Vengo del futuro de las pensiones y no es promisorio

El sistema de pensiones de Chile, que sirvió de modelo para otros, incluido el de México, ha ocasionado malestar porque no ha dado los resultados que se esperaban de él. De este fracaso se extraen lecciones que deberíamos atender.

El 24 de julio, la coordinadora nacional de la organización chilena No+AFP (No más administradoras de fondos de pensiones) hizo un llamado para conmemorar las dos marchas multitudinarias del año pasado, cuando más de un millón de personas salieron a la calle a demandar el fin de las administradoras de fondos de pensiones (lo que en México serían las AFORES, administradoras de fondos para el retiro). No+AFP reclama que:

El nuevo sistema de pensiones, reformado durante la dictadura (1981), prometió pensiones con tasas de reemplazo (el porcentaje del último salario recibido) del 70%, pero en realidad estas apenas alcanzan al 30% para los hombres y 22% para las mujeres.
El 80% de los jubilados recibe pensiones de menos de 150 mil pesos chilenos (unos 228 dólares).
Proyecciones de la Comisión Bravo[1] señalan que en los próximos diez años, más del 50% de las pensiones pagadas a quienes coticen entre 25 y 33 años tendrán tasas de reemplazo cercanas al 20%.
dff

Yo llegué a Santiago de Chile un par de días después de la marcha. Todavía en los alrededores de la Plaza de Armas y el Palacio La Moneda alcancé a ver un par de volantines amarillos olvidados por los manifestantes y charlé con un par de chilenos que, afines a los posicionamientos de No+AFP, compartieron conmigo sus preocupaciones sobre un sistema de pensiones que la propia presidenta Bachelet ha calificado como “sencillamente inviable para responder a las demandas actuales, y mucho menos futuras de la población”, “[con] pensiones comparativamente bajas, discriminatorias en términos de género y evaluadas como insuficientes por la información”.

“¿Quieres saber la güebá más grande?” –me preguntó uno de los jóvenes chilenos con los que hablé y que desde ya asume que será un mendicante cuando sea viejo, porque entre el outsourcing y el freelance, de los que vive, jamás podrá ahorrar dinero suficiente para retirarse ni podrá cumplir con los requisitos exigidos para pensionarse– “¡Qué fuimos el ejemplo a seguir de Latinoamérica!” Y lo fueron.

Uno de los más fervientes impulsores del sistema de las AFP chilenas fue José Piñera, hermano del expresidente. En un ensayo publicado por The Cato Institute en 2000, se complace de que la reforma al sistema de pensiones haya sido tan exitosa y haya alentado a siete países latinoamericanos, México incluido, a privatizar sus sistemas de pensiones siguiendo el modelo chileno.

Aunque el sistema chileno no es exactamente igual al mexicano, hay lecciones que al parecer no estamos pudiendo o queriendo ver. Hace un par de años, en una conferencia de prensa, Julio Méndez, el CEO de OLD Mutual, una empresa financiera enfocada en inversiones, seguros, ahorro y pensiones, dijo que de cada 100 personas que en ese entonces tenían 30 años, al cumplir 65 años (la edad de retiro), 61% dependerá económicamente de sus familiares, amigos o de la caridad; 4% será económicamente independiente, 1% será rico; 29% habrá fallecido y 5% seguirá trabajando.

¿Datos más recientes? Este martes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) presentó un documento de trabajo dedicado a la “trayectoria salarial”, la forma en la que evoluciona el salario durante la carrera laboral de trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones. En un sistema de pensiones como el de México, los beneficios que recibirán los pensionados del futuro (todavía no se jubila la primera generación de la reforma de 1996) dependen del saldo acumulado en la AFORE al momento de la jubilación. Este saldo está íntimamente relacionado con el salario que percibe el trabajador a lo largo de su carrera laboral. Los resultados muestran que los hombres son quienes tienen “carreras salariales más favorables” y con ello logran mayores saldos acumulados y pensiones más altas. Esto, de acuerdo con la CONSAR, se traduce en que, en promedio, “los hombres acumularían un saldo pensionario al retiro 14% mayor que el de las mujeres”. Pero como las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, tendremos que financiar más años de pensión con un menor saldo acumulado. “Acumulando ambos efectos –carreras salariales y mayor esperanza de vida–, en promedio las pensiones de los hombres serán 22% mayores que las de las mujeres”.

Nuestro sistema de pensiones acaba de cumplir veinte años. Chile nos lleva otros veinte de experiencia con un sistema similar, que ya se ha mostrado ineficiente. Hay un desastre anunciado que todavía podemos evitar.

[1] El nombre oficial de la Comisión Bravo es “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones”. David Bravo es el economista que la preside. En septiembre de 2015 entregó su informe final. Antes de esta Comisión existió, en 2006, la Comisión Marcel. Mario Marcel, hoy gobernador del Banco Central de Chile, fue la cabeza del Consejo para la Reforma Previsional del primer gobierno de Michelle Bachelet.

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/vengo-del-futuro-las-pensiones-y-no-es-promisorio

La soledad del cuentapropista

María tiene 28 años y trabaja medio día en un hotel boutique de Buenos Aires. Para pagar el alquiler, los gastos de transporte y su seguro médico, se ofrece como cuidadora de adultos en una plataforma colaborativa. Como los dos trabajos no alcanzan para mantenerla libre de deudas, los viernes y sábados a la noche, hace turnos de cuatro horas como conductora de Uber. Cuando puede, alquila su departamento a turistas y se va a vivir un tiempo a lo de sus padres. Le gustaría volver a la universidad para terminar Sociología, pero no tiene ni el tiempo ni el dinero. Además, a sus compañeros que terminaron la carrera no les va mucho mejor.

No te pierdas otra visión sobre la economía compartida: ‘¿Se está uberizando el mercado laboral?‘.

María nunca se atrasa con el alquiler, pero la idea de comprar un departamento, incluso uno más pequeño o menos céntrico, es remota. A veces, cuando se enferma o el clima no ayuda, pierde horas de trabajo y pide prestado a la tarjeta; lleva meses desandar esa deuda.

María está siempre cansada. No se ha tomado vacaciones en su vida adulta. Podría mudarse más lejos, pero perdería horas de transporte y cobraría menos de alquiler, con lo que el ahorro sería escaso. Se siente un poco más pobre cada año, aunque es posible que sea sólo el efecto de la edad. La flexibilidad se da bien con la juventud, pero envejece mal.

María trabaja, pero no es una trabajadora en el sentido formal. Para el hotel es un costo variable; para los clientes, un nombre y una foto; para las plataformas, una contratista independiente. Trabaja más horas que un empleado de clase media, pero no cobra extras al 150%, no suma días de enfermedad y vacaciones, no tiene indemnización y seguro de desempleo.

El post empleo

¿Debemos ver al nuevo cuentapropismo como un síntoma de precarización, aceptarlo como parte de nuestro futuro, y adaptar nuestros regímenes tributario y laboral para desprecarizarlo? La repuesta a esta pregunta es hoy el centro de un callado debate.

En un informe reciente solicitado por el gobierno del Reino Unido, titulado (ironía inglesa) Buen Trabajo, un equipo liderado por Matthew Taylor repasa la situación de los cuentapropistas británicos: falta de vacaciones pagas, o de licencias por enfermedad y paternidad, y en muchos casos ingresos por hora inferiores al salario mínimo. La economía colaborativa implica acostumbrarse a una vida de menores costos fijos, mayores ahorros y escaso acceso al crédito, sin vacaciones ni licencias. El informe recomienda asimilar regímenes (por ejemplo, extender el salario mínimo al trabajo eventual o remunerar al 125% las horas sueltas), aunque elude un tema central: la renuencia de las plataformas colaborativas a ser consideradas empleadores (y a pagar cargas sociales).

La economía colaborativa implica acostumbrarse a una vida de menores costos fijos, mayores ahorros y escaso acceso al crédito, sin vacaciones ni licencias.

Así, el nuevo cuentrapropismo pone en primer plano la tensión central de la política laboral moderna, entre protección laboral y seguridad del ingreso. Más precisamente, entre la estabilidad de la relación laboral y la fortaleza de la red de seguros, servicios públicos y formación profesional que protege el bienestar del trabajador desplazado y asegura que vuelva rápidamente a la actividad. La regla es simple: a mayor flexibilidad laboral, mayor seguridad de ingreso, y viceversa. En este sentido, el cuentapropismo es una excepción: mucha flexibilidad, poca seguridad.

Proteger al trabajador

Hay que proteger al trabajador, no al empleo. Pero, ¿de qué protección hablamos? La respuesta inmediata suele ser “capacitación para la reconversión laboral”, pero sus resultados son, en el mejor de los casos, mixtos. El reentrenamiento de adultos no es sencillo en un mundo de tecnología exponencial y demandas cambiantes. Y la educación no siempre genera su propia demanda: en un estudio reciente (pendiente de publicación) acerca del descalce de calificación en la Argentina, Martín González Rozada y un servidor mostramos cómo el aumento de la escolarización en los años 2000 coincidió con el aumento de la sobreeducación. ¿Una versión moderna del síndrome del ingeniero manejando un taxi? ¿Hasta dónde la compresión de la prima educativa en América Latina responde a una sobreoferta de formación?

El reentrenamiento de adultos no es sencillo en un mundo de tecnología exponencial y demandas cambiantes. Y la educación no siempre genera su propia demanda.

Por eso, la protección del trabajador incluye aristas adicionales: transferencias a los trabajadores de bajos ingresos y subsidios a la educación de los hijos, generosos seguros de desempleo, y políticas laborales activas que reduzcan el costo de buscar trabajo, o la distancia entre el trabajador y la empresa, con información y certificación profesional. A la lista anterior, válida para un trabajador asalariado, el nuevo cuentapropismo le añade un desafío: extender los beneficios laborales a estos empleados sin empleo, asociando beneficios (obra social, seguro de desempleo y de enfermedad, ahorro estacional en reemplazo de vacaciones y aguinaldo) no al empleo sino al trabajador, como en el tradicional “modelo austríaco”.

Es probable que, en el futuro tengamos menos asalariados y más trabajadores a demanda, de tiempo parcial, o por proyecto; hoy es el momento de pensar las reformas inclusivas necesarias para que las nuevas modalidades no reproduzcan una precariedad preindustrial. Hasta entonces, el cuentapropista seguirá siendo un corredor solitario.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/08/02/la-soledad-del-cuentapropista/

Trabajadores cotizarían más y ahorrarían menos con la nueva propuesta de pensiones del gobierno

El gobierno desistió de su primera propuesta de reforma de pensiones que desmantelaba el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y presentó una nueva, que les permitiría mantener la administración de los ahorros de los trabajadores. Esta nueva propuesta aumentaría la cotización de los trabajadores y reduciría a la mitad el aporte a las cuentas individuales con que se construye las pensiones.

ElFaro.net / Publicado el 19 de julio de 2017

El gobierno está negociando una nueva propuesta de reforma al sistema previsional que mantendría la administración de los fondos de pensiones en manos del sector privado, pero que aumentaría el aporte que los trabajadores deben hacer al sistema, mientras que reduciría a casi la mitad el monto de la cotización que se destinaría a las cuentas de ahorro individuales.

La propuesta, que aliviaría a corto plazo las obligaciones de deuda del gobierno, también contempla quitar a los trabajadores la mitad de todo lo ahorrado hasta ahora, y esos aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares formarían parte del fondo para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.

Aparte de esta propuesta hay otras tres en manos de la Asamblea Legislativa, una de ellas presentada por el sector privado -incluidas las administradoras de fondos de pensiones-, otra por el partido Gana, y una cuarta por dos economistas apoyada por sindicatos de trabajadores.

La diputada Lorena Peña, del FMLN, anunció esta semana en su cuenta de Twitter que la nueva propuesta del gobierno, remitida por la Presidencia de la República vía Ministerio de Hacienda, ya se puede consultar en la página de la Asamblea Legislativa.

El documento suscrito por el ministro Carlos Cáceres plantea subir la cotización para pensiones de un 13 % a un 15 % del salario. Del 13 % actual, el trabajador aporta el 6.25 % y el empleador un 6.75 %. El anteproyecto contempla aumentar en un punto el aporte que hacen trabajador y empleador, y de esa manera se llega al 15 %.

El sistema vigente de pensiones data de 1998, cuando se privatizó y se creó las administradoras de fondos de pensiones, que iban a cobrar una comisión por el manejo de cuentas individuales de los cotizantes. La virtud presunta del sistema privado, según lo prometió el gobierno de Armando Calderón Sol, estaba en que finalmente el cotizante iba a tener protegidos sus ahorros para la jubilación y que el monto de su pensión iba a depender, esencialmente, de la capacidad de ahorro de cada quien.

El sistema, sin embargo, fue incapaz de generar una rentabilidad importante para los trabajadores debido a las restricciones de inversión que se impuso a las AFP, y se volvió insostenible porque cada año tenía que responder a una obligación mayor de pago de pensiones a los jubilados. Desde 2016 el gobierno se ha visto ante la inminencia de no poder pagar las pensiones, y por eso ha estado intentando reformar el sistema con urgencia. Solo en 2017, la estimación de pago de pensiones es de más de 600 millones de dólares, pero esta suma crece cada año.

La nueva propuesta llegó después de que el anteproyecto inicial fuera rechazado por todos los partidos políticos y el FMLN se quedara sin respaldo para echar a andar un sistema mixto en el que el gobierno iba a administrar una buena parte del fondo de pensiones. Este es uno de los puntos de giro en el documento que ha llegado a la Asamblea Legislativa.

En el sistema vigente, del 13 % del salario que se convierte en tasa de cotización, el 10.8 % se destina a la cuenta individual de ahorro. En la nueva propuesta gubernamental, ese destino se recortaría a casi la mitad, pues solo el 5.5 % se iría a las cuentas manejadas por las AFP.

Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea, dijo en su cuenta de Twitter el martes 18, que según esta segunda propuesta del gobierno, “el ahorro pasaría del 10.8 al 13.5 %”. Esa declaración podría engañar a quienes crean que se incrementaría el aporte a las cuentas individuales. Y no es así. Ese 13.5 % surge de sumar el 5.5 % que sí iría a la cuenta de la persona cotizante, y un 8 % adicional que iría a engrosar el fondo para pagar pensiones de los ya jubilados y, si el sistema marcha bien, para mantener nutrido un fondo que eventualmente garantice el pago para los pensionados del futuro.

El gobierno promete que, del aporte que cada cotizante haga el fondo colectivo, cuando se jubile se tomará una parte proporcional a lo que haya entregado a dicho fondo para sumarlo al valor de la pensión construida con la cuenta individual. “Las instituciones administradoras llevarán un registro donde se acrediten las cotizaciones y aportaciones que individualmente hayan realizado los afiliados al sistema”, dice el artículo 24. Y el artículo 131 establece que la pensión se va a calcular dependiendo de lo aportado en la cuenta de ahorro individual y a partir del saldo aportado al fondo colectivo.

En la nueva propuesta hay una omisión importante: no precisa el monto de la comisión que cobrarían las AFP por administrar tanto las cuentas individuales como el fondo colectivo. Por ahora, se llevan un 1.255 % del salario, y en el régimen que lanza a debate el gobierno solo se hace alusión a un 1.5 %, pero esa proporción incluiría tanto el pago de la comisión como el pago por un contrato de seguro de invalidez.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén renunció, entonces, a su pretensión original de crear un instituto nacional de pensiones que iba a fundarse con un capital inicial de 4 mil 700 millones de dólares sustraídos de las cuentas individuales de los trabajadores. Ese sistema, según expuso en El Faro Radio la diputada Lorena Peña en su momento, iba a tener una sostenibilidad de apenas unos 10 años, al cabo de los cuales iba a ser indispensable un nuevo modelo.

¿Qué sucedería con el salario mensual de los cotizantes si se aprueba lo que propone el gobierno? Con el sistema vigente, por ejemplo, un trabajador de maquila que gana 300 dólares aporta 18.75 dólares y el empleador 20.25 dólares. Con el régimen propuesto, trabajador y empleador incrementarían su aporte en tres dólares cada uno.

El nuevo anteproyecto de reforma tiene por título “Sistema de Ahorro Individual y Colectivo”, y requiere del respaldo mínimo de 43 de los 84 diputados para convertirse en ley. Gana, PCN y PDC rechazaron el sistema mixto que impulsaba la administración anteriormente. El nuevo, coincide con la propuesta del sector privado en cuanto a la creación del fondo colectivo.

La creación de este fondo aparece en la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, un organismo en que participan la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), las AFP Confía y Crecer, y Contradefop, un organismo de trabajadores cercanos al sector privado.

La ICP y el gobierno también coinciden en que el sector empleador aporte un punto más de cotización.

En una entrevista que el abogado Enrique Anaya, miembro de ICP, brindó a El Faro en junio pasado, relató lo difícil que fue que la ANEP aceptara que los empleadores aportaran un punto más a la cotización en la propuesta de ICP. “Para que fuera posible convencerla fue durísimo porque acababa de ser el aumento al salario mínimo. Te imaginás decirle: les acaban de pegar un porrazo con el salario mínimo y ahora les traemos una propuesta en la que ustedes van a pagar un 1 % más. No, están locos…”, dijo Anaya.

La nueva propuesta incluye un punto que va en el camino de corregir algunos defectos del sistema actual, pues ahora mismo hay personas que se jubilaron con pensiones de más de dos tercios de su último salario devengado. Esto contrasta con las pensiones que está obteniendo quienes se están jubilando en este momento, que solo pueden aspirar a obtener alrededor de un tercio de su salario último. El gobierno propone un límite para las pensiones: no podrán ser mayores a 2 mil dólares, independientemente del salario de la persona retirada. El proyecto de Hacienda, sin embargo, no establece si este artículo se aplicaría retroactivamente, y tampoco deroga los decretos 100 y 1217 que permitieron que existan pensiones altas -que según el ministro de hacienda Carlos Cáceres pueden considerarse como pensiones VIP-, que no se corresponden con lo aportado y que fueron concedidas a cerca de 160 mil trabajadores -conocidos como optados- que cotizaron en el sistema público, pero que se pasaron a una AFP.

Este techo de 2 mil dólares para las pensiones solo aplicaría a 19 mil personas -de los 160 mil trabajadores- que son considerados como optados, que verían reducida su pensión si esta asciende a más de 2 mil dólares.

Dos fuentes de la Asamblea Legislativa que acordaron hablar bajo condición de anonimato y que tuvieron conocimiento de las negociaciones afirmaron que el desistimiento del gobierno de su intención de arrebatarle la administración de buena parte del fondo de pensiones a las AFP se debió a que se tornó imposible convencer a los partidos minoritarios de derecha (Gana, PCN y PDC). El pasado 13 de julio, el diputado Mario Tenorio, de Gana, fue consultado si su partido apoyaría la reforma anterior que promovía el gobierno. “Que el FMLN sueñe con que se va a aprobar esa propuesta. Nosotros no la apoyamos”, afirmó.

El Sistema de Ahorro Individual y Colectivo -al igual que el sistema mixto que promovió anteriormente el gobierno y al igual que la propuesta de la ICP- fue diseñado para disminuir la carga que representa para las finanzas del gobierno el pago de las pensiones en curso. Al igual que las propuestas anteriores, no propone nada para resolver dos problemas fundamentales del sistema previsional actual: ni mejoraría la cobertura ni ofrece conjurar el peligro de que muchas personas terminen con pensiones de miseria.

Actualmente el fondo de pensiones tiene poco dinero, debido a que desde el año 2006 las AFP han usado el 60 % del fondo para comprar títulos del Estado y con eso se ha pagado pensiones desde ese año. En su nueva propuesta, el gobierno establece que una vez sea aprobada, el 50 % del fondo se va a transferir al Estado a través de la entrega de estos papeles al gobierno, con lo cual el gobierno anularía una parte de su deuda previsional.

Con la reforma, las pensiones que paguen las AFP van a seguir dependiendo de lo que cada trabajador aporte mes a mes al sistema de pensiones, por tanto coloca en riesgo a los trabajadores debido a que un volumen mayor de los ahorros va a ser usado para atender necesidades urgentes. Más ahorros de los trabajadores van a ser usados para atender el pago de las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP, un compromiso que este año alcanza los 607.15 millones de dólares.

A pesar de que se crea un fondo colectivo, al que van a aportar todos los trabajadores, el gobierno va a mantener el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales creado en 2006 y el 50 % del fondo de pensiones que se acumule en las cuentas de ahorro individual va a ser obligatoriamente invertido en la compra de Certificados de Inversión Previsional. “Los Certificados de Inversión Previsionales emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales tendrán un límite máximo de 50 % de los fondos de pensiones”, dice el artículo 16.

Esto es cinco puntos por encima del techo actual. El límite tiene el propósito de evitar la concentración de la inversión de los fondos de pensiones para reducir riesgos.

Aún con el aumento del porcentaje de cotización, con la creación del fondo colectivo y con el incremento del techo del fondo de pensiones que puede usarse para comprar Certificados de Inversión Previsional, el gobierno no va a lograr cubrir el pago de las pensiones en curso. Para complementar estos pagos, el artículo 116-A contempla en uno de su literales la creación de una subvención anual.

El gobierno va a fijar en el presupuesto que cada año debe apartar “hasta” el 5% de los ingresos corrientes netos  -que para este año equivale a 235 millones de dólares- de cada ejercicio fiscal para afrontar el pago de las pensiones y aún así no va a lograr cubrir el pago de las pensiones sin recurrir a deuda. Entre el año 2018 y el 2050, deberá prestar una cifra que va a variar entre 2 millones de dólares hasta llegar a un monto de 528 millones de dólares en 2050.

La nueva reforma traslada las obligaciones a los futuros gobiernos. A partir del año 2030, las cuotas que va a pagar el gobierno comenzaran a aumentar drásticamente. En ese año, le va a faltar 160 millones de dólares; en 2040, 311 millones de dólares y en 2050 alcanzará su punto máximo de 528 millones de dólares. A partir de ese momento, las cuotas -que se van a financiar con emisión de deuda- bajarán debido a que se espera que -debido a la esperanza de vida de los pensionados- habrá disminuido de forma considerable la población jubilada.

 

https://elfaro.net/es/201707/el_salvador/20548/Trabajadores-cotizar%C3%ADan-m%C3%A1s-y-ahorrar%C3%ADan-menos-con-la-nueva-propuesta-de-pensiones-del-gobierno.htm

Trabajadores pueden verificar en sitio de internet del IGSS si patronos han pagado sus cuotas

A partir de esta semana los trabajadores, afiliados al IGSS, pueden verificar en el sitio electrónico de ese ente si el patrono para el cual laboran ha pagado sus cuotas.

El sitio es el www.igssgt.org  y para hacer la consulta debe ingresar al enlace denominado cuotas en la pantalla principal.

Luego se debe colocar el Código Unificado de Identificación (CUI) que es el mismo del Documento Personal de Identidad (DPI), y aunque hay un espacio que pide el dato del número de afiliado este ya no es necesario.

Si la persona es afiliada al IGSS antes del 2012, debe tener en cuenta que no se desplegará todo su historial sino que el sistema está actualizado desde la fecha en que la empresa o patrono se adhirió al sistema de  planilla electrónica de ese ente.

Dicho sistema se oficializó en el año 2012, pero las empresas se adhirieron en forma paulatina asì que aparecerá en los años posteriores.

http://www.prensalibre.com/economia/trabajadores-pueden-verificar-en-sitio-de-internet-del-igss-si-patronos-han-pagado-sus-cuotas

Lo que callamos los vividores del conflicto

Lo que callamos los vividores del conflicto
Publicado Por Soledad Rodríguez el 25 04 2017
Las condiciones existenciales de los asalariados hoy en día revisten casi las mismas características en todo el orbe (nada alentadoras, por cierto); condiciones intrínsecas del modelo económico imperante, que busca el mayor rendimiento y ganancia a través de la explotación exhaustiva y eficaz de la fuerza de trabajo.

Fotografía de Lozano
Hablaré de la situación laboral dentro de las oenegés que han ganado terreno a través de dos grandes vacíos que el Estado no ha podido o no quiere resolver: la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Las oenegés no están exentas de las relaciones de explotación del régimen capitalista y, de hecho, muchas de estas organizaciones se jactan de la similitud (en términos administrativos) con las empresas ordinarias.
Las oenegés son esas entidades que se encargan de redistribuir la beneficencia del primer mundo entre los pobres de la periferia mediante proyectos más o menos sustentables… Pero ese es tema para otro artículo. Esta reflexión gira en torno a mi propia experiencia dentro de una organización no gubernamental, sin interés de hacer generalizaciones; aunque es evidente que muchos de los aspectos negativos enumerados aquí podrán verse reflejados en otros espacios, sea dentro de oenegés enfocadas en otras áreas, en la burocracia estatal, o en la empresa privada.
Trabajé ocho años para una oenegé dedicada a la defensa de derechos humanos violentados durante el mal llamado Conflicto Armado Interno (se sabe que de hecho fue una guerra sucia y una guerra de exterminio). Con el paso del tiempo el trabajo que se realizaba dentro de esta organización fue asemejándose a una maquila. Al final del día la “eficacia” de cada trabajador, debía reflejarse en el número total de “producto” que entregaba, esto es, la cantidad de personas atendidas y víctimas de violencia registradas.
La calidad del trabajo disminuyó considerablemente con el paso del tiempo. En los últimos años esta organización tuvo a bien contratar personas poco calificadas pero eficientes en el cumplimiento de órdenes sin cuestionar (deshaciéndose del personal calificado pero “problemático”, ¿pensante, acaso?).
Además era moneda común exponer al personal a trabajo excesivo por tratarse de “empleados de confianza”. Muchos de nosotros pasamos largas temporadas en trabajo de campo, con todo lo que esto implicaba: vivir en comunidades lejanas por períodos considerables, dejando de lado nuestra vida cotidiana, familia, amigos, y demás. Cuando por fin llegabas a la oficina, la cosa era hacer el trabajo de escritorio lo más rápido posible porque ya estaba programada otra salida a campo.
El tema que esta organización desarrolla es de gran impacto para los involucrados —después de mucho tiempo de trabajar con temas relacionados a la violencia se suele normalizar ciertos aspectos— y el desgaste físico y mental representaba al final del mes un deterioro en términos existenciales de la vida de los trabajadores, precarizando sus relaciones familiares y cotidianas, regalándoles una cuota significativa de padecimientos psicosomáticos a los que se les pone poca atención pero que tarde o temprano terminan cobrando factura.
Este estado es conocido en el medio anglosajón como el síndrome de burnout, y en español como síndrome del desgaste profesional*. No obstante, para los directivos, esto estaba relacionado con la mediocridad de los trabajadores que tienden a hacer un mal trabajo cuando están “bajo presión”, condición, por cierto, de cualquier trabajo de hoy en día.
Uno de los argumentos que escuché más de una vez a mis jefes inmediatos cuando se les hacía reclamos por mejoras salariales (por la carga de trabajo y de exigencias frívolas) era que debíamos estar agradecidos porque el de nosotros era un trabajo excepcional, que muy pocas gentes tenían oportunidad de realizar y que seguramente en un McDonald’s sí tendríamos motivos verdaderos para quejarnos. Lo único importante era la cantidad de registros logrados al cierre de cada proyecto, pues de eso dependía el financiamiento de los donantes para los años subsecuentes, o sea nuestra buena fortuna de tener un trabajo estable…
Los espacios destinados dentro de esta organización para atender el desgaste físico y emocional de los trabajadores, eran espacios mal dirigidos, sin personal cualificado para tal fin. Terapias grupales tan necesarias para resolver los conflictos acumulados con el paso de las semanas o meses, eran solventadas con fiestas institucionales que —no hace falta decir — contribuían momentáneamente al desfogue de las diferencias y rencillas entre colegas, pero eran inútiles para resolver los problemas de fondo que resurgían cada cierto tiempo.
Por otro lado, son varios los ejemplos dentro de estas organizaciones donde los directivos buscan el beneficio personal, y no sólo porque los sueldos que reciben pueden equipararse a los de altos funcionarios del gobierno (injustificados en casi todos los casos).
Estos directivos aducen que sus salarios exorbitantes se justifican porque ellos consiguen los fondos económicos con los que la cosa funciona. Disponen además de los recursos destinados para el trabajo que se realiza (automóviles, viáticos, viajes, capacitaciones que pudieran y debieran ser para los trabajadores) y al paso, también favorecen a familiares y amigos que, aunque no tengan las credenciales y el conocimiento suficiente, llegan a puestos clave. Hemos visto en Guatemala cómo esta clase de corrupción puede desembocar en casos trágicos como el del macabramente nombrado Hogar Seguro.
La corrupción en este sentido quizá no tenga desenlaces trágicos y deleznables como el anteriormente citado, pero sí contribuye a un deterioro en el ambiente laboral y el trabajo que se realiza.
En estas organizaciones es prácticamente imposible subir de puesto por la experiencia acumulada a través de los años o los estudios realizados. Constantemente se ve subir de puesto a los amigos de turno, a las novias, o a los familiares de los directivos, pero siempre se tiene garantizado para los empleados que no entran dentro de estas categorías, el puesto de empleado de confianza.
Se exhorta a los trabajadores a dar siempre un poco más, apelando a la importancia del trabajo que se realiza, al impacto que tendrá en la vida del país el fortalecimiento de los derechos humanos (basta mencionar la cantidad de casos trabajados que llegaron a cortes penales internacionales y nacionales, con condenas para los implicados en delitos contra la humanidad en épocas de la guerra). Para muchos de nosotros la satisfacción de estos resultados fue un incentivo importante para continuar con el trabajo por varios años.
Cuando los trabajadores de estas oenegés se vuelven incómodos para los directivos, que generalmente sucede al evidenciar la corrupción y mediocridad, ellos juegan la carta de los despidos indirectos, o sin mucho papeleo los despidos a secas. Para muchos, salir por nuestro propio pie fue necesario para mantener la salud mental, luego de una constante decadencia.
Una malaventura para quienes han trabajado en oenegés es que el importante número de años trabajando exclusivamente para la misma organización tiene poca relevancia en las exigencias curriculares de los trabajos ofertados hoy en día; se vuelve más bien un obstáculo para optar a otros empleos, sin mencionar la edad que en promedio se tiene para entonces. Para muchos el siguiente paso será el freelanceo, diversificarse o morir de hambre en el intento.
Por supuesto estas críticas casi nunca salen del círculo inmediato de quienes las han vivido, porque se cree erróneamente que pueden usarse en contra de los procesos, frágiles aún, que han costado muchos años de lucha para reivindicar a las víctimas de la guerra, pudiendo ser aprovechadas por aquellos que ven “vividores del conflicto” en cada esquina.
El fantasma del desempleo condiciona a los que continúan laborando en dichas organizaciones a lavar la ropa sucia en casa, por lo menos a los que tienen conciencia de la corrupción imperante dentro de estas organizaciones. Por lo general son también quienes las han formado teniendo puestos ejecutivos, siendo muchos de ellos profesionales valiosos pero que para no ser víctimas del temido desempleo o de pasar a engrosar las filas en Guatemala con un salario que no supera los seis mil quetzales, optaron por llevar la fiesta en paz: ver, oír y callar.
En síntesis, debemos notar: primero, cómo los espacios que otrora se creían a salvo de las prácticas negativas del actual sistema económico, no lo son más, si es que en algún momento lo fueron; segundo, la situación existencial actual de los trabajadores en general; por último, el problema grave del desempleo de las capas medias escolarizadas a nivel universitario, donde son pocos los que logran ejercer su profesión. Por otro lado, el tema de la corrupción aquí señalada me parece algo más bien inherente a las relaciones sociales; difícil rastrear ejemplos históricos libres de este flagelo, pero en fin, es lo que hay…
*El síndrome de burnout, fue detectado primero en el medio de los profesionales de salud y de trabajadores sociales por el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien lo describió por primera vez en 1973. Aparece como resultado de una demanda excesiva de energía vinculada al contexto económico, social y laboral en el cual surge. [Thomaé 2006] Tiene como consecuencias un deterioro en las relaciones interpersonales, desgaste o pérdida de la empatía y diversos síntomas emocionales y físicos tales como depresión, insomnio crónico, graves daños cerebrales o cardiovasculares.

http://barrancopolis.com/lo-que-callamos-los-vividores-del-conflicto/

“En julio llega la tormenta perfecta: sin dinero para pagar al fondo de pensiones ni las pensiones”

Enrique Anaya es un abogado que habla desde la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, un organismo en que coinciden Fusades, ANEP y las AFP, y que tiene una propuesta de reforma de pensiones alterna a la del gobierno. Anaya identifica tres momentos críticos inminentes: en julio y en octubre el gobierno no tendrá para pagar el dinero de fondos de pensiones que ha tomado prestado, y en agosto no tendrá para pagar las pensiones de los jubilados. A menos que se vuelva a recortar partidas presupuestarias de algunos ministerios -como ya se hizo en abril- o que, finalmente, gobierno y oposición pacten la reforma previsional que han sido incapaces de dibujar a lo largo del último año.

ElFaro.net / Publicado el 25 de junio de 2017

La segunda semana de julio, el gobierno está obligado a hacer pagos que suman 47 millones de dólares en concepto de amortización e intereses al fondo de pensiones. De no hacer estos pagos, El Salvador caería en impago y las calificadores de riesgo castigarían con una menor nota que haría muy difícil adquirir dinero en el mercado internacional. Al problema del impago se sumaría que AFP Confía va a alcanzar en julio el límite legal del 45 % que puede prestarle al gobierno por medio de la compra de títulos -los certificados de inversión previsional, CIP- con los que se financia el pago de las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP.

Si se juntan los dos problemas, sería la tormenta perfecta, dice Enrique Anaya, un abogado que representa al Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Contradefop). En 2013, Anaya presentó un recurso a la Sala de lo Constitucional para que se declarara inconstitucional los artículos de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que fuerzan a las AFP a usar el 45 % de los fondos de las cuentas de ahorro de los trabajadores para comprar títulos del Estado, porque el Estado paga a cambio una baja tasa de interés que coloca en riesgo de pobreza durante la vejez a los trabajadores. La Sala de lo Constitucional no anuló esta obligación, pero en diciembre de 2014 ordenó al Estado pagar una mayor tasa de interés.

Anaya identifica el origen del riesgo de impago y del no pago de pensiones en cómo se aprueba el presupuesto cada año en la Asamblea Legislativa. Por este motivo, promovió en abril una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto 2017 en la que señala que hubo partidas que se aprobaron con mil dólares, insuficientes para asumir los gastos que el Estado tiene previstos este año. En la demanda, argumenta que la Ley de Presupuesto vulnera el principio de equilibrio presupuestario contenido en el artículo 226 de la Constitución de la República, porque omitió gastos que ascienden a 430 millones de dólares (el 8.8 % del presupuesto): de ese total no están incluidos 52 millones para las pensiones de los miltares -que se hace con una transferencia al IPSFA- ni el pago de intereses y amortización al fondo de pensiones que suma 230 millones de dólares.

Anaya forma parte de la Iniciativa Ciudadadana para las Pensiones (ICP), un espacio en el que están representados la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y algunos sindicatos. La ICP promueve una reforma de pensiones que busca evitar la propuesta de reforma del gobierno. El sistema mixto que promueve el gobierno plantea la creación de un pilar de reparto administrado por el Estado, a lo cual se opone la ICP, aunque en su propuesta también incluye crear un pilar de este tipo -llamado RPV- pero que continúa siendo administrado por las AFP.

 Enrique Anaya es miembro de la ICP, una iniciativa de la empresa privada, las Aseguradoras de Fondos de Pensiones y sindicatos, que promueve una reforma de pensiones alternativa a la que propone el gobierno. Se oponen al sistema mixto del gobierno, al cual califican como confiscatorio. Foto: cortesía de la ICP

Enrique Anaya es miembro de la ICP, una iniciativa de la empresa privada, las Aseguradoras de Fondos de Pensiones y sindicatos, que promueve una reforma de pensiones alternativa a la que propone el gobierno. Se oponen al sistema mixto del gobierno, al cual califican como confiscatorio. Foto: cortesía de la ICP

I) En riesgo devolución de ahorros de pensiones

En lo que resta de 2017 el gobierno tiene que afrontar dos momentos en que deberá devolver el dinero que ha tomado del fondo de persiones más los intereses correspondientes, con el problema de que por ahora no tiene fondos para cumplir el compromiso. Ya en abril de este año el gobierno cayó en impago debido a que no pudo cancelar 28.8 millones de dólares en concepto de intereses y de capital que las administradoras de fondos de pensiones habían invertido en certificados de inversión previsional. Cuando acabó el mes, la deuda superaba los 50 millones de dólares y las calificadoras degradaron a El Salvador para ponerlo a la par de Venezuela, Congo y Grecia. Para salir de la emergencia, el gobierno tomó 56 millones de los presupuestos de Educación, Salud, Seguridad y de otras instituciones, pero el problema no está resuelto: en julio debe pagar otros 47 millones de dólares de intereses y capital por el mismo concepto, y por ahora ha conseguido solo 33 millones, gracias a recortes a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones y a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Aún debe obtener 14 millones más. Y estos parches no podrán evitar que la primera semana de octubre tenga que pagar otros 81.7 millones de dólares que tampoco tiene en su bolsillo.

Usted afirma que estamos cerca de un nuevo impago. ¿Cómo se llegó a esta situación?
El impago es el no pago de los intereses y de la amortización de capital que el gobierno debe hacer cada trimestre por los certificados de inversión previsional (CIP) ya emitidos desde 2006 a la fecha. (Los CIP son títulos que el gobierno vende para obtener dinero que le permita pagar pensiones a los jubilados del ISSS y del INPEP. Las AFP están obligadas a comprar estos títulos con el dinero de las cuentas de ahorro de los trabajadores que cotizan en las AFP. En resumen, es un mecanismo que permite al gobierno pagar las pensiones actuales con el dinero de las futuras pensiones). Actualmente hay 5 mil 750 millones de dólares invertidos en CIP y, de acuerdo con la ley, como los certificados tienen un plazo de 25 años para pagarse, en los primeros años se amortiza poco y luego se amortiza más. La causa del impago es que no está integrado en el presupuesto general de la nación 2017 ni el pago de los intereses ni la amortización de capital trimestral. Esto es lo que va a causar el impago este año. Del 9 al 2 de julio comienzan fechas de pago que suman más de 40 millones de dólares en concepto de intereses y capital. El que paga esto es el Estado a través de una transferencia de fondos que hace a Bandesal, que se encarga de pagar al fideicomiso. Esa transferencia no está prevista en el presupuesto, pues cuando aprobaron el presupuesto a esa partida solo le pusieron mil dólares. Tras el impago de abril, hicieron una reforma en el presupuesto para reorientar 56 millones de dólares y toca hacerlo de nuevo antes del 9 de julio, pero la Asamblea no lo puede hacer por sí misma.

¿El Ministerio de Hacienda debe presentar la propuesta?
El que presenta -constitucionalmente- el proyecto de presupuesto es el Ejecutivo. Constitucionalmente lo que puede hacer la Asamblea Legislativa es disminuir las partidas, pero no aumentarlas.

En octubre, sin embargo, se vencen más de 80 millones..
En julio son más de 40 millones de dólares y en octubre son como 81 millones de dólares que no están en el presupuesto de este año. Estamos a corto plazo. No veo otra salida que no sea modificar el presupuesto. No sé a qué partidas van a quitarle, y el ministro Cáceres salió diciendo que solo va a pagar intereses y que no va a pagar capital. Standard & Poors ya dijo que aunque paguen intereses, si no pagan capital igual se va a considerar en impago. Entonces lo va a tener que pagar.

Caer en impago puede provocar que las tasas de interés que tendría que ofrecer El Salvador a quienes le compren títulos posteriormente sean más altas.
El mismo ministro admitió que tras el impago prácticamente no tenía sentido salir a los mercados internacionales a querer vender bonos, porque nos pondrían una tasa de interés… es grave cuando un país pierde su credibilidad.

¿Qué otra posibilidad hay, aparte de recortar partidas presupuestarias, para no volver a caer en impago?
La otra forma es hacer una reforma estructural al presupuesto en el sentido de, además de quitar a otras partidas presupuestarias, disponer los pagos de capital e intereses.

II) En riesgo pago a jubilados a partir de agosto

Las proyecciones del Ministerio de Hacienda -presentadas en abril de 2016 a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa- indicaban que en 2017 el gobierno iba a desembolsar en pago de pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP 696.44 millones de dólares. Desde 2006, cuando el gobierno de Arena impuso la aritmética legislativa ante la oposición del FMLN, el mecanismo para pagar pensiones es el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. El Estado emite títulos valores y las AFP están obligadas a usar los ahorros de los cotizantes para comprarlos. Con ese dinero, el Estado transfiere dinero al ISSS y al INPEP para que paguen pensiones. Sin embargo, este año una de las AFP alcanza el límite legal de dinero de sus ahorrantes que puede invertir en los papeles del gobierno, y por lo tanto, esa fuente será insuficiente para pagar a los pensionados.

En julio una de las AFP alcanza el techo del 45 %  del fondo de pensiones que puede invertir en los CIP. ¿Eso puede poner en riesgo la transferencia para pagar las pensiones de los jubilados?
Eso sí pone en peligro el pago de pensiones, aunque eso no se llama impago, porque este es no pagar capital e intereses por el dinero ya prestado. Para pagar las pensiones del ISSS y del INPEP y para pagar las pensiones mínimas, para pagar a los beneficiarios del decreto 100 que está en la segunda etapa, en efecto, algunos dijeron que en julio. Las AFP dicen que aguantan todavía hasta en agosto.

En julio, AFP Confía alcanza el límite del 45 %.
Sí. Tengo entendido que es AFP Confía la que llega al límite del 45 %. En tanto que llega en julio a ese límite, en agosto ya no le va a poder prestar dinero al gobierno comprándole los CIP. Si ya no va a poder comprarle, el gobierno en principio se vería en problemas para pagar las pensiones del ISSS y del INPEP. Entonces se nos han juntado dos graves problemas en mes de julio: el impago para pagar los intereses y la amortización de capital, y la incapacidad de pagar pensiones a los jubilados del ISSS y del INPEP porque legalmente una de las AFP ya no puede seguirle prestando dinero al Estado. Va a ser la tormenta perfecta, porque se van a juntar las dos cosas.

¿Qué pasaría si, para salir del apuro, el gobierno logra una reforma legal que eleve el techo de inversión de las AFP en los certificados hasta el 50 % del fondo que manejan?
Para solucionar el problema el gobierno plantea subir al 50 % el techo, y tendría un respiro de un año más, pero aumentaría el techo de la inversión obligatoria.

¿Puede dimensionar el faltante que debe cubrir el gobierno cuando las AFP ya no puedan prestarle para pagar las pensiones?
Le va a faltar un dineral. No tengo el dato preciso, pero de los casi 700 millones que se pagan al año, ya se pagaron 350 millones porque en este mes se pagan las pensiones del segundo semestre. Tendrá que ser menor a 300 millones de dólares.

Es una cantidad importante… como la mitad del presupuesto de Salud, que es de poco más de 600 millones…
Sí.

¿Por qué se alcanzó ya ese 45 %, si apenas estamos a medio año?
Las proyecciones financieras decían que este gobierno podría haber acabado ya casi hasta el final del gobierno de Sánchez Cerén alcanzando ese 45 %, pero se adelantó porque en septiembre del año pasado se hizo una reforma debido a que el gobierno tampoco había contemplado el año pasado el pago de intereses y de amortización de capital… Se había puesto por pago de interés y amortización de capital una cantidad menor de lo que el gobierno ya sabía que iba a pagar. El gobierno hizo una reforma.

Lo que recuerdo es que el gobierno aprobó en septiembre usar el fondo de pensiones para evitar caer en impago en octubre del año pasado. O sea: aprobó emitir certificados para pagar intereses y amortización de otros certificados.
Entonces aumentó el monto de los CIP. Fueron como ciento y pico de millones, porque los usaron para pagar eso. Entonces se adelantó en el tiempo. Hacienda había hecho números de que con el 45 % esta administración llegaba a 2018 o 2019 tranquila, pero con esa reforma se adelantó casi un año.

Cuando la Sala de lo Constitucional admitió una demanda e impidió que se pague certificados de inversión previsional con certificados de inversión previsional desapareció la fuente de financiamiento para el pago de interés y amortización de capital.
Así es. De paso obliga al Estado a asumir del presupuesto esos pagos como ha sido en los últimos 10 años. El Estado siempre debía incluir en el presupuesto el pago de amortizaciones e intereses. Todos esos años estaba prevista una partida para pagar eso. Este año el gobierno decide no incorporarla, con lo que quita un gasto de 230 millones y en su lugar pone una partida de mil dólares. Si no incorporas ese gasto, la lógica es que no lo vas a tener y por tanto tu presupuesto va a bajar, pero el presupuesto quedó igual que el del año pasado. A nosotros nos parece que esa es la estrategia del gobierno: llegar al límite a la Asamblea a decirle a los diputados “les traigo esto y lo tienen que aprobar porque si no esto va a prender fuego”. ¿Qué va a decir el gobierno? Si no me lo aumentan, no puedo pagar pensiones. Entonces los culpables van a ser los otros. ¿Por qué lo presentan un mes antes de que surja el problema?

III) Superintentendencia objeta propuesta del sector privado

El  viernes 6 de abril, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que El Salvador iba a amanecer el sábado en impago. En cadena nacional, instó a los partidos políticos a regresar a la mesa de negociación para avanzar en la discusión sobre una reforma de pensiones, cuyo debate se encuentra entrampado. Las dos propuestas con más apoyo en este momento son la del sistema mixto que promueve el gobierno y la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, detrás de la cual están, entre otros, las AFP.

Anaya dice estar convencido de que la táctica del gobierno es forzar a una reforma hacia un sistema mixto que permita al Estado tomar el dinero de las cuentas individuales de ahorro para trasladarlo a un fondo común que le permita pagar las pensiones en curso y reducir la deuda con el fondo de pensiones. “El próximo año el fondo de pensiones llega a los 10 mil millones de dólares, y francamente es muy atractivo caerle encima a esos ahorros. Para nosotros, la propuesta de reforma del gobierno no es una reforma previsional, sino un mecanismo para solucionar un tema fiscal. De toda la deuda del Estado con los cotizantes de las AFP, va a desaparecer el 70 % de los 5 mil 550 millones de dólares que el gobierno ha tomado prestado. Es como que hubieras limpiado por completo la tarjeta de crédito”, dice Anaya.

Usted critica la propuesta del gobierno y la califica como confiscatoria, pero la ICP también plantea la creación de un fondo de reparto llamado RPV al que se transferiría un porcentaje de la cotización.
El RPV es una cuenta de propiedad colectiva.

En la propuesta del gobierno está la promesa de que por aportar a un fondo de reparto te pagarán beneficios al jubilarte, pero en la de la Iniciativa Ciudadana, en el RPV no quedan establecidos los beneficios, sino que solo es un fondo para pagar pensiones mínimas cuando a un pensionado se le agote su cuenta individual.
Pero en la propuesta del gobierno es solo una promesa, pues no hay dinero. El gobierno se lleva el 70 % de 5 mil millones y lo va a ocupar inmediatamente en pagar su deuda. No es sostenible porque no hay fondos. Al siguiente mes, el sistema ya es deficitario. La propuesta del ICP es que sí hay un fondo. Va a estar invertido en CIP pero sí va a haber fondo para eso y los trabajadores siguen siendo propietarios de su cuenta de ahorro. Si seguís siendo dueño de tu cuenta de ahorro para pensiones, lo que te está dando el RPV es una garantía de que esa pensión se va a conservar de forma estable y vitalicia. Garantiza que sí hay respaldo financiero.

Una de las críticas a la RPV como fondo colectivo es que -al igual que el fondo de reparto que propone crear el gobierno- no alcanza a cubrir las obligaciones que va a tener.
De acuerdo con los análisis que nosotros hemos hecho y que fueron validados por una compañía chilena, es financiable y sostenible. Los mismos técnicos de la Superintendencia del Sistema Financiero nos dijeron cuando presentamos la propuesta que no tenían ni el software ni los recursos para revisar nuestro números. Lo reconocieron. Después llegó al superintendente del sistema financiero a la Asamblea Legislativa para decir que no es sostenible nuestra propuesta. Quisiéramos saber cómo hicieron los cálculos…

Según una presentación de la Superintendencia del Sistema Financiero que está en poder la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la simulación que se hizo a partir de la propuesta de la ICP no coincidía con las proyecciones de la ICP: que mientras la ICP planteaba en 2017 egresos por 210 millones, en realidad iban a faltar casi 500 millones en engresos.
Bueno, nosotros quisiéramos tener claridad de dónde han sacado esos números y cómo han hecho esos cálculos. No conocemos cuáles son los presupuestos que están detrás para que esos números les hayan salido así. De acuerdo con nuestros datos sí es sostenible nuestra propuesta y sí es sostenible la reserva de pensiones.

Otras críticas a la propuesta de la ICP son que aumenta el descuento salarial pero la comisión de las AFP no disminuye de forma significativa. El descuento salarial actual es del 13 % y pasaría a 15 % con la propuesta de la ICP, y aunque porcentualmente la comisión para las AFP sería menor, en realidad, como la cotización aumentaría, obtendrían una comisión casi igual a la que han estado cobrando hasta ahora.
Uno de los temas que hemos dicho y que Asafondos ha reconocido es que si hay un debate fundado sobre el monto de la comisión, como trabajadores estamos totalmente abiertos a examinarlo, pero que no simplemente se diga que es muy alto. ¿Alto en comparación con qué? Las AFP antes cobraban 3 punto y pico de comisión. Ahora es 2.2 %. En la ICP dijimos que todos pongamos el mismo esfuerzo: trabajadores, empleadores y las AFP. La ICP es un grupo colegiado y ponernos de acuerdo todas las entidades fue… como trabajadores llegamos a pedir que no nos aumenten la edad de retiro y que no nos aumenten la cotización. ¿Cuánto vale eso? Luego nos pusimos de acuerdo todas las organizaciones y por lo menos que las AFP se reduzcan un monto igual al aporte que vamos a hacer nosotros los trabajadores.

En una entrevista con El Faro, la decana de economía de la ESEN, Carmen Aída Lazo, criticaba que el debate sobre la reforma de pensiones se ha centrado en quién administra el fondo de pensiones y no el punto medular: que las pensiones no sean solo un tercio del último salario cotizado. Y eso no tiene que ver con quién administra, si los privados o el Estado, pero sí tiene que ver con modificar la cotización y la edad de jubilación. La propuesta de la ICP solo toca cotización, y Carmen Aída Lazo sostiene que, aunque sea impopular, los números obligarán a subir unos cinco años la edad de retiro.
La propuesta de la ICP es técnica, pero también parte de la base de una realidad: era lo que podíamos llegar entre las cuatro organizaciones. Era lo políticamente posible. Imagínate decirle a los trabajadores: “Ok, van a poner un punto más en la cotización y, ¡ah, también tardarán cinco o 10 años más en jubilarse, y además, en vez de cotizar 25 años cotizarán 30 años!…” Es inviable. Técnicamente podemos sentarnos y decir lo mejor es esto y todo. ¿Cómo nos van a ver los trabajadores? Están solucionando el problema al gobierno y a todos, pero cargan al trabajador con todo. ¿Y la empresa privada? Para que fuera posible que la ANEP… y no cometo una infidencia… para que fuera posible convencerla fue durísimo porque acababa de ser el aumento al salario mínimo. Te imaginás decirle: les acaban de pegar un porrazo con el salario mínimo y ahora les traemos una propuesta en la que ustedes van a pagar un 1 % más. No, están locos…

¿Al final la ANEP hasta qué punto aceptó?
Aceptó contribuir un punto más en la cotización. Pasó de 6.75 a 7.75 % la contribución que hace a las cuentas de ahorro individuales. Técnicamente podemos tener muchas ideas, pero también se legitimó en los talleres con las cosas que se expresaron ahí: en todos los talleres decían “cero aumento de edad y cero aumento de cotización”. Teníamos que llegar al encuentro de lo que la gente estaba pidiendo.

Yo lo planteo en la lógica de transparentar el costo que la propuesta va a tener. Ustedes lo están pensando con una estrategia de viabilidad política, pero no transparentan si después de uno o dos años habrá que pedir que se aumente la edad de jubilación.
Hubo cosas imposibles de consensuar entre las cuatro organizaciones y por eso proponemos crear una comisión actuarial que revise estos datos. Llama la atención que tengamos una edad de jubilación que se acordó hace 48 años.

En la propuesta del gobierno hablaban de una reforma escalonada y que en cuestión de pocos años iban a tener que tocar la edad de jubilación. ¿Es el mismo caso con la propuesta de la ICP?
No. Francamente lo que decimos en la ICP es afrontemos un problema real. Las mujeres que se están jubilando que eran menores de 36 años hace 20 años… Las mujeres que cotizaron toda su vida en una AFP y ya cumplieron los 55 años para jubilarse, tienen como pensión el 30 % de su último salario.

Ahora mismo, una mujer que cotizó durante toda su vida a una AFP con un salario de mil dólares, obtendría una pensión de unos 300 dólares, mientras que, por ejemplo, una mujer que cotizó al ISSS o al INPEP y fue obligada a pasar a una AFP y fue beneficiada con el decreto 100, se jubiló con una pensión vitalicia de hasta 800 dólares…
Así es. No hay un mecanismo financiero que pueda hacer aumentar el ahorro de las personas de la noche a la mañana, a menos que juguemos en Las Vegas. Con el castigo de pagar rentabilidades bajas en los últimos nueve años del 1 % o del 2 % es imposible que cualquier mecanismo financiero pueda hacer que aumente el ahorro en los próximos dos o tres años. Necesitas por lo menos 10 años. Lo que decimos en la ICP es que estas personas que van a tener una pensión tan baja, por lo menos tengan garantía de que sea vitalicia y estable. No se podía hacer más, porque si no, sería crear otro grupo de privilegiados como los del decreto 100.

Si se aprueba la propuesta de la ICP, ¿no se opondrían a que después el Estado aumente la edad de jubilación?
No lo sé. Habría que ver los números y cómo está la situación. Para eso están los números. Por eso creemos que debe crearse una comisión estrictamente técnica para poder hacer el análisis de los números.

La ICP propone que los trabajadores puedan autoprestarse de su cuenta de ahorro individual. ¿Hasta qué punto tendría capacidad el fondo de pensiones de permitir retiros anticipados de dinero del 25 % de lo ahorrado sin hacer colapsar el sistema?
La propuesta permite que usted se va a poder llevar el 25 % de lo que usted tiene ahorrado con la obligación con usted mismo de devolverlo para tener el mismo monto de pensión y de ahorro que tendría si no lo hubiera retirado. Como es tu propio dinero, no le vas a pagar interés a otra persona. La AFP tiene prohibido cobrar intereses. No hay análisis de riesgo crediticio. Los números nos dan, porque no es de un día para otro. Es transitorio de cinco años. No es que una vez se apruebe la propuesta, porque te apuesto que serían filas enormes de gente queriendo retirar el 25 %. Hay un período transitorio. Los que están más cercanos a jubilarse van a poder retirar ese porcentaje.

¿En qué porcentaje puede disminuir el fondo de pensiones con este programa de retiro anticipado con el 25 % de lo ahorrado y cómo podría afectar el mecanismo para pagar pensiones a los ya jubilados que consiste en que las AFP le prestan dinero al gobierno?
En este momento, las obligaciones del gobierno en temas previsionales son cuatro: pagos de a jubilados del ISSS y del INPEP, pagos de pensiones mínimas, pagos de beneficiarios del decreto 100 y pago de los certificados de traspaso. En la propuesta de la ICP se le quita obligaciones al Estado: ya no tiene que pagar a los beneficiarios del decreto 100 ni las pensiones mínimas. El gobierno va a conservar la obligación de pagar las pensiones del ISSS y del INPEP y de pagar los certificados de traspaso.

Dice que le quita obligaciones al Estado y entiendo que eso es gracias a la creación del RPV. ¿Pero si se agota ese RPV, que es un fondo común, no asume esa obligación de pago el Estado?
Sí. Lo asume el Estado en tanto que es una obligación que está en la Constitución en el artículo 50, pero según nuestros números no va a suceder.

Pero es un porcentaje mínimo de la cotización lo que iría al RPV: 5 % del 15 % de cotización del trabajador.
No es poquito. La cotización aumenta del 13 % al 15 % y los primeros años es el 5 % lo que va a la RPV. Aparte, hay que ver la rentabilidad. Esperamos que funcione. Esperamos que cambie la rentabilidad y que pase a pagarse una tasa de mercado. Según nuestros números, nos cuadra. Hicimos un análisis para decir: sí cuadra, sí cuadra, pero no tenemos la bola de cristal para decir si se va a cumplir, pero con nuestros datos sí se logra.

 

https://elfaro.net/es/201706/el_salvador/20541/En-julio-llega-la-tormenta-perfecta-sin-dinero-para-pagar-al-fondo-de-pensiones-ni-las-pensiones.htm