¿Cuánto debe trabajar para comprarse un menú de hamburguesa o pollo?

En realidad, depende de cuánto gane, pero si usted recibe el pago del salario mínimo, aquí le mostramos un cálculo en horas de cuánto debe de trabajar para comparse un menú de comida rápida.

Por sandra vi

18 de Noviembre de 2016 a las 10:00h

Los salarios mínimos deben ser adoptados según criterios graduales y técnicos, pero tienen que responder a la realidad de cada sector productivo, señalaron ayer expertos.

Para poder ganar un menú de comida rápida, se deben trabajar varias horas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Para poder ganar un menú de comida rápida, se deben trabajar varias horas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La discusión aumentó esta semana en el marco de la negociación de este indicador en el seno de la Comisión Nacional del Salario (CNS), en la que intervienen trabajadores, empleadores y gobierno.

  • “Todo Estado Miembro que ratifique el Convenio 131 se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos”, OIT.

Según Augusto Valenzuela, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas”, debe haber una negociación entre sectores trabajador y empleador, aunque es difícil fijar un salario balanceado, ya que va dirigido a un sector de la población muy pequeño.También, dijo Valenzuela, se debe fijar un salario con base en datos reales de cada actividad económica y tomando en consideración lo que los técnicos proponen.

  • Cuánto trabajar

Cada quien disfruta lo que se gana con su trabajo y un análisis del sector sindicalista hace un aproximado de cuánto debe de trabajar un asalariado que gana el mínimo para poder disfrutar de un menú de pollo o hamburguesa.

Para poder obtener un menú de pollo, un empleado debe trabajar cinco horas, mientras que si es de hamburguesa podrán ser solo 4.4 horas. Por su puesto, es un aproximado que puede variar según el menú adquirido.

Mientras que para obtener un almuerzo ejecutivo, el trabajador deberá destinar solo 2.5 horas laboradas.

El salario mínimo vigente para el 2016 es de Q81.87 y el sector sindicalista apuesta porque sea aumentado en hasta Q140, mientras que el sector privado se mantiene en que debe de haber un cero aumento.

Por otra parte, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indica que “el incremento del salario mínimo debe ser moderado, y lo ideal es que alcance el costo de la canasta básica, ya que la inflación ronda el 5%, y si no aumenta el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores se reduce”.

Para Linares, es recomendable hacer aumentos anuales, graduales y moderados, y así evitar una presión por un único aumento mayor.

Posturas

Para el sector sindical, es necesario incrementar los salarios mínimos porque beneficia el desarrollo económico del país.

Según sindicalistas, con los mínimos es posible disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema.

“Debe existir coherencia con el costo de la Canasta Básica Vital. Además, la distribución de tierras debería ser mejor en el sector agrícola, para no generar una confrontación entre patrono y trabajador”, asegura el sindicalista Julio Coj, para quien el salario mínimo está desvalorizado porque los costos de vida han aumentado en el transcurso del tiempo.

Jorge Lewis, representante del sector empleador ante la CNS, reconoció que “no existe consenso en cuanto al criterio a seguir respecto a un incremento o no del salario mínimo, la corriente es de presentar propuestas y discutirlas”.

Según Lewis, las dos próximas semanas serán cruciales.

Aseguró que el gobierno está impulsando una política de contención, por lo que se ve imposibilitado de ejecutar el presupuesto nacional de gastos.

“Lo que queremos y hemos sugerido es que haya congruencia entre las recomendación nuestra y la actuación del gobierno central”, finalizó Lewis.

La Organización Internacional del Trabajo indica que todo Estado que ratifique el Convenio 131 se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/deben-subir-los-minimos

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Las empresas proyectan 6% de aumento a salarios

Según una encuesta de proyecciones y tendencias salariales realizada por la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), un 93% de los participantes —117 empresas— planean otorgar a sus colaboradores un incremento salarial promedio proyectado del 6% para enero del 2017.

Al presentar los resultados, Alí Farach, consultor de PwC Guatemala, opinó que este incremento es frecuente en el país y por lo general no varía sustancialmente cada año.

En ese sentido, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que lo ideal es que el incremento salarial esté uno o dos puntos arriba de la inflación.

“En los últimos 12 años no se ha observado una política consistente del salario mínimo. El salario real se ha mantenido estancado y los empleados siguen ganando lo mismo, porque los aumentos se los ha comido la inflación”, resaltó el analista.

Recibirán expediente

  • Salario Mínimo
  • El próximo 17 de noviembre, la Comisión Nacional del Salario (CNS) conocerá el expediente final para fijar el salario mínimo que regirá en el 2017, y a partir de ese día tendrá 15 días hábiles para emitir dictamen.
  • El sector trabajador unificó una propuesta de Q125 diarios para las actividades agrícola y de maquila, lo que significa un incremento del 52%, es decir, Q43.13 y Q50.11, respectivamente.
  • La mesa no agrícola planteó Q140 diarios.
  • El salario vigente para actividades agrícolas y no agrícolas es de Q81.87 diarios —Q2 mil 747.21— y en el caso de actividades de maquila, el salario diario es de Q74.89 —Q2 mil 534.14—.

La inflación a octubre del presente año se aceleró con relación a la registrada en septiembre y se ubicó en 4.76%. El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) a octubre alcanzó Q3 mil 905.64 y el de la Vital, Q7 mil 127.09.

El analista de Asíes afirmó que desde el punto de vista del mercado interno, los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, y aunado a ello, la economía del país crece a un bajo ritmo, de entre 3% y 3.4%.

“Para que pueda haber incrementos salariales, lo ideal sería entre 8% y 10% del mínimo, para que los trabajadores aumenten su poder adquisitivo”, enfatizó Linares.

Profesionalización

Farach mencionó entre los hallazgos más importantes de la segunda encuesta (SEIS II 2016) el dinamismo que mostraron los puestos profesionales, especialmente en las firmas de servicios.

“Las empresas buscan mayor profesionalización como maestrías y doctorados, esto ayuda a otorgar aumentos salariales”, dijo.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/las-empresas-proyectan-6-de-aumento

La matriz de la desigualdad social en América Latina

Resumen

La desigualdad social se encuentra en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para América Latina —la región más desigual del mundo— la desigualdad social representa, además, un rasgo estructural y por tanto un desafío fundamental. En respuesta al mandato conferido por los países latinoamericanos y caribeños a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe durante la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe celebrada en Lima en noviembre de 2015, el presente documento profundiza en el análisis de la matriz de la desigualdad social en la región.
El análisis se centra en algunos de los principales ejes que estructuran la desigualdad social (el género, la pertenencia étnico-racial, la edad o etapa del ciclo de vida y el territorio), con el fin de ilustrar su peso en la magnitud de las brechas de desigualdad, en su permanencia y en su reproducción. Con frecuencia, las múltiples dimensiones de la desigualdad se encadenan, entrecruzan y potencian entre sí, afectando particularmente a determinados grupos de población. Para seguir avanzando en el desarrollo sostenible de los países, es necesario reconocer y mejorar el diagnóstico de las múltiples dimensiones.
Sobre la base de dicho análisis, el documento concluye con varias recomendaciones de política entre las que destacan la necesaria articulación entre las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental; la importancia de un enfoque de derechos y de una mirada integral para las políticas abocadas a combatir la desigualdad; el fortalecimiento de la institucionalidad y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad; la relevancia de proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social, y la necesidad de aumentar las capacidades estadísticas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad y avanzar en su comprensión. Además, se señala la urgencia de transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad, lo que requiere orientar las políticas hacia un universalismo sensible a las diferencias.

Índice

Prólogo .– Introducción .– I. La matriz de la desigualdad social en América Latina: un tema clave para el desarrollo sostenible .– II. Las desigualdades étnicas y raciales se entrecruzan con las desigualdades de género .– III. Edad y etapas del ciclo de vida: perfiles de vulnerabilidad y encadenamiento de las desigualdades sociales .– IV. Desigualdades sociales en clave territorial .– V. Conclusiones y recomendaciones de política.

http://www.cepal.org/es/publicaciones/40668-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina

Mujeres que saben latín: sin marido pero con buen fin

Por Beatriz Navarro*.

Mujer que sabe latín ni tiene marido, ni buen fin. Seguramente te suene este refrán popular en México y en otros países de habla hispana que nos repetía mi abuelo en tono simpaticón cuando veía a sus nietas estudiando. ¿Tenía razón? Sorprendentemente, el nuevo informe de condiciones sociales del BID, Pulso social, muestra que el abuelo podría haber acertado: las mujeres que saben latín no tienen marido.

Durante los últimos 20 años más mujeres completaron educación secundaria que los hombres en la región. La participación de las mujeres en el mercado laboral se ha ampliado notoriamente y, de hecho, hoy en día la contribución femenina a los ingresos del hogar va en aumento, pasando de un 28% en 1996 a un 35% en 2014. Y aun así, Pulso social encuentra un interesante patrón: en América Latina y el Caribe la probabilidad de ser madre soltera no necesariamente se reduce con un mayor nivel de educación.

En nuestra región, mayor educación no conlleva matrimonio y, si lo hace, es probable que éste termine en separación. Ese es ya el caso en Colombia, Ecuador y Panamá, donde el incremento de hogares con una madre soltera al frente es motivado abrumadoramente por la separación. Esto no sucede en todo el mundo: de acuerdo con la información analizada por los autores del informe, en Estados Unidos la probabilidad de criar a los hijos sin pareja, de hecho, disminuye a mayores niveles de educación.

En nuestra región, las mujeres que hoy saben latín se enfrentan a obstáculos de tipo intangible que están enraizados en el centro de nuestras sociedades, ya que al comenzar a gozar de cierta autonomía económica tienen un menor nivel de tolerancia a arraigados comportamientos patriarcales. Y entonces son ellas las que, en su mayoría, se encargan solas del cuidado de los hijos y en muchos casos también de los adultos mayores.

Más familias con una madre soltera al frente

Esto no es un tema menor, Pulso social evidencia ciertas desventajas para los niños que crecen en hogares con una madre soltera al frente, tales como menor rendimiento escolar, menor cumplimiento de la vacunación requerida e incluso retraso del crecimiento. Tal es el caso de Brasil, en donde un estudio muestra que la estructura familiar tiene una relación causal con la altura de los niños, es decir, aquellos que crecen en hogares con un solo progenitor tienen mayor probabilidad de ser más bajitos.

De ninguna manera debemos asumir que la clave para un mejor cuidado del menor es que las mujeres permanezcan casadas o en pareja. De hecho, conocida es la extensa literatura que muestra los daños a largo plazo que se presentan en los individuos que crecieron en hogares con violencia familiar o en parejas altamente disfuncionales. Lo que esta tendencia nos está mostrando es que la estructura familiar en América Latina y el Caribe se está trasformando, impactando al desarrollo de la ciudadanía.

Sin duda, resulta prioritaria la creación de políticas públicas sociales que reflejen sensibilidad a estas tendencias. Que faciliten el acceso a centros de cuidado infantil y que fomenten la participación masculina en la crianza de los hijos.

Así las cosas, creo que vale la pena reparar en lo que entendemos por buen fin. En los tiempos de mi abuelo, hubiera sido impensable que un final feliz incluyera o no matrimonio, incluyera o no hijos, incluyera independencia económica y no la presencia del príncipe. Estoy convencida que es precisamente la redefinición del final feliz un tema pendiente en la psique colectiva de nuestras sociedades. Quizás mucho ganaremos tan sólo con aceptar que, para hombres y mujeres, no hay buen fin sin un buen comienzo.

portadaPara conocer más descarga gratuitamente Pulso Social

*Beatriz Navarro es consultora para el Sector Social del BID. Fue representante del Ministerio de Hacienda en la Embajada de México en EE.UU. y consultora en el Banco Mundial. Es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con Máster en Relaciones Internacionales por The Fletcher School, Tufts University (EE.UU.)

 

http://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2016/11/03/mujeres-que-saben-latin-sin-marido-pero-con-buen-fin-madre-soltera/

Trabajadoras de servicios domésticos piden convenio

El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (Sitradomsa) pidió ayer al Congreso aprobar la iniciativa de ley que ratifica el Convenio 189 de la OIT acerca del trabajo decente para esa categoría de empleados.

 

El Convenio 189 fue adoptado en junio del 2011 y llegó al Congreso en agosto del 2015, pero a la fecha no se ha aprobado.

 

Floridalma Contreras, representante de Sitradomsa, dijo que para este martes el Congreso tiene en agenda conocer la iniciativa en tercer debate, por lo que solicitan a los diputados que sea aprobado.

Esta ley permitirá que las empleadas de ese sector opten a prestaciones y horarios de trabajo adecuados (ocho horas diarias), explicó Contreras, y agregó que muchas empleadas domésticas laboran hasta 16 horas al día.

Sitradomsa y la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila pidieron que se cree una comisión paritaria para fijar un salario mínimo al segmento, pero indicaron que autoridades de Gobierno no han respondido.

Refieren que a las trabajadoras domésticas de Zacapa se les paga entre Q300 y Q500 mensuales, salario similar al de otros departamentos, y que en la capital es de entre Q900 y Q1 mil 200 al mes.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/piden-aprobar-el-189

Disturbios y destrozos en Chile durante el paro contra el sistema privado de pensiones

Decenas de miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades de Chile para protestar en contra del sistema privado de pensiones vigente en el país.

Algunos manifestantes protagonizaron destrozos y enfrentamientos con la policía, que respondió usando con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El paro nacional fue convocado por diversas organizaciones sociales, encabezadas por la Coordinadora “No+AFP”.

Las manifestaciones se produjeron al cumplirse 36 años desde que el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990) emitió un decreto que estableció un sistema de pensiones basado en la capitalización individual de un fondo de jubilaciones, administrado por empresas privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Protesta en ValparaisoImage copyrightREUTERS
Image captionValparaíso fue una de las ciudades en las que se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

En la actualidad, según un estudio de la Fundación Sol, el 90,75% de los jubilados chilenos reciben menos de US$233 al mes, casi la mitad del sueldo mínimo establecido en ese país, mientras los aportes mensuales de los trabajadores activos se invierten en la capitalización de grandes empresas.

Unas 10.000 personas se reunieron en la Plaza de Armas de Santiago y marcharon algunos kilómetros.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en distintas ciudades de todo el país.

Protesta en SantiagoImage copyrightREUTERS
Image captionEn Santiago, los manifestantes respondieron con piedras y pintura a los camiones cisterna.

Dos autobuses quemados, colegios ocupados, bloqueos de calles y enfrentamientos entre manifestantes y la policía en distintos puntos de Santiago y otras ciudades marcaron la jornada.

Millones de personas tuvieron problemas para desplazarse a sus actividades diarias en Santiago, pues el metro suspendió momentáneamente algunos de sus servicios.

Las protestas más violentas se registraron en la capital chilena y Valparaíso.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, condenó el vandalismo a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió: “Las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana. La violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional”.

Protesta en SantiagoImage copyrightREUTERS
Image captionTambién gases lacrimógenos se usaron para dispersar las marchas en Santiago.

Minutos más tarde, Bachelet publicó un nuevo mensaje, en el que sostuvo que “un acuerdo nacional para las pensiones requiere aunar muchas voluntades para que sea sustentable”.

“Eso toma tiempo y diálogo”, señaló.

Hasta ahora, el Gobierno ha ofrecido crear una AFP estatal que regule mejor el sistema y un aumento de las cotizaciones de entre el 10 y el 15 % a cargo de los empleadores.

Protesta en ValparaisoImage copyrightREUTERS
Image captionLos manifestantes hicieron fogatas para cerrar las principales calles de Valparaíso.
Protesta en SantiagoImage copyrightREUTERS
Image captionEl gobierno chileno ofreció crear una administradora de pensiones estatal.
Protesta en SantiagoImage copyrightAFP
Image captionLa presidenta de Chile condenó la violencia durante la jornada.
Vehículo policial en llamasImage copyrightREUTERS
Image captionUn camión cisterna de la policía fue alcanzado por las molotov de los manifestantes, informó Reuters.
Protesta en SantiagoImage copyrightAFP
Image captionLas fuerzas de seguridad chilenas utilizaron gases lacrimógenos en las principales avenidas de Santiago.

Primer sentencia de la CIDH por violación al debido proceso en un despido en una entidad estatal: la PDH

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO MALDONADO ORDOÑEZ VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 3 DE MAYO DE 2016
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

El 3 de mayo de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia en el caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado guatemalteco por la violación del: i) derecho a conocer el fundamento de la acusación, contenido en el artículo 8.2.b de la Convención Americana; ii) derecho a la defensa, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana, y iii) deber de motivación y al principio de legalidad, contenidos en los artículos 8.1 y 9 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenidos en los artículos 25 y 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, todo lo anterior en perjuicio de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez. Por último, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.

I. Hechos

Olga Yolanda Maldonado Ordóñez comenzó a laborar en 1992 en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. En un inicio la señora Maldonado trabajó como Técnica en el departamento de educación; posteriormente tuvo el cargo titular de Educadora en el departamento de Quetzaltenango, y finalmente ocupó el cargo interino de Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos en el departamento de Quiché.

El 21 de febrero de 2000 tres hermanos de la señora Maldonado, presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos, mediante el cual formularon acusaciones contra ella, relacionadas con la presunta falsificación de una Escritura Pública y solicitaron que le fuera impuesta una “sanción moral”.

El 5 de abril de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos informó a la señora Maldonado de la denuncia presentada por sus hermanos y le notificó la “causal de despido”, contenida en el artículo 74, numerales 4 y 15 del Reglamento de Personal del Procurador de los Derechos Humanos. Además se le indicó que tenía derecho a presentar documentos o pruebas de descargo en un plazo de dos días. La señora Maldonado presentó un escrito de descargo y prueba documental el mismo día 5 de abril de 2000, en el cual señaló que los hechos denunciados en su contra eran falsos. El 16 de mayo de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos emitió el Acuerdo No. 81-2000 mediante el cual resolvió destituir a la señora Maldonado del cargo interino de Auxiliar Departamental, destitución que “se hacía extensiva al cargo de Educadora”.
 Integrada por los siguientes jueces: Roberto F. Caldas, Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Elizabeth Odio Benito, Juez; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez. Presente, además el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez.

El 2 de junio de 2000 la señora Maldonado interpuso un recurso de revisión ante el Procurador de los Derechos Humanos, solicitando que se revocara el Acuerdo No. 81-2000 que había resuelto su destitución y, en consecuencia, su inmediata reposición a los cargos que venía desempeñando. En los fundamentos del recurso la señora Maldonado señaló que su destitución obedecía a causales de índole familiar que no guardaban relación con la comisión de alguna falta al servicio en sus labores como funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El 16 de junio de 2000 el recurso de revisión interpuesto fue declarado sin lugar debido a que el Procurador consideró que las causas que motivaron la destitución eran de índole familiar, “por lo que resultan aplicables los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador”, agregando que el sólo hecho de la presentación de denuncias en contra de la señora Maldonado reflejaba una conducta no deseada para quienes defienden los derechos humanos.

De acuerdo a lo que establecía el artículo 80 del Reglamento de Personal del Procurador el
20 de junio de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social contra la denegatoria del recurso de revisión. En el recurso de apelación la señora Maldonado señaló que no existía en el expediente de su destitución ningún hecho o acto que constituyera alguna de las causales contempladas en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador. El 26 de junio de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto por carecer de competencia para pronunciarse.

El 23 de agosto de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que actuaba en funciones de Tribunal Constitucional, en contra de la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de declararse incompetente para conocer el recurso de apelación interpuesto. El 6 de septiembre de 2000 la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones declaró improcedente el recurso de inconstitucionalidad y consideró que no se advertía violación de un precepto constitucional.

El 8 de septiembre de 2000 la señora Maldonado presentó un recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, constituida como Tribunal Constitucional, en contra de la resolución que declaró la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Ese recurso fue recibido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y remitido a la Corte de Constitucionalidad. El 9 de octubre de 2001 la Corte de Constitucionalidad determinó la improcedencia de la apelación.

II. Excepción Preliminar

En este caso el Estado presentó una excepción preliminar con relación a la alegada falta de agotamiento de recursos internos.

La Corte observó que en el presente caso la excepción preliminar planteada fue interpuesta por el Estado durante la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Respecto a los recursos señalados en el procedimiento ante la Comisión, la Corte notó que el alegato del Estado sobre la determinación del recurso idóneo que debió agotar la señora Maldonado, cambió a lo largo del trámite ante el sistema interamericano y fueron señaladas diversas vías como las supuestamente adecuadas para su reclamo sin que resultara claro cuáles eran los recursos que la víctima debía agotar en la jurisdicción interna.

En lo que respecta a los argumentos relativos al agotamiento de los recursos previstos en la vía ordinaria laboral presentados por el Estado por primera vez ante la Corte, se determinó

que dichos argumentos eran extemporáneos. En consecuencia, la Corte desestimó la excepción de falta de agotamiento de recursos internos.

III. Fondo

Atendiendo la naturaleza sancionatoria del proceso de destitución de la señora Maldonado y al resultado del mismo, la Corte consideró que las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que debieron ser respetadas para adoptar una decisión que no fuera arbitraria y resultara ajustada al debido proceso.

Con relación al derecho a contar con una comunicación previa y detallada de la acusación y el derecho a la defensa, la Corte consideró que era necesario que, por lo menos, se suministrara a la señora Maldonado información que fuera clara respecto de la motivación del proceso de destitución, así como una mínima referencia a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida.

De igual modo se establecio que en la notificación de su despido no resultaba claro el motivo específico por el cual la señora Maldonado estaba siendo objeto de un proceso disciplinario; en consecuencia, ésta no contó con información detallada de las razones por las cuales podría ser destituida de su trabajo. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana. Además, los medios para la preparación de la defensa de la señora Maldonado no fueron adecuados como consecuencia de la falta de claridad respecto del motivo específico por el cual se iniciaba el proceso de destitución en su contra. Lo anterior constituyó una violación adicional a su derecho a la defensa, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana.

Con relación al deber de motivación, la Corte consideró que no existió una motivación que estuviera debidamente justificada y razonada para la destitución de la señora Maldonado. No fue señalado con claridad la manera en que la conducta de la señora Maldonado se ajustaría al supuesto de las normas invocadas como fundamento de la destitución y no se realizó ningún análisis del contenido de dichas normas. Lo anterior constituyó una violación al deber de motivación previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Maldonado.

En lo que respecta al principio de legalidad, la Corte concluyó que la señora Maldonado fue destituida por una conducta que no se encontraba tipificada en el Reglamento del Personal del Procurador de Derechos Humanos como infracción disciplinaria y que además no correspondía a la conducta descrita en los numerales 4 y 15 del artículo 74 de dicho Reglamento, ni en el artículo 77 literal d) del Código de Trabajo de Guatemala, disposiciones que fueron invocadas para justificar la sanción impuesta. Por lo anterior, la Corte determinó que existió una vulneración del artículo 9 (Principio de Legalidad) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Maldonado.

Finalmente, en lo relativo al derecho a la protección judicial, la Corte consideró que la confusión y contradicción existente en la normativa interna colocó a la señora Maldonado en una situación de desprotección, al no poder contar con un recurso sencillo y efectivo como consecuencia de una normativa contradictoria. La señora Maldonado presentó los recursos que señalaba el Reglamento de Personal del Procurador y los tribunales los rechazaron debido a una contradicción entre diferentes cuerpos normativos que regulaban la materia.

Por lo anterior, la Corte concluyó que la señora Maldonado no tuvo acceso efectivo y de manera sencilla a la protección judicial como consecuencia de la falta de certeza y de claridad respecto a los recursos idóneos que debía presentar frente a su destitución. Lo anterior constituyó una violación al derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenido en los artículos 25 (Derecho a la Protección Judicial) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
IV. Reparaciones

Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) eliminar del ”record laboral” o de cualquier otro registro de antecedentes de la señora Maldonado el procedimiento de destitución; iii) precisar o regular, con claridad, a través de medidas legislativas o de otro carácter, la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la revisión jurisdiccional de toda sanción o medida de carácter administrativo disciplinario del Procurador de los Derechos Humanos, y iv) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm