Diferenciación Salarial

Poco importa que los acuerdos se enmarquen dentro de lo que establecen las leyes del país.

HUGO MAUL R.

Los argumentos técnicos salen sobrando. Para los grupos sindicales radicales la fijación del salario mínimo no es asunto de tecnicismos, evidencia, eficiencia, capacidad de pago, diferenciales de productividad, etcétera. De esa cuenta, a nadie extraña la oposición de estos grupos a la propuesta de salarios diferenciados de las comunidades de Masagua, Guastatoya, San Agustín Acasaguastlán y Estanzuela. No podría ser de otra manera; este discurso radical no acepta excepciones, no permite interpretaciones distintas; no tolera interlocutores alternos, mucho menos liderazgos locales. Nada existe fuera del discurso; la realidad no admite lecturas distintas. Ningún tipo de acuerdo entre empresarios, trabajadores y autoridades es legítimo si ellos no dan su bendición. Poco importa que tales acuerdos se enmarquen perfectamente dentro de lo que establecen las leyes del país; que reflejen las condiciones materiales reinantes en los lugares; que representen una mejoría respecto de la situación actual de los trabajadores; que sean producto de la libre determinación de una determinada región; lo único que vale para ellos es su propia lectura de los hechos.

Contrario a toda lógica, esta ala radical del sindicalismo guatemalteco sostiene que mejor no tener un empleo y no tener ingresos salariales que tener un empleo en donde el trabajador obtenga el 60 por ciento o 70 por ciento del mínimo. Se niegan a aceptar que Q1,200 o Q1,700, en un empleo formal, con cobertura de la seguridad social, derecho a aguinaldo, Bono 14, vacaciones y en actividades no agrícolas es mejor que no ganar nada. Sostienen que el salario mínimo no se puede modificar aunque la inmensa mayoría del pueblo gane mucho menos debido a que no hay oportunidades de empleo en sus territorios. Sostienen que todo es culpa de los grandes empresarios que se niegan a pagar salarios más altos. Se niegan a aceptar que en Guatemala la mayor parte del empleo la generan pequeñas y medianas empresas que no tienen la escala y la productividad para generar más empleo o pagar el salario mínimo. Se niegan a aceptar que el empleo formal, en donde el nivel de educación y productividad del trabajador hace factible cumplir el mínimo, es una realidad de las áreas urbanas del país. En función de esa extraña lógica rechazan el clamor popular de las referidas circunscripciones geográficas y restan toda legitimidad a los acuerdos alcanzados entre las partes.

No se dan cuenta que mediante su oposición a este tipo de medidas están negando a los trabajadores informales de estos lugares la posibilidad de acceder a un empleo formal, en donde puedan gozar del pago puntual de sus salarios; gozar del aguinaldo y Bono 14, vacaciones y feriados; acceso a la seguridad social y a la jubilación. El salario mínimo es solo uno de los componentes del empleo formal, todos los demás beneficios deben ser contabilizados y tomados en cuenta dentro del debate en torno a esta propuesta. Es mejor un empleo formal de Q1,500 al mes que un empleo informal de Q30 por día, cuando hay. Oponerse a esto es una injusticia social.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20140930/opinion/2592/Diferenciaci%C3%B3n-Salarial.htm

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OIT impulsa regular tareas domésticas

Regular los salarios a los trabajadores  domésticos   por medio de la creación de una comisión tripartita  es uno de los puntos que Guatemala deberá ratificar en el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que trata sobre el empleo  decente para los laborantes en este sector.

Maritza Velásquez, de  la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, indicó ayer que los empleados domésticos cuentan con los ingresos más bajos, durante un foro en el  cual participaron representantes del Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Velásquez explicó que según el sector en el cual  se desenvuelve el trabajador, así será su remuneración. “Un empleado en un área residencial de carretera a El Salvador, o zonas exclusivas, tiene un ingreso promedio de Q2 mil 500, pero en otros sectores es de Q500”, dijo.

En este rubro   se incluyen a personas encargadas de limpieza y cocinas, pilotos, personas que atienden a personas de la tercera edad y niños,  o jardineros, entre otros que hacen diferentes tareas  en casa.

César Gatica, subinspector general nacional del Mintrab, explicó que el Convenio 189 de la OIT pretende que los trabajadores tengan cobertura en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, jornadas laborales fijadas por la ley y un ingreso salarial armonizado.

Además de la prohibición que  niñas, niños y adolescentes se empleen en estas actividades. “Estamos en un proceso  por concluir las discusiones del Convenio y este tendría que ser ratificado”, explicó Gatica.

Edit Castillo, directora ejecutiva de la  Oficina Nacional de la Mujer, expuso que el Convenio podría ser enviado en los siguientes seis meses al Congreso para su legalización.

“Tendríamos que hacer un cabildeo fuerte en el Organismo Legislativo  para que se legalice y en el 2015 se empiece a regular el empleo doméstico”, añadió.

La ejecutiva  agregó que el documento está por enviarse al Ministerio de Relaciones Exteriores para su trámite con el organismo internacional.

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2013, del Instituto Nacional de Estadística, en el país hay 188 mil  personas que se dedican a tareas en los hogares.

POR URíAS GAMARRO / Guatemala

Piden ratificar convenio

POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt

Integrantes de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar, a Domicilio, y de Maquila (Atrahdom), exigieron al Gobierno, agilizar el proceso para la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de beneficiar a más de 190 mil trabajadores, que ejercen labores en condiciones precarias y sin cobertura social.

Con la ratificación del Convenio 189 de la OIT, se espera las trabajadoras domésticas y de maquila obtengan mejoras salariales y puedan optar al seguro social.

http://lahora.gt/piden-ratificar-convenio/

“Cumplimos con todo. Las cosas no son automáticas”

La reactivación del Panel Arbitral es un litigio que podría durar varios años, pero que en noviembre podría tener incidencia en la decisión de la Organización Internacional del Trabajo para nombrar una Comisión de Encuesta para Guatemala.

Carlos Contreras Ministro de Trabajo

¿Qué está sucediendo con la reactivación del Panel de Arbitraje?

 – Es un tema que estamos analizando.

¿Cuáles son las lecciones que deja este caso para el país?

– La decisión de ir a un panel es de  EE. UU., nosotros tenemos un acuerdo de buena fe firmado con ellos, hemos cumplido todos nuestros compromisos y lo que pretendemos ahorita es analizar lo que ellos plantearon para ver la reacción legal a tomar. Pero, la lección que podemos tener es que la otra parte puede tomar sus decisiones unilateralmente… allí está, ya lo hizo.

Pero, también hay factores internos que hicieron falta cumplir.

– El acuerdo se cumplió cien por ciento. El acuerdo pretende que nosotros llevemos al Congreso una reforma y el tratado comercial con ellos, tiene sus características por las que se puede o no ir a un panel arbitral. De manera que eso es lo que estamos analizando.

El panel ya está reactivado.

– Es una declaración de ellos…Es un tema más de litigio, ya no es un tema del que yo pueda hablar porque ya es un litigio del Estado de Guatemala. Allí puede pasarse diez años.

¿Qué pasa con los temas pendientes y si EE. UU. busca que los compromisos tengan efectos reales? 

– Pregúnteles a ellos si cumplimos o no. Nosotros cumplimos con todo, pero ellos están esperando que eso sea automático. Eso no sucede. Cuánto tiempo les toma a ellos adoptar una ley en EE.UU., las cosas no son automáticas.

Pero, aquí van seis años con este caso.

– Logramos resolverlo en dos años.

Pero, faltó el tema de tener procesos claros para poner las sanciones. Hay una propuesta con de los trabajadores y de la OIT

– Ellos recomiendan, sugieren, pero nosotros somos un Estado soberano. Cuando los sectores que piden que los inspectores que sancionen tengan la mayoría en el Congreso, y eso se adopte, por supuesto que va ser así.

Eso es algo difícil. ¿Por qué no se busca otro mecanismo que no deba pasar por el Congreso?

– No se puede. La Constitución dice que nadie puede ser privado de sus derechos, ni condenado sin haber sido previamente citado, oído y vencido en juicio mediante procedimiento legal y ante juez competente. ¿Qué es un procedimiento legal?, ¿cómo va usted a condenar a alguien sin un juicio?, ¿cómo va hacer exigible una sanción si un juez no lo ha impuesto y no es exigible ante los tribunales? Ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad, por eso le repito: para el tema del panel hay que ir a lo jurídico.

¿Cuánto costará resolver este litigio?

– Pregúntele a los acusadores si tienen idea de cuánto va a costar al país la defensa en un panel internacional. Hay que leer el acuerdo para darse cuenta que nosotros cumplimos cien por ciento y es una decisión unilateral de EE.UU. ir al panel. Hay que leer el comunicado de EE.UU. (USTR) porque reconoce que hay avances y eso es hasta una prueba para nosotros.  Vamos a seguir en el cumplimiento de la legalidad laboral, seguir luchando por los trabajadores guatemaltecos, porque haya empleo. Ese es nuestro trabajo.

¿Puede haber una influencia de este tema en la decisión de la OIT sobre Guatemala?

– La OIT tiene una decisión que tomar y claro que esto puede afectar. EE.UU. puede pedir también que nos sancionen y  eso lleva a establecer una comisión que investigue. Eso ya se ha hecho, tenemos un delegado personal del director  general de OIT en Guatemala. ¿Qué más fuerte que eso pueden hacer? El país va caminando en el ámbito laboral, hay fortalecimiento en la capacidad de los inspectores, hay 36 mil visitas a empresas frente a 8 mil que habían antes. Por supuesto que se puede decir que posiblemente hay una sanción eso es una noticia, pero los hechos son otros.

¿Uno de esos hechos es la falta de acuerdo entre los sectores empleador y sindical?

– Ante ese problema, entre los sectores el Gobierno lo que hizo fue tomar una determinación y le propuso al Congreso una forma y si el Congreso no lo adopta, ese es problema del Congreso.

Ese organismo es el que debe aprobar la reforma solicitada.

“Existen niveles bien altos de impunidad laboral”

Bajo el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta en inglés), varias organizaciones sindicales presentaron una demanda en 2008 que deberá resolverse en un arbitraje internacional.

Rafael Sánchez abogado laboral de FESTRAS

¿Por qué se seleccionaron los casos que se presentaron?

– Es importante resaltar que con el acuerdo comercial se adquieren compromisos legales respecto a los derechos de la OIT y a la legislación interna: derecho de asociación y negociación colectiva. Los ocho casos son paradigmáticos en esos aspectos y van desde los delitos contra la vida y contra la libertad sindical, en la expresión más común que son los despidos derivados por los intentos de organizar un sindicato. Los casos son expresiones de cómo el Estado ha violado esos derechos y así se estructuró la denuncia presentada por organizaciones sindicales guatemaltecas y canalizada a través de la  AFL-CIO dentro del proceso de resolución de controversias del DR-Cafta.

¿Se han resuelto los casos? ¿Hay nuevos incluidos en la demanda?

– Conozco tres de los ocho casos: el de Avandia y Fribo que no se han resuelto y  el de Improcsa, que si tuvo una resolución. También se ha conocido una serie de casos que fortalecen la tesis de violación al capitulo 16 del DR-Cafta. Entre estos el caso del sindicato del Registro Nacional de las Personas (Renap) y el de Termiun Internacional, que son despidos en contra de quienes constituyen o se afilian a un sindicato.

La firma de la hoja de ruta es una conciliación con el Gobierno de EE. UU.

– En el mecanismo de resolución de controversias hay varias figuras, entre ellas la conciliación, las comisiones de expertos y finalmente el arbitraje. La hoja de ruta es el resultado de los esfuerzos en la conciliación y consultas para reencausar en forma concreta la legislación y políticas laborales para fortalecer el respeto al cumplimiento de la legalidad.

EE. UU. señala algunos avances pero también que existe poca efectividad de las medidas ¿Qué opina?

– Si bien es cierto que hay esfuerzos por mejorar la situación laboral del país, la reflexión más importante, al margen de los ocho casos y del panel arbitral, es que se llegó a esta situación derivado a que en el Estado de Guatemala existen niveles bien altos de impunidad laboral, tanto a nivel administrativo como en el judicial. Hay que recordar que las negociaciones preliminares a la firma el DR-Cafta en el capítulo laboral están incluidas en el Libro Blanco y se refieren fundamentalmente a la Inspección General de Trabajo (IGT) y su poder sancionatorio y el fortalecimiento del sistema de justicia laboral en la tramitación y el cumplimiento de las resoluciones. Con la IGT, el ente con competencia para vigilar, supervisar y a mi criterio, según Artículo 415 del Código de Trabajo, con poder para determinar la existencia de violaciones a las leyes laborales, tiene la deficiencia de carecer de la facultad de poner una sanción de orden administrativo. Esto se deriva de que cuando se trató de hacer una adaptación del tema se planteó una acción de inconstitucionalidad que fue parcialmente declarada con lugar y la parte que daba la facultad sancionatoria se declaró inconstitucional bajo un argumento discutible. Con esta inconstitucionalidad se mantiene el criterio de que no se puede otorgar facultades de sanción a la IGT. Ahora se generó una reforma al Código de Trabajo para crear un proceso judicial, el proyecto fue presentado pero no aprobado, y es una de las consecuencias del incumplimiento en la hoja de ruta.

¿La propuesta debe ser un proceso administrativo?

– Considero que para fortalecer la IGT el procedimiento debe ser administrativo tomando en consideración todas las medidas que garanticen el derecho de defensa de la persona que sea denunciada.

Está pendiente una decisión de la OIT ¿Qué se esperaría?

– Este caso podría tener un efecto en el proceso que se sigue en la OIT, donde el Estado de Guatemala está denunciado por violaciones a los derechos laborales. La recomendación de OIT va en la línea de fortalecer a la IGT, los procedimientos laborales y la ejecución de sentencias en el tema laboral.

¿Esperan que se condene al Estado?

– La condena no es un fin. Lo que debe existir es el cumplimiento a la legislación laboral.

“No se puede reducir salario a trabajadores”

Una batería de recursos legales planteará el movimiento sindical si la Comisión Nacional del Salario (CNS) resuelve a favor de fijar sueldos en cuatro distritos económicos, indicó ayer Miguel Ángel Lucas, delegado de la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad, durante el programa Diálogo Libre.

El sindicalista  afirmó que se viola el derecho adquirido de los trabajadores, por lo que no se pueden reducir los  ingresos de ley.

La CNS ya cuenta con los expedientes que fijan las propuestas salariales en San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso;  Estanzuela, Zacapa; y Masagua, Escuintla. Los  montos están por debajo de la paga mínima actual, de Q2 mil 500 mensuales.

Al programa que se transmite a través de prensalibre.com se excusó de asistir Carlos Ulban, viceministro de Trabajo.

¿Cuál es el  contexto de esta   iniciativa?  

Es un proyecto que ya se había propuesto en el gobierno de Óscar Berger, para lograr una disminución del 50 por ciento del salario de ese entonces en los trabajadores de la  actividad agrícola; sin embargo,  lo que ocurre ahora es disfrazar ese lineamiento, pero con otro mecanismo —circunscripción económica—.

Esto puede generar una serie de consecuencias  porque no es lo mismo que un trabajador devengue un salario mínimo mensual de Q2 mil 500 —vigente— a Q1 mil 700 promedio, que es la propuesta para los trabajadores en esas cuatro zonas.

Eso va en contra de la capacidad de adquisición  de la canasta básica alimentaria, lo que amplía la brecha entre riqueza y pobreza.

¿Es viable esta propuesta?

No es factible, y se ha demostrado que con los incrementos a los salarios mínimos se muestra un crecimiento  de la capacidad de compra de los trabajadores y el planteamiento  impactará en una disminución de consumo.

Por ejemplo,  en San Agustín Acasaguastlán  se está proponiendo un pago de Q31 diarios y ese valor no cubre el costo de la canasta básica, que según el Instituto Nacional de Estadística  se requieren Q101 diarios hasta agosto para adquirirla.

Esto es complicado para la gobernanza y puede ser una bomba de tiempo para el Gobierno.

¿Por qué razón?

Supongamos que en Masagua  habrá un trabajador en el sector agrícola que ganará los Q41 diarios, pero en Santa Lucía Cotzumalguapa, municipio vecino, las empresas deberán pagar Q74.95 diarios que establece la Ley, y solo ahí se viola el principio de igualdad.

Esto puede originar que las empresas instaladas en Santa Lucía  migren hacia Masagua, afincando  otras compañías,  o en su momento podrían obligar a las autoridades municipales a crear una nueva circunscripción en esa zona, y así se estaría generalizando en todo el territorio.

Ante esa miseria de ingresos,  lo que va a ocurrir es una  nueva ola de  migración  de adultos y menores hacia  EE. UU., y ese país  ya lanzó el mensaje  de detener ese  flujo.

¿Qué otras implicaciones han evaluado?

Se puede señalar al país de incumplir con la garantías mínimas, porque hay un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que no se puede ofrecer salarios indignos e inhumanos ganando Q31 diarios.

Además,  en la tributación, ya que las personas no tendrán la capacidad económica de  adquirir productos comerciales, que impactará en una menor recaudación de impuestos.

El otro impacto  es en la  reducción de  ingresos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque recibirá menos flujos de aporte.

¿Cuál es el costo político de esta iniciativa  para el Gobierno?

Se deben formular políticas públicas para promover el desarrollo, y no que conduzcan a la pobreza con una reducción de  ingresos.

No existe momento político idóneo para hacer este planteamiento, porque esta no es la vía correcta para  esta discusión.

¿Cree que es una propuesta con  fines electorales?

Los grupos políticos deben  tener cuidado, porque en este momento hay algunos  que están interesados en que pase la propuesta, por los compromisos que tienen, y hay otros partidos que no quieren apoyar a los trabajadores, sino  para desestabilizar al contrincante.

¿Cuáles son las implicaciones  legales?

Es inconstitucional, porque  son derechos adquiridos de los trabajadores y no se puede retroceder, ya que todos los derechos son mínimos.

Como sindicatos, ¿cuáles serán las acciones que preparan?

Se analizan recursos  de inconstitucionalidad y se espera el momento cuando se defina en la CNS.

Además, se va a proceder a denuncias internacionales en la OIT y en otras agrupaciones  sindicales de EE. UU. y Europa, por los efectos y consecuencias de esta postura,  ya que es una violación a los derechos laborales adquiridos.

En la mesa de diálogo, ¿cuál sería el planteamiento?

Hay muchas maneras de resolverlo, pero la primera es voluntad política del sector empleador, trabajador y Gobierno.

Lo segundo es que el país debe  ofrecer  seguridad jurídica y pública,  ya que nadie quiere invertir en un país donde en la puerta de las empresas  se extorsiona  o se ataca a los trabajadores.

La inversión se va concretando una vez se resuelva la seguridad pública.

Lo otro es que debe  haber auténtica intención de inversión  y no generar expectativas, y  lo último es el cumplimiento de la normativa laboral.

Datos

1,200 quetzales es la propuesta en San Agustín Acasaguastlán.

1,500 quetzales se plantearon en Estanzuela y Masagua.

1,700 quetzales es el monto  propuesto para Guastatoya.

2,500 quetzales es el salario mínimo vigente.

EL CONCEPTO

Circunscripciones

Son distritos territoriales, y el objetivo es que se conviertan en modelos de desarrollo económico. La iniciativa consiste en propiciar las condiciones de un desarrollo integral mediante la creación de empleo formal y atracción de inversión privada. Estos fueron los únicos cuatro que  mostraron interés, a pesar de que se formuló la invitación a todas las municipalidades.

POR URíAS GAMARRO /

Impunidad laboral

Eduardo Mayora Alvarado
emayora@siglo21.com.gt

Tal parece que vamos camino a un arbitraje bajo el sistema articulado en el CAFTA debido a que, con base en las denuncias de ciertos dirigentes sindicales guatemaltecos y estadounidenses, el Gobierno de EE. UU. sostiene que el Estado de Guatemala no hace valer sus leyes laborales. También parece que el problema se solucionaría si el Congreso reformara el Código de Trabajo para restituirle a la Inspección General de Trabajo la facultad de multar a los patronos que infrinjan dichas leyes laborales. Pero los partidos que dominan la mayoría parlamentaria no han llegado todavía, al consenso mágico. No sé si llegarán; puede que sí pues, quién lo ignora, el peso específico del Gobierno de los EE. UU. en la política local es notable.

Pero el problema de fondo seguirá allí. Me refiero a que la relación directamente proporcional entre la aplicación de las leyes laborales, por un lado, y la informalidad en el sector laboral, por el otro, seguirá y seguramente más pronunciada.

Así, los líderes sindicales habrían logrado otra victoria que favorece a sus intereses pero que opera en contra de la economía nacional y de los intereses de los trabajadores del sector informal de dicha economía. Puede que sea lamentable pero es lo normal: los grupos de presión, como el sindicalismo, actúan para mejorar su situación específica, no la de la generalidad de la población.

El derecho laboral vigente contiene una serie de reglas y de instituciones absurdas que, además, están en la raíz de la falta de desarrollo de este país. Son reglas que privan de su libertad de decisión a los trabajadores y pretenden obligarlos a contratar del único modo como las normas del sistema mandan –sin posibilidad de salirse de la jaula que crean–. Por supuesto, esa “fatal arrogancia” ha generado un mercado laboral informal, mucho mayor que el formal, en el que los trabajadores y los patronos operan en un marco de libertad que, sin embargo, enfrenta las limitaciones de todo fenómeno económico de ese tipo.

Me parece verdaderamente una situación muy triste que no se comprenda cómo y por qué las “conquistas” heredadas de la Revolución del 44 sean, precisamente, la causa de una economía informal de magnitudes ya patológicas. El “estado providencia” que dichas “conquistas” pretendieron crear falló porque simplemente, convirtieron en “menos costoso” vivir en la informalidad (con todas sus desventajas) que llevar a lomo unas leyes e instituciones que solamente rinden frutos para los sindicatos y para los funcionarios que controlan y gestionan, respectivamente, el sistema.

En la medida en que el Congreso apruebe las reformas exigidas por el Gobierno de Estados Unidos para no accionar contra Guatemala, el coste de cargar con esas leyes e instituciones seguramente aumentará y, de ese modo todavía será más atractivo para más patronos y trabajadores, pasarse a la informalidad total o parcial.

Todos los trabajadores incluidos por supuesto, deben contar con la protección del Estado y sus instituciones contra el fraude, la mentira, el engaño, las estipulaciones leoninas y otros elementos que lesionan la libre contratación. Nuestro derecho laboral no solamente no consigue eso sino que ahoga a nuestra pequeña economía.

http://www.s21.com.gt/grano/2014/09/25/impunidad-laboral