Trabajadores cotizarían más y ahorrarían menos con la nueva propuesta de pensiones del gobierno

El gobierno desistió de su primera propuesta de reforma de pensiones que desmantelaba el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y presentó una nueva, que les permitiría mantener la administración de los ahorros de los trabajadores. Esta nueva propuesta aumentaría la cotización de los trabajadores y reduciría a la mitad el aporte a las cuentas individuales con que se construye las pensiones.

ElFaro.net / Publicado el 19 de julio de 2017

El gobierno está negociando una nueva propuesta de reforma al sistema previsional que mantendría la administración de los fondos de pensiones en manos del sector privado, pero que aumentaría el aporte que los trabajadores deben hacer al sistema, mientras que reduciría a casi la mitad el monto de la cotización que se destinaría a las cuentas de ahorro individuales.

La propuesta, que aliviaría a corto plazo las obligaciones de deuda del gobierno, también contempla quitar a los trabajadores la mitad de todo lo ahorrado hasta ahora, y esos aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares formarían parte del fondo para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.

Aparte de esta propuesta hay otras tres en manos de la Asamblea Legislativa, una de ellas presentada por el sector privado -incluidas las administradoras de fondos de pensiones-, otra por el partido Gana, y una cuarta por dos economistas apoyada por sindicatos de trabajadores.

La diputada Lorena Peña, del FMLN, anunció esta semana en su cuenta de Twitter que la nueva propuesta del gobierno, remitida por la Presidencia de la República vía Ministerio de Hacienda, ya se puede consultar en la página de la Asamblea Legislativa.

El documento suscrito por el ministro Carlos Cáceres plantea subir la cotización para pensiones de un 13 % a un 15 % del salario. Del 13 % actual, el trabajador aporta el 6.25 % y el empleador un 6.75 %. El anteproyecto contempla aumentar en un punto el aporte que hacen trabajador y empleador, y de esa manera se llega al 15 %.

El sistema vigente de pensiones data de 1998, cuando se privatizó y se creó las administradoras de fondos de pensiones, que iban a cobrar una comisión por el manejo de cuentas individuales de los cotizantes. La virtud presunta del sistema privado, según lo prometió el gobierno de Armando Calderón Sol, estaba en que finalmente el cotizante iba a tener protegidos sus ahorros para la jubilación y que el monto de su pensión iba a depender, esencialmente, de la capacidad de ahorro de cada quien.

El sistema, sin embargo, fue incapaz de generar una rentabilidad importante para los trabajadores debido a las restricciones de inversión que se impuso a las AFP, y se volvió insostenible porque cada año tenía que responder a una obligación mayor de pago de pensiones a los jubilados. Desde 2016 el gobierno se ha visto ante la inminencia de no poder pagar las pensiones, y por eso ha estado intentando reformar el sistema con urgencia. Solo en 2017, la estimación de pago de pensiones es de más de 600 millones de dólares, pero esta suma crece cada año.

La nueva propuesta llegó después de que el anteproyecto inicial fuera rechazado por todos los partidos políticos y el FMLN se quedara sin respaldo para echar a andar un sistema mixto en el que el gobierno iba a administrar una buena parte del fondo de pensiones. Este es uno de los puntos de giro en el documento que ha llegado a la Asamblea Legislativa.

En el sistema vigente, del 13 % del salario que se convierte en tasa de cotización, el 10.8 % se destina a la cuenta individual de ahorro. En la nueva propuesta gubernamental, ese destino se recortaría a casi la mitad, pues solo el 5.5 % se iría a las cuentas manejadas por las AFP.

Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea, dijo en su cuenta de Twitter el martes 18, que según esta segunda propuesta del gobierno, “el ahorro pasaría del 10.8 al 13.5 %”. Esa declaración podría engañar a quienes crean que se incrementaría el aporte a las cuentas individuales. Y no es así. Ese 13.5 % surge de sumar el 5.5 % que sí iría a la cuenta de la persona cotizante, y un 8 % adicional que iría a engrosar el fondo para pagar pensiones de los ya jubilados y, si el sistema marcha bien, para mantener nutrido un fondo que eventualmente garantice el pago para los pensionados del futuro.

El gobierno promete que, del aporte que cada cotizante haga el fondo colectivo, cuando se jubile se tomará una parte proporcional a lo que haya entregado a dicho fondo para sumarlo al valor de la pensión construida con la cuenta individual. “Las instituciones administradoras llevarán un registro donde se acrediten las cotizaciones y aportaciones que individualmente hayan realizado los afiliados al sistema”, dice el artículo 24. Y el artículo 131 establece que la pensión se va a calcular dependiendo de lo aportado en la cuenta de ahorro individual y a partir del saldo aportado al fondo colectivo.

En la nueva propuesta hay una omisión importante: no precisa el monto de la comisión que cobrarían las AFP por administrar tanto las cuentas individuales como el fondo colectivo. Por ahora, se llevan un 1.255 % del salario, y en el régimen que lanza a debate el gobierno solo se hace alusión a un 1.5 %, pero esa proporción incluiría tanto el pago de la comisión como el pago por un contrato de seguro de invalidez.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén renunció, entonces, a su pretensión original de crear un instituto nacional de pensiones que iba a fundarse con un capital inicial de 4 mil 700 millones de dólares sustraídos de las cuentas individuales de los trabajadores. Ese sistema, según expuso en El Faro Radio la diputada Lorena Peña en su momento, iba a tener una sostenibilidad de apenas unos 10 años, al cabo de los cuales iba a ser indispensable un nuevo modelo.

¿Qué sucedería con el salario mensual de los cotizantes si se aprueba lo que propone el gobierno? Con el sistema vigente, por ejemplo, un trabajador de maquila que gana 300 dólares aporta 18.75 dólares y el empleador 20.25 dólares. Con el régimen propuesto, trabajador y empleador incrementarían su aporte en tres dólares cada uno.

El nuevo anteproyecto de reforma tiene por título “Sistema de Ahorro Individual y Colectivo”, y requiere del respaldo mínimo de 43 de los 84 diputados para convertirse en ley. Gana, PCN y PDC rechazaron el sistema mixto que impulsaba la administración anteriormente. El nuevo, coincide con la propuesta del sector privado en cuanto a la creación del fondo colectivo.

La creación de este fondo aparece en la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, un organismo en que participan la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), las AFP Confía y Crecer, y Contradefop, un organismo de trabajadores cercanos al sector privado.

La ICP y el gobierno también coinciden en que el sector empleador aporte un punto más de cotización.

En una entrevista que el abogado Enrique Anaya, miembro de ICP, brindó a El Faro en junio pasado, relató lo difícil que fue que la ANEP aceptara que los empleadores aportaran un punto más a la cotización en la propuesta de ICP. “Para que fuera posible convencerla fue durísimo porque acababa de ser el aumento al salario mínimo. Te imaginás decirle: les acaban de pegar un porrazo con el salario mínimo y ahora les traemos una propuesta en la que ustedes van a pagar un 1 % más. No, están locos…”, dijo Anaya.

La nueva propuesta incluye un punto que va en el camino de corregir algunos defectos del sistema actual, pues ahora mismo hay personas que se jubilaron con pensiones de más de dos tercios de su último salario devengado. Esto contrasta con las pensiones que está obteniendo quienes se están jubilando en este momento, que solo pueden aspirar a obtener alrededor de un tercio de su salario último. El gobierno propone un límite para las pensiones: no podrán ser mayores a 2 mil dólares, independientemente del salario de la persona retirada. El proyecto de Hacienda, sin embargo, no establece si este artículo se aplicaría retroactivamente, y tampoco deroga los decretos 100 y 1217 que permitieron que existan pensiones altas -que según el ministro de hacienda Carlos Cáceres pueden considerarse como pensiones VIP-, que no se corresponden con lo aportado y que fueron concedidas a cerca de 160 mil trabajadores -conocidos como optados- que cotizaron en el sistema público, pero que se pasaron a una AFP.

Este techo de 2 mil dólares para las pensiones solo aplicaría a 19 mil personas -de los 160 mil trabajadores- que son considerados como optados, que verían reducida su pensión si esta asciende a más de 2 mil dólares.

Dos fuentes de la Asamblea Legislativa que acordaron hablar bajo condición de anonimato y que tuvieron conocimiento de las negociaciones afirmaron que el desistimiento del gobierno de su intención de arrebatarle la administración de buena parte del fondo de pensiones a las AFP se debió a que se tornó imposible convencer a los partidos minoritarios de derecha (Gana, PCN y PDC). El pasado 13 de julio, el diputado Mario Tenorio, de Gana, fue consultado si su partido apoyaría la reforma anterior que promovía el gobierno. “Que el FMLN sueñe con que se va a aprobar esa propuesta. Nosotros no la apoyamos”, afirmó.

El Sistema de Ahorro Individual y Colectivo -al igual que el sistema mixto que promovió anteriormente el gobierno y al igual que la propuesta de la ICP- fue diseñado para disminuir la carga que representa para las finanzas del gobierno el pago de las pensiones en curso. Al igual que las propuestas anteriores, no propone nada para resolver dos problemas fundamentales del sistema previsional actual: ni mejoraría la cobertura ni ofrece conjurar el peligro de que muchas personas terminen con pensiones de miseria.

Actualmente el fondo de pensiones tiene poco dinero, debido a que desde el año 2006 las AFP han usado el 60 % del fondo para comprar títulos del Estado y con eso se ha pagado pensiones desde ese año. En su nueva propuesta, el gobierno establece que una vez sea aprobada, el 50 % del fondo se va a transferir al Estado a través de la entrega de estos papeles al gobierno, con lo cual el gobierno anularía una parte de su deuda previsional.

Con la reforma, las pensiones que paguen las AFP van a seguir dependiendo de lo que cada trabajador aporte mes a mes al sistema de pensiones, por tanto coloca en riesgo a los trabajadores debido a que un volumen mayor de los ahorros va a ser usado para atender necesidades urgentes. Más ahorros de los trabajadores van a ser usados para atender el pago de las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP, un compromiso que este año alcanza los 607.15 millones de dólares.

A pesar de que se crea un fondo colectivo, al que van a aportar todos los trabajadores, el gobierno va a mantener el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales creado en 2006 y el 50 % del fondo de pensiones que se acumule en las cuentas de ahorro individual va a ser obligatoriamente invertido en la compra de Certificados de Inversión Previsional. “Los Certificados de Inversión Previsionales emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales tendrán un límite máximo de 50 % de los fondos de pensiones”, dice el artículo 16.

Esto es cinco puntos por encima del techo actual. El límite tiene el propósito de evitar la concentración de la inversión de los fondos de pensiones para reducir riesgos.

Aún con el aumento del porcentaje de cotización, con la creación del fondo colectivo y con el incremento del techo del fondo de pensiones que puede usarse para comprar Certificados de Inversión Previsional, el gobierno no va a lograr cubrir el pago de las pensiones en curso. Para complementar estos pagos, el artículo 116-A contempla en uno de su literales la creación de una subvención anual.

El gobierno va a fijar en el presupuesto que cada año debe apartar “hasta” el 5% de los ingresos corrientes netos  -que para este año equivale a 235 millones de dólares- de cada ejercicio fiscal para afrontar el pago de las pensiones y aún así no va a lograr cubrir el pago de las pensiones sin recurrir a deuda. Entre el año 2018 y el 2050, deberá prestar una cifra que va a variar entre 2 millones de dólares hasta llegar a un monto de 528 millones de dólares en 2050.

La nueva reforma traslada las obligaciones a los futuros gobiernos. A partir del año 2030, las cuotas que va a pagar el gobierno comenzaran a aumentar drásticamente. En ese año, le va a faltar 160 millones de dólares; en 2040, 311 millones de dólares y en 2050 alcanzará su punto máximo de 528 millones de dólares. A partir de ese momento, las cuotas -que se van a financiar con emisión de deuda- bajarán debido a que se espera que -debido a la esperanza de vida de los pensionados- habrá disminuido de forma considerable la población jubilada.

 

https://elfaro.net/es/201707/el_salvador/20548/Trabajadores-cotizar%C3%ADan-m%C3%A1s-y-ahorrar%C3%ADan-menos-con-la-nueva-propuesta-de-pensiones-del-gobierno.htm

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Trabajadores pueden verificar en sitio de internet del IGSS si patronos han pagado sus cuotas

A partir de esta semana los trabajadores, afiliados al IGSS, pueden verificar en el sitio electrónico de ese ente si el patrono para el cual laboran ha pagado sus cuotas.

El sitio es el www.igssgt.org  y para hacer la consulta debe ingresar al enlace denominado cuotas en la pantalla principal.

Luego se debe colocar el Código Unificado de Identificación (CUI) que es el mismo del Documento Personal de Identidad (DPI), y aunque hay un espacio que pide el dato del número de afiliado este ya no es necesario.

Si la persona es afiliada al IGSS antes del 2012, debe tener en cuenta que no se desplegará todo su historial sino que el sistema está actualizado desde la fecha en que la empresa o patrono se adhirió al sistema de  planilla electrónica de ese ente.

Dicho sistema se oficializó en el año 2012, pero las empresas se adhirieron en forma paulatina asì que aparecerá en los años posteriores.

http://www.prensalibre.com/economia/trabajadores-pueden-verificar-en-sitio-de-internet-del-igss-si-patronos-han-pagado-sus-cuotas

Con excepción de Guatemala, América Latina ha reducido la informalidad

Documento del FMI coloca al país con una tasa del 70 por ciento de trabajadores informales, mientras el promedio latinoamericano es del 40 por ciento.

 

La asistencia técnica para Guatemala del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el reporte del “Análisis del sector informal y seguimiento de incentivos tributarios” en el que señaló que existe un alto nivel de trabajadores asalariados sin cobertura de la seguridad social que se atribuye a la baja productividad.

Las recomendaciones que presentaron los funcionarios del FMI para reducir el nivel de informalidad en el país pasan por una reforma al sistema de seguridad social y mayor inversión en caminos rurales o sistemas de riego.

La mayoría de los países en América Latina lograron bajar el nivel de informalidad en la última década, el promedio regional se estima en 40 por ciento, según el reporte que agrega que en Guatemala el 70 por ciento de los asalariados carece de seguridad social.

El reporte elaborado por la asistencia técnica refiere que entre otros aspectos la educación, el desarrollo, el tamaño de las empresas y la productividad son causa de la informalidad, por lo que no debe verse solo desde la política fiscal.

Dónde está la informalidad

Desde 2016 una misión del FMI sugirió que la estrategia para recuperar la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debería incluir el fortalecimiento del registro de contribuyentes, más fiscalización, precios de transferencia y el control del crédito del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros regímenes como maquilas y zonas francas.

El FMI estimó que 55 por ciento de las personas ocupadas en el sector informal están en su mayoría en actividades agrícolas, cuenta propia y pequeñas empresas y devengan menos del salario mínimo, con lo que quedan exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En este caso la recomendación es aplicar políticas para mejorar la atención en el Ministerio de Salud Pública, aumentar la inversión para aumentar la productividad con caminos rurales y sistemas de riego.

Para un 15 por ciento de los asalariados con ingresos superiores al mínimo no se tiene la obligación de cotizar a la seguridad social. Entre este rango están trabajadores por cuenta propia, patronos y empresas con dos o menos trabajadores.

La recomendación del FMI es un rediseño del sistema de seguridad social que sea obligatorio para todos los trabajadores, mejorar el control y coordinación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la SAT, además de algunos programas parcialmente subsidiados.

El organismo internacional recomendó mejorar los controles para alcanzar al 12 por ciento de los ocupados deben cotizar al IGSS y aún están fuera del sistema.

Avances

Adolfo Lacs, representante sindical ante la Directiva del IGSS, comentó que se completarán tres estudios para ampliar la cobertura del seguro social. El primero para que aporten al seguro social las empresas que cuenten con menos de tres trabajadores, esto alcanzaría por ejemplo a personas que se desempeñan como secretarias o asistentes en una clínica o bufete.

El segundo para integrar a los que están en el régimen de Pequeños Contribuyentes, lo que incluiría entre otros a los empleados en el renglón 029; y otro estudio para que todos los profesionales que laboran de forma independiente en sus clínicas o bufetes coticen en el IGSS.

De acuerdo con Lacs aún no se tienen estimaciones del alcance de estas medidas que se analizan, pero que entre otros beneficios tendría que algunos afiliados al IGSS que están de forma pasiva puedan recuperar las cuotas pagadas e incorporarse al sistema.

El IGSS y la SAT suscribieron recientemente un convenio para facilitar el cruce de información con lo que se podrá detectar a los patronos que no registran a sus trabajadores o que pagan las cuotas con salarios que no son reales.

Nociones de informalidad

La asistencia técnica destacó que pueden existir el trabajador informal y trabajador no registrado con pagos en la SAT. La informalidad puede implicar o no evasión: triangulación de multinacionales, precios de transferencia, trabajador con ingresos bajo el umbral del IVA-ISR, actividades que suele camuflarse con el sector informal para evadir.

https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/07/19/con-excepcion-de-guatemala-america-latina-ha-reducido-la-informalidad/

En comunidades agrícolas no perciben ni el mínimo

Los ingresos de agricultores de granos básicos no llegan ni siquiera al salario mínimo mensual aprobado para el 2017, y quedan muy por debajo de la canasta básica alimentaria o los gastos considerados vitales para una familia.

El salario comunitario se registra en Q1 mil 612 al mes, según un monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) actualizado a julio del presente año, 44% menos que el mínimo agrícola autorizado que es de Q2 mil 893.21.

Además, para julio de este año la canasta básica alimentaria se encuentra en Q4 mil 351 y la vital en Q7 mil 940 al mes, para cubrir a una familia de cinco integrantes, refieren datos del INE.

La FAO recopila mensualmente, desde el 2007, datos del salario comunitario, y en 10 años la tendencia mencionada no ha cambiado.

Gustavo García, Técnico de esa organización, explicó que el dato “se obtiene al momento que el equipo técnico de la FAO realiza la encuesta de monitoreo de precios” en 224 municipios de 22 departamentos. Para ello se consulta a la familia sobre el precio del jornal pagado en esa comunidad.

Concienciación y apoyo

Luis Linares, analista de Asíes

Las comunidades monitoreadas por la FAO son de pequeños productores y muchos de ellos apenas pasan del umbral de la producción excedentaria. Muchos no tienen posibilidad de pagar más.

Se necesita apoyarlos para que mejoren rendimiento y tengan acceso al mercado.

Luego se obtiene un promedio por municipio y el promedio nacional (promedio del total de municipios encuestados) en las cuatro regiones del país.

En el 2007 y el 2008 el promedio en mención estuvo en Q1 mil 110, a 2012 ya había subido a Q1 mil 620 pero luego empezó a bajar y quedó en Q1 mil 590, según datos recabados en el 2015 y 2016, agrega el reporte de la FAO. Mientras que en el presente año se ubica en Q1 mil 612.

Según García, cuando se consulta acerca de ese estancamiento en los últimos años se les comenta que se debe a que en las comunidades las familias que utilizan mano de obra son pocas y entre ellas acuerdan no aumentar el salario que pagan.

Sin embargo, agregó el técnico, “siempre hay más mano de obra que oportunidades de trabajo en las comunidades, por lo que la persona que trabaja acepta ese salario”. De no aceptarlo tendrá que migrar a otra parte del país a buscar empleo, aspecto que, agregó, le implica más gastos para vivir y alejarse de la familias y de otros quehaceres diarios.

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económinas Nacionales (Cien), opina que es complicado llamarle salario al ingreso que tienen este segmento de trabajadores, ya que un salario deviene de un contrato entre el patrono y el trabajador.

Opina que los montos, divulgados por la FAO, reflejan la falta de empleo formal en Guatemala y que, aunque haya política salarial que siga fijando salarios mínimos, actualmente hay un componente de fondo qué resolver como productividad y competitividad para elevar su nivel de ingreso.

A su criterio, este monitoreo refleja que para mejorar los ingresos de los guatemaltecos y considerarlos salarios hay que hacer otro tipo de estrategias porque se debe tomar en cuenta que según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos actualizada al 2016, el empleo informal casi llega a 70% en el país.

La falta de oportunidad de generar ingresos en el país ha impulsado la migración, expuso.

Entre los municipios con menores ingresos diarios se encuentran los de Alta Verapaz con Q30 o Q40, con alimentación, y Q45 o Q50 sin esta. Aunque pocos superan ese monto, también hay otros que reportan Q25 diarios.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/en-comunidades-agricolas-no-perciben-ni-el-minimo

El inexcusable rumbo rural de Guatemala

A veces creemos que Guatemala navega sin rumbo. Pero hay ámbitos donde ese rumbo sí existe, como ocurre con el desarrollo rural. Identifiquemos las principales tendencias. Ha habido una transformación estructural importante de la economía guatemalteca, como en otros países de América Latina. Se refleja en la reducción de la importancia del sector agropecuario en la economía nacional. Los ingresos y el empleo que genera ya no son tan importantes como hace quince años. El comercio y los servicios, cada uno por su cuenta, generan una proporción similar de ingresos y de empleo. A su vez, la productividad del sector agropecuario ha aumentado, debido a la expansión de la exportación de bienes como la palma africana, el hule, el azúcar y el café, a lo cual hay que agregar exportaciones no tradicionales que van desde el brócoli hasta la arveja china.

Pero estas exportaciones no tradicionales ahora enfrentan crecientes dificultades debido a que la relación entre el quetzal y el dólar está dañando su capacidad de competir: un quetzal fuerte, que se acerca cada vez más a 7 quetzales por dólar, encarece las exportaciones. Países como México y Perú están desplazando las exportaciones agropecuarias no tradicionales del mercado norteamericano y los países africanos son una creciente amenaza en el mercado europeo.

Además, poder obtener más dólares por el mismo valor de quetzales permite comprar más importaciones. El resultado es que miles de campesinos y pequeños productores de maíz, frijol y otros alimentos ven su producción amenazada por importaciones cada vez más baratas, que los desplaza del mercado nacional. En cambio, con la palma africana, el azúcar y el café, su escala les permite márgenes de ganancia mayores y las relaciones con sus clientes tienden a ser duraderas. Esto les da mayor capacidad para enfrentar los problemas que surgen de obtener menos quetzales por cada dólar exportado.

De manera que el rumbo actual de la economía guatemalteca no está favoreciendo una creciente diversificación de nuestra economía sino todo lo contrario: está consolidando la dependencia de un puñado de exportaciones tradicionales que en el caso del azúcar y de la palma africana está en manos de pocos dueños. Esto es parte de lo que explica que esta transformación estructural del espacio rural sea excluyente. La pobreza y la pobreza extrema en el espacio rural han aumentado, a diferencia del resto de América Latina.

Existe evidencia de una creciente proletarización en el agro guatemalteco: hay más empleados privados y mucho más jornaleros, por un lado, y menos empleadores y trabajadores por cuenta propia por otro. Ello no sería negativo si las condiciones laborales hubieran mejorado, pero sucede lo contrario. El precio de la canasta básica de alimentos, y de la canasta vital, ha aumentado mucho más que los salarios mínimos, que de todos modos no se respetan. La gran mayoría de trabajadores del campo no tienen contratos, no tienen seguridad social y tampoco tienen seguro de salud privado. Sus condiciones se han deteriorado, con un alto número de personas que se limitan a producir maíz y frijol en lotes muy pequeños sin mayores perspectivas de superación. Otros han tenido que migrar hacia las ciudades intermedias, y se han ocupado en el comercio informal, con ingresos incluso menores a los que obtenían previamente en la agricultura. Son parte de una tendencia que parece imparable.

Así que tenemos una transformación estructural rural importante pero excluyente. Ese es el rumbo rural que se observa actualmente. El Estado no tiene actualmente la capacidad de cambiarlo ni la habilidad de aliarse con otros actores sociales para lograrlo. El rumbo rural está claro, pero el desafío es cambiarlo.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-inexcusable-rumbo-rural-de-guatemala

Lo que callamos los vividores del conflicto

Lo que callamos los vividores del conflicto
Publicado Por Soledad Rodríguez el 25 04 2017
Las condiciones existenciales de los asalariados hoy en día revisten casi las mismas características en todo el orbe (nada alentadoras, por cierto); condiciones intrínsecas del modelo económico imperante, que busca el mayor rendimiento y ganancia a través de la explotación exhaustiva y eficaz de la fuerza de trabajo.

Fotografía de Lozano
Hablaré de la situación laboral dentro de las oenegés que han ganado terreno a través de dos grandes vacíos que el Estado no ha podido o no quiere resolver: la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Las oenegés no están exentas de las relaciones de explotación del régimen capitalista y, de hecho, muchas de estas organizaciones se jactan de la similitud (en términos administrativos) con las empresas ordinarias.
Las oenegés son esas entidades que se encargan de redistribuir la beneficencia del primer mundo entre los pobres de la periferia mediante proyectos más o menos sustentables… Pero ese es tema para otro artículo. Esta reflexión gira en torno a mi propia experiencia dentro de una organización no gubernamental, sin interés de hacer generalizaciones; aunque es evidente que muchos de los aspectos negativos enumerados aquí podrán verse reflejados en otros espacios, sea dentro de oenegés enfocadas en otras áreas, en la burocracia estatal, o en la empresa privada.
Trabajé ocho años para una oenegé dedicada a la defensa de derechos humanos violentados durante el mal llamado Conflicto Armado Interno (se sabe que de hecho fue una guerra sucia y una guerra de exterminio). Con el paso del tiempo el trabajo que se realizaba dentro de esta organización fue asemejándose a una maquila. Al final del día la “eficacia” de cada trabajador, debía reflejarse en el número total de “producto” que entregaba, esto es, la cantidad de personas atendidas y víctimas de violencia registradas.
La calidad del trabajo disminuyó considerablemente con el paso del tiempo. En los últimos años esta organización tuvo a bien contratar personas poco calificadas pero eficientes en el cumplimiento de órdenes sin cuestionar (deshaciéndose del personal calificado pero “problemático”, ¿pensante, acaso?).
Además era moneda común exponer al personal a trabajo excesivo por tratarse de “empleados de confianza”. Muchos de nosotros pasamos largas temporadas en trabajo de campo, con todo lo que esto implicaba: vivir en comunidades lejanas por períodos considerables, dejando de lado nuestra vida cotidiana, familia, amigos, y demás. Cuando por fin llegabas a la oficina, la cosa era hacer el trabajo de escritorio lo más rápido posible porque ya estaba programada otra salida a campo.
El tema que esta organización desarrolla es de gran impacto para los involucrados —después de mucho tiempo de trabajar con temas relacionados a la violencia se suele normalizar ciertos aspectos— y el desgaste físico y mental representaba al final del mes un deterioro en términos existenciales de la vida de los trabajadores, precarizando sus relaciones familiares y cotidianas, regalándoles una cuota significativa de padecimientos psicosomáticos a los que se les pone poca atención pero que tarde o temprano terminan cobrando factura.
Este estado es conocido en el medio anglosajón como el síndrome de burnout, y en español como síndrome del desgaste profesional*. No obstante, para los directivos, esto estaba relacionado con la mediocridad de los trabajadores que tienden a hacer un mal trabajo cuando están “bajo presión”, condición, por cierto, de cualquier trabajo de hoy en día.
Uno de los argumentos que escuché más de una vez a mis jefes inmediatos cuando se les hacía reclamos por mejoras salariales (por la carga de trabajo y de exigencias frívolas) era que debíamos estar agradecidos porque el de nosotros era un trabajo excepcional, que muy pocas gentes tenían oportunidad de realizar y que seguramente en un McDonald’s sí tendríamos motivos verdaderos para quejarnos. Lo único importante era la cantidad de registros logrados al cierre de cada proyecto, pues de eso dependía el financiamiento de los donantes para los años subsecuentes, o sea nuestra buena fortuna de tener un trabajo estable…
Los espacios destinados dentro de esta organización para atender el desgaste físico y emocional de los trabajadores, eran espacios mal dirigidos, sin personal cualificado para tal fin. Terapias grupales tan necesarias para resolver los conflictos acumulados con el paso de las semanas o meses, eran solventadas con fiestas institucionales que —no hace falta decir — contribuían momentáneamente al desfogue de las diferencias y rencillas entre colegas, pero eran inútiles para resolver los problemas de fondo que resurgían cada cierto tiempo.
Por otro lado, son varios los ejemplos dentro de estas organizaciones donde los directivos buscan el beneficio personal, y no sólo porque los sueldos que reciben pueden equipararse a los de altos funcionarios del gobierno (injustificados en casi todos los casos).
Estos directivos aducen que sus salarios exorbitantes se justifican porque ellos consiguen los fondos económicos con los que la cosa funciona. Disponen además de los recursos destinados para el trabajo que se realiza (automóviles, viáticos, viajes, capacitaciones que pudieran y debieran ser para los trabajadores) y al paso, también favorecen a familiares y amigos que, aunque no tengan las credenciales y el conocimiento suficiente, llegan a puestos clave. Hemos visto en Guatemala cómo esta clase de corrupción puede desembocar en casos trágicos como el del macabramente nombrado Hogar Seguro.
La corrupción en este sentido quizá no tenga desenlaces trágicos y deleznables como el anteriormente citado, pero sí contribuye a un deterioro en el ambiente laboral y el trabajo que se realiza.
En estas organizaciones es prácticamente imposible subir de puesto por la experiencia acumulada a través de los años o los estudios realizados. Constantemente se ve subir de puesto a los amigos de turno, a las novias, o a los familiares de los directivos, pero siempre se tiene garantizado para los empleados que no entran dentro de estas categorías, el puesto de empleado de confianza.
Se exhorta a los trabajadores a dar siempre un poco más, apelando a la importancia del trabajo que se realiza, al impacto que tendrá en la vida del país el fortalecimiento de los derechos humanos (basta mencionar la cantidad de casos trabajados que llegaron a cortes penales internacionales y nacionales, con condenas para los implicados en delitos contra la humanidad en épocas de la guerra). Para muchos de nosotros la satisfacción de estos resultados fue un incentivo importante para continuar con el trabajo por varios años.
Cuando los trabajadores de estas oenegés se vuelven incómodos para los directivos, que generalmente sucede al evidenciar la corrupción y mediocridad, ellos juegan la carta de los despidos indirectos, o sin mucho papeleo los despidos a secas. Para muchos, salir por nuestro propio pie fue necesario para mantener la salud mental, luego de una constante decadencia.
Una malaventura para quienes han trabajado en oenegés es que el importante número de años trabajando exclusivamente para la misma organización tiene poca relevancia en las exigencias curriculares de los trabajos ofertados hoy en día; se vuelve más bien un obstáculo para optar a otros empleos, sin mencionar la edad que en promedio se tiene para entonces. Para muchos el siguiente paso será el freelanceo, diversificarse o morir de hambre en el intento.
Por supuesto estas críticas casi nunca salen del círculo inmediato de quienes las han vivido, porque se cree erróneamente que pueden usarse en contra de los procesos, frágiles aún, que han costado muchos años de lucha para reivindicar a las víctimas de la guerra, pudiendo ser aprovechadas por aquellos que ven “vividores del conflicto” en cada esquina.
El fantasma del desempleo condiciona a los que continúan laborando en dichas organizaciones a lavar la ropa sucia en casa, por lo menos a los que tienen conciencia de la corrupción imperante dentro de estas organizaciones. Por lo general son también quienes las han formado teniendo puestos ejecutivos, siendo muchos de ellos profesionales valiosos pero que para no ser víctimas del temido desempleo o de pasar a engrosar las filas en Guatemala con un salario que no supera los seis mil quetzales, optaron por llevar la fiesta en paz: ver, oír y callar.
En síntesis, debemos notar: primero, cómo los espacios que otrora se creían a salvo de las prácticas negativas del actual sistema económico, no lo son más, si es que en algún momento lo fueron; segundo, la situación existencial actual de los trabajadores en general; por último, el problema grave del desempleo de las capas medias escolarizadas a nivel universitario, donde son pocos los que logran ejercer su profesión. Por otro lado, el tema de la corrupción aquí señalada me parece algo más bien inherente a las relaciones sociales; difícil rastrear ejemplos históricos libres de este flagelo, pero en fin, es lo que hay…
*El síndrome de burnout, fue detectado primero en el medio de los profesionales de salud y de trabajadores sociales por el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien lo describió por primera vez en 1973. Aparece como resultado de una demanda excesiva de energía vinculada al contexto económico, social y laboral en el cual surge. [Thomaé 2006] Tiene como consecuencias un deterioro en las relaciones interpersonales, desgaste o pérdida de la empatía y diversos síntomas emocionales y físicos tales como depresión, insomnio crónico, graves daños cerebrales o cardiovasculares.

http://barrancopolis.com/lo-que-callamos-los-vividores-del-conflicto/