Los derechos laborales son Derechos humanos (video)

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Otra vez la renta global

La nueva propuesta de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda de Costa Rica incluye la creación del sistema de renta global para gravar y cobrar el impuesto a las utilidades de empresas y personas.

Martes 3 de Julio de 2018

Gravar la totalidad de los utilidades de las personas físicas y jurídicas, incluso las que en la actualidad pagan impuesto por aparte bajo la modalidad de renta cedular, es la principal novedad del nuevo plan de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda.

En la propuesta se indica que “… A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de actividades lucrativas debiendo tributar conforme a las disposiciones del impuesto a las utilidades, la totalidad de los ingresos, así como la obtención de toda renta de capital y ganancias o pérdidas de capital.

Ver “Finanzas públicas siguen empeorando

Sobre el alcance de la reforma, Allan Saborío, socio director de Deloitte, explicó a Nacion.com que “… la renta global implicaría incluir, en una sola canasta, la totalidad de los ingresos de un contribuyente aplicando una sola tarifa incluso sobre ingresos que hoy están gravados, por separado, con impuestos de carácter cedular.

Welmer Ramos, presidente de la Comisión de Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa, dijo que “… La renta global viene a facilitar el cobro de la verdadera carga tributaria que tiene que soportar cada una de las personas en la economía. Si no la globalizamos, entonces las personas se ven tentadas a hacer algunas ingenierías tributarias para mostrar que la renta se la ganaron en rubros en que hay menos carga. Eso permite la elusión y la evasión fiscal.

De ser aprobada, los cambios podrían ser incluidos durante los próximos días en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

https://www.centralamericadata.com/es/article/main/Otra_vez_la_renta_global

Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

El asunto de los pactos colectivos en la administración pública de Guatemala

Alejandro Argueta.

Guatemala, 26 de febrero de 2018.

Preliminares para ubicar la crítica en la posición correcta

Existe un relevante nivel de crítica ciudadana a la situación institucional que deriva de la suscripción y vigencia de no pocos pactos colectivos en la administración pública. Este reclamo se basa en la percepción sobre la existencia de abusos en dichos acuerdos que, de manera directa e indirecta, debilitan las capacidades institucionales de la administración y por lo tanto reducen las oportunidades de acceso a seguridad, desarrollo y bienestar. Las percepciones van desde las que nacen del puro “sentido común” popular y generalizado, hasta opiniones políticas y técnicas de sujetos socialmente acreditados e instituciones ciudadanas.

Sin embargo, para construir una crítica sostenible, es necesario plantear que muchas buenas intenciones han caído en profundizar el problema al formularse desde visiones reduccionistas y, en el peor de los casos, basadas en prejuicios políticos e institucionales con relación a la existencia del reconocimiento del derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical en la administración pública. Esto debe sustentarse no solo en razones universales de justicia y probidad, sino principalmente en argumentos jurídicos e institucionales pertinentes que conduzcan a la construcción de los necesarios consensos que se requiere en este tipo de situaciones, para la formulación de soluciones que permitan avanzar a la sociedad en su conjunto a un nivel de desarrollo superior.

Dicho en pocas palabras, la condición para hacer bien una crítica de este tema se resume en la frase: “Nosotros no somos antisindicales, somos anticorrupción” de la doctora Lucrecia Hernández Mack, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017.

Este paradigma implica un punto de vista diferente al que tradicionalmente se sostiene en este tipo de asuntos. Normalmente se ubican los abusos en los pactos colectivos en el Estado como un asunto solamente laboral (posición reduccionista), con lo que se oculta la verdadera naturaleza del problema.

El asunto de estos abusos implica tomar en cuenta lo siguiente:

  1. El Estado tiene la obligación de proteger y promover la negociación colectiva (artículo 106 de la Constitución). Por lo tanto, cualquier crítica o propuesta de solución a esta situación tiene que formularse, necesariamente, bajo el paradigma de fomento y defensa de este derecho, no en su limitación, obstrucción o erradicación.

 

  1. El principal punto del problema en estos abusos no es la existencia de los sindicatos, ni mucho menos la institucionalidad de la negociación colectiva y el producto de su realización, que son los convenios y pactos colectivos. El problema radica en la forma en que los funcionarios ejercen el poder público. Es decir, es un problema de arbitrariedad en el ejercicio del poder y no solo de corrupción.

 

  1. En un modelo de negociación colectiva, la dinámica básica de relación entre los actores es que la organización de empleados hace una petición (mediante un procedimiento legalmente determinado) y el funcionario encargado de la entidad pública accede o niega el otorgamiento de lo pedido. Por lo tanto, el problema está en la legalidad del acto administrativo de otorgamiento: si este se realizó dentro del marco de la competencia legal del funcionario, no habrá problema alguno con lo otorgado, pero si de alguna manera dicho funcionario se excede, omite o tergiversa el ejercicio de sus funciones legales, entonces lo otorgado carecerá de pertinencia legal y por lo tanto es un acto nulo. En pocas palabras, el asunto es de “legalidad”: los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite, excederse de ese límite es causa de responsabilidad y omitir el cumplimiento de lo que la ley les impone también es causa de responsabilidad (artículos 152 al 155 de la Constitución).

Con esta introducción, la ruta a seguir consiste en que cada pacto colectivo debe ser analizado con la pertinencia jurídica que corresponda según los niveles de competencia legal de cada funcionario que suscribió dicho acuerdo. Existe una metodología especializada para realizar este análisis de pertinencia. En este documento se brindarán algunos ejemplos con relación al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Entonces, un pacto colectivo de condiciones de trabajo es “abusivo” cuando el funcionario titular de la entidad administrativa establece cláusulas cuyo contenido fue acordado faltando a su deber de cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, es el actuar del funcionario lo que determina esa ilegalidad y es él el primero en responder por sus consecuencias. Los sindicalistas pueden estar asociados a dichos abusos, pero no responden en primera instancia porque no son los empleados públicos los que tienen las competencias legales formales para poder decidir la aceptación de la propuesta del pacto o acuerdo. Puede criticarse la pertinencia legal de su propuesta, pero en un orden de relevancia es más grave que un funcionario público decida aceptar la propuesta y la otorgue, ya que el deber del funcionario es mantener la legalidad de los actos administrativos que le competen.

Esto es relevante ya que cualquier crítica a la negociación colectiva en el Estado debería empezar por tener claro al sujeto responsable ya que cuando se construyen juicios de valor u opiniones responsabilizando solamente a una de las partes de la relación (solo sindicalistas) y exonerando a la otra (en este caso al sujeto principal de la responsabilidad), entonces se ha realizado, en lugar de una crítica constructiva, un comentario u opinión antisindical que es técnicamente considerado como comportamiento de discriminación. Este tipo de conductas, lejos de constituir la solución, profundizan la situación problemática e invisibilizan las principales responsabilidades, favoreciendo un sistema de arbitrariedad y corrupción. Por eso no es deseable un planteamiento erróneo de la crítica, ya que empezaría mal y producirá estigmatizaciones o etiquetas negativas a la persona u organización ciudadana que tenga el deseo sincero de contribuir a la formulación e implementación de soluciones.

Un ejemplo de esta limitación es cuando la ciudadanía realiza señalamientos de como “debe ser” la negociación colectiva en determinado órgano administrativo y propone el contenido de pactos o convenios cuando esa acción está reservada a las partes. En este caso lo apropiado es hacer un análisis negativo de la situación de suscripción del acuerdo y reclamar directamente al Estado, y a sus funcionarios, los errores y abusos que se detecten. Otro ejemplo es cuando se afirma que el sindicalismo se ha deteriorado por prácticas obscuras de clientelismo, pero se omite hacer mención que quien promueve, fomenta y protege, esos pactos clientelares son los funcionarios responsables de la administración pública.

Lo más importante es señalar la existencia de un modelo cultural arbitrario en la administración pública con relación a la forma de ejercer el poder político, que produce un sistema ineficiente e ineficaz. Una serie de procesos de normalización de prácticas ilegales y administrativas irracionales marcan la cotidianidad de funcionarios y empleados: las personas se “acostumbran” a hacer incorrectamente las cosas y, ante la degradada situación económica de la mayoría de personas contratadas en el Estado -bajas remuneraciones y malas condiciones de trabajo-, cualquier beneficio es apreciado sin considerar la forma en que se obtuvo. Las personas pasan a identificar en su subjetividad que esos beneficios -insostenibles desde el punto de vista legal, financiero y administrativo- son sus derechos “legítimos” y se olvidan del paradigma legal que prescribe que “el error no es fuente de derecho, pero si lo es de responsabilidad” (Dr. Edgar González, Viceministro Administrativo de Salud Pública y Asistencia Social 2016-2017). Así, las personas pierden la posibilidad real de mejorar su situación de empleo por medio de formas y mecanismos legales y defienden, en algunos casos, lo indefendible, contrastando al Estado con derechos fundamentales como la libertad sindical.

Sin embargo, lo más grave con relación a lo anterior, es la creación de instituciones informales que sustituyen a las formales (régimen de legalidad) y que se “legalizan” con una gran cantidad de actos de otras instituciones que, al omitir la debida rectoría de sus competencias, otorgan validez formal a los acuerdos colectivos que contienen vicios de ilegalidad. Es el caso de dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la Contraloría General de Cuentas, decisiones de la Junta Nacional de Servicio Civil, opiniones y actos de la Inspección General de Trabajo y hasta decisiones de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Un ejemplo paradigmático es la sentencia colectiva o laudo arbitral emitido por los tribunales con relación al conflicto colectivo en el Hospital San Juan de Dios. En esa sentencia, revisada en todas las cortes (con participación incluso del Ministerio Público en acciones de amparo), fue confirmado un contenido que trata:

  1. la creación de un fideicomiso para el pago de deudas personales de los empleados públicos,
  2. otorgamiento de un espacio para la instalación de una agencia bancaria dentro del hospital nacional,
  3. el manejo de la planilla del total de empleados (escogidos arbitrariamente por la persona nombrada por el Ministro de Salud Pública y el representante de la coalición de trabajadores sin realizar procesos de licitación), y
  4. un aumento salarial solo para los empleados de ese hospital.

El contenido o las peticiones de los trabajadores coaligados debía haber sido analizado desde la primera instancia, pero los integrantes del Tribunal de Conciliación dejaron de lado el apropiado examen de la legalidad y aprobaron lo solicitado. Luego, todos los demás tribunales superiores que conocieron el caso también aprobaron el contenido y omitieron denunciar o tomar acción con relación a ilegalidad que resulta evidente. El resultado final es una sentencia firme o ejecutoriada que tiene validez formal a pesar de que su contenido es ilegal.

En este punto de deterioro del sistema institucional con relación a la legalidad de los actos de la administración pública y la utilización de la negociación colectiva como una sofisticada forma de extracción ilegal de fondos públicos, es donde la intención de las partes puede volverse criminal al buscar la apropiación de patrimonio público, o la distribución de poder, para el establecimiento de redes o relaciones clientelares como, por ejemplo, el otorgamiento de plazas fantasma.

Teniendo claro este punto de partida es posible hacer un esbozo de las características de los abusos que determinan la crítica de los pactos colectivos en cuanto a su pertinencia legal, financiera y administrativa.

Breve descripción de los asuntos cuestionados de nulidad en el pacto colectivo del MSPAS

La acción judicial de nulidad que tuvo su origen en la demanda planteada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -SNTSG- se presentó en dos momentos: en la audiencia judicial laboral del 21 de febrero de 2017 y en una ampliación realizada el 2 de mayo de 2017.

Los principales puntos en los que se plantea la nulidad son los siguientes:

  1. El contenido del numeral 1 del artículo 43 del pacto colectivo. Entre lo que sobresale:

 

  • El bono de antigüedad real, debido a que el Ministro de Salud Pública que lo autorizó omitió realizar, previamente a la autorización del bono, los estudios financieros correspondientes a la viabilidad y sostenibilidad de esa prestación y estableció una escala con tasas acumulativas de aumento de salario por motivo de antigüedad (que contradice el régimen de legalidad establecido en la Ley de Salarios de la Administración Pública).
  • Se dividió el salario, fraccionando cuatro bonos que deberían ser incluidos en el monto de la retribución total, en contradicción con la Ley de Consolidación Salarial.
  • Se continuó la misma fórmula de cómputo para el pago de un bono por trabajo decente, en donde se distribuyen incorrectamente “economías” presupuestarías, cuando el régimen de legalidad establece destinos específicos que está prohibido modificar.
  • Se crea un sistema de contratación totalmente informal, con el objeto de trasladar a personal temporal a puestos definitivos, sin considerar los procedimientos establecidos en el sistema de servicio civil y que desembocó en la creación de miles de plazas y el otorgamiento, bajo serias dudas de transparencia, de varios miles de estas. La informalidad de este sistema se observa en el acuerdo suscrito entre el mismo Ministro de Salud que suscribió el pacto y el representante sindical, en octubre de 2013, en donde establecen que en cada unidad ejecutora -por medio del visto bueno de tres personas (delegado sindical, encargado de recursos humanos y director de área)- se seleccionará por medio de listados firmados por esas tres personas a los que -estando contratados en renglones temporales- opten a un cargo público definitivo o permanente.

 

  1. El contenido del numeral 3 del artículo 43 del pacto colectivo con relación a un reglamento de viáticos. Esto resulta ilegal por que un Ministro de Estado no tiene competencia para modificar un asunto de la administración pública, en donde el único funcionario facultado legalmente para determinarlo es el Presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, conforme el inciso e del artículo 183 de la Constitución Política de la República. En este caso el Ministro de Salud aprobó un reglamento que aumenta las tasas de viáticos y establece privilegios precisamente para el Ministro y los directivos del sindicato de empleados públicos.

 

  1. El artículo 51 del pacto colectivo, en donde el Ministro de Salud Pública aceptó pagar directamente el monto de “honorarios” por servicios profesionales de asesoría al abogado del sindicato de empleados públicos. Este asunto tiene varios detalles:
  • Las entidades públicas no pueden pagar directamente a los proveedores de servicios de personas particulares,
  • la tasa de honorarios fue establecida de forma que no se hace según el verdadero valor del servicio prestado sino por medio de un mecanismo que se establece en forma incierta y exponencial al vincularlo con el resultado del aumento de los beneficios económicos establecidos en el propio pacto colectivo suscrito entre las partes; incluso incluyen el bono de antigüedad real en el cálculo de esos honorarios cuando no lo incluyeron para las prestaciones de los trabajadores. Esto fue pagado parcialmente a la persona indicada en el pacto colectivo -son más de veinte millones de quetzales- y, si continua la validez de esa norma, aún queda un saldo pendiente.
  1. El artículo 20 del pacto colectivo relativo a licencias sindicales. El Ministro de Salud Pública se extralimitó en sus funciones al otorgar licencias con goce de salario por un año fiscal completo a un número indeterminado de servidores públicos. La incertidumbre sobre el número de personas que pueden gozar de este privilegio se encuentra en el hecho que la fórmula de cómputo se hizo incierta en el sentido que es el sindicato el que decide cuántas personas pueden ser, ya que es esta organización, y no la administración, la que establece el número de filiales que puedan existir. El sistema legal de servicio civil establece un límite para el otorgamiento de licencias con goce de salario y ningún funcionario está facultado para variar esa disposición.

 

  1. Los artículos relativos a Junta Mixta y sistema disciplinario, que tienen relación con la destitución de empleados públicos y la resolución de conflictos individuales.

 

Sacked pregnant worker loses European court case

The EU’s top court has ruled that firms can dismiss pregnant workers as part of general staff cuts, despite legal protections for pregnant women.

The European Court of Justice (ECJ) defended the position of Spain’s Bankia – a bank that was bailed out – over its dismissal of a pregnant woman in 2013.

In her case, it said, the dismissal was not connected to her pregnancy, so did not infringe EU law.

Jessica Porras had been notified of the reason for staff cuts at Bankia.

EU Directive 92/85 prohibits the dismissal of a pregnant worker, at any time from the start of her pregnancy to the end of her maternity leave, but allows exceptions under national law unconnected with the pregnancy.

The Catalonia high court had asked the ECJ to clarify the EU rules on pregnant workers’ rights, after Ms Porras appealed against a court ruling in Mataró, near Barcelona.

Read more on this topic:

EU law requires an employer to state in writing the reasons for making a collective redundancy, and to inform the pregnant worker of the criteria chosen for identifying those who will lose their jobs.

The ECJ says Bankia had consulted workers’ representatives about the looming job cuts and had sent Ms Porras a letter explaining its reasons. She had been given a low score in a company assessment, the ECJ said.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43153018

¿Una nueva tendencia en el mundo del trabajo? Los obreros alemanes acuerdan que su semana laboral se reduzca a sólo 28 horas por semana

Semanas laborales de 28 horas. Así fue la gran victoria obtenida por los trabajadores industriales en el sudoeste de Alemania como parte de un acuerdo que podría beneficiar a millones de empleados en todo el país.

Los obreros podrán reducir su horario semanal de 35 a 28 horas hasta por dos años para cuidar de sus familias.

El acuerdo ampara a casi un millón de trabajadores en el estado de Baden-Württemberg y también incluye un aumento salarial del 4,3%.

Fue logrado por IG Metall, el mayor sindicato alemán, que representa a 2.700.000 operarios e ingenieros del sector metalúrgico.

Según los analistas, el convenio refleja un cambio en la mentalidad de la clase obrera y los empleadores de Alemania. el reconocimiento de que hace falta un mayor equilibrio entre la carga laboral y la vida familiar.

Se espera que las mismas condiciones se extiendan a los 3,9 millones de trabajadores del enorme sector industrial del país.

Los principales puntos del acuerdo

Los representantes de los empleadores Stefan Wolf (izq.) por Südwestmetall, y Rainer Dulger por Gesamtmetall.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl representante de los empleadores, Stefan Wolf (izq.) de Südwestmetall, calificó el acuerdo de “tolerable aunque doloroso”.

La principal demanda de IG Metall era reducir las horas semanales para permitir a los obreros cuidar de sus hijos o parientes ancianos o enfermos.

Los trabajadores que opten por una reducción de la carga laboral también se reservan el derecho de regresar a un horario semanal completo de hasta 35 horas después de dos años.

Pero la exigencia de los sindicatos de que reciban el mismo salario a pesar de tener un horario reducido fue rechazada durante las negociaciones con la federación de empleadores, Südwestmetall.

A cambio, desde ahora las empresas tendrán la posibilidad de incrementar la semana laboral hasta 40 horas para aquellos obreros que quieran trabajar más.

El líder del gremio IG Metall, Jörg Hofman, dijo: “El acuerdo es un hito en el camino hacia un mundo laboral moderno y de autodeterminación“.

Por su parte, el director de Südwestmetall, Stefan Wolf, calificó la concesión de “tolerable aunque dolorosa“.

¿Momento coyuntural de la clase obrera alemana?

El corresponsal de la BBC en Berlín, Damien McGuinness, recuerda que tras la reunificación alemana, cuando el país sufría problemas económicos, se les exigió flexibilidad a los empleados en lugar de a las empresas.

Tras las reformas del mercado laboral de 2003 y la crisis financiera de 2008 se impusieron límites salariales para muchos trabajadores.

Trabajadores en una fábrica de PorscheDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDurante años se les pidió flexibilidad a los trabajadores más no a las empresas.

Sin embargo, en los últimos añosla balanza de poder en Alemania se hainclinado más hacia el lado de los empleados que de los jefes, comenta McGuinness.

Desde la crisis financiera, los sueldos han aumentado lentamente en Alemania, debido principalmente a la baja tasa de desempleo les dificulta a muchas firmas del sector reclutar empleados.

“El acuerdo de alza salarial no fue una sorpresa”, escribe el corresponsal de la BBC. “Fue más inusual el derecho automático a trabajar menos horas, una situación que ha venido discutiéndose en Alemania durante años, en un ambiente en el que la gente está tratando de combinar mejor el trabajo con su vida familiar”.

Si estos logros satisfacen a los empleados, se podrían extender a otros sectores de la economía, indica Damien McGuinness.

Como el mayor sindicato laboral de Alemania, IG Metall ha establecido el patrón nacional en el pasado. La pregunta es: ¿Cuántos trabajadores querrán trabajar menos cuando eso significa también ganar menos?

Según los expertos, el acuerdo marca un cambio en la mentalidad de la clase obrera alemana.

Ya pasaron los días en que el empleado iniciaba su vida laboral a una edad temprana, trabajaba arduamente por tiempo completo y luego se retiraba anticipadamente.

Los jóvenes empleados alemanes buscan ahora períodos en sus vidas en los que quieren trabajar menos para atender a sus familias o tomarse años sabáticos.

El contexto de la disputa

Trabajadores de Airbus parados frente a un banderín que lee "6% más en dinero"Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionLos trabajadores lograron un aumento salarial de 4,3%, contra el alza de 6% que pedían.

La economía alemana creció 2,2% el año pasado, su ritmo más rápido en seis años. Al tiempo, la tasa de desempleo descendió a sólo 5,4% en enero.

Después de un período de 10 años, en el que los salarios crecieron a un promedio de apenas 0,81%, a medida que la economía repuntaba los sindicatos sintieron que les había llegado el turno de exigirles más a los empleadores.

IG Metall convocó a sus primeras huelgas en 34 años, a las que miles de sus miembros se adhirieron en “paros de advertencia” de un día, la semana pasada.

Entre las empresas afectadas estuvieron las automotrices Porsche y Daimler, que produce los autos Mercedes-Benz.

Ambos bandos declararon que recomendarían la adopción del acuerdo por toda Alemania.

Según los analistas, el convenio podría ser usado como ejemplo en otros sectores como el de construcción, telecomunicaciones e industrias químicas, donde los empleados también han exigido horarios más flexibles.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-42975301