Guatemala y la ley de empleo parcial

La administración Morales prevé tener listo el próximo mes el primer borrador de la ley que regula el trabajo a tiempo parcial, que deberá quedar aprobado antes de febrero de 2018.

En febrero cobra vigencia en Guatemala el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y para esa fecha deberá estar listo el marco legal para implementar el empleo a tiempo parcial.

Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, dijo a Prensalibre.com que “… ya tienen un primer producto de la propuesta, un análisis comparativo de los países donde se ha implementado este instrumento, especialmente europeos. De acuerdo con el funcionario… han avanzado en temas relacionados con la seguridad social de los empleados, el pleno derecho de la libertad sindical y colectiva, el goce de vacaciones, la protección de la maternidad y el salario.”

“… En ese sentido, Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, opinó que los sectores de call centers, servicios, turismo, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los que más aprovecharían la contratación temporal de personal.”

http://www.centralamericadata.com/es/article/main/Guatemala_y_la_ley_de_empleo_parcial?u

Piden salario diferenciado para la caficultura

Ricardo Arenas, presidente de Anacafé

Crear un salario mínimo diferenciado es la solicitud del sector cafetalero para enfrentar la crisis que afronta por la escasa producción, efecto de la roya y precios internacionales más bajos que el costo, lo cual lo hace insostenible, dijo Ricardo Arenas, presidente de Anacafé.

Dijo que no entregará una propuesta, pero que ya le explicaron el año pasado al presidente Jimmy Morales el impacto en ese rubro.

Arenas insistió en solicitar que se devuelvan recursos que el gobierno anterior desvió del fideicomiso, por unos Q400 millones.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/ven-como-opcion-producir-mas-cafe-en-tierras-bajas

¿Se está uberizando el mercado laboral?

En el insistente debate sobre el futuro del trabajo, una de las afirmaciones más importantes es que la economía compartida (gig economy, en inglés) está transformando el mercado laboral y que este proceso continuará y acelerará. En este mismo blog, colegas míos han dicho que la economía compartida “ha roto con las estructuras tradicionales del trabajo” y se han llegado a preguntar si las leyes laborales deberían actualizarse ante este nuevo modelo. ¿Pero hay evidencia de que esta gran transformación está ocurriendo? En mi opinión, hay más afirmaciones tajantes que estudios serios sobre el tema.

No te pierdas otra visión sobre la economía compartida: ‘La soledad del cuentapropista‘.

En el caso de Estados Unidos, sí existe un estudio reciente (en inglés) que investiga el impacto de la economía compartida en el mercado laboral. Como suele suceder, los autores no llegan a conclusiones contundentes y recomiendan mejorías de la medición para poder analizar el tema con mayor precisión. Pero hay dos resultados del estudio que quisiera destacar.

Encuestas de hogares no muestran un aumento del autoempleo

En principio, los trabajos de la economía compartida deberían clasificarse como autoempleo en vez de trabajo asalariado. Sin embargo, las encuestas de hogares de Estados Unidos no muestran un aumento en el autoempleo. Es decir, las relaciones laborales tradicionales en que un trabajador presta servicios a un patrón a cambio de un salario son tan comunes hoy como antes.

Para complementar esta observación de Estados Unidos, presento algunos datos de México, donde se aprecia que el porcentaje de trabajadores que son asalariados tiene una clara y fuerte tendencia al alza, subiendo de 58.7% en 2005 a 64.4% en 2016. Desde este punto de vista, no se ve el cambio esperado en el mercado laboral de la economía compartida. En el caso de México, de hecho, parece que el mercado laboral es más “tradicional” que nunca.

Más autoempleo según los datos de impuestos

Los autores señalan que es común que un trabajo de la economía compartida no sea la fuente principal de ingresos, sino un complemento de los ingresos del trabajo principal. Un empleado de tiempo completo en una oficina puede trabajar como chofer de Uber unas horas en las noches o fines de semana. En este sentido, las encuestas de hogares, que normalmente capturan información sobre el trabajo principal del individuo, podrían no observar una parte importante de la economía compartida.

En efecto, los autores encuentran que la información del sistema impositivo sí muestra un aumento en la proporción de declaraciones de impuestos con ingresos provenientes del autoempleo. Este resultado sugiere que, además de tener implicaciones para el diseño de políticas públicas, la economía compartida podría generar nuevos retos para la medición económica, especialmente a través de las encuestas de hogares que tradicionalmente se usan para el análisis del mercado laboral.

Además de tener implicaciones para el diseño de políticas públicas, la economía compartida podría generar nuevos retos para la medición económica, especialmente a través de las encuestas de hogares que tradicionalmente se usan para el análisis del mercado laboral.

Debemos entender mejor antes de reformar

La conclusión principal del estudio, con la cual estoy totalmente de acuerdo, es que tenemos poca información dura sobre este tema. Es decir, no es claro que la percepción popular del impacto de la economía compartida coincida con los hechos. Si consideramos que las implicaciones del futuro del trabajo en general y de la economía compartida en particular podrían ser profundas, debemos iniciar un proceso para recopilar más y mejores datos para medir estos fenómenos. De lo contrario, las decisiones de política pública podrían tomarse con base en anécdotas en vez de información rigurosa.

Copyright fotografía: daisydaisy / 123RF Stock Photo.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/08/02/se-esta-uberizando-el-mercado-laboral/

Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

http://lahora.gt/economista-uso-inadecuado-pactos-colectivos-termina-expresiones-impunidad/amp/

En comunidades agrícolas no perciben ni el mínimo

Los ingresos de agricultores de granos básicos no llegan ni siquiera al salario mínimo mensual aprobado para el 2017, y quedan muy por debajo de la canasta básica alimentaria o los gastos considerados vitales para una familia.

El salario comunitario se registra en Q1 mil 612 al mes, según un monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) actualizado a julio del presente año, 44% menos que el mínimo agrícola autorizado que es de Q2 mil 893.21.

Además, para julio de este año la canasta básica alimentaria se encuentra en Q4 mil 351 y la vital en Q7 mil 940 al mes, para cubrir a una familia de cinco integrantes, refieren datos del INE.

La FAO recopila mensualmente, desde el 2007, datos del salario comunitario, y en 10 años la tendencia mencionada no ha cambiado.

Gustavo García, Técnico de esa organización, explicó que el dato “se obtiene al momento que el equipo técnico de la FAO realiza la encuesta de monitoreo de precios” en 224 municipios de 22 departamentos. Para ello se consulta a la familia sobre el precio del jornal pagado en esa comunidad.

Concienciación y apoyo

Luis Linares, analista de Asíes

Las comunidades monitoreadas por la FAO son de pequeños productores y muchos de ellos apenas pasan del umbral de la producción excedentaria. Muchos no tienen posibilidad de pagar más.

Se necesita apoyarlos para que mejoren rendimiento y tengan acceso al mercado.

Luego se obtiene un promedio por municipio y el promedio nacional (promedio del total de municipios encuestados) en las cuatro regiones del país.

En el 2007 y el 2008 el promedio en mención estuvo en Q1 mil 110, a 2012 ya había subido a Q1 mil 620 pero luego empezó a bajar y quedó en Q1 mil 590, según datos recabados en el 2015 y 2016, agrega el reporte de la FAO. Mientras que en el presente año se ubica en Q1 mil 612.

Según García, cuando se consulta acerca de ese estancamiento en los últimos años se les comenta que se debe a que en las comunidades las familias que utilizan mano de obra son pocas y entre ellas acuerdan no aumentar el salario que pagan.

Sin embargo, agregó el técnico, “siempre hay más mano de obra que oportunidades de trabajo en las comunidades, por lo que la persona que trabaja acepta ese salario”. De no aceptarlo tendrá que migrar a otra parte del país a buscar empleo, aspecto que, agregó, le implica más gastos para vivir y alejarse de la familias y de otros quehaceres diarios.

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económinas Nacionales (Cien), opina que es complicado llamarle salario al ingreso que tienen este segmento de trabajadores, ya que un salario deviene de un contrato entre el patrono y el trabajador.

Opina que los montos, divulgados por la FAO, reflejan la falta de empleo formal en Guatemala y que, aunque haya política salarial que siga fijando salarios mínimos, actualmente hay un componente de fondo qué resolver como productividad y competitividad para elevar su nivel de ingreso.

A su criterio, este monitoreo refleja que para mejorar los ingresos de los guatemaltecos y considerarlos salarios hay que hacer otro tipo de estrategias porque se debe tomar en cuenta que según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos actualizada al 2016, el empleo informal casi llega a 70% en el país.

La falta de oportunidad de generar ingresos en el país ha impulsado la migración, expuso.

Entre los municipios con menores ingresos diarios se encuentran los de Alta Verapaz con Q30 o Q40, con alimentación, y Q45 o Q50 sin esta. Aunque pocos superan ese monto, también hay otros que reportan Q25 diarios.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/en-comunidades-agricolas-no-perciben-ni-el-minimo

El inexcusable rumbo rural de Guatemala

A veces creemos que Guatemala navega sin rumbo. Pero hay ámbitos donde ese rumbo sí existe, como ocurre con el desarrollo rural. Identifiquemos las principales tendencias. Ha habido una transformación estructural importante de la economía guatemalteca, como en otros países de América Latina. Se refleja en la reducción de la importancia del sector agropecuario en la economía nacional. Los ingresos y el empleo que genera ya no son tan importantes como hace quince años. El comercio y los servicios, cada uno por su cuenta, generan una proporción similar de ingresos y de empleo. A su vez, la productividad del sector agropecuario ha aumentado, debido a la expansión de la exportación de bienes como la palma africana, el hule, el azúcar y el café, a lo cual hay que agregar exportaciones no tradicionales que van desde el brócoli hasta la arveja china.

Pero estas exportaciones no tradicionales ahora enfrentan crecientes dificultades debido a que la relación entre el quetzal y el dólar está dañando su capacidad de competir: un quetzal fuerte, que se acerca cada vez más a 7 quetzales por dólar, encarece las exportaciones. Países como México y Perú están desplazando las exportaciones agropecuarias no tradicionales del mercado norteamericano y los países africanos son una creciente amenaza en el mercado europeo.

Además, poder obtener más dólares por el mismo valor de quetzales permite comprar más importaciones. El resultado es que miles de campesinos y pequeños productores de maíz, frijol y otros alimentos ven su producción amenazada por importaciones cada vez más baratas, que los desplaza del mercado nacional. En cambio, con la palma africana, el azúcar y el café, su escala les permite márgenes de ganancia mayores y las relaciones con sus clientes tienden a ser duraderas. Esto les da mayor capacidad para enfrentar los problemas que surgen de obtener menos quetzales por cada dólar exportado.

De manera que el rumbo actual de la economía guatemalteca no está favoreciendo una creciente diversificación de nuestra economía sino todo lo contrario: está consolidando la dependencia de un puñado de exportaciones tradicionales que en el caso del azúcar y de la palma africana está en manos de pocos dueños. Esto es parte de lo que explica que esta transformación estructural del espacio rural sea excluyente. La pobreza y la pobreza extrema en el espacio rural han aumentado, a diferencia del resto de América Latina.

Existe evidencia de una creciente proletarización en el agro guatemalteco: hay más empleados privados y mucho más jornaleros, por un lado, y menos empleadores y trabajadores por cuenta propia por otro. Ello no sería negativo si las condiciones laborales hubieran mejorado, pero sucede lo contrario. El precio de la canasta básica de alimentos, y de la canasta vital, ha aumentado mucho más que los salarios mínimos, que de todos modos no se respetan. La gran mayoría de trabajadores del campo no tienen contratos, no tienen seguridad social y tampoco tienen seguro de salud privado. Sus condiciones se han deteriorado, con un alto número de personas que se limitan a producir maíz y frijol en lotes muy pequeños sin mayores perspectivas de superación. Otros han tenido que migrar hacia las ciudades intermedias, y se han ocupado en el comercio informal, con ingresos incluso menores a los que obtenían previamente en la agricultura. Son parte de una tendencia que parece imparable.

Así que tenemos una transformación estructural rural importante pero excluyente. Ese es el rumbo rural que se observa actualmente. El Estado no tiene actualmente la capacidad de cambiarlo ni la habilidad de aliarse con otros actores sociales para lograrlo. El rumbo rural está claro, pero el desafío es cambiarlo.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/el-inexcusable-rumbo-rural-de-guatemala