La retorcida lógica de los secuestradores del convenio 169

Cualquier texto de economía  demanda  que para la realización de inversiones,  de contratos,  de cualquier tipo de actividad humana,  las reglas que establezcan la manera en que se llevan a cabo se encuentren establecidas en reglas claras,  concisas y exactas aplicables a todos por igual que señalen cuales son los requisitos a cumplir y cuáles son los efectos de llevar a cabo una actividad.

Lo anterior también es el caso con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo. La lógica demandaría que para su aplicación existan reglas claras sobre como ejecutar ciertas actividades para cumplir con el denominado  ‘Derecho de Consulta’ que ha sido instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarado aplicable sin limitación a Guatemala por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Trabajo, órgano encargado de la aplicación de los Convenios Internacionales en materia de Trabajo  publicó a principios del mes anterior una Guía metodológica para realizar el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169.  El día  martes ha surgido la noticia que  se había interpuesto por una organización indígena una acción de amparo en contra de dicha guía.  Se alega que la Guía Metodológica no se consultó a los pueblos indígenas.   Esta es la segunda tratativa de regular el derecho a la Consulta.  Los amparos,  sin embargo,  no señalan que  aspectos de los derechos de los pueblos indígenas vulnera esta Guía,  sino simplemente se alega que no se consultó a los interesados.

Entonces,  para normar el derecho a la consulta se necesita,  valga la redundancia,  hacer una consulta,  pero utilizando que normas?   Pero entonces,   el alegato  podrá ser,  a cada paso de la consulta que se está violando algún  derecho  ancestral.  De esta manera,  se crea un círculo vicioso.  Pareciera  que hay quienes  quieren utilizar el pretendido ‘Derecho a la Consulta’  para simplemente crear vacíos que impidan  que existan reglas claras para tener un ambiente propicio a la inversión en el país.  Es posible que nos encontremos ante una situación donde los tribunales han hecho al Estado rehén de las organizaciones  que han utilizado el derecho a la Consulta como excusa para paralizar el desarrollo.

La solución  debe debatirse entre dos aspectos, o los tribunales definen el contenido de la consulta sobre la consulta,  o  las organizaciones son propositivas y no negativas sobre el derecho a la consulta.

La Guía metodológica tiene la ventaja fundamental,  que se trata de esto,  de una guía,  aunque  entonces pueda alegarse que la guía no es obligatoria y que no viola el convenio 169.   Pero para dicho caso,  la argumentación de la falta de obligatoriedad haría la Guía nugatoria. Si tomamos la Guía como una propuesta,  la respuesta de las organizaciones indígenas no debe ser que viola el derecho a la consulta, sin indicar  cuales partes de la guía no son admisibles.  En este caso es como  ver a nuestro país,  como el perro que se muerde la cola y va en círculos,  pero no resuelve nada.

Para tener un desarrollo adecuado como país,  debemos dejar claramente establecidas que objeciones concretas,  basadas en principios jurídicos claros y fundamentados en la constitución política de la república  existen  por parte de los interesados para que la guía sea aplicable. Es obligación de las organizaciones indígenas aterrizar el derecho a la Consulta e indicar que parte de la guía es inadmisible para dichas organizaciones y sobre todo una justificación razonable para lo anterior basada en la normativa que escogimos todos como país al elegir a una asamblea constituyente en dos ocasiones separadas.

http://s21.com.gt/2017/08/09/la-retorcida-logica-los-secuestradores-del-convenio-169/

El mundo de los servicios públicos de empleo

Los SPE son desafiados constantemente por las expectativas de crecimiento, las condiciones cambiantes en el mercado laboral y los contextos institucionales. Un paso importante para abordar estos desafíos y para apoyar de manera más apropiada el fortalecimiento y la modernización de los SPE, es generar y recopilar información sistemática acerca de las características institucionales y operativas de dichas agencias. La disponibilidad de información estructurada y comparable sobre los SPE posibilita que el diálogo, las actividades y las iniciativas de asistencia técnica y financiera en relación con los mercados laborales estén mejor fundamentados. Los SPE son los principales ejecutores de las políticas del mercado laboral, pero hasta ahora no había información disponible a nivel global sobre los mismos. En los capítulos de este informe se aportan elementos para entender el grado de desarrollo de estas agencias a nivel mundial, así como sus desafíos y oportunidades.

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https://publications.iadb.org/handle/11319/7423?locale-attribute=es&

Guatemala y EE. UU. ponen fin a demanda

Aunque hasta ayer no había una postura oficial, Guatemala se libró  de una  demanda laboral de hasta por US$15 millones —Q109 millones— en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El litigio laboral con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, en inglés) se mantuvo por casi 10 años.

Hasta ayer, autoridades de los ministerios de Economía y Trabajo mantenían reserva de la decisión del panel arbitral que fue notificada al Gobierno hace un mes.

“En efecto, hemos visto un informe que está circulando del USTR; sin embargo, hemos tenido acercamiento con el Gobierno de EE. UU., y a petición de ellos acordamos hacer público la otra semana el resultado del panel”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.

Leticia Teleguario, ministra de Trabajo
”Por acuerdo con el USTR y Guatemala, no se puede hacer público aún el resultado de la resolución del panel arbitral, sino hasta la próxima semana”, afirmó Leticia Teleguario, ministra de Trabajo.

La misma posición reflejó hace algunos días Adolfo Barrera Ortiz, viceministro de Economía, y en esa ocasión afirmó a Prensa Libre que la conclusión apuntaba a favorecer a Guatemala.

La conclusión ya se encuentra en la Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), que es el administrador del TLC.

No hubo daño

Según trascendió, la conclusión es que Guatemala demostró durante las audiencias del panel que no “se presentó daño al comercio” y que está regulado en el capítulo 16 del TLC, que trata el tema laboral.

Alejandro Ceballos, presidente Vestex

El hecho de que los sindicatos hayan presentado una demanda a través de EE. UU. sin haber dialogado antes y haber tratado de arreglar las cosas, derivó en este conflicto. La justicia llegó y por lo único que podían acusar era porque se pudiera afectar el comercio, algo que no sucedió.
Además, “que las violaciones a los derechos laborales no fueron recurrentes”.

Alejandro Ceballos, presidente de la Asociación de Vestuario y Textiles (Vestex), dijo que para que se comprobara una violación se tuvo que haber afectado el comercio y la balanza comercial es positiva para EE. UU. “Por lo tanto, no hubo una causa comprobable”, enfatizó.

Con esos términos coincidió José González-Campo, miembro de la comisión laboral del Cacif, y afirmó que habrá que analizar cuál fue la interpretación del panel.

En todo caso, dijo que esto será un precedente para cuando se traten temas laborales.

En el sitio insidetrade,com, Celeste Drake, especialista en política comercial de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés), se negó a comentar sobre el caso, ya que no había leído el informe y no estaba al tanto del resultado.

Rigoberto Dueñas, representante sindical
Guatemala, dentro del TLC, se comprometió a respetar los convenios fundamentales de la OIT, los cuales no se cumplen en este momento, y con esa resolución definitivamente es un triunfo para la impunidad y para las prácticas ilegales.
“Creemos que este caso debería haber sido un golpe para Estados Unidos, por lo que los rumores de una pérdida de Estados Unidos son muy preocupantes”, afirmó.

En el 2008, AFL-CIO presentó una denuncia junto con sindicatos guatemaltecos al USTR al argumentar violaciones a los derechos laborales en el país e incumplimiento del TLC.

OIT

La presentación de las conclusiones del panel se dan a conocer una semana después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aplazó conocer el caso de Guatemala en la Comisión de Normas.

“En esa reunión presentamos los avances en materia laboral, así como la ley que devuelve la capacidad sancionatoria a la Inspección de Trabajo”, afirmó Teleguario.

La OIT, por medio de la Comisión de Normas, estudia a los países que son denunciados por violaciones a los derechos laborales, así como la instalación de una comisión de encuesta, que es el instrumento de sanción para las naciones.

La OIT conocerá el caso en noviembre, y tiene varias denuncias en contra del Estado por violaciones a los derechos laborales, libertad sindical y asociación colectiva.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemala-y-ee-uu-ponen-fin-a-demanda

Guatemala tendría a su favor el resultado en litigio laboral

Hasta el próximo lunes se tendrá una declaración oficial, pero trascendió que el panel conformado bajo el DR-Cafta falló a favor del Estado guatemalteco.

La demanda laboral fue presentada ante el Departamento de Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

 

Por: LORENA ÁLVAREZ elPeriódico 
La semana pasada el panel de arbitraje emitió su fallo a favor de Guatemala en la disputa presentada en 2008 bajo el Capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

Así lo reportó el sitio de internet insidetrade.com que se refiere al caso como “la disputa que marcó la primera vez que una queja de derechos laborales fue presentada bajo un acuerdo de libre comercio”.

Según la nota, el panel arbitral emitió el fallo favorable al Estado guatemalteco, y se espera que el informe se conozca próximamente, agrega que bajo el DR-Cafta no se tiene un mecanismo de apelación para el laudo.

Fuentes consultadas en Guatemala dijeron que la reserva de la decisión del panel se liberará el lunes 26 de junio.

La demanda fue presentada ante el Departamento de Trabajo y la Oficina del Representante Comercial del Gobierno de EE. UU. por seis sindicatos y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), por incumplimiento de las leyes laborales.

Afectan comercio

De acuerdo con insidetrade.com la especialista en política comercial de la AFL-CIO, Celeste Drake, indicó que el resultado del caso dependería si EE. UU. logró demostrar que las presuntas violaciones laborales en Guatemala afectaron el comercio entre ambos países. Para Drake las violaciones “afectan el comercio” pues en algunas industrias de exportación los salarios son bajos y eso tiene una distorsión al hacer que las exportaciones de Guatemala sean más baratas de lo que deben ser.

En la publicación se señala que fue muy difícil demostrar que las deficiencias en la aplicación de sus leyes laborales estaban afectando el comercio. Drake argumentó que si el panel de arbitraje Estados Unidos-Guatemala “estableció un estándar irrazonablemente alto” para probar cómo las violaciones laborales afectan al comercio, ese alto nivel podría repetirse en otros casos.

US$15

millones  tendría que pagar Guatemala como sanción en caso de tener un fallo contrario.

https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/06/22/guatemala-tendria-a-su-favor-el-resultado-en-litigio-laboral/

Guatemala electa como miembro Adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2017-2020

Guatemala, 12 de Junio de 2017 (MINTRAB).- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Señora Ministra Aura Leticia Teleguario Sincal, en representación de Guatemala, fue electo como miembro Adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el período 2017-2020, el día 12 de junio de 2017, en el marco de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo.

La elección de Guatemala, se considera como un hecho histórico, luego que han transcurrido más de 15 años, de haberse ocupado este importante puesto desde el año 1999. La elección de Guatemala como miembro Adjunto del Consejo de Administración permitirá fortalecer la presencia del país en el ámbito laboral internacional, así como contar con una mayor incidencia al interior del principal foro internacional en la materia.

También fueron electos como miembros Titulares por el Grupo de las Américas los Gobiernos de Canadá, Panamá, Barbados, Perú y Argentina. En cuanto a los miembros Adjuntos del Consejo, con Guatemala, fueron electos los Gobiernos de México, Cuba, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Desde el Consejo de Administración de la OIT, se busca promover la relación y el intercambio con otras naciones, así como participar útil y activamente en el diseño y articulación de políticas públicas, fomentar la elaboración de normas internacionales del trabajo y el desarrollo de actividades enfocadas a la atención del empleo, la erradicación de la pobreza y la protección de los trabajadores.

Durante su participación en este órgano rector, Guatemala pondrá énfasis en la importancia de la promoción del empleo digno, como un factor determinante para romper el círculo vicioso de la pobreza.

La delegación de Guatemala en la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo está presidida por la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Sra. Aura Leticia Teleguario Sincal, acompañada de la Viceministra de Previsión Social y Empleo, el Viceministro de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, así como miembros de la Misión Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.

El Consejo esta compuesto por 56 miembros Titulares (28 miembros gubernamentales, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y 66 miembros Adjuntos (28 miembros gubernamentales, 19 Empleadores y 19 Trabajadores). Diez de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y la Federación de Rusia). Los demás miembros gubernamentales son electos por la Conferencia cada tres años.

Ginebra, 12 de junio de 2017.

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/nota-principal/6095-guatemala-electa-miembro-adjunto-consejo-de-administraci%C3%B3n-de-la-oit.html

Preparan iniciativa de ley para regular empleo a tiempo parcial

05 May 2017

Redacción

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) prepara una iniciativa de ley para regular el empleo a tiempo parcial, que será legal a partir de febrero de 2018, cuando cobre vigencia en el país el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, al concluir su participación en el IV Congreso Laboral explicó que a la fecha, ya tienen un borrador de la propuesta que será consensuada con los sectores empleador y sindical con el fin de construir las categorías de empleados que estarán afectos a esta modalidad.

“Los call centers, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los sectores que más aprovecharían la contratación temporal”, expresó Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, entidad que organizó el foro.

http://www.s21.gt/2017/05/preparan-iniciativa-ley-regular-empleo-a-tiempo-parcial/

 

Rigen nuevas sanciones por derechos laborales, pero surgen dudas de su cumplimiento

El Ministerio de Trabajo afirma que con la vigencia de las reformas al Código de Trabajo (decreto 7-2017) se da certeza jurídica en el proceso de denuncias laborales, inspectoría y sanción y que se  fomentará una cultura de cumplimiento a los derechos laborales, sin embargo la postura de los inspectores es diferente.

Los trabajadores de la inspectoría de dicho ente denunciaron que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley y que, en esas condiciones no se responsabilizarán de las consecuencias legales.

Por aparte, al hablar de las nuevas sanciones cuestionan que se dejan vulnerables los derechos de los trabajadores y sindicatos porque también se les pueden multar, por no acudir a las audiencias, lo que afectará la decisión de denuncia.

El colocar sanciones a trabajadores creará un colapso, porque estarían sancionando a quien denunció que se le están incumpliendo sus derechos, comentaron.

Las sanciones para el trabajador o sindicato van desde dos a 20 salarios mínimos diarios del sector no agrícola, mientras que para el empleador o patrono son entre dos y 18 salarios mínimos mensuales, del sector no agrícola.

Mientras las autoridades brindaban una conferencia de prensa para dar a conocer datos de las nuevas disposiciones legales los inspectores se reunieron afuera del despacho y denunciaban que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley. Por ello, refirieron en grupo, que no se responsabilizarán de las consecuencias legales. Aunque aclaraban que no están en desacuerdo con las reformas sino con la falta de apoyo.

Plazo de 30 días hábiles

De este 6 de junio en adelante se tiene un plazo de 30 días para resolver cada denuncia, aspecto que las autoridades califican de positivo. Explican que en promedio cada caso tardaba entre 30 a 45 días, ahora la ley establece un plazo específico lo cual ayuda a tener más certeza.

Sin embargo los inspectores refieren que en las condiciones de falta de personal, equipo y apoyo no se podrá cumplir con ese plazo ya que hay casos que están en lista de espera y tardan hasta cuatro meses para la fijar una audiencia.

Carlos Sandoval, inspector general de trabajo, expuso que cuentan con 241 personas en inspectoría además que buscan lograr contratar 125 más en el  2018, para lo cual necesitarían unos Q9 millones. Los funcionarios aseguran que sí se les brindó capacitación, y esperan que la resistencia a las nuevas disposiciones disminuya y desaparezca.

Sin embargo los trabajadores también se quejaron que no todos se dedican a la labor de inspectoría y ejemplificaron que para el departamento de Guatemala solo hay 17 personas asignadas para visitaduría y el número total mencionado por Sandoval se debe a personal también asignado a diferentes regiones del país. Agregaron que la única capacitación o directriz que les dieron es que les dieron a leer las nuevas reformas.

Los trabajadores indicaron que no están en desacuerdo con el decreto en mención sin embargo dijeron que en las condiciones que denuncian no se responsabilizan de las consecuencias legales que pueda traer esa legislación.

El otro cambio es que así como hay denuncias a las cuales se les puede dar seguimiento con visitas, ahora con la nueva ley les permite citar a la sede administrativa (en el Ministerio) a los patronos o empleadores para hacer la inspectoría, entre estos como la denuncia por falta de emisión de un certificado del IGSS o inspecciones por posmorten.

Denuncias

En el 2016 el Mintrab recibió alrededor de 40 mil denuncias e hizo igual número de inspecciones, y en cinco meses del 2017 se reportan ya 25 mil dijo Sandoval.

Las denuncias más constantes que se dan son por no pagar el salario mínimo, y prestaciones como el bono 14 y el aguinaldo agregó.

Las empresas con más constantes denuncias en contra son del sector de seguridad privada, se añadió.

Las denuncias que entraron hasta el 5 de junio, antes de la vigencia de las reformas, se le aplicará la ley antigua, refirieron.

En la conferencia participaron el secretario general del Ministerio Felipe Sánchez y Marcelo Richter asesor del despacho.

Richter respondió que analizaron la ley que reforma el Código de Trabajo debido a las dudas que generó un posible error de redacción en el Congreso respecto al artículo que se refiere a la derogatoria de las leyes, pero indicó que el criterio es que esta ley cobró vigencia este 6 de junio y  no se autoderoga, además que se necesitaría una ley posterior para derogarla total o parcialmente.

http://www.prensalibre.com/economia/rigen-nuevas-sanciones-por-derechos-laborales-pero-surgen-dudas-de-su-cumplimiento