Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

http://lahora.gt/economista-uso-inadecuado-pactos-colectivos-termina-expresiones-impunidad/amp/

Guatemala y EE. UU. ponen fin a demanda

Aunque hasta ayer no había una postura oficial, Guatemala se libró  de una  demanda laboral de hasta por US$15 millones —Q109 millones— en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El litigio laboral con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, en inglés) se mantuvo por casi 10 años.

Hasta ayer, autoridades de los ministerios de Economía y Trabajo mantenían reserva de la decisión del panel arbitral que fue notificada al Gobierno hace un mes.

“En efecto, hemos visto un informe que está circulando del USTR; sin embargo, hemos tenido acercamiento con el Gobierno de EE. UU., y a petición de ellos acordamos hacer público la otra semana el resultado del panel”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.

Leticia Teleguario, ministra de Trabajo
”Por acuerdo con el USTR y Guatemala, no se puede hacer público aún el resultado de la resolución del panel arbitral, sino hasta la próxima semana”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.

La misma posición reflejó hace algunos días Adolfo Barrera Ortiz, viceministro de Economía, y en esa ocasión afirmó a Prensa Libre que la conclusión apuntaba a favorecer a Guatemala.

La conclusión ya se encuentra en la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), que es el administrador del TLC.

No hubo daño

Según trascendió, la conclusión es que Guatemala demostró durante las audiencias del panel que no “se presentó daño al comercio” y que está regulado en el capítulo 16 del TLC, que trata el tema laboral.

Alejandro Ceballos, presidente Vestex

El hecho de que los sindicatos hayan presentado una demanda a través de EE. UU. sin haber dialogado antes y haber tratado de arreglar las cosas, derivó en este conflicto. La justicia llegó y por lo único que podían acusar era porque se pudiera afectar el comercio, algo que no sucedió.
Además, “que las violaciones a los derechos laborales no fueron recurrentes”.

Alejandro Ceballos, presidente de la Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), dijo que para que se comprobara una violación se tuvo que haber afectado el comercio y la balanza comercial es positiva para EE. UU. “Por lo tanto, no hubo una causa comprobable”, enfatizó.

Con esos términos coincidió José González-Campo, miembro de la comisión laboral del Cacif, y afirmó que habrá que analizar cuál fue la interpretación del panel.

En todo caso, dijo que esto será un precedente para cuando se traten temas laborales.

En el sitio insidetrade,com, Celeste Drake, especialista en política comercial de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés), se negó a comentar sobre el caso, ya que no había leído el informe y no estaba al tanto del resultado.

Rigoberto Dueñas, representante sindical
Guatemala, dentro del TLC, se comprometió a respetar los convenios fundamentales de la OIT, los cuales no se cumplen en este momento, y con esa resolución definitivamente es un triunfo para la impunidad y para las prácticas ilegales.
“Creemos que este caso debería haber sido un golpe para Estados Unidos, por lo que los rumores de una pérdida de Estados Unidos son muy preocupantes”, afirmó.

En el 2008, AFL-CIO presentó una denuncia junto con sindicatos guatemaltecos al USTR al argumentar violaciones a los derechos laborales en el país e incumplimiento del TLC.

OIT

La presentación de las conclusiones del panel se dan a conocer una semana después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aplazó conocer el caso de Guatemala en la Comisión de Normas.

“En esa reunión presentamos los avances en materia laboral, así como la ley que devuelve la capacidad sancionatoria a la Inspección de Trabajo”, afirmó Teleguario.

La OIT, por medio de la Comisión de Normas, estudia a los países que son denunciados por violaciones a los derechos laborales, así como la instalación de una comisión de encuesta, que es el instrumento de sanción para las naciones.

La OIT conocerá el caso en noviembre, y tiene varias denuncias en contra del Estado por violaciones a los derechos laborales, libertad sindical y asociación colectiva.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-y-ee-uu-ponen-fin-a-demanda

Guatemala tendría a su favor el resultado en litigio laboral

Hasta el próximo lunes se tendrá una declaración oficial, pero trascendió que el panel conformado bajo el DR-Cafta falló a favor del Estado guatemalteco.

La demanda laboral fue presentada ante el Departamento de Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

 

Por: LORENA ÁLVAREZ elPeriódico 
La semana pasada el panel de arbitraje emitió su fallo a favor de Guatemala en la disputa presentada en 2008 bajo el Capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

Así lo reportó el sitio de internet insidetrade.com que se refiere al caso como “la disputa que marcó la primera vez que una queja de derechos laborales fue presentada bajo un acuerdo de libre comercio”.

Según la nota, el panel arbitral emitió el fallo favorable al Estado guatemalteco, y se espera que el informe se conozca próximamente, agrega que bajo el DR-Cafta no se tiene un mecanismo de apelación para el laudo.

Fuentes consultadas en Guatemala dijeron que la reserva de la decisión del panel se liberará el lunes 26 de junio.

La demanda fue presentada ante el Departamento de Trabajo y la Oficina del Representante Comercial del Gobierno de EE. UU. por seis sindicatos y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), por incumplimiento de las leyes laborales.

Afectan comercio

De acuerdo con insidetrade.com la especialista en política comercial de la AFL-CIO, Celeste Drake, indicó que el resultado del caso dependería si EE. UU. logró demostrar que las presuntas violaciones laborales en Guatemala afectaron el comercio entre ambos países. Para Drake las violaciones “afectan el comercio” pues en algunas industrias de exportación los salarios son bajos y eso tiene una distorsión al hacer que las exportaciones de Guatemala sean más baratas de lo que deben ser.

En la publicación se señala que fue muy difícil demostrar que las deficiencias en la aplicación de sus leyes laborales estaban afectando el comercio. Drake argumentó que si el panel de arbitraje Estados Unidos-Guatemala “estableció un estándar irrazonablemente alto” para probar cómo las violaciones laborales afectan al comercio, ese alto nivel podría repetirse en otros casos.

US$15

millones  tendría que pagar Guatemala como sanción en caso de tener un fallo contrario.

https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/06/22/guatemala-tendria-a-su-favor-el-resultado-en-litigio-laboral/

El crimen de Chepe León Castañeda

POR: | 15 MAYO, 2017 – 1:19 PM

Chepe León Castañeda condenó secuestros y fue secuestrado.

Los años del conflicto armado interno fueron brutales. Muchos muertos, demasiados botones rojos que brotaron como espigas en la piel de este país. Pero uno de los crímenes que más me impactó fue el de Chepe León Castañeda.

El día de su muerte fue un aciago 16 de noviembre de 1979… Chepe había decidido junto a otros periodistas fundar el Sindicato de Medios de Comunicación Social, SIMCOS y sus actividades le llevaron a ser señalado para ser asesinado por el paramilitar, Ejército Secreto Anticomunista, ESA.

Mi colega de redacción, mi amigo. Un periodista que siempre estaba corriendo, como si el tiempo se le fuera entre sus largos y filosos dedos. Flaco, de pelo largo, nervioso pero firme. Inquieto, trabajador y buen amigo de sus amigos.

Jamás escatimó las horas ni el espacio para compartir, era un hombre de palabra fácil, no tenía ningún problema para hacer reír a los demás con sus buenas puntadas. Escribía en su máquina mecánica con dos dedos y lo hacia a gran velocidad.

Mantenía un cigarrillo entre la comisura de los labios y siempre tenía entrecerrados los ojos a causa del humo del Payaso sin filtro que fumaba con deleite….

Historia completa de Chepe León Castañeda en voz de Haroldo Sanchez:

http://www.guatevision.com/sin-reservas/chepe-leon-castaneda/

 

Nadie sabe cuántos trabajadores de Salud tienen licencia para no trabajar

El descontrol en el Ministerio de Salud en cuanto a quiénes exactamente tienen permiso para no trabajar con goce de salario y dedicarse a actividades gremiales se evidenció ayer  cuando nadie en el Gobierno pudo dar ese dato ni desde el sindicato mayoritario del sector.

Después de la reunión del gabinete de Gobierno, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, dio un informe de actualización del proceso legal por el pacto colectivo firmado en el 2013 entre esa cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

La funcionaria recordó que esa agrupación sindical demandó al Estado de Guatemala por incumplimiento del Pacto Colectivo  y que el Ministerio y la Procuraduría General de la Nación (PGN), como Estado de Guatemala, respondieron con una contrademanda, la cual fue ampliada el 2 de mayo último, con el fin de anular las licencias sindicales otorgadas en ese documento.

Hernández afirmó que las licencias no son permisos que otorga el Ministerio, sino que dependen de cómo el sindicato decide organizarse.

“Eso significa que queda a discreción del sindicato y de su organización la cantidad de licencias que puedan tener sus integrantes”, explicó la ministra.

El cálculo

Las licencias son extendidas para nueve integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, cuatro integrantes de cada filial, tres de cada subfilial y dos de cada sección, según Hernández Mack.

El problema es que ese ministerio no tiene datos exactos de cuántos sindicalistas cuentan con licencias, añadió la funcionaria, por lo que pidieron información al Ministerio de Trabajo, que no la ha entregado.

“Pero si  uno se pone a hacer cálculos básicos de cuántas filiales, subfiliales y secciones pudiera haber, calculamos que son alrededor de dos mil personas que se encuentran gozando de licencia sindical”, comentó Hernández Mack.

Otro problema es que no se puede establecer cuánto dinero representan para el Estado esos permisos, porque no se tiene el dato de cuánto   devengan y a qué renglón pertenecen los dos mil trabajadores con licencia para no trabajar.

Hernández dio una pista: “Hay alrededor de 23 mil trabajadores en el renglón 011 —presupuestados—, de los cuales el ocho por ciento estarían gozando de licencias”. El ocho por ciento de 23 mil  es mil 840.

El vaivén

“Todavía no hemos recibido respuesta, no sabemos si nos van a poder dar esa información”, manifestó Hernández Mack sobre los datos solicitados a la mencionada dependencia.

La ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, informó después que el dato de quiénes son esas dos mil personas lo tiene la ministra de Salud.

“En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es asesorarla a ella —ministra de Salud— en aspectos específicos que nos pregunta. La categoría de cada trabajador es un dato que ellos mismos han identificado dentro de diferentes departamentos, que, asumo, se los puede compartir con todo gusto”, afirmó Telguario.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, salió al paso para aclarar que la ministra de Salud se refería a que son los sindicatos los que tienen la información exacta de quiénes son los beneficiados con licencias de trabajo.

Sindicato tampoco sabe

Luis Alpírez, secretario general del SNTSG, el sindicato mayoritario en Salud, recordó que el Pacto Colectivo permite conceder a sus  afiliados licencia con goce de salario por el tiempo que sea necesario,  previa notificación.

“Nosotros, desde el momento en que eligen a un representante sindical, por ley  damos aviso a la Inspección General de Trabajo, y ellos les notifican no solo al sindicato, sino también al Ministerio de Salud, de la inamovilidad. Ese tema es el que la ministra no aclara”, manifestó Alpírez.

Al preguntarle al sindicalista cuántas personas cuentan con licencia para no laborar, aseguró que a lo interno de su sindicato son 20. “Todos esos achichincles que ella llama 25 sindicatos, ese ya es asunto de ella. Nosotros damos parte por los nuestros, y son un aproximado de 20”, afirmó, y señaló a Hernández de promover una “cortina de humo”.

Descontrol es en todo el Ejecutivo

El hecho de que no se tenga certeza de cuántos trabajadores reciben sueldo sin  trabajar, por ser sindicalizados con licencias, refleja un problema  en el servicio civil  que no corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud, sino que se da en toda la administración pública, opina Daniel Haering, analista político y profesor en la Escuela de Gobierno.

˜“Por eso se decidió hacer un censo de trabajadores que debería estar ejecutándose ahora mismo, y que es necesario para empezar de cero. Las fuerzas políticas, el presidente, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la comunidad internacional deben impulsarlo”, aseguró el experto.

˜Haering no cree que el problema del pacto colectivo  se solucione pronto, ni el problema de información que “claramente” existe en las instituciones del Estado.

“Es un lío espectacular que sucede en toda la administración pública”, expresó.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/descontrol-en-el-ministerio-de-salud-sindicato-nacional-de-trabajadores-de-salud-de-guatemala

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE TRABAJO DECENTE PARA GUATEMALA 2012-2016

Informe

https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/2016,evolucion_indicadores.pdf

Página del OBSERVATORIO DE TRABAJO DECENTE

http://www.asies.org.gt/observatorio-de-trabajo-decente/#undefined7

Salud paga a dos mil empleados que no trabajan

Autoridades del Ministerio de Salud solicitaron una ampliación a la denuncia contra el pacto colectivo de esa institución porque se paga a personal que no labora por licencias sindicales.

La ministra de Salud, Lucrecia Hernández, explicó que se solicitó la ampliación de la denuncia contra el pacto, porque al hacer la revisión identificaron que como parte de los beneficios otorgados hay uno que permite no llegar a trabajar a por lo menos dos mil empleados.

“En el pacto se otorga licencias sindicales para no trabajar a nueve integrantes del comité ejecutivo del sindicato, así como a cuatro trabajadores más de cada filiar, tres de cada subfilial, dos de cada sección y dos más del consejo consultivo. Como empleados en verdad no sabemos cuántas personas gozan de este beneficio, pero haciendo cuentas creemos que son más de dos mil”, detalló Hernández.

Según la funcionaria en el análisis que efectuaron con la Procuraduría General de la Nación (PGN) se percataron que estos permisos sindicales contravienen con la Ley de Servicio Civil del Estado, el Código de Trabajo y otras leyes y convenios internacionales.

La ministra de Salud indicó que desconocen a ciencia cierta cuál es el impacto económico en salario para este personal, ya que según el mismo pacto colectivo, estas personas ya no dependen de los permisos del patrono, sino que es de los mismos sindicalistas, así que no se sabe quiénes son los que gozan de este beneficio, ni cuanto devengan.

“El impacto no es sólo salarial, hay que tomar en cuenta que esas personas no están haciendo las tareas por las que fueron contratadas y seguramente se ha tenido que cubrir de alguna manera”, lamentó.

Grupos de choque

La titular de la cartera de Salud aseguró que tomando en cuenta esta situación, es fácil darse cuenta que los grupos de choque que han participado en las manifestaciones son personas que gozan de esta licencia sindical.

“Le Ministerio de Salud le está pagando a estos grupos de choque, y seguramente a varios netcenter, porque son muy activos en las redes sociales, eso no puede continuar así”, señaló.

La solicitud de ampliar la denuncia se hizo el pasado 28 de abril y el juzgado séptimo de Trabajo lo incorporó el dos de mayo en la audiencia que se efectuó en torno al proceso que se lleva contra el pacto colectivo.

El proceso contra este instrumento laboral inició en 2015 cuando el sindicato demandó al Ministerio de Salud por incumplimiento al pacto colectivo. La primera audiencia pública por este caso se programó en febrero de 2017.

Luego de ello el Estado se defendió planteando una contra demanda a través de la PGN y el MSPAS en donde se solicitó la nulidad del reglamento de viáticos, algunos bonos que generan privilegios y se solicitó que se retirara de las obligaciones del ministerio el pago del abogado de los sindicalistas.

Según la ministra Hernández, el abogado de los sindicalistas está exigiendo un cobro de Q21 millones, de los cuales ya se le habría hecho efectivo Q14 millones.

“No existe ni contrato, es triste ver cómo una compra de Q400 mil en medicamentos lleve un proceso largo, pero la contratación de este abogado no tiene ni siquiera un documento legal que respalde sus servicios”, lamentó la funcionaria.

Prensa Libre trató de contactar a dos representantes del Frente Nacional de Lucha, pero no respondieron las llamadas. También se dejó un mensaje en su página oficial de Facebook, pero no hubo respuesta.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/mspas-paga-a-dos-mil-empleados-que-no-trabajan