ser una salida estructural a la misma. Se espera que la inversión en capital humano, conlleve a que en el futuro puedan acceder a mejores empleos.”

Ver informe completo de FUNIDES

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/El_mejor_gasto_social_Educacin_y_Salud?u=99fb9b04bfd7ff6c5bce5fcfc44d683d&s=n&e=2&mid=%5BMESSAGEID%5D

Ahorrar en tiempos de Uber

Las personas estamos sujetas a factores psicológicos que nos hacen más difícil tomar decisiones para el ahorro. En general, tendemos a enfocar nuestra atención en lo urgente, y por eso optamos por gastarnos el dinero ahora en lugar de guardarlo pensando en el largo plazo. Lo confirma una encuesta reciente elaborada en México por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), en la que el 59% de los encuestados reconoció que procrastina, es decir, que no está preparando sus finanzas para el momento del retiro. Esta realidad es preocupante, especialmente en un contexto como el actual, en el que la economía compartida (con firmas como Uber, Lyft, Cabify o Airbnb) gana terreno a gran velocidad. ¿Es posible aprovechar la fórmula de estas empresas exitosas para fomentar el ahorro?

Las personas tendemos a enfocar nuestra atención en lo urgente, y por eso optamos por gastarnos el dinero ahora en lugar de guardarlo pensando en el largo plazo.

La economía compartida difumina la relación entre la empresa y el empleado. Uber, por ejemplo, no emplea choferes, sino que pone a disposición de sus usuarios un algoritmo con el que conecta oferta y demanda de transporte. Al desaparecer esa figura tradicional de “empresa-patrón”, queda ahora en el aire quién se responsabiliza de contribuir para la pensión de estos trabajadores independientes. Una de las posibles soluciones sería que las mismas empresas dieran pequeños ‘empujones’ a sus empleados (o contratistas) para fomentar el ahorro. Podrían, por ejemplo, enviarles recordatorios a través de la misma aplicación sobre la importancia de pensar en el retiro, ofrecer bonos o recompensas inmediatas por ahorrar (a fin de ayudarlos a sobrepasar su predisposición al presente) o establecer descuentos automáticos de sus ganancias y dirigirlas a un fondo de ahorro.

Empujones éticos

Ahora bien, es importante garantizar un uso ético de estas herramientas de la economía del comportamiento. Recientemente, en los medios de comunicación y en las redes sociales se ha discutido mucho sobre los límites de este tipo de acciones, a raíz de un artículo en The New York Times en el que se cuestionan algunas prácticas de Uber para incentivar a sus conductores a trabajar más horas. Este uso de la economía del comportamiento resulta controversial, ya que hay cuestiones éticas importantes que deben considerarse cuando se utiliza la psicología para fomentar alguna conducta en particular. Richard Thaler, uno de los autores de la reconocida publicación Nudge, señala que los empujoncitos deben ser transparentes, de fácil opt-out (que permitan una fácil salida) y que claramente beneficien al individuo (nudging for good, como lo denominan). Sobre este último punto, la clave es ayudar a las personas a realizar algo que quieren hacer y mejorar su bienestar.

Este uso de la economía del comportamiento resulta controversial, ya que hay cuestiones éticas importantes que deben considerarse cuando se utiliza la psicología para fomentar alguna conducta en particular.

Para verificar que existe un verdadero interés por ahorrar para el retiro, se pueden realizar encuestas a los socios de estos algoritmos para conocer sus intereses y actitudes sobre este tema e identificar la existencia de sesgos del comportamiento. De igual manera, la información proporcionada en los ‘empujoncitos’ debe ser veraz, transparente, de carácter voluntario y con facilidad para finalizarla en cualquier momento. Esto significa que el diseño de los pequeños empujones para lograr un mayor ahorro debe ser cuidadoso, teniendo en mente el incremento en el bienestar de los trabajadores independientes participantes.

 

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/05/04/ahorrar-en-tiempos-de-uber/

LA DESIGUALDAD Y SUS RETOS: LAS DIMENSIONES DEL PROBLEMA

Posted at 12:47h in Uncategorized by Samuel Pérez Álvarez 0 Comments
El abordaje reciente de la desigualdad como un problema central a la discusión sobre el modelo de desarrollo, ha generado un intenso debate público en el contexto mundial: Publicaciones como el libro de Thomas Piketty, El Capital en el Siglo XXI, examina las consecuencias de largo plazo de la dinámica de distribución de la riqueza. Y al intenso debate sobre Piketty se suman otros aportes relevantes, como los de Anthony Atkinson (Desigualdad: ¿Qué podemos hacer?) o Angus Deaton (El gran escape).

En Guatemala, estamos apenas poniéndonos al día. Para un tema poco comprendido, ignorado e incluso utilizado para manipular, la iniciativa ciudadana Paraíso Desigual puede ayudar a fomentar una discusión más razonada sobre este controversial tema. Y la iniciativa tiene el potencial de ser una inflexión y ayudarnos a abordar los desafíos de la desigualdad con propiedad, incluir el tema en las agendas de investigación, incentivar su discusión y reconocerla como lo que es: un problema social en sí mismo con efectos perjudiciales.

Guatemala: ¿Qué tan grande es el problema?
La investigación acerca del tema enfrenta una importante limitación: la desigualdad en Guatemala no se mide oficialmente. De hecho, la cuantificación de la desigualdad enfrenta el mismo obstáculo que enfrentó la pobreza antes del año 2000 y es que, al ser un indicador incómodo, no se medía oficialmente de forma constante, consistente, comparable y suficiente antes de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Si bien es cierto que la metodología aún tiene un amplio espacio para mejoras, la necesidad de la medición de la pobreza no encuentra resistencia. Pero a pesar de haber medido la pobreza por casi dos décadas, la desatención de la medición de la desigualdad en las estadísticas oficiales provoca un desconocimiento generalizado del tema y, por tanto, no existen políticas públicas que se encaminen a mitigarla. La desigualdad en Guatemala, por su omisión de la agenda nacional, es una decisión política.

El problema de falta de indicadores oficiales acerca de la desigualdad se agrava con respecto a la pobreza pues existen problemas intrínsecos en las metodologías de medición. Para tener nociones suficientes de las dimensiones de la desigualdad de ingresos, por ejemplo, tanto la persona con mayores ingresos del país, así como la persona con menores ingresos, debiesen responder la encuesta. Si bien existen otros métodos para medir la desigualdad por la vía fiscal que captura mejor sus dimensiones, en el país simplemente no se mide de ninguna forma.

Desigualdad en su justa dimensión
La polarización en medios de comunicación y en la propaganda sobre el tema podría hacernos pensar que la desigualdad es un tema ideológico. Sin embargo, realmente es un problema que trasciende los ejes izquierda y derecha: es un indicador que obstaculiza la justicia social, por un lado, pero también puede ser un elemento de ineficiencia en términos de las economías de mercado. Considerando la desinformación que existe al respecto, sin embargo, la desigualdad debe ser puesta en su justa dimensión.

¿Cómo medir el problema?
Ahora bien, para la cuantificación de la desigualdad existen diferentes aproximaciones y mediciones con características, causas y consecuencias particulares. La que se mide con mayor frecuencia es la desigualdad de ingresos, y a menudo también la de riqueza y la de consumo. Para todas estas, el indicador más utilizado es el coeficiente de Gini, con un rango entre 0.00 y 1.00[1], aunque existen otros índices[2] para estimar las divergencias entre poblaciones en función de alguna variable, como los ingresos.–

Anteriormente, la teoría que sostenía que la desigualdad era indispensable para el desarrollo económico era apoyada por la noción de la curva de Kuznets, la cual suponía que los países partían de bajos niveles de desigualdad y, a medida que avanzaba el desarrollo económico, ésta aumentaba hasta que se alcanzaban altos niveles de desarrollo. En este punto, el desarrollo económico iba ser tal, que iba a derramarse de las capas altas hacia las bajas reduciendo así la desigualdad. Sin embargo, estas predicciones no dieron el resultado esperado. La evidencia empírica e histórica ha llevado a los teóricos contemporáneos a sentenciar que “la curva de Kuznets está muerta y sepultada” (Piketty, 2015, pág. 35). Esto es ejemplificado con las experiencias de las economías asiáticas que han logrado altas tasas de crecimiento con bajos indicadores de desigualdad. Esto, para Guatemala, se evidencia considerando que el PIB acumulado en los últimos años aumentó alrededor del 45%, mientras que el salario real tuvo una pérdida de alrededor del 20% (Frausto, 2017), por lo que el derrame no ha existido, o ha sido de abajo hacia arriba, aumentando la desigualdad en lugar de reducirla.

Ahora bien, es necesario reconocer que la reproducción de la desigualdad en el tiempo evidencia que es un problema intrínseco del sistema de mercado. En otras palabras, el mercado, cuando es imperfecto, es excluyente y en la economía real siempre es imperfecto, y eso implica tanto ineficiencia como exclusión. Esto también puede estar relacionado con estructuras de mercados concentrados. En ese sentido, los países con políticas económicas coherentes tienen legislación suficiente en materia de competencia, mientras que Guatemala es el único país de Centroamérica y de los pocos del mundo sin una ley de competencia. Además, las estructuras de mercados concentrados en el país asumen dimensiones históricas, grupos familiares con altas cuotas de poder concentrado y heredado a través del tiempo no solo inciden en las políticas públicas, sino en la construcción de un modelo económico excluyente e ineficiente que resulta refrendando y agravando la desigualdad (Dosal, 2005; Banco Interamericano de Desarrollo, 2006; Casaús Arzú, 2007; ICEFI, 2015; Rubio Castañeda, 2017). Esto, en términos empíricos, se traduce en la existencia de monopolios, oligopolios, monopsonios entre otras imperfecciones del mercado que impiden la participación de otros actores económicos no solo en la oferta, por las barreras de entrada, sino también en la repartición del producto social desde el consumo, entre otras cosas por los subóptimos de producción.

La desigualdad extrema limita el crecimiento
Reducir la desigualdad es entonces una meta importante del sistema político. Pero esto no equivale a eliminarla del todo o hacerlo a costa del propio desarrollo económico – al contrario, la desigualdad extrema puede tener efectos dañinos para el crecimiento. De acuerdo con Grigoli & Robles (2017) “[se ha identificado] un nivel de exceso de desigualdad en que la pendiente de la relación entre la desigualdad del ingreso y el desarrollo económico cambia de positivo a negativo a un Gini neto de alrededor del 27 por ciento” (pág. 3). En otras palabras, la desigualdad de ingresos con un coeficiente de Gini por encima del 0.27 resulta nociva para el desarrollo económico. Ante esto basta decir que el coeficiente de Gini de ingresos para Guatemala es de alrededor de 0.6, más del doble del nivel donde se torna perjudicial.

En este sentido, la desigualdad no se limita a impedir el desarrollo económico directamente, sino que también se traduce en problemas sociales relacionados con la exclusión, particularmente el racismo y machismo. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres indígenas en el área rural perciben, por el mismo tipo de trabajo, tres veces menos ingresos que los hombres no indígenas del área metropolitana. Y esto también tiene impactos en la economía, Guatemala pierde 0.83 puntos porcentuales de su tasa de crecimiento como consecuencia de la discriminación (Romero, 2007).

En vez de asumir que la existencia de la desigualdad tiene como consecuencia unívoca una solución particular, como la redistribución o la expropiación – términos que motivan la polarización existente –, lo importante es vislumbrar que existe una multiplicidad de respuestas: Podemos abogar por una combinación de factores que van desde la igualdad de oportunidades, igualdad de capacidades, o igualdad de libertades, en los términos de Amartya Sen, que resultan ser tanto más deseables como alcanzables que la simplista igualdad ante la ley o la indeseable igualdad total de resultados – ambas ajenas a las dinámicas humanas en la práctica.

Por último, es importante reconocer que al hablar de desigualdad nos enfrentamos a un problema complejo, susceptible a desinformación, de grandes dimensiones, con varios matices y acepciones, pero siempre con efectos perjudiciales.

Entre las propuestas más difundidas para mitigarla están las acciones afirmativas para enfrentar los problemas de discriminación, y lo que Piketty (2015) clasifica como redistribución directa y redistribución fiscal, para enfrentar la desigualdad de ingresos en términos generales. La primera implica salarios mínimos, rentas básicas universales, seguridad social y otros mecanismos relacionados con los mercados laborales, que son destacados particularmente por Atkinson. Por otro lado, Piketty y otros hablan de la redistribución fiscal por medio de impuestos directos, progresivos y universales al capital y sucesivos al patrimonio. Ahora bien, estas grandes medidas están en el centro del debate mundial sobre la desigualdad, pero para Guatemala, el primer reto a superar es empezar a medirla – creo que este debiese ser un punto mínimo de consenso para empezar a discutir con base en mejores evidencias.

Notas
[1] Donde 0.00 indica igualdad perfecta y 1 desigualdad perfecta, así, por ejemplo, si una persona dentro de una población tiene el 100% de los ingresos y el resto no tiene nada, la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini será de 1.00.

[2] Entre otros índices y proporciones utilizados para medir la desigualdad se encuentran: el índice de Atkinson, de Palma y de Theil, la medida de Peisch, de Kakwani y de Mehran, o las proporciones entre percentiles, quintiles y deciles.

Trabajos citados
Atkinson, A. B. (2015). Inequality: What can be done? Massachusetts: Harvard University Press.

Banco Interamericano de Desarrollo. (2006). La política de las políticas públicas. México DF: Harvard University.

Casaús Arzú, M. E. (2007). Guatemala: Linaje y racismo. Guatemala: F&G Editores.

Dosal, P. (2005). El ascenso de las élites industriales en Guatemala. Guatemala: Editorial Piedrasanta.

Frausto, M. (2017). Guatemala: Mercado laboral y pobreza desde un enfoque de derechos . En R. d. AUSJAL, Los mercados laborales, pobreza y desigualdad desde un enfoque de derechos humanos (págs. 129-140). Guatemala: Marc de Ramón.

Grigoli, F., & Robles, A. (2017). Inequality Overhang. Fondo Monetario Internacional.

ICEFI. (2015). Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. Guatemala: F&G Editores.

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review .

Piketty, T. (2015). La economía de las desigualdades. Barcelona: Anagrama.

Romero, W. (2007). Los costos de la discriminación étnica en Guatemala. Guatemala.

Rubio Castañeda, E. (2017). Desde el cuartel: otra visión de Guatemala. Guatemala: F&G Editores.

http://www.dialogos.org.gt/la-desigualdad-y-sus-retos-las-dimensiones-del-problema/