Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

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El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos

POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Alejandro Argueta, abogado de profesión especializado en Derecho Laboral, se ha enfocado en el estudio y atención de casos relacionados a la defensa de derechos de trabajadores, las organizaciones sindicales, pactos colectivos del sector público y privado. El abogado, también con conocimientos y estudios en Historia y Economía, conversó con “La Hora” respecto a las consecuencias que existen a partir de la corrupción de organizaciones de sindicatos en el sector público y de la necesidad de eliminar estas malas prácticas en favor de la gestión de las instituciones públicas.

Argueta analizó e identificó anomalías en el Pacto Colectivo firmado entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y el sindicato de salubristas de esa institución. A criterio del experto, existe una brecha sumamente ancha entre la verdadera naturaleza de los sindicatos y la forma en que han funcionado, en la práctica. Según Argueta, en ese juego de corrupción y defensa de intereses personales, los más afectados son los trabajadores honestos y la población.

¿Cuál es o debería ser la naturaleza de un sindicato?
Los sindicatos son muy importantes. En el ámbito laboral y profesional, la única forma de lograr mejorar y superarse es organizándose, en lo individual hay muy pocas historias de éxito, creer que solo uno va lograr las cosas no se puede, entonces hay que organizarse. Un sindicato siempre debe buscar el bienestar de los trabajadores. Hay muchos casos que demuestran la necesidad de trabajar y proponer en colectivo. Una segunda función de los sindicatos es que son un interlocutor político, porque para hacer política es importante tener representantes políticos y legítimos.

¿Cómo son los sindicatos en Guatemala?
En Guatemala, los sindicatos actualmente son el producto de una política de represión antisindical. En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical. No es culpa de los trabajadores, la destrucción de la fuerza sindical ha sido una causa de algunos patronos.

¿Quién es el principal beneficiado con la corrupción de un sindicalista?
Es el patrono porque si el sindicalista fuera honesto a la representación que ejerce entonces el patrono realmente tendría que negociar con una fuerza colectiva real y ceder parte de sus intereses económicos y políticos con tal de mantener la estabilidad de su actividad. Por el contrario, si el sindicalista es controlado por la presión del patrono, lo que hace es que deja de ser sindicalista y se convierte en un cómplice del patrono. Hay una frase que dice “no se puede vivir de defender una injusticia y pretender no ser parte de ella”. Entonces, cuando el sindicalista traiciona su representatividad y se presta a intereses opacos del patrono, se convierte en cómplice del patrono. Un patrono legal, responsable y honesto no necesita de un sindicalista corrupto. El sindicalista corrupto no va luchar por intereses verdaderos.

¿Cómo se aplica esto a las instituciones públicas?
En las instituciones públicas, lo que puede suceder es que los funcionarios corruptos corrompen al sindicalista para que en la traición de sus intereses lo primero que traicionen sea ser el primer testigo de los actos de corrupción del funcionario. Cuando en realidad ellos tendrían que ser los primeros en denunciar la corrupción de las instituciones. O sea que lo primero que gana es el silencio del sindicalista de la inapropiada gestión del funcionario.

Un sindicalista estatal conoce bien las instituciones, lo saben todo, tienen el sentido de un funcionario correcto y uno que no está actuando bien, saben sobre los procesos administrativos, sobre las compras, las presiones financieras, se enteran de todo. Cuando lo ocultan es donde traicionan la esencia de su papel como sindicalistas. La corrupción que vemos ahora es el resultado y producto de un deterioro de la administración pública que empieza con los funcionarios. La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

¿Cuáles son las consecuencias de esa dinámica de corrupción entre sindicalistas y funcionarios?
Lo que sucede es que aunque existen muchos sindicatos en las instituciones, en lo público o en lo privado, en realidad los trabajadores no están representados, lo que existen son sindicatos de cartón, son fachadas políticas que ejercen una función de validación de la corrupción y han dejado de ser representativos para el resto de trabajadores.

¿De qué forma se puede resolver esto?
Considero que lo primordial es dar oportunidades de fomentar nuevos liderazgos y sobre todo de jóvenes que estén conscientes de las deficiencias actuales y tengan la intención de hacer las cosas de manera distinta.

También considero que se deben aprovechar las coyunturas actuales de la lucha contra la corrupción y aprovechar que hay de parte del sector empresarial y estatal personas que comprenden la necesidad de apoyar estos procesos.

Actualmente resultan muy cuestionados los Pactos Colectivos. ¿De qué forman funcionan estas negociaciones?
El Pacto Colectivo es la formalización de los acuerdos entre los sindicalistas y los representantes de las instituciones, el problema es el tipo de negociación. Hasta ahora no tengo evidencia para hacer una excepción respecto a las anomalías en las negociaciones.

El problema con los Pactos Colectivos es que, con el modelo con el que se plantean, no son sostenibles. La forma en que se negocian entre instituciones públicas y sindicalistas, hacen que los beneficios no sean sostenibles. En el caso de los salubristas hay que reconocer que sí ganan muy poco, los ingresos son bajos para los que están haciendo gestión púbica. Y entonces vienen este tipo de prácticas entre sindicalistas y funcionarios públicos y llegan a acuerdos de beneficios económicos que aparentan ser favorables pero no son sostenibles y al final los trabajadores salen defraudados porque al final no reciben nada.

No les pagan porque no hay respaldo legal para hacerlo, no hay suficiente capacidad presupuestaria, otras veces, la mayoría de beneficios deben ser erradicados porque no son sostenibles.

¿Cuál es el perfil que debe tener un sindicalista?
Yo considero que antes que cualquier cosa, un sindicalista debe ser responsable y formal en el cumplimiento de sus funciones legales como empleado públicos y a partir de ahí proponer una mejora. No al revés, no proponer cosas que les quiten responsabilidades como empleados públicos porque de esa forma afectan la gestión pública y esa no es la verdadera intención de un sindicalista.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida. Así es como me imagino un sindicato: intransigente con las prácticas opacas, exigente de condiciones de trabajo que le dignifiquen y le den carrera.

¿En algún momento, los sindicatos se vuelven herramientas políticas?
Se convierten en grupos de poder. Primero, las personas los apoyan y creen que van a lograr beneficios insostenibles con la representación de los sindicalistas, buscan un alivio a su precaria condición de vida. Con esa intención, la gente apoya la sindicalización. La gente participa de una u otra manera, pero con ese apoyo y con el uso de licencias se convierten en una herramienta de presión política para intereses muy particulares que muchas veces no tienen que ver con los intereses de los empleados.

Tomando en cuenta que existen anomalías en la actividad sindical, ¿quiénes deberían vigilar el actuar de los sindicatos?
Todos. Es una tarea que va desde el Presidente, los ministros, las organizaciones como la Contraloría General de Cuentas, la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de trabajo. Prácticamente es una tarea de muchas instituciones. Son varias las autoridades que deben poner atención en este tema para resolver lo que está sucediendo.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción. Esto no se trata de criticar el movimiento sindical en general sino a la corrupción que se ha impregnado en estas actividades.

En lo personal hay muchos que no me agradan, son abusivos y son inconsecuentes, tienen todos los atributos negativos para no ser referentes de un verdadero movimiento sindical.

La corrupción es la otra cara de la moneda a la represión. Te pega o te paga.

La mejor solución para empezar a desatar el nudo es atacar la corrupción.

Un sindicalista debe identificarse con la gestión y a partir de esa identificación y proyección del bien común, exigir mejores condiciones de vida.

Alejandro Argueta, abogado especializado en derecho laboral.

http://lahora.gt/experto-laboralista-el-sindicalista-corrupto-no-va-luchar-por-intereses-verdaderos/

Honduras: La huelga más larga en la empresa que simbolizó las “banana republics”

Trabajadores. Batallas por la dignidad (III)

Los domingos 27 de agosto  y 10 de septiembre publiqué la primera y segunda partes de esta historia. He contado sobre la serie de agravios que estos trabajadores vivieron (en la primera parte), y de cómo esos mismos agravios (en la segunda parte) se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad.

Hasta ahora, mientras el primer grupo de trabajadores se hallaba fuera de la planta, con un proceso judicial en los tribunales, empantanado con los recursos legales que el bufete de abogados que representaba a la empresa interponía, el segundo grupo, ya había sido reinstalado.

***

El 11 de agosto de 2012, con la reinstalación de los 11 trabajadores la estrategia de la empresa empezó a partirse. “Allí ya comenzamos a agarrar credibilidad como organización, porque ellos (los gerentes, los supervisores) se la pasaban diciéndoles a los otros trabajadores que nosotros ya no íbamos a entrar; que el que se afiliara al sindicato se iba a ir también, como nosotros”, recuerda Néstor Hernández Rodríguez, operador de roladora, la máquina donde se hacen las costaneras.

Continúa Néstor: “A los del segundo grupo de trabajadores, los que fuimos reinstalados, cuando regresamos, ya nadie nos hablaba. Si los supervisores miraban a alguien hablando con los 11 que entramos, ya lo llamaban de Recursos Humanos, y lo empezaban a cuestionar, que qué estaba hablando con nosotros, que si se iba a afiliar al sindicato. Para el almuerzo, estaba uno sentado aquí, estaba allí la mesa vacía, y nadie se sentaba con uno. Como animales raros nos miraban. Las mesas llenas de un lado, y nosotros comiendo solos en las demás mesas porque nadie se sentaba con uno. Era prohibido que los demás compañeros hablaran con nosotros. Si veían grupitos de tres o de cuatro, dios guarde, la empresa les prohibía a los compañeros, que qué estaban hablando con nosotros, que los íbamos a manipular. Implementaron un sistema de cámaras para vigilar lo que hacíamos adentro de la planta. A pesar que la gente veía que ya no podían despedirlos, porque a nosotros nos habían reinstalado, todavía quedaba un gran temor, había mucho miedo en los trabajadores”.

“El gerente de Recursos Humanos llegaba de uno en uno, en las máquinas, en todas las áreas, que qué era lo que uno quería para desistir del sindicato, que los sindicatos no eran buenos en Guatemala, que ellos tenían la mejor asesoría legal, que los que se afiliaran al sindicato los iban a sacar de la empresa y que no iban a encontrar trabajo en ninguna otra parte”, recuerda Néstor.

Con el primer grupo de trabajadores reinstalados la empresa pasó a la ofensiva, incrementando los controles sobre los trabajadores. Entonces, la organización tuvo que implementar otras estrategias. Si la empresa podía controlar completamente lo que los diez trabajadores hacían adentro de la planta, afuera no podría hacerlo, y menos aún los domingos. Entonces, continúa relatándonos Néstor: “visitábamos a los trabajadores en sus casas, los íbamos a visitar los domingos, como los Testigos de Jehová íbamos, de dos en dos, solo que nosotros no íbamos con traje y corbata porque ni a eso llegábamos. O en las salidas de turno, por ejemplo: –miren muchá, fíjense que me voy a ir por tal lado, me siguen, y en tal lado nos vamos a juntar, pero lejos de la planta. Con alguien que vivía aquí, en el área de Villa Nueva, nos íbamos hasta allá por la zona 1 (de Ciudad de Guatemala), porque si algún conocido veía que alguien estaba platicando con nosotros, luego lo sabían en la empresa. La empresa implementó algo, que a algunos trabajadores les subieron el sueldo, pero con la condición que tenían que tener informados a los supervisores, a los de recursos humanos, de todo lo que se enteraran”.

Cada semana, los trabajadores manifestaban afuera de la planta, con las familias, las esposas, los hijos chiquitos, para decir “aquí estamos”, con pancartas y gritaban: que “más vale morir de pie que vivir de rodillas”; y que “sindicato unido, jamás será vencido”. Así fue como otros trabajadores fueron perdiendo el miedo, y se animaron a afiliarse al sindicato, que ahora cuenta con 70 trabajadores, de alrededor de 130.

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En septiembre de 2014, los trabajadores del primer grupo de fundadores del sindicato fueron reinstalados. De los 27 fundadores, 12 del primer grupo y 15 del segundo, regresaron 9 del primer grupo y 11 del segundo a la planta. –“Si emplazamos a la empresa y por eso nos despiden, en 24 horas tienen que reinstalarnos”, le dijo, con el Código de Trabajo en la mano, Boanerges Argueta, operador de stiller, a Emeterio Nacth, ayudante de costanera. Ahora, bromea Emeterio: “Boanerges se equivocó en un pequeñísimo detalle, y es que no fueron 24 horas, sino 24 meses”. En realidad, los trabajadores pasaron dos años y siete meses, resistiendo.

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Ahora, con el sindicato, las condiciones de trabajo han cambiado: se acabaron los turnos de 16 horas y la obligatoriedad de trabajar los domingos, el que quiere hacerlo lo hace, ya no hay más amenazas de despido, y si se trabaja domingo se tiene derecho a descansar un día de la semana. Ahora, también, solo se trabaja una semana de día y otra de noche, cuando antes eran tres semanas consecutivas en cada turno. Ya no se trabaja durante la Semana Santa. Ya nadie cabecea la carga. Los turnos como operador y como auxiliar son reconocidos –en el salario–; si un auxiliar pasa a ser operador recibe el salario del operador. Los supervisores no pueden ya maltratar a los trabajadores, insultarlos, como antes. Las secciones del comedor, para los almuerzos, ahora son las mismas que para los trabajadores administrativos, teniendo derecho a un subsidio, la empresa asume una parte del costo de la comida. Ahora ya tienen permiso para ir a consultas al Seguro Social. Los uniformes los dan cuando se arruinan, y no cada año.

Siempre, no reconocer al sindicato. Ellos mismos, la empresa, creó un sindicato, de esos blancos. Con eso Ternium Internacional de Guatemala intenta bloquear la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. En esta como en otras luchas no hay final feliz; queda solo la satisfacción de saber que se luchó, porque no había más qué hacer.

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A estas batallas por la dignidad se sumaron múltiples apoyos: Víctor Pérez Herrera, jefe de Taller de Coca Cola Guatemala, y miembro del sindicato de la embotelladora, que siempre ha estado allí, con ellos, que nunca les ha dejado solos. Los abogados Ingrid Urízar y Rafael Sánchez, de Festras, la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, son de esos abogados incorruptibles, que tanta falta le hacen a Guatemala. En Canadá, Mario Torres, de la Fundación Enrique Torres, en honor a un gran luchador por los derechos de los trabajadores, les ayudó a establecer contacto con el United Steelworkers y estos les abrieron las puertas al IndustriALL Global Union, el sindicato mundial del acero, del que Sitraternium hace parte.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/24/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-iii/

Modernización fiscal y pacto(s) colectivo(s) en nombre del desarrollo social

La crisis fiscal y la inexistencia de un genuino pacto colectivo, constituyen; en el marco del decaimiento socioeconómico y cultural actual; los desequilibrios más apremiantes que debe afrontar el Estado guatemalteco hacia el fortalecimiento del proceso democrático del país.  Bien dicen pesadores latinoamericanos que un Estado no puede ser fuerte teniendo una sociedad debilitada. Esto podría traducirse, en que la crisis que se refleja en el Estado es producto de la crisis de la sociedad. Es falso que pueda existir un Estado eficiente en una sociedad poco organizada, ya que el Estado es creación de la sociedad; y en consecuencia, expresa tanto las cualidades como las debilidades del origen cultural de su población.

Es bien conocido que la modernización económica de un país descansa en dos pilares fundamentales: la modernización fiscal y la modernización financiera. En tal virtud, se puede afirmar que sin ambas modernizaciones (fiscal y financiera) los anhelos por un mejor país,  en términos de prestación de servicios y entrega de bienes de calidad a la sociedad, no se podrán concretar y todo quedaría en ilusiones. Esto viene a colación en el sentido que el contenido de la columna anterior ´Presupuesto abierto y programas sociales´ sería una utopía si el organismo recaudador no procura agilizar sus niveles de recaudación fiscal; y peor aún, si el Congreso hace las asignaciones sin seguir la lógica de los programas de compensación social.

Lo anterior se hace más preocupante  si se toma en cuenta que la cooperación internacional está, hoy por hoy, supeditada a los avances de los pueblos en materia de respeto a los derechos humanos y a la democratización de las sociedades. Además, esto viene enmarcado dentro de los diecisiete esenciales puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por lo que, en alusión al título del presente artículo, los guatemaltecos no debemos permitir que el concepto de democracia se quede sin sustento o vacío de contenido. ¿Cómo evitarlo?  Estando atentos a que el presupuesto 2018 sea un proyecto responsable que le asigne un contenido presupuestario a nuestra democracia intercultural.

En realidad, la crisis fiscal es un problema tan complejo como diverso. Por un lado, la evasión y la elusión fiscal continúan siendo el talón de Aquiles de la estructura tributaria; pero por otro lado, la relación de la fuerza laboral, en materia de informalidad versus formalidad es de 80 a 20. Estas dos situaciones agudizan la crisis fiscal, pues no se tiene certeza numérica de los movimientos económicos informales, como tampoco de las pérdidas por evasión fiscal. Es acá, donde el Estado por la vía de su gobierno debe apoyar a las instituciones estatales relacionadas para que se tenga la capacidad de procesar estas cifras y plantear opciones de políticas económico-financieras, con números acordes dentro de la globalidad del tema; y luego entonces, bajo el genuino pacto colectivo  arriba mencionado, trabajar en la modernización fiscal.

Estamos frente al desafío de nuestra propia historia; y para enfrentarla, Guatemala necesita de un Estado fuerte, política y financieramente. Por ello, la afirmación de que el fortalecimiento financiero del Estado sea inseparable del fortalecimiento democrático, cobra plena vigencia. Ya que la legitimidad se alcanza cuando el Estado es capaz de satisfacer la demanda social de sus ciudadanos. Sin embargo, es de valientes reconocer que el origen de nuestra cultura contemporánea está basada en la indiferencia. Y los que nos llamamos guatemaltecos lo único que compartimos es el territorio; al grado de ignorar, la valiosa cultura de la cosmovisión Maya. De esta indiferencia social acumulada en el tiempo, hoy, Guatemala está enfrentando el desafío de un futuro ya entre nosotros. Y solo si somos capaces de construir una economía eficiente y una sociedad etnocultural más igualitaria, alcanzaremos un mejor manejo de nuestra interculturalidad democrática; y así, tener viabilidad de nación ante la Aldea Global.

http://s21.gt/2017/09/13/modernizacion-fiscal-pactos-colectivos-nombre-del-desarrollo-social/

Trabajadores. Batallas por la dignidad (II)

Opinión:  Manolo E. Vela Castañeda

El domingo 27 de agosto ­­(http://bit.ly/2f8EoA3) publiqué la primera parte de esta historia. Allí contaba la serie de agravios que, desde 2006, a diario, tenían lugar en la planta de Ternium Internacional de Guatemala, que se halla en Villa Nueva. Pero hubo un punto en que esos mismos agravios se transformaron en una poderosa fuerza para que los trabajadores se organizaran y se lanzaran a luchar por su dignidad. Es lo que relataremos a continuación.

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A las 19:00 horas del lunes 5 de marzo de 2012, en el Juzgado Séptimo de Trabajo, 12 trabajadores de Ternium Internacional emplazaron a la empresa. Su propósito: empezar la inscripción de una organización sindical, al mismo tiempo que se protegían para que dicha empresa no pudiera despedirlos.

Al día siguiente, el martes, a las seis de la mañana, conforme iban llegando, los trabajadores se percataron de un inusual despliegue de los guardias de seguridad privada, unos 15, vestidos con su uniforme negro, pantalón con franjas rojas, camisa de manga larga, armados, que estaban apostados en la garita de entrada. A cada trabajador que quería entrar a la planta le pedían su identificación, que verificaban contra un listado. A los 12 trabajadores que horas antes habían emplazado a la empresa les fue negado el acceso, y allí mismo les hicieron entrega de su carta de despido.

A las tres semanas, el 31 de marzo, un nuevo grupo, esta vez de 15 trabajadores, se incorporó al sindicato. También fueron despedidos. Siempre al día siguiente, pero esta vez, mientras estaban en sus puestos, dos policías iban por cada uno de los 15 trabajadores y los llevaban a la oficina de Recursos Humanos. Allí les informaban de su despido y les conminaban a aceptar su liquidación. –Yo les dije que no lo iba a recibir. Entonces, ellos me empezaron a amenazar: que tenía que recibirlo, porque si no lo iba a perder, que eso se iba a llevar un gran tiempo. Los policías les llevaban hasta la puerta de la planta.

Entre el personal del Juzgado y las oficinas de la Inspección General de Trabajo del ministerio, alguien vendía información a la empresa. “Persona que nosotros íbamos a inscribir como nueva en el sindicato, al ratito, el mismo día, la empresa ya lo sabía”. Después, los trabajadores iban a presentar una demanda contra la Inspección por filtración de información. Dos inspectores fueron despedidos.

Y así empezó una nueva vida, sin trabajo, sin los ingresos que ellos llevaban para el sostenimiento de sus familias, pero con la fuerza de ellos mismos, y de sus otros compañeros, y la posibilidad de construir una organización, su sindicato, para hacerse respetar. Hasta ese momento, marzo de 2012, el sindicato eran 27 trabajadores. Pero era un sindicato de desempleados, todos sus miembros estaban en la calle. Fue como empezar 12 rounds con un nocaut, en la lona.

Hasta allí, la empresa había conseguido su objetivo: que ninguno de los integrantes del sindicato pusiera un pie en la planta. Lo que seguía era una batalla legal en los tribunales para, con el propósito de doblegar la voluntad de los trabajadores, asfixiarlos económicamente, darle largas al proceso y que terminaran renunciando. A otros, la empresa intentó comprarlos, los visitaban en sus casas, y llegaron al extremo de recopilar información de sus finanzas personales: “Yo tenía un préstamo en un banco, y me dijeron: –mire si usted va ahorita a traer su indemnización la empresa nos autorizó que le demos el doble y con eso va a poder cubrir la deuda que tiene en el banco, y además le van a pagar los meses de salario que han pasado”. En otro caso, cuenta: “en ese momento, yo tenía bastante mal a mi esposa. Me llamaban y me decían: –mirá, tu esposa, está enferma, ¿cómo le vas a hacer? si ni quiera estás trabajado”.

Mientras esas batallas tenían lugar, el 21 de junio de 2012, el Ministerio de Trabajo reconoció la Personalidad Jurídica del sindicato.

En agosto de 2012 iba a ocurrir otra victoria: el gerente de la empresa iba a ser enviado a prisión por negarse a acatar la orden de reinstalación a favor de los trabajadores del segundo grupo. Mientras el gerente hacía como que leía la orden de reinstalación, en sus oficinas, el juez de Trabajo, Edwin Marín, le explicó que “allá, en el Centro Preventivo, va a tener todo el tiempo del mundo para leer”; y en eso entran los policías, y le dicen: “nos va tener que acompañar caballero, es una orden”. En represalia, el juzgador fue trasladado. Los empresarios, esos señorones que saben que de los coches se hace la manteca y de los hombres dinero, no podían permitir un desafío a su control del sistema de justicia laboral.

De los 15 trabajadores diez regresaron a la planta. El número de miembros del sindicato bajó a 22. Si no alcanzaban los 20, el sindicato desaparecía.

Había 12 trabajadores cuyo proceso de reinstalación se veía torpedeado por los recursos legales que la empresa presentaba.

Los 12 trabajadores que eran parte del sindicato, pero que estaban fuera de la planta, no podían aceptar un empleo formal, porque ello implicaba renunciar del litigio que tenían.

A unos los aceptaron en una maquila, pero a los días les decían que ya no iban a poder seguir porque eran conflictivos. Era el resultado de la red de información que las empresas recopilan a través de infor.net,
su eslogan: “reduciendo riesgos”.

Para ayudar a sobrevivir al grupo de 12 trabajadores “los primeros diez que entramos hicimos un compromiso que cada uno iba a apoyar a uno de los que se había quedado afuera, con lo que pudiera, algunos, económicamente, otros con víveres”.

Del grupo de 12, unos se hicieron ayudantes de albañil; otro se hizo peluquero; otro puso una pollera; otro puso una venta de papas en su casa, allí vendía mixtas, “le llevábamos coca cola”; luego, dejó allí a la esposa y él se fue a recolectar latas; otro se hizo agente de seguridad privada, y recuerda de cuando lo ponían a perseguir a los perros que se soltaban de las casas, en los condominios; el STECSA, el sindicato de la Coca Cola, hizo colectas que ayudaban con los útiles de los niños; de Canadá, el sindicato del acero les envió un dinero que recolectó entre sus afiliados, lo que les sirvió para salir de las deudas más urgentes, esas que no esperan: el pago de la renta y los servicios, el agua, la luz.

Esta multinacional del acero, con oficinas –entre Europa y América– en 13 países, se iba a topar con un grupo de trabajadores que no aceptaban las migajas con las que la empresa pretendía comprarlos. Gente decente, solidaria, de esos que ya no le temen a nada, porque están resueltos que en su pobreza mandan ellos. Un día, ahora recuerdan, les dijo el gerente: “con la venta de la basura, la chatarra, los metales que reciclamos, podemos pagar la demanda en los tribunales, ya dejen de hacer problemas”. La multinacional podía tener toda la plata del mundo, pero eso no le alcanzaba para comprar a este grupo de trabajadores que tenían claro que la dignidad no se vende.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/10/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-ii/

Sindicato de maestros pide 30 por ciento de aumento salarial

Esta semana, el Ministerio de Educación le presentará una contrapropuesta al STEG.

El ministro de Educación, Hugo López, confirmó que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) ya le planteó de manera “informal” que desean un aumento salarial del 30 por ciento. El funcionario indicó que ahora se encuentran en “un momento de tregua”, mientras la cartera que dirige le hará esta semana una contrapropuesta a los maestros, la cual sería menor a lo que espera pactar Joviel Acevedo.

Desde el 14 de agosto, el STEG tomó medidas de hecho después de que el Ministerio de Educación (Mineduc) dejara detenida la negociación del Pacto Colectivo, debido a que se había llegado a la etapa de discutir sobre el incremento salarial a los maestros.

La primera acción fue una manifestación en la ciudad, posterior a ella realizaron bloqueos en puertos y aduanas, que finalizaron con altercados que el Magisterio calificó como “represión”. Al ver que el Ejecutivo no cedía ante su propuesta, estos decidieron tomar las Direcciones Departamentales, las cuales fueron liberadas el viernes, después de una reunión que López sostuvo con Acevedo.

El origen de la cifra

En las condiciones planteadas se prevé que el aumento sea igual al firmado en los dos gobiernos anteriores. Durante la gestión de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), este fue del 28 por ciento, mientras en el Partido Patriota (PP) subió al 30 por ciento. Actualmente la planilla del Magisterio equivale a Q10.7 millardos, de darse el aumento esperado por el STEG, esta subiría Q3.2 millardos más.

Un maestro recién contratado gana Q3 mil 400 con los descuentos y uno con 30 años de trabajo obtiene Q6 mil 200 mensuales. El ministro de Educación indicó que es injusto que después de 30 años de trabajo alguien tenga ese sueldo, pero que las condiciones financieras del país no son suficiente para mejorar el salario del Magisterio. Es por esto que considera que la contrapropuesta de su cartera será menor a lo que espera el sindicato.

Para conocer más detalles de la propuesta del Magisterio organizado elPeriódico contactó a Acevedo, sin embargo, este no contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto enviados.

Después de que en diciembre de 2012, el expresidente, Otto Pérez Molina anunciara la firma de un nuevo Pacto Colectivo con el Magisterio, la unión que existía en esta organización se dividió, ya que los miembros de otros sindicatos desconocían las negociaciones que había hecho Acevedo con las anteriores autoridades.

Daños por terremoto

Por el sismo de magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter, sensible el jueves 7 de septiembre, el ministro de Educación indicó que 117 escuelas resultaron dañadas y que otras 600 fueron afectadas por las lluvias. El sismo, calificado como terremoto por el Insivumeh, duró un minuto y 33 segundos.

“Teníamos un diálogo con el STEG y eso provocó que pudiéramos negociar un tercer Pacto Colectivo de 14 meses. Ahora hay un tema con el aumento salarial, que no se le puede dar respuesta inmediata”.

Hugo López, ministro de Educación.

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/09/12/sindicato-de-maestros-pide-30-por-ciento-de-aumento-salarial/