Rechazan aprobación de convenio de OIT

Al menos tres bancadas anunciaron que presentarán acciones legales contra el decreto que ratificó el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite contratar personal a tiempo parcial.

El Convenio fue avalado el martes pasado, como una exigencia de la bancada Movimiento Reformador (MR). Según Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), su inclusión en la agenda era parte de las negociaciones que avalaron el “reparto” de comisiones de trabajo.

Amílcar Pop, jefe de Winaq, aseguró que el Convenio no puede aplicarse en el país, por lo que accionarán ante la Corte de Constitucionalidad en cuanto se cumpla con los plazos requeridos para que entre en vigor.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, explicó que en el artículo 102 de la Constitución, inciso g), se establecen las jornadas y forma de pago que deben  recibir los trabajadores. “Si entra en vigencia el Convenio, no se podrá pagar de manera parcial”, detalló.

La iniciativa había sido retirada de la agenda por los jefes de bloques el lunes último, pero misteriosamente apareció en la que se presentó en el pleno, pese a que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que es esa instancia colegiada la que debe aprobarla.

Montenegro aseguró que ese convenio no ha sido ratificado por ningún país en Latinoamérica, debido a que crea condiciones de trabajo de desventaja para los empleados, ya que no existen instancias de control bien establecidas en la región.

Los congresistas temen que haya abusos por parte de los empleadores y que se incremente la economía informal.

Apoyo

Exportadores agremiados en la Asociación Guatemalteca de Exportadores manifestaron su satisfacción por la aprobación del Convenio.

“Con estas decisiones se da un paso más hacia la modernización”, señalan en un comunicado.

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/rechazan-aprobacion-de-convenio

Sobre el Convenio 175 de la OIT

El problema no es que lo refrende el CACIF, aunque los empresarios tienen toda una increíble capacidad para tergiversar el contenido del C175, ya que tratan como Trabajo a Tiempo Parcial algo que en realidad corresponde al tema de Salario Mínimo. Usan uno para ocultar el incumplimiento del otro. Eso lo entienden los trabajadores, saben que con la propuesta el golpe es mortal para el tema del salario. Pero ni uno ni el otro plantean el tema correctamente (unos con maldad y los otros, no sé), entonces toda la discusión se va en contra del C175.

Creo que es primera vez en la historia de todo el mundo que un sector trabajador se opone a un convenio de OIT.

La cuestión puede plantearse así:

  • Con la legislación actual, sin convenio ni nada más, es posible y legal el trabajo a tiempo parcial.
  • Esa posibilidad de trabajo a tiempo parcial tiene un límite y es que solo puede haber tiempo parcial hasta la unidad de contratación de un día el cual, independientemente de la cantidad de horas efectivas trabajadas, tiene que ser equivalente al salario mínimo de un día.
  • No puede haber trabajo a tiempo parcial por horas en donde la suma de la remuneración sea inferior al salario mínimo de un día (eso es lo que el empresariado trata de ocultar y no discutir).
  • La estrategia empresarial de tergiversar todo el asunto no tiene como pieza clave el C175 sino la base es la casi inexistente institucionalidad de la Inspección General de Trabajo y la prácticamente total impotencia del Poder Judicial en temas laborales. Esto es así porque si hubieran autoridades públicas mínimamente eficaces en cuanto a su mandato, entonces no sería tan fácil esconder el tema del incumplimiento generalizado del salario mínimo llamándolo Trabajo a Tiempo Parcial.

No sé cómo se llamará al problema político en donde el opresor le dice gallina a algo que es cabra y los oprimidos le contestan que no están dispuestos a aceptar la gallina sin discutir que se trata de otro animal el verdadero asunto. Algo así está pasando.

En todo caso el Presidente de la República tiene que reglamentar el Trabajo a Tiempo Parcial, luego de que ratifique el convenio, y podría incluir dos ideas básicas que ya tiene el Convenio 175:

  1. Normar que no se permite la aplicación de trabajo a tiempo parcial en sectores que requieren tiempo completo, como aquellos estratégicos vinculados a la exportación: plantaciones, agroindustria, industria textil, servicios en telecomunicaciones, etc. O decir que solo se aplica a algunos sectores: Trabajo doméstico, servicio de educación, etc. (Eso está contemplado en el C175).
  1. Que en ningún caso se permitirá el fraccionamiento del salario mínimo de manera que una persona contratada para trabajador un número determinado de horas al día, recibe una remuneración menor al monto total del salario mínimo por un día de trabajo.

Con esas dos normas que se consideren el problema se empezaría a resolver. Se pueden hacer más cosas, pero si no aceptan esas dos no vale la pena seguir hablando de esto. Mejor que hagan lo que quieran y terminen de empobrecer a la población para que tal vez algún día, en el recuerdo más escondido en el ADN de los trabajadores de nuestro país, sientan la presencia de la idea de que alguna vez tuvieron la posibilidad de derechos en el trabajo.

Alejandro Argueta

consulnej@gmail.com

Sobre la ratificación del Convenio 175 de la OIT

Jornada a Tiempo Parcial

Sobre la ratificación del Convenio 175 de la OIT

Guillermo Maldonado Castellanos *

Algo sobre el contexto:

Al año dos mil once la legislación laboral de Guatemala adolece de una distinción particular que defina la jornada a tiempo parcial; sólo cuenta con la definición de la jornada de trabajo contenida en la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo, que en el fondo no excluye sino regula dicha jornada. Lo paradójico de la irrupción del tema de la jornada a tiempo parcial, como modalidad de trabajo necesitada de un marco normativo a través de un Convenio Internacional de la propia OIT, es porque desde los inicios de la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia General celebrada en Washington el 29 de octubre de 1919, se adoptaron las proposiciones relativas a la aplicación del principio de la jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas, las excepciones y limites a dicha jornada. (Convenio 1 OIT)

Esta modalidad de contratación surge en países europeos en la década de los años sesentas del siglo pasado, como una forma de “regular” la diversificación de ciertos procesos productivos en períodos de menor tiempo. También su utilización tiene relación con la inserción de las mujeres en las relaciones de trabajo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con el objeto de permitir a las mujeres compatibilizar el trabajo subordinado, en relación de dependencia, con las “tradicionales responsabilidades familiares.” Hoy día, puede considerarse a los trabajadores de tiempo parcial como parte de un régimen especial en las sociedades que lo tienen segregado legalmente o que en la práctica resultan ser trabajadores periféricos, externos o como trabajadores tercerizados (outsourcing).

En el año 1963 del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo –OIT— realizó estudios sobre la jornada a tiempo parcial, habiendo presentado una evaluación preliminar que orienta normar, para “regular”, este tipo de contrataciones y de esa cuenta dar respuesta a nuevas formas de organizar el trabajo con cambios  en el sistema productivo, ya no en función de limitar las jornadas extenuantes de trabajo, sino para abreviar las jornadas, lo que se refleja posteriormente en las consideraciones precedentes a la adopción en 1994 del Convenio 175 de OIT:

“…Reconociendo la importancia que presenta para todos los trabajadores contar con un empleo productivo y libremente elegido, la importancia que tiene para la economía el trabajo a tiempo parcial, la necesidad de que en las políticas de empleo se tenga en cuenta la función del trabajo a tiempo parcial como modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la necesidad de asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos del acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y seguridad social…”.

Es bajo tales premisas como el Convenio 175 adopta una definición para normar el desempeño del denominado trabajo a tiempo parcial, en la primera norma del referido instrumento:

“… a) la expresión trabajador a tiempo parcial designa a todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo en situación de dependencia…”

 El tiempo parcial y la legislación guatemalteca.

Frente a la definición que el Convenio 175 de OIT hace respecto de la jornada a tiempo parcial surge una interrogante básica, de cara al sistema normativo de la legislación laboral guatemalteca: ¿cuál es el trabajo a tiempo completo?

En Guatemala, la respuesta se encuentra en la norma 102 constitucional, literal g) en donde se definen las jornadas ordinarias diurna, nocturna y mixta así:

“La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinar a las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores labores menos de cuarenta horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las ordenes o a disposición del empleador;…”

De la definición legal antecedente se infiere que la  jornada ordinaria es la reconocida como de tiempo completo, con dos condiciones beneficiosas para una jornada de menor duración: la de ser una jornada de menor duración con derecho a percibir un salario íntegro, que puede ser igual o mayor a un salario mínimo semanal, pero no menor, dados los fines teleológicos de la misma. Por tanto, la norma constitucional no excluye una jornada de tiempo parcial, pero contempla como protección a los trabajadores que laboran en dichas circunstancias el derecho al pago de un salario mínimo íntegro.

La anterior disposición se consolida en la norma ciento veinte del Código de Trabajo al prescribir que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarenta y ocho horas a la semana, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna.

Entonces, se deduce en la intención de regular –desregulando— de una forma diferente a la jornada de trabajo normal, premisa contenida en el Convenio 175 de OIT, distinta motivación a la de proteger el trabajador, siendo ese el caso de los patronos guatemaltecos y ciertos burócratas que sostienen que el trabajo a tiempo parcial puede coadyuvar a enfrentar la crisis económica, al permitir preservar el empleo y crear nuevas fuentes de trabajo, sin considerar las causas de esa crisis ni sopesar otras soluciones encaminadas a procurar mejores condiciones de trabajo.

El denominado trabajo a tiempo parcial se encaminen a satisfacer diversas exigencias de los propietarios del capital para responder a nuevas formas en la organización sus procesos productivos, en donde la modalidad del trabajo a tiempo parcial persigue el uso ajustado de la mano de obra, de manera “flexible”, para obtener mayor productividad y más rendimiento del trabajador en aquellas labores o servicios que se ven sujetos a interrupciones u oscilaciones de importancia, sea en razón de la demanda o porque están determinados a ciertas horarios del día, semana u año. Lo que no excluye otras motivaciones más mezquinas que se han podido observar en la práctica.

El sector corporativo de los empleadores arguye que si bien el salario por hora está regulado en el Código de Trabajo, aún subsiste la falta de certeza jurídica para su implementación efectiva.[i] Ello sin duda alguna, por cuanto que el salario mínimo es la base salarial para una jornada completa.

Dicho sector ha sostenido que la misma norma 102 constitucional, inciso g, permite un régimen de excepción de trabajo, que no está sujetos a las limitaciones de las jornadas de trabajo[ii] y que por lo tanto no está en discusión la constitucionalidad del trabajo a tiempo parcial. Y, en efecto, no está en discusión la constitucionalidad de que los trabajadores laboren por debajo de los tiempos establecidos para las jornadas diurna, nocturna y mixta como ya hemos podido apreciar; ni que los regímenes de excepción estén contemplados en el artículo 124 del Código de Trabajo. Pero en el plano jurídico no se debe perder de vista que la norma constitucional ciento seis le impone límites a cualquier acción legislativa que pretenda disminuir, tergiversar o limitar los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en toda la legislación vigente. Sobre todo si lo que se evidencia es la pretensión de limitar las posibilidades de una existencia digna para los trabajadores.

Las normas internacionales y la legislación guatemalteca:

 Además de considerar que las garantías contenidas en la norma constitucional ciento dos surgen de una amalgama de fines contenidos en los preceptos de las normas internacionales del trabajo que forman parte del derecho interno guatemalteco, en donde está contemplado que para fijar el nivel de los salarios mínimos deben apreciarse como elementales las necesidades de los trabajadores y sus familias; el nivel general de salarios en el país, el costo de vida, las prestaciones de la seguridad social y el nivel de vida relativo a otros grupos sociales (Convenio 131 OIT), es de estimar  que ésta legislación determina que ninguna disposición debe menoscabar o limitar la condición de los trabajadores que trabajen menos horas a los que se apliquen tasas de remuneración más elevadas (Convenios 1 y 30 OIT) y que las tasas de salario mínimas fijadas como obligatorias no sean rebajadas, ya sea mediante el contrato individual o colectivo de trabajo.  Con la garantía para todos los trabajadores de que, cuando se le hagan pagos inferiores al mínimo, tenga el derecho de reclamar las sumas que se les adeuden por tal concepto, por la vía judicial o por cualquier vía legal, dentro de un plazo razonable. (Convenios 26, 99 OIT).

En concordancia con los fines descritos debe estimarse que, frente a la exigencia lucrativa de las empresas,  se encuentra el nivel de vida y calidad de los satisfactores humanos.  En esa dirección, el Código de Trabajo, que desarrolla la norma constitucional que establece la fijación periódica del salario mínimo, como un derecho social mínimo que fundamenta la legislación del trabajo, contempla que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita cumplir sus deberes como responsable de satisfacer las necesidades de su familia. Y al Estado le corresponde fijar dicho salario periódicamente, atendiendo las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las responsabilidades patronales en cada actividad productiva, tomando en consideración la forma de pago del salario, sea por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Adoptando para ello las medidas necesarias para no perjudicar a los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. (Art. 103 C. de T.).

De acuerdo a lo anterior se podrá apreciar, por ejemplo, que en los Acuerdos Gubernativos, mediante los cuales se establecieron los salarios mínimos hasta el año dos mil tres, se sostenían las garantías constitucionales para no limitar, disminuir ni tergiversar la protección del instituto del salario mínimo. En efecto, los Acuerdos Gubernativos en los que se establecieron en forma periódica los salarios mínimos, regulaban de manera invariable, disposiciones reglamentarias para casos especiales, a través de las cuales se reafirmaba la protección al instituto del salario mínimo, así: “Artículo 5º. La jornada ordinaria de trabajo efectivo no puede exceder de ocho horas de trabajo diario… Todo trabajo efectivo realizado fuera de la jornada ordinaria, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerado como tal. Quienes por disposición de la ley, por costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Artículo 6. En casos especiales, cuando por la peculiaridad y naturaleza de cada trabajo, se pacte el pago de remuneración por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, deben adoptarse las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo, de conformidad con la ley. Dicha remuneración en ningún caso puede ser inferior a los salarios mínimos fijados en este Acuerdo…”. (Puede consultarse Acuerdos desde el año 1990 hasta 2003)

La iniciativa patrono gubernamental sobre el trabajo a tiempo parcial:

Esta iniciativa tiene más de catorce años y fue precisamente durante la administración del Ministro de Trabajo Jorge Gallardo Flores y del Presidente Oscar Berger Perdomo, en que, por un lado se hizo manifiesta la intención de eliminar el sistema de salarios mínimos y, por el otro, el abandono de la disposición relativa a casos especiales, al eliminar la garantía que establecía que “Dicha remuneración en ningún caso puede ser inferior a los salarios mínimos fijados en este Acuerdo”, con la intención de darle paso a una jornada a tiempo parcial precarizada. Luego el mismo gobierno incluyó la modalidad del salario por hora, lo que es congruente con la exigencia patronal del horario a tiempo parcial a que se refiere el Convenio 175 de OIT, para que conforme la norma 5 de dicho Convenio pueda calcularse proporcionalmente con base a “un salario básico”.[iii] (Para establecer la diferencia véanse Acuerdos Gubernativos Nos. 459-2002 artículos 5 y 6; 378-2004 artículos 5, 6 y 11; y, 624-2006 artículos 2, 5, 6, 10 y  11)

Por lo que en la propuesta de adoptar jornadas menores deviene de aquella lógica y, sin la garantía para los casos especiales, resulta contradictoria a la necesidad de promover el empleo decente, porque el surgimiento del derecho del trabajo tuvo que ver con la necesidad de ponerle un límite a las jornadas extenuantes, en tanto que la flexibilidad implícita en la modalidad de trabajo a tiempo parcial, puede resultar –como ya ha ocurrido en otros países— en otra forma de afectación extrema, si la transformación resulta lesiva a la dignidad y necesidades humanas; en caso de que el horario sea impuesto, que represente un empleo desprotegido o una remuneración por debajo de las necesidades básicas del trabajador, esto es, de un salario mínimo.

Porque del cambio de las formas en el ámbito subjetivo en las relaciones de trabajo, que se encaminan a limitar la aplicación de las normas protectorias del trabajador que se encuentran en relación de subordinación, han devenido en que el trabajo asalariado sea sustituido por un trabajo informal, desregulado, independiente o por cuenta propia, ocasionado el debilitamiento de las organizaciones sindicales y por consiguiente una más difícil negociación colectiva y estancamiento de la progresión protectoria para el grueso de la población en las relaciones del trabajo. Lo paradójico o contradictorio radica entonces en que mediante las modificaciones que orienten la adopción de una legislación que “regule” el trabajo a tiempo parcial se vayan a garantizar la protección del trabajador, porque el objetivo en el corto y en el mediano plazo es desregular esta relación para ejercer una mayor explotación del asalariado.

La iniciativa de Ley del Ejecutivo en el Congreso:

En el expediente de iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República de Guatemala[iv] llama la atención que fuese el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Briz Abularach, quien con base a una providencia que le envió la Secretaría General de la Presidencia el 26 de septiembre de 2002, opinase que las disposiciones del Convenio 175 de OIT no afecta las normas más favorables a los trabajadores, y que en tanto se tramitara la iniciativa en el Congreso a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se hiciera consulta a las organizaciones representativas de de los empleadores y trabajadores, pero que no era necesario escuchar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque había sido dicha entidad la que había enviado el expediente a la Secretaría General de la Presidencia. Lo que implica que el Ministerio de Trabajo y Previsión a su vez no consideró necesario escuchar a los representantes de quienes conforman la relación de trabajo. Al menos de la parte laboral, porque es obvio que los funcionarios que impulsaron la iniciativa son prominentes empresarios que en gran medida desde la esfera pública promueven los intereses del sector patronal.

Otra valoración del Ministro Briz Abularach fue enunciar que debía garantizarse a los trabajadores de tiempo parcial, los derechos que el referido convenio enuncia, en el entendido que las prestaciones pecuniarias podrían determinarse proporcionalmente a la duración del tiempo de trabajo o a los ingresos. He ahí el meollo de este convenio, porque la legislación vigente no permite tales actuaciones, salvo que sea resguardado el derecho al pago del salario mínimo[v]; por lo que la conclusión de dicho funcionario, en el sentido que con la puesta en vigor del Convenio 175 no se contravendría la Constitución Política de la República ni demás leyes de la República de Guatemala, tiene que se analizada con más detenimiento.

Posteriormente y sin haberse realizado consulta a la organización de los trabajadores[vi] el 6 de diciembre de 2005 el Ministro de Trabajo Jorge Gallardo Flores le remitió un dictamen al Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Briz Abularach, en el que concluye –como lo orienta el Convenio—que los trabajadores a tiempo parcial deben recibir la misma protección de que gozan los trabajadores a tiempo completo[vii], lo que sustenta en la consideración de que debe surgir una legislación laboral acorde a los cambios que representa la globalización, que vayan de la mano con el desarrollo mundial, buscando para ello regulaciones del mercado laboral que faciliten a las empresas la adecuación y competitividad y en que:

“…las actuales tendencias del crecimiento económico, el aumento y dinámica de la población y presencia de amplios sectores en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, que plantean dramáticos e ineludibles desafíos en cuando a la generación de una política laboral que distribuye mejor sus beneficios entre la población y disminuya las desigualdades en consumo e ingreso…”.

Como se puede apreciar, la orientación de adoptar el Convenio 175, según el Ministro de Trabajo Gallardo, supuestamente formaría parte de una política laboral para el beneficio de los trabajadores, cuya sugerencia toma de la trascripción literal de la opinión que le hicieron llegar la señora Inspectora General de Trabajo, Licenciada Celeste Ayala, la Jefe de Unidad de Asuntos Internacionales, Licenciada Rosario Castro Peralta y el Coordinador del Consejo Técnico, Licenciado Augusto Galicia, el 5 de diciembre de 2005.

Tales actuaciones, ponen en evidencia que para opinar en un asunto de suma trascendencia, no sólo se inobservaron las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, relativas a la Consulta Tripartida, sino que sin presentar un estudio serio, con evaluación jurídica y de de las implicaciones económico social que podría representar la ratificación del Convenio.

Luego dentro de la misma tendencia patronal, según entrevista aparecida el periódico 9 de marzo de 2009 páginas 8 y 9 realizada a Marco Vinicio Cerezo Blandón; Director Ejecutivo de la Oficina del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, la tónica gubernamental fue “…Habrá también otro reto: todos los sectores tendrán que sentarse a la mesa, para abordar pragmáticamente las decisiones y las acciones que deberán tomarse para enfrentar la crisis. Todos los sectores deberán hacer concesiones para implementar una agenda nacional de crisis; la polarización de las discusiones podrían detener la marcha, y todos tendremos que pagar un precio más alto al final. ¿Cómo evalúa la propuesta del sector industrial de combatir el contrabando, reducir las tasas de interés, la flexibilización del mercado laboral y la aprobación de la ley de Alianzas Público Privadas para reactivar el mercado interno? … El convenio 175 de la OIT es un tema más polémico. Deben abordarse algunas preocupaciones legítimas sobre su aplicación en Guatemala, principalmente en el caso de los trabajadores del campo. Sin embargo, me parece inevitable una discusión seria sobre una política laboral en tiempos de crisis. El trabajo a tiempo parcial es un mecanismo alternativo para enfrentar el desempleo en una recesión económica y debemos estudiar como promoverlo en las mejores condiciones posibles para los trabajadores….”.

La sustentación de que el Convenio 175 se promueve para el tiempo de crisis no es del todo cierta, una vez que, como ya se anotó la promoción venía desde antes que se suscitara la debacle financiera en los Estados Unidos de América, y lo que venía impulsando la modalidad del trabajo a tiempo parcial era el auge del ideario neoliberal que lo que se propone es una nueva situación, en este caso de flexibilización, a favor de bajar los costos de producción y maximizar las ganancias del empresario.

Contexto en el que surge el convenio:

En la práctica las empresas que utilizan trabajadores a tiempo parcial, suelen ser aquellas de giro único, que ponen a disposición de otra empresa, con carácter temporal, trabajadores que ellas contratan. Lo que determina que sean empresas que se caracterizan por la contratación rápida y “flexible” en el reclutamiento y el despido. Esto es, sin estabilidad laboral ni beneficios para el trabajador.

En el escenario de desprotección social que acusa el trabajo informal y la segregación de que son objeto los demás regímenes especiales de trabajo, en donde también se empezó a observar en las empresas o entidades formales o estructuradas una tendencia de precarizar los contratos, mediante prácticas que caracterizan a la informalidad –en el trabajo de mujeres, minorías étnicas y jóvenes— la Organización Internacional del Trabajo en la década de los noventas del siglo pasado, en momentos que cobran auge las políticas neoliberales y de ajuste económico, ve la necesidad de promover nuevos instrumentos para tratar de proteger a los trabajadores que estaban siendo dejados fuera del ámbito del trabajo en relación de dependencia:

Además de lo contemplado en el Convenio 175 relativo al trabajo a tiempo parcial, en 1996 mediante el Convenio 177 que se refiere al trabajo a domicilio, se buscó establecer una política de promoción a la igualdad de trato a estos trabajadores, con acceso a los regimenes de seguridad social y protección a la maternidad. Instrumento que se complementó con las recomendaciones 184 que lo promueve; y la 189 sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas.

A través del Convenio 181 de 1997 que reconoce, en forma flexible, que las agencias de empleo privadas, pueden contratar trabajadores para arrendar sus servicios a terceros (empresa usuaria) procurando que tengan protección al derecho de libertad sindical, negociación colectiva, salarios mínimos, jornadas reguladas y acceso a la seguridad social.

Limitaciones del Convenio:

Por lo que hasta aquí se ha anotado, la iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República de Guatemala desde el año 2005 y que de nuevo el Ejecutivo a presentado al Congreso desde el año 2008 busca superar el escollo que representa la limitante constitucional que contempla la no afectación de la garantía del pago de un salario mínimo. Estrategia que se suma a la política de implantar un sistema de salario por productividad que han impulsado los gobiernos del la GANA y de la UNE, pero que en el fondo lo que buscan es suprimir los mecanismos de fijación de salarios mínimos.

Por la forma en que se ha promoviendo la adopción del Convenio 175 de la OIT puede decirse que, como política de promoción del empleo, plantea muchas dudas y tiene serios obstáculos en el plano de la realidad económico social guatemalteca. En principio porque el Estado a través de sus instituciones no ha logrado hacer efectiva la obligación constitucional de poner en práctica la fijación periódica de un salario mínimo de conformidad con la ley (Art. 102 literal f; y Convenio 131 de la OIT) y ni siquiera él mismo, como empleador cumple con los aportes obligatorios al régimen de Seguridad Social.[viii] Lejos de ello, los niveles altos de incumplimiento de las leyes laborales se mantienen como una constante y la capacidad de verificación por parte de las autoridades administrativas y judiciales observa serias limitaciones y retrocesos, a lo que se suma el freno que se ha impuesto a la negociación colectiva y al ejercicio pleno de libertad sindical por las vías de hecho y de inaplicación de la legislación laboral y de seguridad social.[ix]

Ahora bien, en el esquema de un modelo de Estado privatista, clientelar y tradicional, con políticas públicas débiles o anuladas, como ocurre en nuestro medio, el planteamiento respecto del contrato a tiempo parcial se sustenta en la estrategia de las empresas por organizar el trabajo atendiendo los requerimientos de competitividad, con flexibilización de la contratación para reducir los costos directos e indirectos de la fuerza laboral, retomando en lo esencial la noción de la locación de servicios. Busca modificar la relación laboral estable que se sustenta en la jornada de labores que como mínimo garantiza la retribución de un salario básico y por tiempo definido, por otra con una protección social menor y de carácter temporal, como suele operar con la mayor parte de la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad.

El trabajo a tiempo parcial, aunque en principio no se presenta como una expresión del trabajo independiente, relación encubierta o simulada suele utilizarse para que la empresa real o principal externalice –mediante tercerización— sus actividades a otras empresas cuya función es poner a disposición trabajadores con carácter temporal. Los trabajadores que se requieren son de diferentes oficios, profesiones y experiencias que puedan ser reclutados con rapidez y flexibilidad para contratar y despedir. Se promueve bajo el argumento de ser una política necesaria que incide en superar el desempleo al bajar los costos directos e indirectos de la relación de trabajo de jornada completa y por tiempo indefinido.[x] No obstante, a este respecto un ex alto ejecutivo del sector patronal sostuvo hace algún tiempo, con ocasión del campo pagado publicado por las cámaras empresariales a favor de la aprobación del Convenio 175, como política para genera más fuentes de empleo, que:

“…Este planteamiento llama la atención porque evidentemente lo que se está buscando es dividir entre varias personas un puesto de trabajo y nadie pensaría que por cuatro horas o menos estén dispuestos a pagar al menos el salario mínimo que es una garantía de subsistencia.”[xi]

Un sector de la dirigencia sindical ha denunciado que a partir del año dos mil ocho, es de lamentar las actitudes gubernamentales de no haber abordado el tema de la ratificación del Convenio 175 de la OIT previamente en la Comisión Tripartida, conforme lo establece el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo y además porque  “… las reglas del juego debieron haberse discutido con los representantes patronales, desde el inicio, unos dos meses atrás, y no de última hora como pretende el Gobierno…” (Entrevista el dirigente Rigoberto Dueñas).

Otro directivo sindical del sector financiero, dijo en tono irónico, ante el vaticinio de que serían los obreros agrícolas y demás sectores de los regimenes especiales que comprende la legislación, quienes serían los más vulnerables a las modalidades del trabajo a tiempo parcial de la propuesta patrono – gubernamental: “…si fuera finquero, y mis trabajadores cumplen la jornada por la mañana, entre las seis y diez de la mañana ¿para que les voy a pagar un salario mínimo? Mejor con la jornada a tiempo parcial, y les pago las cuatro horas de la mañana, cuando haya trabajo…”. (Adolfo Lacs)

Desde otro ángulo, el ex dirigente sindical y profesor universitario, Byron Morales Dardón, hizo comentarios en relación a la necesidad de tratar de aclarar más los recovecos del tema, teniendo como norte, la necesidad de mejorar las condiciones   del entorno económico y que “…  los sindicatos asuman de una manera distinta estos temas, generen más información, participación y movilización de la población trabajadora. Me parece que en lo fundamental, los sindicatos deben explicar el momento histórico, los estrechos márgenes en que se desenvuelve la producción y el  intercambio comercial a partir de las cadenas de valor, las estrategias patronales para la obtención de mayores beneficios, los efectos desastrosos sobre la gente, su creciente desprotección y la seria amenaza que se cierne sobre las instituciones del Trabajo. En suma, informar, clarificar, recuperar el sentido de la organización y la lucha sindical por la dignidad y derechos de la población trabajadora.”

CONCLUSIONES:

  1. El trabajo a tiempo parcial en la legislación laboral guatemalteca no está prohibido, ya que incluso la ley tiene establecida la posibilidad de que con ocasión de la jornada de trabajo, el salario pueda calcularse por la unidad de tiempo en horas. Asimismo que el monto del salario pueda ser determinado en forma libre entre patronos y trabajadores, pero sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo con relación a la jornada ordinaria de trabajo.
  2. La propuesta patrono-gubernamental de ratificar el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, busca superar el escollo que las normas constitucionales y ordinarias de Guatemala representan para eludir el pago del salario mínimo. La intención es congruente con la práctica elevada de su evasión y con la reiterada promoción patrono-gubernamental de abolir el sistema de fijación de salario mínimo, sustituyéndolo por el de fijación a destajo, bajo la denominación de salario por productividad. Los procedimientos utilizados por el Gobierno de Guatemala contravienen normas de la legislación Interna y Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
  3. El convenio 175 de la OIT en el artículo 5 contempla la adopción de la medida de asegurar un “salario básico” que se calcule en “forma proporcional sobre una base horaria”, sea por rendimiento o por pieza (productividad a destajo). Ese concepto no guarda armonía con el salario mínimo a que se refiere en Convenio 131 de la OIT ni con la misma institución que está regulada en los artículos del 103 al 115 y 120 del Código de Trabajo en Guatemala.
  4. La ratificación del convenio 175 de OIT fomentaría mayor precarización en las condiciones de trabajo, por cuanto que a través del mismo se buscaría afectar la continuidad de la relación de trabajo, mediante contratos semanales o diarios, con el fin de prorratear el salario y eludir las demás prestaciones económico sociales: a) indemnización por despido injusto; b) el salario mínimo; c) día de descanso semanal remunerado; e) días de asueto; f) protección a la maternidad; g) aguinaldo; h) bonificación anual, etc.
  5. La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a todos los trabajadores que laboren una jornada menor a la ordinaria, mixta o nocturna el derecho a percibir íntegro el salario. Asimismo el Código de Trabajo, garantiza que, como mínimo, ese salario no sea inferior que orienta la misma constitución –Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley, art. 102 literal f. Entonces, la legislación laboral en su conjunto, garantiza en el ámbito subjetivo de las normas, la protección de los derechos al pago de un salario mínimo, sindicación, seguridad y la salud en el trabajo, a la no discriminación en materia de empleo y ocupación; protección a la maternidad, en la terminación de la relación laboral, vacaciones anuales pagadas, días de feriado pagados y licencias por enfermedad. Por tanto, para la protección de tales derechos, a los trabajadores que laboren en las distintas jornadas protegidas por las normas fundamentales de la legislación guatemalteca, no es necesario ratificar o adoptar el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo.

Bibliografía:

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Cáceres, Ricardo. Jornada a Tiempo Parcial. Consejo Asesor Presidencial. Trabajo y Equidad. Chile diciembre de 2007.

Díaz, Luis Eduardo. Relaciones laborales especiales: las empresas de trabajo temporal y las cooperativas. ¿Qué pueden hacer los sindicatos? Revista de Ciencias Sociales. Vol. 11 No. 1 Maracaibo, Universidad de Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones. Abril de 2005.

Echeverría Tortello, Magdalena. POLITICA LABORAL PARA GUATEMALA. Segundo Informe. Proyecto PNUD. Apoyo a la Implementación dela Estrategia de Modernización Fiscal. Noviembre de 2009.

Maldonado Castellanos, Guillermo. “Los Salarios Mínimos. Perspectiva jurídica y Política en Guatemala.”  Ponencia en Taller REUNIÓN DE TRABAJO. FES AMERICA CENTRAL. Guatemala, enero 2008.

Maldonado Castellanos, Guillermo. “RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE DAÑOS, PREVENCIÓN DE RIEGOS Y SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA”. Informe de Seminario de Derecho de la Seguridad Social. Maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. USAC. Guatemala Noviembre de 2007.

Observatorio de Derechos Laborales. Temas: Salario Digno para una vida digna. Debilidad de la Inspección General de Trabajo en la Protección laboral. Incumplimiento de garantías y conflictividad laboral. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH. Año 1. Número 1. Guatemala, marzo 2007.

Observatorio de Derechos Laborales. Temas: Nadie cumple y nadie Gana. ¿Estamos listos para el trabajo a tiempo parcial? Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH. Año 1. Número 2. Guatemala, octubre 2007.

Observatorio de Derechos Laborales. Tema: El Tiempo Parcial. Convenio 175 de la OIT. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH. Año 1. Número. Guatemala, Centro América 2007.

Leyes y Convenios de OIT relacionados.

*Reseña del autor:

Guillermo Maldonado Castellanos.

Asesor Laboral. Abogado, Notario, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

mcguillermo10@yahoo.com

Publicada por Red de Asesoría Laboral de Centro América y República Dominicana. REVISTA REAL CARD. No. 4 – Marzo 2011 Asies.

[i] Echeverría Tortello, Magdalena. Política Laboral para Guatemala. Pag.28,

[ii] a) Los representantes del patrono; b) Los que laboren sin fiscalización superior inmediata; c) Los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores; y, e) Los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Art. 124 C. T.

[iii]Es obvio que cuando se discutió en el seno de la Organización Internacional del Trabajo la adopción de un convenio mediante el cual se protegiera a trabajadores de tiempo parcial se perdiera de vista en la casuística que al ser humano no debiera considerársele como un simple factor de los procesos de producción o generadores de servicios.

[iv] Dirección Legislativa. Número de de Registro 3416. Iniciativa presentada por el Presidente Oscar Berger al Presidente del Congreso el 9 de diciembre de 2005.

[v] Ya se citó la norma constitucional que se refiere a la jornada de labores; y en el Código de Trabajo, en el apartado que se refiere a los salarios, jornadas y medidas que lo protegen, está contemplado en el artículo 81 que el cálculo de remuneración de la jornada puede hacerse por unidad de tiempo, que incluye la posibilidad de pago por hora. También más adelante, en el artículo 91 establece la libertad que tienen patronos y trabajadores de establecer el monto del salario, el cual por disposición expresa de la norma “no puede ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con el capítulo siguiente.” Y el capítulo siguiente es el segundo que regula el Salario Mínimo y el procedimiento para su fijación. Estas disposiciones se enmarcan dentro de la protección que orienta el Convenio 110 de la OIT en el artículo 25. También véase la consideración sobre los niveles de salarios mínimos para la Administración pública en el artículo 71 de la Ley de Servicio Civil.

[vi] Que es una contravención a lo previsto en lo previsto en el Convenio 144 de la OIT relativo ala Consulta Tripartita. Ver artículo 2 numeral 1 y 5 literales b y c.

[vii] Sin embargo, el Artículo 22 del Código de Trabajo, contempla que en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos, las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social.

[viii] Existe un nivel elevado de evasión y elusión en el cumplimiento de la seguridad social. De acuerdo con fuentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- al 31 de octubre de 2007 entidades municipales le tienen un adeudo al sistema de 363.1 millones de quetzales; el sector privado 636.9 millones; y el Estado 12,817.8. Lo que hace un total de 13¹717,800,000 de quetzales. Matutino Prensa Libre. 26 de noviembre de 2007.Págs. 4 y 5.

[ix] Ver comentarios presentados por el “MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO”, al Departamento de Normas Internacionales de Trabajo de la OIT con fecha 29 de agosto de 2008, en relación a la Memoria de Labores que realizó el gobierno. 136 Páginas.

[x] Pero que no responde a ninguna de las políticas de generación o preservación de empleo que se conocen: I. Las políticas activas: 1. Creación de empleo: a) Programas de empleo directo; b) Incentivos a la contratación. 2. Capacitación laboral. 3. Servicios de empleo. II. Las políticas pasivas: 1. Los seguros de desempleo; 2. Las indemnizaciones por despido; 3. Cuentas de ahorro individual por desempleo; 4. El pre – aviso de despido.

[xi] Reyes López, Juan Francisco. LA OIT Y LOS CENVENIOS LABORALES. Diario la Hora, Guatemala 4 de julio de 2008.

 

El 83% de la población vive con menos de Q1,600 al mes

José Ávila sostiene a su familia con los Q60 que gana al día como jornalero, en Sumpango, Sacatepéquez, lo que, con suerte, le alcanza para comprar frijol y maíz. Similar situación agobia al 82.7% de los guatemaltecos, cuyos salarios no les permiten llevar una vida digna.

Ávila, junto a sus tres hijos y su esposa, Josefina Cuc, vive en una vivienda de caña y techo de lámina, pero no pierde la esperanza de encontrar un trabajo en la construcción, pues, según él, con eso le daría una mejor vida a su familia.

El jornalero es originario de Santa Marta, Sumpango, donde unas cinco mil personas viven en las mismas condiciones.

“El dinero no alcanza. Trabajo cuatro días a la semana y el resto lo utilizo para cultivar unas tierras arrendadas, pero no siempre se gana con los cultivos, porque el clima y los bajos precios nos afectan”, refirió Ávila, de 25 años.

“Cuando mis hijos se enferman se complica todo”, resaltó el agricultor.

 El cultivo de zanahoria es una de las labores que ocupa a   mujeres  de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: José Rosales)
El cultivo de zanahoria es una de las labores que ocupa a mujeres de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: José Rosales)

 

Perdería su tierra

Otro caso es el de Juan Parechú, de Guineales, Nahualá, Sololá, quien lamenta los bajos salarios en la comunidad, pues eso lo obliga a vivir con limitaciones, ya que al día devenga Q40 por trabajar en una finca de café y banano.

La situación se le complica más por una deuda con unos coyotes, que prometieron llevar a uno de sus hijos a EE. UU., pero no logró el objetivo. “Lo que busco es salvar la tierra que di de garantía”, lamentó.

Leonardo García, vecino de Chimaltenango, cuenta que no estudió debido a la pobreza, y ahora depende de las labores agrícolas en las que devenga Q45 al día. “Trabajo de sol a sol y el bolsillo siempre está vacío”, explicó.

Magdalena Pascual Pérez, de 47 años, vecina de San Andrés Huista, Jacaltenango, Huehuetenango, refirió que el hecho de ser mujer también es un obstáculo cuando de trabajo se trata. “Hay un trato desigual. Nos pagan Q15 y a los hombres, Q25 y Q40”, comentó.

Casos como estos se repiten en miles de familias del país, pues según la Encuesta Nacional del Empleo 2016, del Instituto Nacional de Estadística (INE), unos 4.4 millones de personas pertenecientes a la población económicamente activa —de 6.6 millones— se encuentran en el sector informal, y de ese grupo, el 39.6% se ocupa en actividades agrícolas, ganadería y silvicultura.

El crecimiento económico del país desde el 2012 es del 3%, y se alcanzó el 4.1% en el 2015, según el Banco Mundial, pero el beneficio es para pocos y la desigualdad persiste, principalmente en la provincia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que evalúa el índice de desarrollo humano del país, en su estudio “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”, establece que el 82.7% de la población vive agobiada por bajos salarios y no lleva una vida digna, lo que implica falta de salud, alimentación, educación, vivienda y recreación.

El estudio agrega que ocho de cada 10 familias no pueden cubrir los gastos del hogar, lo que va de la mano con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que señala que el 59.3% de la población vive en la pobreza, con Q10 mil 218 al año —unos Q28 diarios—.

Pese a que a finales del 2016 el Ejecutivo fijó el salario mínimo para este año, en el sector agrícola, en Q86.90 diarios, muchos agricultores se quejan por lo que devengan, pues aseguran que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas. Para el sector exportador y la maquila se estableció un salario mínimo de Q79.48 por día.

Desnudan realidad

En el primer informe del año de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre reserva y precio del maíz y frijol, se muestra una lista de salarios pagados por jornal a escala comunitaria en el país, que oscila entre Q25 y Q70 diarios.

La FAO destaca casos de varias comunidades de La Reforma, San Marcos; y Jocotán, Chiquimula, donde los campesinos devengan Q25 con alimentación y Q35 sin esta.

Lo anterior contrasta con lo que establece el INE, que en diciembre último fijó en Q3 mil 958.80 el precio de la canasta básica alimentaria mensual, y en Q7 mil 224.09, la canasta básica vital.

 

Mujeres de Huehuetenango señalan un trato desigual en cuanto al pago de salarios. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)
Mujeres de Huehuetenango señalan un trato desigual en cuanto al pago de salarios. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

 

Precariedad

Marilis Baltasar, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Chimaltenango, dijo que los salarios que devengan los campesinos son precarios y no llegan al mínimo.

Ovidio Paz Baal, auxiliar de la PDH en Sololá, lamentó que no existan programas de emprendimiento para que las personas gocen del salario mínimo.

María del Rosario López, directora de la delegación del Ministerio de Trabajo en Huehuetenango, explicó que conocen de pagos de Q50 por un jornal, pero depende de la cantidad de horas y el trabajo que se efectúe.

“Debemos reconocer que hay mucha informalidad, lo que hace difícil prevenir a las personas respecto de sus derechos laborales. La falta de personal no nos permite hacer inspecciones en las comunidades”, expuso.

El acuerdo gubernativo 288-2016, que autoriza el salario mínimo para este año, advierte de sanciones económicas para quienes incumplan esas disposiciones.

Canasta básica

  • Los salarios en la provincia difieren con el costo de la canasta básica, según sondeo efectuado en mercados de Chimaltenango, El Progreso, Quiché y Huehuetenango.
  • Un agricultor en Chimaltenango gana unos Q45 al día, pero la libra de güicoy cuesta Q6, la papa, Q2.50; cebolla, Q3; maíz, Q1.60; frijol, Q5.50; pollo, Q13; y carne, Q30.
  • En El Progreso un jornalero gana Q40 al día, pero la libra de frijol cuesta Q5.50; arroz, Q4; maíz, Q1.15; tomate, Q3.50; güisquil, Q3.50; cebolla, Q5; pollo, Q7; carne de res, Q32.
  • Los agricultores en Quiché ganan al día Q30, y la libra de papa se cotiza en Q3.50; ejote, Q8; güisquil, Q5; maíz, Q2.15; arroz, Q3; carne con hueso, Q30; y pollo, Q11.
  • En Huehuetenango el trabajo en la agricultura para una mujer lo pagan a Q15 y para un hombre, Q25 al día, y la libra de papa cuesta Q2.50; de tomate, Q2; la docena de zanahoria, Q10; un güisquil, Q2; y un brócoli, Q3. Además, la libra de carne de res cuesta Q35; y de pollo Q12.

http://www.prensalibre.com/guatemala/santa-rosa/el-83-de-la-poblacion-vive-con-menos-de-q1600-al-mes

Pilotos paralizan servicio de Transurbano

La falta de pago salarial y aguinaldo fueron las causas para paralizar el servicio de transporte del Transurbano. Los pilotos de estas unidades denunciaron que son constantes los retrasos en el pago de sueldo y otras prestaciones.

Este lunes los conductores de las unidades de transporte decidieron paralizar el servicio como una medida de presión. Los pilotos indican que es la única forma que son escuchados.

El último paro lo realizaron el 8 de septiembre del 2016 también por falta de pago.  La propuesta del Ministerio de Trabajo fue entablar una mesa de diálogo, con la junta directiva de SIGA, conductores y autoridades para una solución.

http://www.guatevision.com/nacionales/pilotos-paralizan-transurbano/

CACIF SE PRONUNCIA SOBRE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL DE LAS DECISIONES DE LAS CORTES (CONVENIO 169 DE LA OIT)

Durante la mañana del jueves 19 de enero de 2017, José González-Campo, Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) junto con Rudolf Jacobs, Directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, y las Cámaras del Sector Empresarial, llevaron a cabo una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los impactos socioeconómicos a nivel nacional de las decisiones de las Cortes (Convenio 169 de la OIT).

González-Campo inició condenando “cualquier acto de violencia que bajo el calificativo de manifestación pacífica atenta contra proyectos de beneficio para el país y contra la seguridad física de sus habitantes”.

El presidente del CACIF indicó que “durante 20 años el Estado de Guatemala ha incumplido con el establecimiento de la reglamentación de las Consultas a Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la OIT, lo que hace imposible la aplicación oportuna de este derecho de consulta”.

Respecto a la realización de “consultas retroactivas” González-Campo señaló que este tipo de medidas atenta “contra los derechos constitucionales de libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, entre otros, de las personas y empresas propietarias de los proyectos en operación.“Reconocer y proteger el derecho de consulta atentando contra estos derechos constitucionales de las empresas, por incumplimiento del propio Estado, resulta gravemente contradictorio, socava la confianza en la seguridad jurídica del país y castiga a quien confía en Guatemala”.

En dicha conferencia el CACIF, como ente representativo del conglomerado empresarial del país, y las Cámaras del Sector Empresarial, exigieron la reglamentación pronta y adecuada de las consultas del Convenio 169 de la OIT. También se pidió que “se reconozcan los derechos de las inversiones realizadas de conformidad con la ley y la normativa vigente en su momento”.

SOBRE EL RIESGO DE SUSPENDER A LAS HIDROELÉCTRICAS

González-Campo recordó que gracias a la operación de diversos proyectos de energía renovable en el país “se ha reducido el costo de la electricidad cerca de un 40%” y que además se cuenta con “una oferta de energía”, léase ya no hay “apagones” como en el pasado.

Además, puntualizó que con medidas como las tomadas respecto a algunos proyectos hidroeléctricos “se pone en riesgo el acceso a energía limpia, barata y confiable” y se “pone en riesgo la inversión en el país”.

A decir del presidente del CACIF se piden dos acciones concretas por parte del Estado de Guatemala:

– La reglamentación del Convenio 169 de la OIT

– Que ante el vacío creado por la falta de reglamentación del Convenio se establezcan y respeten los mecanismos de homologación para que aquellos casos en los que se efectuaron procesos de diálogo y socialización en ausencia de una reglamentación formal del Convenio 169, sean adecuadamente valorados. Es fundamental reconocer los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con ley y la normativa vigente en su momento.

Por su parte, sobre el tema de las hidroeléctricas, parcial o totalmente suspendidas por las cortes guatemaltecas, Jacobs mencionó que dichos proyectos “cumplen con requisitos y autorizaciones en ley”, son fuertes en inversión y contribuyen de forma imporante en la creación de empleos, por lo que una interrupción en sus operaciones “atenta contra el derecho de empleo de los trabajadores y deja de generar energía para todo el país”.

“Este es un mensaje para las cortes de justicia, el Organismo Ejecutivo y Legislativo, están electos y fueron nombrados para cumplir con la responsabilidad de responder al pueblo de Guatemala y de actuar con muchísima rectitud. También para tomar decisiones apegadas a derecho y considerando qué es lo mejor para el país”, finalizó González-Campo.

EL COMUNICADO DE PRENSA COMPARTIDO POR CACIF

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Puede ver toda la conferencia aquí.

http://ager.org.gt/cacif-se-pronuncia-sobre-los-impactos-socioeconomicos-a-nivel-nacional-de-las-decisiones-de-las-cortes-convenio-169-de-la-oit/#

Aprueban convenio 175 de OIT

El Convenio 175 de la OIT fue ratificado por el pleno del Congreso, el cual establece los estándares para el empleo a tiempo parcial y que se basa en los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Dicho convenio no afecta las disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores a tiempo parcial en virtud de otros convenios internacionales de trabajo.

Ordena que deben adoptarse medidas para asegurar a los trabajadores a tiempo parcial que reciban la misma protección de la que gozan los trabajadores de tiempo completo en lo relativo a derechos sindicales, de seguridad y salud en el trabajo.

Establece que el país deberá tomar medidas en materia legislativa para asegurar que los trabajadores de tiempo parcial no perciban un salario que calculado proporcionalmente sea inferior al salario base de los trabajadores de tiempo completo que estén en una situación comparable.

Otro beneficio es que tendrán que generarse condiciones para que los trabajadores de tiempo parcial tengan protección a la maternidad, terminación de la relación de trabajo, vacaciones anuales pagadas, asuetos pagados y licencias por enfermedad.

También deben generarse condiciones para que el traslado de un trabajo de tiempo parcial a uno de tiempo completo o viceversa sea voluntario y de conformidad con la legislación y prácticas nacionales.

En total fueron 102 legisladores quienes dieron vida jurídica al decreto 2-2017 que ratifica ese punto de la OIT suscrito en Ginebra el 24 de junio de 1994.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/aprueban-convenio-175-de-oit