Salario mínimo, broche de cierre de diciembre

La fijación del salario mínimo para el año entrante devino hace mucho tiempo el broche de cierre del mes de diciembre en Guatemala, donde la polémica casi siempre rodeó a las propuestas en ese sentido, porque nunca implicaron la llegada de los aumentos esperados, ni la solución de los problemas de la población económicamente activa.

Con base en esa visión, es previsible la eventual controversia que sobrevendrá a partir de este martes, si la Comisión Nacional del Salario (CNS) anuncia finalmente las tasas de pago supuestamente acordadas como resultado de los debates sostenidos desde el mes de septiembre acerca del particular.

De ser así, el anuncio de la propuesta del ente llegará casi en el último momento, como en años anteriores y ello acortará una vez más el margen de tiempo que tendrá el presidente Jimmy Morales para aprobarla o desestimarla.

El mandatario apenas tendrá hasta el 29 de diciembre para decidir en torno al asunto y ordenar la publicación de la fijación final en el Diario de Centro América, el 30 de diciembre, como paso previo a la entrada en vigencia de lo decretado el 1 de enero. Eso, en caso de que haya un plan real de salario mínimo para el año próximo, porque algunos actores concuerdan en que los involucrados en el debate previo no llegaron todavía a un consenso respecto al ajuste.

171212 SALARIO MÍNIMOInfografía: Isabel Soto Mayedo

Según el directivo de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos (FECUR), Rigoberto Dueñas, ese sector sugirió un incremento de Q135 diarios a la comisión, pero para las actividades de comercio y agrícolas no presentaron ajustes, solo propusieron delimitar este conforme con la fórmula recomendada por la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT).

Frente a las contradicciones, entre el empresariado y los sindicalistas, el dictamen pudiera terminar en manos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo cual implicará que la fijación salga por decreto presidencial, ya que este 12 de diciembre concluye el período asignado por ley para el trabajo de la CNS.

De acuerdo con la OIT, el salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.

A partir de esta definición, se considera que existen salarios mínimos en más del 90% de los Estados Miembros de la OIT, entre los cuales está Guatemala.

El objetivo de establecer un pago límite es proteger a los trabajadores contra las remuneraciones bajas definidas de forma arbitraria y contribuir a articular políticas destinadas a superar la pobreza, la desigualdad, y las disparidades entre hombres y mujeres. Es decir, que estos sistemas deben ser diseñados de forma tal que actúen como complemento y refuerzo de otras estrategias sociales y de empleo destinadas a establecer las condiciones de trabajo.

Cuando se define un salario mínimo, añade la OIT, es importante indicar de manera específica qué componentes del salario podrán contabilizarse para calcular la cuantía mínima, cuáles serán las condiciones, bajo las cuales se admitirá un pago en especie y el valor máximo de esta parte del pago, cuál será la forma de cálculo del salario mínimo para los trabajadores remunerados a destajo (es decir, por unidad de obra realizada), y si la tasa mínima corresponde a una tarifa horaria o a una mensual.

En Centroamérica, el país que tuvo mayor incremento en la paga mínima para todos los sectores este año fue Nicaragua (8.25%), aunque continúa siendo el que paga los más bajos de la región. En cambio, Costa Rica sigue destacando como la que más favorece a sus trabajadores desde esa perspectiva, lo que tampoco soluciona problemas esenciales pero si se considera el elevado costo de la vida en ese país.

Datos de los ministerios del Trabajo de cada una de las naciones de esta zona geográfica muestran las diferencias al delimitar estas tasas, por lo general con base en las diferentes actividades o renglones productivos -agrícola, no agrícola y de exportaciones y maquila-, o por la ocupación específica y el nivel de calificación del trabajador; con base en el indicador internacional Clasificador Uniforme de Actividad Económica (Cuaen), o según la cantidad de trabajadores.

Al término de diciembre de 2016, Morales decretó un aumento cercano al 5% para todas las actividades económicas con vistas al presente año.

Con el Acuerdo Gubernativo 288-2016, el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas ascendió en Q5.03 diarios, es decir, de Q81.87 a Q86.90 por día. Mientras que para la actividad exportadora y de maquila el alza fue de apenas Q4.59 más por día, lo cual redundó en el tránsito de un total de Q74.89 a Q79.48 diarios.

De tal suerte, los trabajadores debieron devengar de Q2 mil 893.21 a Q2 mil 667.52 mensuales, contando la bonificación o incentivo de Q250. En caso de que ello no ocurriera y conforme con lo estipulado por la ley, los patronos incumplidores pudieron llevar multas de 3 a 12 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas.

Sin embargo, poco o nada trascendieron denuncias o procesos legales en ese sentido, a pesar de las constantes críticas al salario mínimo y a los presuntos incumplimientos por parte de los empleadores en cuanto a su pago.

Valer recordar que el ajuste vigente hasta este 31 de diciembre lo fijó el presidente, ante la falta de consenso de la CNS, algo que ocurrió en casi todos estos años, excepto en 2012.

Como ahora, la disputa en igual etapa del año precedente giró en torno a la propuesta de los sindicalistas de elevar las tasas para todos los sectores a Q140 diarios, algo que chocó con el empeño de los empleadores que propusieron  mantener los mismos pagos que en 2016.

La entrada Salario mínimo, broche de cierre de diciembre se publicó primero en Siglo.21.
Anuncios

Does increasing the minimum wage reduce poverty in developing countries?

Whether raising minimum wages reduces—or increases—poverty depends on the characteristics of the labor market

Elevator pitch

Raising the minimum wage in developing countries could increase or decrease poverty, depending on labor market characteristics. Minimum wages target formal sector workers—a minority in most developing countries—many of whom do not live in poor households. Whether raising minimum wages reduces poverty depends not only on whether formal sector workers lose jobs as a result, but also on whether low-wage workers live in poor households, how widely minimum wages are enforced, how minimum wages affect informal workers, and whether social safety nets are in place.

More than half of workers in developing
                        countries are not covered by minimum wage legislation

Key findings

Pros

If job losses in the formal sector are small, raising the minimum wage is likely to reduce poverty.

If informal sector wages rise when the minimum wage increases, higher minimum wages are likely to reduce poverty.

If the people earning the minimum wage are heads of low-income households, higher minimum wages are likely to reduce poverty.

If low-income workers lose jobs and cannot find jobs because of a higher minimum wage, social safety nets for low-income households can protect against poverty.

Cons

If higher minimum wages cause workers to lose formal sector jobs, they are not likely to reduce poverty.

If minimum wage legislation does not cover a large pool of informal workers, higher minimum wages are not likely to reduce poverty.

If the people on the minimum wage are secondary family workers, higher minimum wages will not reduce poverty.

If low-income workers lose jobs and cannot find jobs because of higher minimum wages and there are no social safety nets, higher minimum wages will increase poverty.

Author’s main message

Raising the minimum wage reduces poverty in most developing countries. But the impact is modest because the applies to only a minority of poor workers; in particular, it does not cover workers in the large informal sector. And raising the minimum wage creates losers as well as winners among poor households—depending on employment effects, wage distribution, and effects on the household head—pulling some out of poverty while pushing others in. Raising the minimum wage could be part of a comprehensive poverty-reduction package but should not be the only, or even the main, tool to reduce poverty.

Motivation

A popular and compelling argument in favor of raising legal minimum wages is that higher minimum wages will reduce poverty. Quite simply: putting more money into the pockets of low-income workers will allow them to purchase more of the basic goods and services needed to survive. In theory, if the wage increase is large enough, poor people’s incomes will rise, lifting them out of poverty.

This sounds good in theory—but it does not always happen in practice. That is because the relationship between minimum wages, worker incomes, and employment levels, and the incidence and depth of poverty are complex.

First, the minimum wage does not affect all workers or affect them equally. That makes it important to know which workers are most likely to be affected—and how. Second, even if a minimum wage raises the incomes of some workers, it might not raise the incomes of poor households. The informal sector, where workers are not effectively covered by minimum wage legislation, is typically large in developing countries, and poverty tends to be more widespread in the informal sector. Even in the formal sector, minimum wage laws are often poorly enforced.

There are also employment effects to consider. An increase in the minimum wage may cause some employers to lay off workers. If these workers live in low-income households, poverty may increase, at least in the short term. Layoffs may also put downward pressure on wages in both the formal and informal sectors.

For all these reasons, increasing the minimum wage might have no positive impact on poverty—or worse, might backfire and deepen poverty, especially for the extremely poor.

Discussion of pros and cons

Impacts on wages and employment in the formal sector influence the effect on poverty

Minimum wage increases most directly affect earnings and employment in the formal sector. Higher minimum wages lead to higher wages for the formal sector workers who keep their jobs. Studies for developing countries, mostly in Latin America, suggest that the positive wage effect is strongest for workers earning near the minimum wage. As a result, increases in the minimum wage tend to compress the wage distribution (equalize wages) in the formal sector.

Increases in the minimum wage might not help formal workers most in need. Some workers affected by the minimum wage increase already earn above the old minimum wage. In Latin America the minimum wage is often used as a guide by employers in setting all wages, even those well above the minimum wage [2].

In addition, minimum wages might affect the wages of high-wage workers because some countries have multiple minimum wages. In Costa Rica, where wages are set by occupation and skill, a university graduate being paid the minimum wage for that category of worker would be in the top 10% of the wage distribution.

All these effects are for workers who retain their jobs. What about employment? The evidence is mixed. The majority of studies conclude that increasing the minimum wage reduces formal employment, although the effect appears to be small in most countries [3]. Almost all estimates suggest that a 1% increase in the minimum wage results in less than a 1% decrease in employment, implying that the total earnings of formal sector workers increase when minimum wages rise.

Impacts on wages and employment in the informal sector also influence the effect on poverty

The impact of the minimum wage on wages and employment—and poverty—also depends on what happens in the informal sector. More than half of workers in low- and lower-middle-income countries work in this sector, which is not covered by minimum wage legislation (see Figure 1). This complicates the picture. A large informal sector can cushion the effect on poverty of a higher minimum wage if workers who lose jobs or who cannot find formal sector jobs as a result of the increase find work in the informal sector—even low wages are better than no wages. But the effect could be just the opposite for some workers. Higher minimum wages might force more workers out of the formal sector and into the informal sector, and the lower wages could push their households below the poverty line.

Composition of workforce by income
                        group

In some countries, higher minimum wages have resulted in higher wages for workers in both the formal and informal sectors (some researchers call this the “lighthouse effect”) [2]. In other countries, higher minimum wages seem to have little or no impact on wages in the informal sector [4]. No study has found that a higher minimum wage depresses wages for informal sector workers as a whole.

Taken together, the evidence for developing countries suggests that a higher minimum wage generally leads to an increase in total earnings for workers as a group. However, the evidence also suggests that a higher minimum wage creates both winners and losers. Some workers see their earnings increase, while others see their earnings fall because they become unemployed, leave the labor force, or are forced into lower-paid jobs in the informal sector.

How do these wage and employment dynamics in the formal and informal sectors affect poverty? It is not possible to know based on aggregate wage and employment data alone. The key issue is how households are affected by the minimum wage. Even if raising the minimum wage increases total earnings for workers, higher minimum wages could still increase poverty if the benefits go to workers who are not poor and the costs are paid by workers who are.

Impacts can vary along the wage distribution

Understanding the impact of minimum wages on poverty requires understanding their impact at different points in the wage distribution. For policymakers, that issue can affect how the minimum wage is set and with what wage group in mind.

For example, when minimum wages are low relative to average wages (as in Brazil and Mexico), they tend to raise the wages of workers at the bottom of the wage distribution [5]. But when minimum wages are high relative to average wages (as in Colombia), they will increase the wages of workers in the middle but not at the bottom of the wage distribution.

Thus higher minimum wages will only affect those whose wages are high relative to average wages (since those earning less than the minimum wage are not directly affected by minimum wages) [6]. While the benefits of higher minimum wages are distributed across the wage and skill distribution, studies in developing countries suggest that employment losses tend to be concentrated among workers with characteristics associated with low wages.

Negative effects on employment can also vary along the wage distribution. Overall, women, young workers, and less-educated workers, whose wages tend to be low, suffer the heaviest employment losses [2]. In Brazil, Colombia, and Costa Rica, employment losses were largest at the bottom of the distribution of wages and skills, though there were sometimes smaller employment losses even for workers earning well above the minimum wage.

Do workers affected by minimum wages live in poor households?

Factoring in the wage distribution can increase understanding of how minimum wages might affect poverty. But it is still necessary to know the household income of workers at different wage levels, because poverty is defined in terms of household income, not individual earnings.

For example, a worker in the upper half of the wage distribution might live in a poor household, so a higher minimum wage could help that worker’s household escape poverty. Or a worker at the bottom of the wage distribution could be a secondary wage earner in a nonpoor household, so a higher minimum wage would make this household better off but would not reduce poverty.

The impact of higher minimum wages on poverty also depends on whether the concern is solely with the number of households with incomes below the poverty line (the incidence of poverty) or also with how far the poor are below the poverty line (the poverty gap). In the second case, it will matter which poor households benefit and which poor households lose when minimum wages rise. Raising the minimum wage could raise the incomes of some poor households with incomes near the poverty line while reducing the incomes of the poorest households at the bottom of the distribution (Figure 2).

Minimum wage relative to the household per
                        capita poverty lines

Studies using aggregate country-level data to examine the correlations between minimum wages and poverty have generally found that in developing countries higher minimum wages are correlated with lower poverty rates [7]. However, this research also suggests that minimum wages do not affect the poorest share of the population but rather the upper levels of the low-income population, those with incomes near the poverty line [8].

A few studies use individual- or household-level data to examine the impact of higher minimum wages across the household income distribution. The findings suggest that higher minimum wages modestly reduce poverty rates.

  • In Mexico, workers in the poorest households had the largest wage gains following an increase in the minimum wage (reducing the poverty gap), but the wage gains were not large enough to push most of these households above the poverty line [5].
  • In Colombia, workers earning the minimum wage were most likely to be in households in the middle of the income distribution (seeFigure 3); the poorest households did not benefit from minimum wages [6].

    In Colombia, workers earning the minimum
                        wage were most likely to be in households in the middle of the income
                        distribution—the poorest households did not benefit

  • Likewise, in Brazil, higher minimum wages did not raise the incomes of households in the bottom three deciles of the household income distribution [9].

This suggests that higher minimum wages in Colombia and Brazil did lead to moderate declines in poverty overall but did not reduce poverty among the very poorest households. In other words, minimum wages modestly reduced the incidence of poverty but increased the gap between the average incomes of the poorest households and the poverty line.

Impacts may differ between household members

The impact of minimum wages on household incomes also depends on how many household members are working and how each worker is affected by minimum wages.

For example, higher minimum wages will not affect the incomes of households in which no one is working. In low-income households with more than one worker, raising the minimum wage could increase the earnings of one household member and reduce the earnings of another. If the workers earning the minimum wage are secondary workers in households whose total income is well above the poverty line, a higher minimum wage will have little or no impact on poverty. But it is also possible that a higher minimum wage could induce secondary family workers in poor households to work more, boosting household incomes.

Whether minimum wages are more likely to affect household heads or secondary family workers is particularly important. For example, in Honduras, where multiple minimum wages mean that one worker in the household could face a higher minimum wage than another, higher minimum wages only reduce household poverty if the minimum wage affects the household head [10].

Results from studies in Brazil, Colombia, and Nicaragua suggest that if a higher minimum wage increases the wages of household heads without leading to large employment losses, poverty will fall (this will happen even if secondary workers lose work). On the other hand, if minimum wages have a significant negative employment effect on household heads, then higher minimum wages will have, at their best, only modest impacts on poverty (this will happen even if there are positive employment effects on secondary family workers).

In Colombia, higher minimum wages had a significant negative effect on the employment and hours worked of household heads, but not on the employment and hours worked of secondary workers [6]. In Brazil, higher minimum wages also reduced the employment of household heads and increased labor force participation slightly for other household members [9]. As noted, higher minimum wages in Colombia and Brazil had a modest impact on poverty and no impact on the incomes of the poorest households.

But in Nicaragua the reverse holds: household heads were less likely than other members to lose their jobs because of higher minimum wages [4]. Moreover, household heads who lost their jobs because of higher minimum wages were more likely to find work in the public sector or as self-employed workers, while other household members who lost their jobs were more likely to leave the labor force. As a result, higher minimum wages caused a statistically significant and substantial reduction in poverty in Nicaragua.

In summary, if minimum wages have a positive wage effect but a small negative employment effect on household heads, then higher minimum wages are more likely to reduce poverty (even if there are significantly negative employment effects on non-household heads). On the other hand, if minimum wages have a significantly negative employment effect on household heads, then higher minimum wages are less likely to reduce poverty (even if there are positive employment effects on secondary family workers).

Impacts of higher minimum wages on nonlabor income

Minimum wages can also affect other sources of income received by poor households. For example, social safety net programs can soften the negative impacts of higher minimum wages on poor households by supplementing incomes when a household member loses a job.

Several Latin American countries tie many of the social benefits for low-income households to the minimum wage [2]. In Brazil, for example, where noncontributory pensions make up a large portion of the income of many poor households and their value is tied to the minimum wage, higher minimum wages substantially lowered poverty between 1994 and 2004. The higher minimum wages were responsible for 32% of the unprecedented reduction in income inequality in Brazil in the 1990s and 2000s because of their impact on nonlabor incomes [11].

One danger of tying social safety net payments or eligibility to the minimum wage is that higher minimum wages may strain government budgets, forcing curtailments of public spending on other important government priorities.

In addition, the minimum wage is generally not a good proxy for the subsistence needs of households; for half the countries in Latin America, it is insufficient to provide for household needs. The best practice is usually to anchor social assistance to a given consumption bundle or to economywide average earnings [2].

Income transfers between households may also be important. In South Africa and some other developing countries, income is shared among households to ease the impact of a negative shock. A higher degree of income sharing between the employed and unemployed reduces the probability that a higher minimum wage will push a household into poverty.

Limitations and gaps

The research on the wage and employment impacts of minimum wages in developing countries is voluminous, but most of it concerns Latin American countries; other regions have been studied much less. And, even in Latin America, there is little research on other factors that affect the relationship between minimum wages and poverty. Among the most important information gaps in most countries is how and why raising the minimum wage affects household members in different ways—and whether the impacts differ in poor and nonpoor households.

For most countries, it would be useful to determine whether workers who earn the minimum wage are likely to live in poor households and whether they are likely to be household heads or secondary family workers. More difficult, but also quite important, would be to estimate the positive wage effects and negative employment impacts of minimum wages separately for different household members, especially for household heads and secondary workers and for households in different parts of the income distribution.

Summary and policy advice

Most empirical studies of the impact of minimum wages on poverty in developing countries conclude that increases in minimum wages reduce poverty, on balance, though they find only a modest impact—for two reasons.

  • First, a large share of workers is not covered by minimum wage legislation.
  • And second, higher minimum wages do not affect all low-income households the same way: minimum wages pull some households out of poverty, but may push others into poverty.

Given the potential for negative impacts on the employment status and incomes of some of the poorest families, raising minimum wages is an inefficient tool for reducing poverty. More efficient policies would focus on

  • enhancing compliance with minimum wage laws,
  • improving incomes in the informal sector where minimum wages do not apply, and
  • increasing the long-term productivity of workers from low-income families.

This suggests that while minimum wages can be part of a package of poverty-reducing policies, they should not be the only mechanism or even the most important one.

For example, Brazil’s conditional cash transfer program, Bolsa Familia, was more effective than higher minimum wages at reducing poverty and income inequality using an identical amount of resources [11]. Conditional cash transfers to low-income households have the additional benefit of providing part of a social safety net for households when workers lose their jobs because of higher minimum wages. Labor supply incentives, particularly the earned income tax credit, have also been shown to be effective in increasing both the employment and earnings of low-income workers in the US.

Acknowledgments

The author thanks an anonymous referee and the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. The author would also like to thank Gary Fields and the other participants of the IZA World of Labor Minimum Wage Workshop, 2013.

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these principles.

© T. H. Gindling

https://wol.iza.org/articles/does-increasing-the-minimum-wage-reduce-poverty-in-developing-countries/long

 

Trabajadores. Batallas por la dignidad (III)

Los domingos 27 de agosto  y 10 de septiembre publiqué la primera y segunda partes de esta historia. He contado sobre la serie de agravios que estos trabajadores vivieron (en la primera parte), y de cómo esos mismos agravios (en la segunda parte) se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad.

Hasta ahora, mientras el primer grupo de trabajadores se hallaba fuera de la planta, con un proceso judicial en los tribunales, empantanado con los recursos legales que el bufete de abogados que representaba a la empresa interponía, el segundo grupo, ya había sido reinstalado.

***

El 11 de agosto de 2012, con la reinstalación de los 11 trabajadores la estrategia de la empresa empezó a partirse. “Allí ya comenzamos a agarrar credibilidad como organización, porque ellos (los gerentes, los supervisores) se la pasaban diciéndoles a los otros trabajadores que nosotros ya no íbamos a entrar; que el que se afiliara al sindicato se iba a ir también, como nosotros”, recuerda Néstor Hernández Rodríguez, operador de roladora, la máquina donde se hacen las costaneras.

Continúa Néstor: “A los del segundo grupo de trabajadores, los que fuimos reinstalados, cuando regresamos, ya nadie nos hablaba. Si los supervisores miraban a alguien hablando con los 11 que entramos, ya lo llamaban de Recursos Humanos, y lo empezaban a cuestionar, que qué estaba hablando con nosotros, que si se iba a afiliar al sindicato. Para el almuerzo, estaba uno sentado aquí, estaba allí la mesa vacía, y nadie se sentaba con uno. Como animales raros nos miraban. Las mesas llenas de un lado, y nosotros comiendo solos en las demás mesas porque nadie se sentaba con uno. Era prohibido que los demás compañeros hablaran con nosotros. Si veían grupitos de tres o de cuatro, dios guarde, la empresa les prohibía a los compañeros, que qué estaban hablando con nosotros, que los íbamos a manipular. Implementaron un sistema de cámaras para vigilar lo que hacíamos adentro de la planta. A pesar que la gente veía que ya no podían despedirlos, porque a nosotros nos habían reinstalado, todavía quedaba un gran temor, había mucho miedo en los trabajadores”.

“El gerente de Recursos Humanos llegaba de uno en uno, en las máquinas, en todas las áreas, que qué era lo que uno quería para desistir del sindicato, que los sindicatos no eran buenos en Guatemala, que ellos tenían la mejor asesoría legal, que los que se afiliaran al sindicato los iban a sacar de la empresa y que no iban a encontrar trabajo en ninguna otra parte”, recuerda Néstor.

Con el primer grupo de trabajadores reinstalados la empresa pasó a la ofensiva, incrementando los controles sobre los trabajadores. Entonces, la organización tuvo que implementar otras estrategias. Si la empresa podía controlar completamente lo que los diez trabajadores hacían adentro de la planta, afuera no podría hacerlo, y menos aún los domingos. Entonces, continúa relatándonos Néstor: “visitábamos a los trabajadores en sus casas, los íbamos a visitar los domingos, como los Testigos de Jehová íbamos, de dos en dos, solo que nosotros no íbamos con traje y corbata porque ni a eso llegábamos. O en las salidas de turno, por ejemplo: –miren muchá, fíjense que me voy a ir por tal lado, me siguen, y en tal lado nos vamos a juntar, pero lejos de la planta. Con alguien que vivía aquí, en el área de Villa Nueva, nos íbamos hasta allá por la zona 1 (de Ciudad de Guatemala), porque si algún conocido veía que alguien estaba platicando con nosotros, luego lo sabían en la empresa. La empresa implementó algo, que a algunos trabajadores les subieron el sueldo, pero con la condición que tenían que tener informados a los supervisores, a los de recursos humanos, de todo lo que se enteraran”.

Cada semana, los trabajadores manifestaban afuera de la planta, con las familias, las esposas, los hijos chiquitos, para decir “aquí estamos”, con pancartas y gritaban: que “más vale morir de pie que vivir de rodillas”; y que “sindicato unido, jamás será vencido”. Así fue como otros trabajadores fueron perdiendo el miedo, y se animaron a afiliarse al sindicato, que ahora cuenta con 70 trabajadores, de alrededor de 130.

***

En septiembre de 2014, los trabajadores del primer grupo de fundadores del sindicato fueron reinstalados. De los 27 fundadores, 12 del primer grupo y 15 del segundo, regresaron 9 del primer grupo y 11 del segundo a la planta. –“Si emplazamos a la empresa y por eso nos despiden, en 24 horas tienen que reinstalarnos”, le dijo, con el Código de Trabajo en la mano, Boanerges Argueta, operador de stiller, a Emeterio Nacth, ayudante de costanera. Ahora, bromea Emeterio: “Boanerges se equivocó en un pequeñísimo detalle, y es que no fueron 24 horas, sino 24 meses”. En realidad, los trabajadores pasaron dos años y siete meses, resistiendo.

***

Ahora, con el sindicato, las condiciones de trabajo han cambiado: se acabaron los turnos de 16 horas y la obligatoriedad de trabajar los domingos, el que quiere hacerlo lo hace, ya no hay más amenazas de despido, y si se trabaja domingo se tiene derecho a descansar un día de la semana. Ahora, también, solo se trabaja una semana de día y otra de noche, cuando antes eran tres semanas consecutivas en cada turno. Ya no se trabaja durante la Semana Santa. Ya nadie cabecea la carga. Los turnos como operador y como auxiliar son reconocidos –en el salario–; si un auxiliar pasa a ser operador recibe el salario del operador. Los supervisores no pueden ya maltratar a los trabajadores, insultarlos, como antes. Las secciones del comedor, para los almuerzos, ahora son las mismas que para los trabajadores administrativos, teniendo derecho a un subsidio, la empresa asume una parte del costo de la comida. Ahora ya tienen permiso para ir a consultas al Seguro Social. Los uniformes los dan cuando se arruinan, y no cada año.

Siempre, no reconocer al sindicato. Ellos mismos, la empresa, creó un sindicato, de esos blancos. Con eso Ternium Internacional de Guatemala intenta bloquear la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. En esta como en otras luchas no hay final feliz; queda solo la satisfacción de saber que se luchó, porque no había más qué hacer.

***

A estas batallas por la dignidad se sumaron múltiples apoyos: Víctor Pérez Herrera, jefe de Taller de Coca Cola Guatemala, y miembro del sindicato de la embotelladora, que siempre ha estado allí, con ellos, que nunca les ha dejado solos. Los abogados Ingrid Urízar y Rafael Sánchez, de Festras, la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, son de esos abogados incorruptibles, que tanta falta le hacen a Guatemala. En Canadá, Mario Torres, de la Fundación Enrique Torres, en honor a un gran luchador por los derechos de los trabajadores, les ayudó a establecer contacto con el United Steelworkers y estos les abrieron las puertas al IndustriALL Global Union, el sindicato mundial del acero, del que Sitraternium hace parte.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/24/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-iii/

Modernización fiscal y pacto(s) colectivo(s) en nombre del desarrollo social

La crisis fiscal y la inexistencia de un genuino pacto colectivo, constituyen; en el marco del decaimiento socioeconómico y cultural actual; los desequilibrios más apremiantes que debe afrontar el Estado guatemalteco hacia el fortalecimiento del proceso democrático del país.  Bien dicen pesadores latinoamericanos que un Estado no puede ser fuerte teniendo una sociedad debilitada. Esto podría traducirse, en que la crisis que se refleja en el Estado es producto de la crisis de la sociedad. Es falso que pueda existir un Estado eficiente en una sociedad poco organizada, ya que el Estado es creación de la sociedad; y en consecuencia, expresa tanto las cualidades como las debilidades del origen cultural de su población.

Es bien conocido que la modernización económica de un país descansa en dos pilares fundamentales: la modernización fiscal y la modernización financiera. En tal virtud, se puede afirmar que sin ambas modernizaciones (fiscal y financiera) los anhelos por un mejor país,  en términos de prestación de servicios y entrega de bienes de calidad a la sociedad, no se podrán concretar y todo quedaría en ilusiones. Esto viene a colación en el sentido que el contenido de la columna anterior ´Presupuesto abierto y programas sociales´ sería una utopía si el organismo recaudador no procura agilizar sus niveles de recaudación fiscal; y peor aún, si el Congreso hace las asignaciones sin seguir la lógica de los programas de compensación social.

Lo anterior se hace más preocupante  si se toma en cuenta que la cooperación internacional está, hoy por hoy, supeditada a los avances de los pueblos en materia de respeto a los derechos humanos y a la democratización de las sociedades. Además, esto viene enmarcado dentro de los diecisiete esenciales puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por lo que, en alusión al título del presente artículo, los guatemaltecos no debemos permitir que el concepto de democracia se quede sin sustento o vacío de contenido. ¿Cómo evitarlo?  Estando atentos a que el presupuesto 2018 sea un proyecto responsable que le asigne un contenido presupuestario a nuestra democracia intercultural.

En realidad, la crisis fiscal es un problema tan complejo como diverso. Por un lado, la evasión y la elusión fiscal continúan siendo el talón de Aquiles de la estructura tributaria; pero por otro lado, la relación de la fuerza laboral, en materia de informalidad versus formalidad es de 80 a 20. Estas dos situaciones agudizan la crisis fiscal, pues no se tiene certeza numérica de los movimientos económicos informales, como tampoco de las pérdidas por evasión fiscal. Es acá, donde el Estado por la vía de su gobierno debe apoyar a las instituciones estatales relacionadas para que se tenga la capacidad de procesar estas cifras y plantear opciones de políticas económico-financieras, con números acordes dentro de la globalidad del tema; y luego entonces, bajo el genuino pacto colectivo  arriba mencionado, trabajar en la modernización fiscal.

Estamos frente al desafío de nuestra propia historia; y para enfrentarla, Guatemala necesita de un Estado fuerte, política y financieramente. Por ello, la afirmación de que el fortalecimiento financiero del Estado sea inseparable del fortalecimiento democrático, cobra plena vigencia. Ya que la legitimidad se alcanza cuando el Estado es capaz de satisfacer la demanda social de sus ciudadanos. Sin embargo, es de valientes reconocer que el origen de nuestra cultura contemporánea está basada en la indiferencia. Y los que nos llamamos guatemaltecos lo único que compartimos es el territorio; al grado de ignorar, la valiosa cultura de la cosmovisión Maya. De esta indiferencia social acumulada en el tiempo, hoy, Guatemala está enfrentando el desafío de un futuro ya entre nosotros. Y solo si somos capaces de construir una economía eficiente y una sociedad etnocultural más igualitaria, alcanzaremos un mejor manejo de nuestra interculturalidad democrática; y así, tener viabilidad de nación ante la Aldea Global.

http://s21.gt/2017/09/13/modernizacion-fiscal-pactos-colectivos-nombre-del-desarrollo-social/

Trabajadores. La batalla por la dignidad (Parte I)

Dignidad. Valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo.

***

Esta es la historia de un pequeño grupo de trabajadores que, con sus propias fuerzas, por si mismos, demostraron que, si luchaban, era posible mejorar sus condiciones de vida, hacerse respetar. En esta larga batalla la bondad, la solidaridad y el coraje iban a ser llevados al límite.

***

Todo empezó en 2006, cuando una nueva administración tomó el control de la planta. De inmediato, la nueva gerencia impuso sus condiciones: eliminaron las canastas navideñas; el convivio para los niños; el festejo que, el día del niño, daban a los pequeños; y así, una serie de pequeñas prestaciones más.

La nueva administración quitó la cena, que, en el turno de la noche, hasta un tiempo antes les daban. Con ello, en adelante, durante el turno de la noche, el que quería comer debía llevar sus alimentos. A todos los trabajadores, en cualquier turno, se les prohibía salir –durante sus tiempos de comida– afuera de la planta.

Incrementaron luego la jornada de trabajo, de 12 a 16 horas, en turnos que iban de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de 2 de la tarde a 10 de la mañana. Entonces, le dije al gerente de producción que yo a ese horario no me adaptaba. Él me mandó a llamar a su oficina, y me dijo: – Mirá, aquí ningún hijuelagranputa me va a decir cómo voy a trabajar yo. – Ingeniero disculpe, pero esto es un trabajo, no es esclavitud, le dije yo. – La gran puta, me dijo, y somató el escritorio. Mejor me salí, allí lo dejé.

Con el incremento de la jornada de trabajo, durante algunas horas, los dos turnos se traslapaban. Ante ello, en el área de embarque, los trabajadores tenían que “cabecear” las láminas. Como no había suficientes grúas para realizar el proceso de carga, entonces, los trabajadores eran forzados, entre dos, a transportar manualmente, con su propia fuerza, sobre su cabeza, las láminas. Al principio, los trabajadores pensaban que esto podía hacerse agrupando tres láminas; pero el ingeniero les dijo: – No, se llevan las diez de un solo. Ya tenía uno la cabeza con el canalito ya hecho, bromean ahora los trabajadores.

Luego, impusieron que era obligatorio trabajar los domingos. Los trabajadores recuerdan así el discurso que acompañó la nueva orden: – Miren: si no quieren hacer ni mierda, dejen allí esa babosada. Ustedes no van a andar allí jodiendo igual que antes, porque ahorita ya es esta nueva empresa y ellos vienen dando con todo. Lo que yo puedo hacer es despedirlos a ustedes, así como despedí a los que no querían hacer ni mierda y se pusieron al brinco, ya vieron como los eché a la mierda, igual lo voy a hacer con Ustedes, los voy a despedir, y allí afuera miren qué putas hacen. Al final de cuentas aquí la planta tiene gente de sobra; se van dos, tres, y allí afuera hay cien esperando. Así que Ustedes: o hacen lo que aquí se les dice, o van a comer mierda.

En el área de embarque, uno de los supervisores intentó obligar a los trabajadores a llevar la basura que estaba en los botes al basurero general. Como los trabajadores le dijeron que no, que cada quien tenía su trabajo, que esa era labor de los trabajadores de limpieza, entonces, él agarró los botes de basura y se los vació sobre su cabeza. – Aquí yo mando; aquí, si yo quiero los despido.

Uno de los supervisores llegó hasta una pequeña bodega donde los trabajadores tenían colgados sus suéteres. Entro y dijo: – ¿De quién es esto? – De nosotros, le dijimos. – A mí no me parece que estén colgando esto aquí, y agarró los suéteres y los tiró al piso y mandó a uno de los trabajadores a que los fuera tirar a un basurero.

Para ir al baño los trabajadores debían ir hasta la oficina del supervisor y allí solicitar el “pase”, un cartón firmado y sellado por el ingeniero; lo que solo podía hacerse si no había nadie más haciendo uso del servicio sanitario. Si el pase estaba en la oficina y no estaba la persona, allí había problema. El baño queda lejos de donde estaban los trabajadores. – Uno para ir al baño, de aquí a que vaya a pedir el pase, o esperar a que otra persona venga y entregue el pase… se hacía un desmadre.

En otra ocasión a uno de los trabajadores se le sancionó por acostarse, durante su tiempo de comida, a la sombra de un árbol. Era tanto el cansancio que, en lugar de comer, él prefirió dormir un rato. El supervisor pasó y se le quedó viendo. Esa misma tarde le llamaron de recursos humanos para oficializarle la sanción.

Cuando alguien precisaba ir a consulta con el médico, por alguna enfermedad, en la empresa no les otorgaban los permisos. El ingeniero me dijo: – Gente enferma no queremos aquí; si vas a ir al IGSS es un día a cuenta de tus vacaciones. A los trabajadores que estaban en el turno de noche, les decían que, si iban al IGSS, eso no contaba, que no tenían permiso. Los trabajadores se ríen ahora: – Solo que tuvieras tu cita del IGSS en la noche; si estabas en el turno de noche no podías enfermarte.

La frase que más recuerdan los trabajadores que les repetían los supervisores era: – El portón tiene seis metros de ancho y de alto tiene uuuuu, bastante, pasa un camión, no van a pasar ustedes, se pueden ir cuando quieran.

***

Con lo que no contaba la gerencia era con un inofensivo camión de bebidas que, una vez a la semana llegaba a surtir producto a la cafetería de la fábrica. Un día, el vendedor y los dos auxiliares, con su uniforme de camisa de botones a rayas blancas y rojas y pantalón de lona, entablaron una conversación con algunos trabajadores de la fábrica: – ¿Qué tal muchá, que tal todo por aquí? Ya los compañeros les contaron que para todo eran amenazas de despido, los insultos, la jornada de trabajo. – ¿Saben qué? les dijeron, mejor platicamos afuera, si los oyen aquí los van a despedir, ¿a qué hora terminan su turno? El vendedor y los auxiliares eran miembros del Sindicato de Coca Cola Guatemala, STECSA, el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, Sociedad Anónima.

Desde ese momento los agravios que los trabajadores habían vivido en la planta se transformaron en una poderosa fuerza para organizarse y luchar por su dignidad. ¿Qué podían perder estos que no tenían nada más que ellos mismos, su fuerza, su solidaridad, y su honestidad para no dejarse comprar? Continuará…

***

Este 26 de agosto se celebra el 42 aniversario del Sindicato de Coca Cola Guatemala, STECSA. Con este artículo, y la lucha de estos trabajadores que vivían estos atropellos en pleno siglo veintiuno, rendimos un homenaje a: Pedro Quevedo († 12 de diciembre de 1978), Manuel López Balam († 5 de abril de 1979), Arnulfo Gómez († 1 de mayo de 1980), Ricardo García († 1 de mayo de 1980), Marlón Mendizábal († 27 de mayo de 1980), Edgar René Aldama († 21 de junio de 1980), Ismael Vásquez († 21 de junio de 1980) y Florentino Gómez († 21 de junio de 1980), dirigentes de STECSA asesinados y desaparecidos por los regímenes militares.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/08/27/trabajadores-la-batalla-por-la-dignidad-parte-i/

Trabajadores. Batallas por la dignidad (II)

Opinión:  Manolo E. Vela Castañeda

El domingo 27 de agosto ­­(http://bit.ly/2f8EoA3) publiqué la primera parte de esta historia. Allí contaba la serie de agravios que, desde 2006, a diario, tenían lugar en la planta de Ternium Internacional de Guatemala, que se halla en Villa Nueva. Pero hubo un punto en que esos mismos agravios se transformaron en una poderosa fuerza para que los trabajadores se organizaran y se lanzaran a luchar por su dignidad. Es lo que relataremos a continuación.

***

A las 19:00 horas del lunes 5 de marzo de 2012, en el Juzgado Séptimo de Trabajo, 12 trabajadores de Ternium Internacional emplazaron a la empresa. Su propósito: empezar la inscripción de una organización sindical, al mismo tiempo que se protegían para que dicha empresa no pudiera despedirlos.

Al día siguiente, el martes, a las seis de la mañana, conforme iban llegando, los trabajadores se percataron de un inusual despliegue de los guardias de seguridad privada, unos 15, vestidos con su uniforme negro, pantalón con franjas rojas, camisa de manga larga, armados, que estaban apostados en la garita de entrada. A cada trabajador que quería entrar a la planta le pedían su identificación, que verificaban contra un listado. A los 12 trabajadores que horas antes habían emplazado a la empresa les fue negado el acceso, y allí mismo les hicieron entrega de su carta de despido.

A las tres semanas, el 31 de marzo, un nuevo grupo, esta vez de 15 trabajadores, se incorporó al sindicato. También fueron despedidos. Siempre al día siguiente, pero esta vez, mientras estaban en sus puestos, dos policías iban por cada uno de los 15 trabajadores y los llevaban a la oficina de Recursos Humanos. Allí les informaban de su despido y les conminaban a aceptar su liquidación. –Yo les dije que no lo iba a recibir. Entonces, ellos me empezaron a amenazar: que tenía que recibirlo, porque si no lo iba a perder, que eso se iba a llevar un gran tiempo. Los policías les llevaban hasta la puerta de la planta.

Entre el personal del Juzgado y las oficinas de la Inspección General de Trabajo del ministerio, alguien vendía información a la empresa. “Persona que nosotros íbamos a inscribir como nueva en el sindicato, al ratito, el mismo día, la empresa ya lo sabía”. Después, los trabajadores iban a presentar una demanda contra la Inspección por filtración de información. Dos inspectores fueron despedidos.

Y así empezó una nueva vida, sin trabajo, sin los ingresos que ellos llevaban para el sostenimiento de sus familias, pero con la fuerza de ellos mismos, y de sus otros compañeros, y la posibilidad de construir una organización, su sindicato, para hacerse respetar. Hasta ese momento, marzo de 2012, el sindicato eran 27 trabajadores. Pero era un sindicato de desempleados, todos sus miembros estaban en la calle. Fue como empezar 12 rounds con un nocaut, en la lona.

Hasta allí, la empresa había conseguido su objetivo: que ninguno de los integrantes del sindicato pusiera un pie en la planta. Lo que seguía era una batalla legal en los tribunales para, con el propósito de doblegar la voluntad de los trabajadores, asfixiarlos económicamente, darle largas al proceso y que terminaran renunciando. A otros, la empresa intentó comprarlos, los visitaban en sus casas, y llegaron al extremo de recopilar información de sus finanzas personales: “Yo tenía un préstamo en un banco, y me dijeron: –mire si usted va ahorita a traer su indemnización la empresa nos autorizó que le demos el doble y con eso va a poder cubrir la deuda que tiene en el banco, y además le van a pagar los meses de salario que han pasado”. En otro caso, cuenta: “en ese momento, yo tenía bastante mal a mi esposa. Me llamaban y me decían: –mirá, tu esposa, está enferma, ¿cómo le vas a hacer? si ni quiera estás trabajado”.

Mientras esas batallas tenían lugar, el 21 de junio de 2012, el Ministerio de Trabajo reconoció la Personalidad Jurídica del sindicato.

En agosto de 2012 iba a ocurrir otra victoria: el gerente de la empresa iba a ser enviado a prisión por negarse a acatar la orden de reinstalación a favor de los trabajadores del segundo grupo. Mientras el gerente hacía como que leía la orden de reinstalación, en sus oficinas, el juez de Trabajo, Edwin Marín, le explicó que “allá, en el Centro Preventivo, va a tener todo el tiempo del mundo para leer”; y en eso entran los policías, y le dicen: “nos va tener que acompañar caballero, es una orden”. En represalia, el juzgador fue trasladado. Los empresarios, esos señorones que saben que de los coches se hace la manteca y de los hombres dinero, no podían permitir un desafío a su control del sistema de justicia laboral.

De los 15 trabajadores diez regresaron a la planta. El número de miembros del sindicato bajó a 22. Si no alcanzaban los 20, el sindicato desaparecía.

Había 12 trabajadores cuyo proceso de reinstalación se veía torpedeado por los recursos legales que la empresa presentaba.

Los 12 trabajadores que eran parte del sindicato, pero que estaban fuera de la planta, no podían aceptar un empleo formal, porque ello implicaba renunciar del litigio que tenían.

A unos los aceptaron en una maquila, pero a los días les decían que ya no iban a poder seguir porque eran conflictivos. Era el resultado de la red de información que las empresas recopilan a través de infor.net,
su eslogan: “reduciendo riesgos”.

Para ayudar a sobrevivir al grupo de 12 trabajadores “los primeros diez que entramos hicimos un compromiso que cada uno iba a apoyar a uno de los que se había quedado afuera, con lo que pudiera, algunos, económicamente, otros con víveres”.

Del grupo de 12, unos se hicieron ayudantes de albañil; otro se hizo peluquero; otro puso una pollera; otro puso una venta de papas en su casa, allí vendía mixtas, “le llevábamos coca cola”; luego, dejó allí a la esposa y él se fue a recolectar latas; otro se hizo agente de seguridad privada, y recuerda de cuando lo ponían a perseguir a los perros que se soltaban de las casas, en los condominios; el STECSA, el sindicato de la Coca Cola, hizo colectas que ayudaban con los útiles de los niños; de Canadá, el sindicato del acero les envió un dinero que recolectó entre sus afiliados, lo que les sirvió para salir de las deudas más urgentes, esas que no esperan: el pago de la renta y los servicios, el agua, la luz.

Esta multinacional del acero, con oficinas –entre Europa y América– en 13 países, se iba a topar con un grupo de trabajadores que no aceptaban las migajas con las que la empresa pretendía comprarlos. Gente decente, solidaria, de esos que ya no le temen a nada, porque están resueltos que en su pobreza mandan ellos. Un día, ahora recuerdan, les dijo el gerente: “con la venta de la basura, la chatarra, los metales que reciclamos, podemos pagar la demanda en los tribunales, ya dejen de hacer problemas”. La multinacional podía tener toda la plata del mundo, pero eso no le alcanzaba para comprar a este grupo de trabajadores que tenían claro que la dignidad no se vende.

https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/09/10/trabajadores-batallas-por-la-dignidad-ii/

La retorcida lógica de los secuestradores del convenio 169

Cualquier texto de economía  demanda  que para la realización de inversiones,  de contratos,  de cualquier tipo de actividad humana,  las reglas que establezcan la manera en que se llevan a cabo se encuentren establecidas en reglas claras,  concisas y exactas aplicables a todos por igual que señalen cuales son los requisitos a cumplir y cuáles son los efectos de llevar a cabo una actividad.

Lo anterior también es el caso con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo. La lógica demandaría que para su aplicación existan reglas claras sobre como ejecutar ciertas actividades para cumplir con el denominado  ‘Derecho de Consulta’ que ha sido instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarado aplicable sin limitación a Guatemala por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Trabajo, órgano encargado de la aplicación de los Convenios Internacionales en materia de Trabajo  publicó a principios del mes anterior una Guía metodológica para realizar el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169.  El día  martes ha surgido la noticia que  se había interpuesto por una organización indígena una acción de amparo en contra de dicha guía.  Se alega que la Guía Metodológica no se consultó a los pueblos indígenas.   Esta es la segunda tratativa de regular el derecho a la Consulta.  Los amparos,  sin embargo,  no señalan que  aspectos de los derechos de los pueblos indígenas vulnera esta Guía,  sino simplemente se alega que no se consultó a los interesados.

Entonces,  para normar el derecho a la consulta se necesita,  valga la redundancia,  hacer una consulta,  pero utilizando que normas?   Pero entonces,   el alegato  podrá ser,  a cada paso de la consulta que se está violando algún  derecho  ancestral.  De esta manera,  se crea un círculo vicioso.  Pareciera  que hay quienes  quieren utilizar el pretendido ‘Derecho a la Consulta’  para simplemente crear vacíos que impidan  que existan reglas claras para tener un ambiente propicio a la inversión en el país.  Es posible que nos encontremos ante una situación donde los tribunales han hecho al Estado rehén de las organizaciones  que han utilizado el derecho a la Consulta como excusa para paralizar el desarrollo.

La solución  debe debatirse entre dos aspectos, o los tribunales definen el contenido de la consulta sobre la consulta,  o  las organizaciones son propositivas y no negativas sobre el derecho a la consulta.

La Guía metodológica tiene la ventaja fundamental,  que se trata de esto,  de una guía,  aunque  entonces pueda alegarse que la guía no es obligatoria y que no viola el convenio 169.   Pero para dicho caso,  la argumentación de la falta de obligatoriedad haría la Guía nugatoria. Si tomamos la Guía como una propuesta,  la respuesta de las organizaciones indígenas no debe ser que viola el derecho a la consulta, sin indicar  cuales partes de la guía no son admisibles.  En este caso es como  ver a nuestro país,  como el perro que se muerde la cola y va en círculos,  pero no resuelve nada.

Para tener un desarrollo adecuado como país,  debemos dejar claramente establecidas que objeciones concretas,  basadas en principios jurídicos claros y fundamentados en la constitución política de la república  existen  por parte de los interesados para que la guía sea aplicable. Es obligación de las organizaciones indígenas aterrizar el derecho a la Consulta e indicar que parte de la guía es inadmisible para dichas organizaciones y sobre todo una justificación razonable para lo anterior basada en la normativa que escogimos todos como país al elegir a una asamblea constituyente en dos ocasiones separadas.

http://s21.com.gt/2017/08/09/la-retorcida-logica-los-secuestradores-del-convenio-169/