Los pactos colectivos del Estado

 

Luis Fernández Molina

Todas las ramas del derecho evolucionan en la medida que discurre imparable el progreso y se implementan nuevos ingenios de la imaginación e iniciativa humana. Todo el Derecho debe acomodarse a los sucesivos escenarios que la civilización va presentando y a las necesidades comunitarias. Sin embargo existe una rama que tiene una dinámica evolutiva particular: el derecho de trabajo. Aunque es un derecho de reciente formación -menos de 200 años– tiene en su mapa genético la vocación permanente de brindar protección a los trabajadores y de esa cuenta crece más, incorporando como norma cualquier mejora en las condiciones de trabajo. Por ello cada vez han sido más los derechos incluidos en el catálogo laboral y también mayores las aéreas en las que tiene presencia.

Es importante recordar que el derecho de trabajo responde a un periodo histórico en que se dieron los embriones de la gran producción: la Revolución Industrial cerca de 1850. Las primeras expresiones se dieron con el surgimiento de las grandes fábricas y fue tomando forma bajo la sombrilla protectora. Era una época en que los trabajadores estaban desprotegidos, fueron minimizados, eran desechables; en todo caso eran débiles. Sin embargo tanta ha sido la evolución desde esos albores que hoy día el poder de los trabajadores se equipara en ocasiones al de los empleadores. Acaso hemos llegado a un punto de revisar ese avance lineal del derecho laboral.

Siendo evolutivo surgen los cambios, como en las especies -según Darwin-y a veces estos procesos dan saltos pasos regresivos, retrocesos. Tal el caso del Congreso de la República. Pobre, flaco favor le hace el sindicato al movimiento sindical en general. Proyecta la imagen de abuso, aprovechamiento y despilfarro. ¿Qué se va a pensar del sindicalismo? Para más inri, los empresarios que ya de por si tienen animosidad al sindicalismo, ven justificado su recelo con esas actitudes. Alguien podría pensar que es un plan urdido por sectores extremistas para desprestigiar a los sindicatos. No lo es. Ningún plan hubiera sido tan efectivo.
Los sindicalistas de cepa deberían ser los primeros en levantar la voz y también los demás trabajadores del Estado que devengan una porción de esos salarios en condiciones similares. Un oficial de tribunales gana 5 mil quetzales, un maestro 4 mil y un médico 6 mil. ¿Donde está la igualdad de condiciones como elemento de la justicia? Acaso no son todos trabajadores de un mismo empleador. El Congreso es parte de la cuestión pública.

El pacto colectivo es una expresión del enfrentamiento entre patronos y sus trabajadores (la tradicional “lucha de clases”). En general los intereses de ambas partes son, o deberían ser, convergentes. Mejor la empresa, mejor los trabajadores. Sin embargo siempre existen áreas de oposición: los salarios y beneficios. A menos salarios mayores ganancias. Por eso cada sector defiende su derecho. Pero en el Estado no aplica esa ecuación ya que no va a “ganar más” si los trabajadores tienen salarios más bajos. Más lo importante es el servicio a la ciudadanía.
Por eso la Constitución marca una diferencia entre trabajadores privados y del Estado; a éstos últimos les dedicó los artículos 108 al 116; a los trabajadores del Estado aplica una normativa especial, esto es, que no les corresponde las normas del Código de Trabajo (que era dedicado a las empresas privadas). Esa división de esferas laborales estaba clara, sin embargo en el Gobierno de Vinicio Cerezo y apenas al año de inaugurada la Constitución se emitió la Ley reguladora de huelga de Trabajadores del Estado. Aquella frontera entre trabajadores privados y del Estado empezó a desdibujarse.

 

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Derechos adquiridos

Es norma que los derechos adquiridos por los trabajadores no pueden ser disminuidos y esa garantía se considera sagrada en el derecho laboral, pero es indispensable que se establezca que los derechos fueron adquiridos lícitamente y no con base en negociaciones oscuras y espurias entre grupos de trabajadores y funcionarios públicos que incurrieron en abuso de autoridad al asumir compromisos que pueden comprometer seriamente las finanzas del Estado.

En la negociación colectiva no se regula específicamente el caso de los trabajadores del Estado y por ello no se contemplan normas esenciales para garantizar que el contenido de los pactos suscritos sea respaldado por estudios que demuestren su viabilidad financiera hacia el futuro. Un irresponsable funcionario puede firmar lo que le pongan enfrente con tal de quedar bien con grupos sindicales que le pueden hacer la vida imposible, pero eso no significa que se trate de un derecho adquirido en buena lid, de acuerdo a consideraciones técnicas que aseguren que se podrá honrar el pacto a lo largo de los años.

Solo alguien como Maldonado Aguirre pudo haber sacado de la oscuridad a un político tan irresponsable como Méndez Herbruger para llevarlo a ser ministro de Estado luego de la mamarrachada de pacto colectivo que suscribió en el Congreso de la República y que hoy da lugar a un escándalo sin precedentes porque hay conserjes que ganan más que los ministros y que los diputados. Se tiene que entender que ese pacto fue para silenciar a un sindicato que sabía de los sucios manejos de los diputados con las plazas y que el motivo principal de haber negociado y firmado el pacto fue para que todos se terminaran tapando con la misma chamarra y que los miembros del Congreso pudieran continuar con su manejo de plazas fantasma o de plazas para queridas y protegidos ganando sueldos increíbles.

Eso no puede reputarse desde ningún punto de vista como un derecho legítimamente adquirido y por lo tanto es prudente denunciar el pacto espurio firmado sin ninguna consideración respecto a las posibilidades reales que se tenían para seguir pagando esos fantasiosos sueldos a lo largo de los años.

La moral tributaria que se reclama al pueblo de Guatemala es imposible de rescatar si persiste ese modo de gastar los recursos provenientes de los impuestos. No se le puede exigir a un pueblo que asuma sus responsabilidades fiscales cuando se malgasta el dinero de esa forma y eso tiene que quedar absolutamente claro porque, repetimos, es un derecho que los trabajadores obtuvieron como consecuencia de la corrupción galopante en el país.

 

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Congreso: Seguirán los salarios elevados

POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt

Los más de mil 600 empleados del Congreso contratados bajo el renglón 011 con sueldos nada comparados al salario mínimo, seguirán devengando los mismos, según confirmó el sindicalista legislativo Alfredo Tumax.

La razón por lo que los asalariados cobraran sus sueldos de hasta Q76 mil es porque el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), no puede violentar lo pactado en acuerdo colectivo, el cual siempre ha defendido ese movimiento, según explicó Tumax, secretario general de esa organización.

Para poder hacer la modificación al referido pacto, sin dejar atrás las mejoras a los trabajadores del Legislativo lo que propone el sindicalista, es la instalación de una mesa de negociación donde dos representantes de la Junta Directiva junto a Tumax y el secretario de conflictos del Sintracor, Ovidio Salic, lleguen a un acuerdo.

“Tenemos que sentarnos con las autoridades para decidir. Esto tiene que ser una cuestión de consensos y conciencia de los trabajadores donde el resultado puede ser positivo o negativo. Lamentablemente, los empleados seguirán cobrando el mismo sueldo porque hasta que no haya una reforma, continúan los derechos”, dijo Tumax.

Por este tema, el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien dio a conocer la nómina de asalariados 011, aún no se ha pronunciado. Sin embargo, se notificó que ayer, recibió una carta del Sintracor donde le solicitan la instalación de una mesa de negociación donde puedan hacer un reajuste al pacto colectivo.

El acuerdo colectivo modificado en 2006 durante la presidencia del expresidente del Legislativo y exministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, autorizó que todos los empleados de ese organismos reciban anualmente un aumento del diez por ciento en sus salarios, además de algunos bonos y una ayuda de Q2 mil 500 por el deceso de un familiar.

NÓMINA Y SALARIOS

En la nómina publicada por Taracena en su cuenta de Twitter, tres días después de haber asumido la presidencia del Congreso, evidencia que hay empleados bajo el renglón 011 que tienen salarios muy elevados, si se compara con el salario mínimo que gana un ciudadano del sector agrícola y no agrícola, de maquila.

De acuerdo con la información oficial, hay empleados bien pagados como es el caso de la contadora general, Hilda Roldán quien mensualmente percibe un sueldo de Q78 mil 385; seguido del director de protocolo, Víctor Alburez García con Q64 mil 927; y la directora legislativa, Isabel Antillón con Q44 mil 487.

La secretaria ejecutiva de la Junta Directiva, Elida Francisca González, también es una de las asalariadas mejores pagadas ya que al mes recibe un salario de Q43 mil 588. El encargado del archivo legislativo se suma a González ya que mensualmente recibe Q35 mil 299; el coordinador de atención ciudadana gana Q25 mil, 488.

Por su parte, un asistente de atención ciudadana Q23 mil 842; y un técnico en relaciones publicas devenga Q22 mil 698.

 

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PGN debe deducir responsabilidades por pacto colectivo en el Congreso

POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt

El incremento al 10 por ciento que reciben anualmente los empleados del Congreso por el pacto colectivo suscrito en 2006, requiere de una sanción administrativa por la Procuraduría General de la Nación (PGN), dijo el abogado y exmagistrado Luis Fernández Molina, ya que considera que este tiene “ribetes de ilegalidad”.

La crítica del letrado se da luego que el presidente del Congreso, Mario Taracena, diera a conocer la nómina salarial de empleados legislativos bajo el renglón 011, en la cual se evidencia los sueldos elevados que tienen los asalariados de ese organismo, que a criterio de Fernández Molina caben entre la figura de “lo absurdo y el abuso”.

Por esa razón, el abogado sugiere hacer una revisión al pacto sobre la ilegalidad y lo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo desde la frase: “salvo que”, ya que desde el punto de vista técnico legal, ese acuerdo podría ser hasta inconstitucional porque nunca se pidió el visto bueno de la unidad técnica del Presupuesto.

Entre tanto, Alfredo Tumax, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), hizo saber que ese movimiento entregó esta mañana una carta a la Presidencia del Legislativo, en la cual se pide la instalación de una mesa técnica en donde se pueda renegociar dicho pacto.

La misma está integrada por Tumax y el secretario de conflictos de Sintracor, Ovidio Salic. El aludido resaltó que la unidad sindical buscará escalonar los salarios de los empleados legislativos. De lo contrario, el beneficio del 10 por ciento anual seguirá aplicándose a los trabajadores.

 

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Pactos inmorales y lesivos para el país

 

Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

El tema de los pactos colectivos que se han firmado en el Estado constituye un serio problema jurídico porque mediante ese mecanismo de negociación entre los trabajadores y el empleador, en este caso el Estado, se establecen derechos laborales que según la ley nacional y los tratados internacionales son irrenunciables y no pueden ser disminuidos, pero ocurre que esas negociaciones fueron hechas de manera espuria por funcionarios venales comprometidos con la corrupción que ha carcomido las entrañas mismas de nuestra gobernabilidad. Funcionarios como Méndez Herbruger comprometieron más allá de las realidades financieras a que se asuman obligaciones que terminarán por generar una crisis financiera de gravísimas consecuencias.

Hay que ver que ante las dificultades que se han vivido en otros países se ha tenido que legislar en forma draconiana para reducir beneficios laborales y de jubilación pactados mucho tiempo antes sin visión de futuro ni medición de las consecuencias de esos compromisos. En muchos países de Europa que habían emitido leyes conteniendo muy favorables beneficios para los trabajadores, se vieron en la necesidad de reducir esos beneficios para tratar de recuperar la estabilidad financiera y a pesar de la resistencia de los beneficiarios, hubo que implementar la política de recortes ante la presión de acreedores internacionales porque los países incurrieron en la falta de pago de sus deudas.

En una empresa privada un pacto colectivo se suscribe entre los trabajadores y los dueños de la empresa y éstos siempre velarán por la capacidad real de cumplir con los compromisos sin poner en riesgo a la empresa. Ni soñar con la posibilidad de que el sindicato de mordida a su contraparte en la negociación del pacto. Pero en el sector público el funcionario que negocia con los trabajadores está más interesado en su propio interés político que en los intereses del país y con tal de que los trabajadores lo dejen seguir robando a diestra y siniestra sin molestarlo, firman cualquier pacto aunque el mismo se convierta en un compromiso imposible de cumplir porque ni siquiera se consulta con las autoridades financieras para determinar la capacidad real que se pueda tener a futuro para honrar los pactos.

Así como en Europa y otros países que han entrado en crisis se ha aceptado la disminución de ciertos beneficios sociales y laborales, en el caso de Guatemala se tiene que evitar la crisis actuando ahora mismo para revisar esos pactos que son inmorales por la forma en que fueron suscritos y que son absolutamente lesivos a los intereses del país.

Lo que estamos viendo ahora en el Congreso es inaceptable. Y eso que no se ha dicho que los trabajadores se aseguraron hasta el derecho de heredar sus plazas a sus parientes, privilegio que no se concibe en ningún tratado sobre las prestaciones y beneficios que se deben otorgar al trabajador.

Pero no es únicamente el Congreso el que está en esa situación sino que muchas dependencias de la administración pública porque la corrupción de los funcionarios las hizo ceder ante presiones irracionales de grupos sindicales que sacaron raja a la descomposición moral que se adueñó del país.

 

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Sobre el salario mínimo diferenciado

Lisardo Bolaños Fletes

 

Sobre el salario mínimo diferenciado

¿Cuáles son las principales preocupaciones que se generan de cara a los salarios mínimos diferenciados (SMD)? ¿Qué tan justificadas son dichas preocupaciones?

Me propongo discutir esto empezando con la discusión sobre la legalidad de la propuesta para luego enfocarme en las preocupaciones de economía política. En la tercera sección discuto los cuestionamientos económicos que se han generado en torno a la propuesta. En la cuarta sección me enfoco en las propuestas alternativas a los SMD para generar oportunidades de empleo en el interior. Por último me enfoco en cómo sacarle el máximo provecho a la propuesta para promover el desarrollo de la población.

Sobre la legalidad de los SMD

En el debate nacional han surgido discusiones sobre la supuesta ilegalidad de los SMD. Brevemente expondré por qué sí es posible proponerlos dentro del actual sistema jurídico guatemalteco.

Se argumenta que los SMD son ilegales porque implican un salario mínimo distinto para un mismo tipo de actividades. Sin embargo, la Constitución no establece dicha prohibición. Lo único que establece sobre el salario mínimo es que debe darse una fijación regular (art. 102.f). Respecto a los salarios en general, la Constitución define que debe haber una misma retribución para un mismo trabajo en el caso de que existan las mismas condiciones (art. 102.c) y que la ley puede definir excepciones (art. 102.b). Por lo tanto, no existe la ilegalidad que se argumenta.

Se argumenta que los SMD son ilegales porque incumplen con el DR-Cafta, que obliga a no reducir los beneficios laborales por motivos comerciales. Este argumento adolece de varias fallas. Primero, en Guatemala no se les está reduciendo el ingreso a trabajadores que ya están trabajando en la manufactura ligera. Segundo, la propuesta no propone que a los nuevos trabajadores se les vaya a reducir el ingreso. De hecho, se les incrementa, pues pasan del sector agrícola y del de el comercio informal a trabajar en fábricas formales. Tercero, se les incrementa el acceso a beneficios laborales a los nuevos trabajadores, pues estos acceden a salario mínimo (cosa que nadie les garantiza hoy en sus actividades actuales), bonificación incentivo, aguinaldo, bono 14 y los beneficios del IGSS, el Intecap y el Irtra.

Se argumenta que los SMD son una renuncia a los derechos laborales. Primero, el articulado de la Constitución explícitamente establece que los derechos que la ley otorga no pueden ser sujetos a negociación entre trabajadores y empresas. La Constitución no prohíbe al Gobierno modificar las normas laborales. Eso tiene sentido, pues las condiciones económicas, políticas y sociales cambian.

Sobre la economía política de los SMD

En esta sección comento las críticas a los SMD utilizando los que podríamos denominar argumentos de economía política, es decir, argumentos mediante los cuales se cuestionan los incentivos y procesos de la propuesta.

Se argumenta que los SMD son otra iniciativa de explotación laboral de los criollos, que lo han hecho desde tiempos de la Colonia. Este argumento adolece de varios problemas. Primero, los principales inversionistas no son ni criollos ni miembros de las familias del capital tradicional guatemalteco. La mayoría son extranjeros. Es más, el capital tradicional guatemalteco le ha huido a este tipo de inversiones, ya que le falta el conocimiento para hacer estos negocios porque lo ven muy riesgoso y porque está constantemente sujeto a ataques. Una forma sencilla de poner el argumento es esta: el capital tradicional chapín prefiere construir un edificio de apartamentos o un centro comercial o expandir sus operaciones en Centroamérica o en el Caribe a tener que lidiar con proyectos empresariales que implican generar empleo para miles de trabajadores. Lo que sí es cierto es que hay algunos empresarios del capital tradicional apoyando la medida, pero es por sus beneficios indirectos: más crecimiento económico y más empleo formal implicarán más ventas de comida, ropa, etc.

Se argumenta que los SMD atraen inversión extranjera, la cual ha generado consecuencias negativas para el país en el pasado. El argumento se fundamenta principalmente en la vinculación entre la United Fruit Company (UFCO), su oposición a la reforma agraria promovida por Árbenz y el subsecuente golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Este argumento realmente no es sobre inversión extranjera, sino sobre la interacción entre geopolítica y política doméstica: si un presidente ignora la política de seguridad de un país grande en su zona de influencia, dicho presidente puede afrontar consecuencias negativas (ya se llame Jacobo Árbenz u Otto Pérez).

Se argumenta que los SMD debilitan la capacidad de negociación de los trabajadores, la cual ya de por sí es débil frente a las empresas. Hay dos formas de responder a esta idea. Primero, dada la realidad del país, antes de pensar en negociar condiciones adicionales, lo primero que debería hacerse es empezar por exigir el cumplimiento de la ley laboral, algo que no pelea con los SMD. Segundo, para la mayoría de los trabajadores guatemaltecos no hay empresas con las cuales negociar mejores condiciones laborales. Lo que abunda es el empleo informal y la agricultura de subsistencia, así como el empleo familiar. Por tanto, es difícil entender a quién van a pedírseles mejores condiciones laborales. El problema es que, para la mayoría de los guatemaltecos, hablar de negociación entre trabajadores y empleadores es una visión errónea.

Las empresas no van a ir a instalarse en cualquier lugar solo por costos de mano de obra bajos. Lo harán donde hay otros beneficios, como carreteras, cercanía a grandes mercados y cercanía a puertos marítimos.

Se argumenta que los SMD se promovieron sin un proceso de consulta. Primero, se siguió con la normativa nacional para el proceso de consulta. De hecho, se realizó el proceso vía los Consejos de Desarrollo para elaborar la propuesta y esta se discute en el seno de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. A diferencia de otros temas en los que realmente no hay mecanismos institucionalizados (como en el tema fiscal), en el laboral sí hay procesos en su lugar.

Se argumenta que los SMD van a extenderse al resto del país. Al respecto es necesario tener claro que, dada la oposición que muchos muestran contra los SMD, su expansión territorial solo va a ser posible si se logran generar miles de empleos formales en Estanzuela, Guastatoya, Masagua y San Agustín Acasaguastlán. Es decir, si es exitoso. Es decir, si la población logra estar mejor. Así que eso resultaría ser positivo. Ahora bien, no todo territorio va a ser sujeto de un SMD. ¿Por qué? Primero, las empresas no van a ir a instalarse en cualquier lugar solo por costos de mano de obra bajos. Lo harán donde hay otros beneficios, como carreteras, cercanía a grandes mercados y cercanía a puertos marítimos. Así que poner SMD en Petén, en el Quiché o en Totonicapán tendría poco impacto hoy en día, sin que previamente se realicen inversiones que permitan atraer empresas (la única justificación válida para hacerlo sería crear un SMD para medianas y pequeñas empresas —mipymes— con el fin de facilitar los encadenamientos productivos). Segundo, la expansión territorial de los SMD tendría sentido alrededor de corredores entre la ciudad de Guatemala y los puertos marítimos del país. Si finalmente se logra un tren que nos conecte con el mercado mexicano, habría que incluir los lugares donde se establezcan las estaciones para cargar mercancía.

Sobre la justificación económica de los SMD

Algunos analistas han comentado que la propuesta de SMD no tiene méritos económicos. Brevemente discutiré las debilidades de dichos argumentos.

Se argumenta que los SMD solo van a reducir aún más los ingresos de la población porque el mercado laboral guatemalteco se comporta como un monopsonio. Esta idea tiene un problema: el modelo económico empleado es erróneo. Primero, porque no hay monopsonio laboral. Por ejemplo, Guatemala no cuenta con una empresa que centralice la contratación de trabajadores, como ha sucedido en el caso de Cuba respecto a la inversión extranjera. Segundo, porque, si se quiere utilizar un modelo que explique mejor el mercado laboral guatemalteco, se debe emplear el modelo de mercados segmentados de Arthur Lewis: un mercado tradicional, con infinita oferta de trabajadores a un bajo salario y con un mercado moderno que puede crecer en la medida en que contrata más trabajadores. Reduciendo la cantidad de trabajadores en el sector tradicional es como los ingresos aumentan para los trabajadores.

Se argumenta que los SMD se establecieron en municipios donde no está concentrada la pobreza, a pesar de que se busca que ayuden a reducirla. La lección internacional es que las empresas prosperan más donde cuentan con las mejores condiciones de infraestructura para el comercio internacional, tanto para importar como para exportar productos, y para el acceso a mercados grandes. En ese sentido, los municipios se encuentran entre la ciudad de Guatemala y los puertos marítimos del país. Ello va a favorecer la migración de trabajadores pobres, como ha sucedido históricamente, cuando hay zonas que generan grandes cantidades de empleos, lo cual favorece la reducción de la pobreza. Esto trae otros beneficios y otras responsabilidades en materia de desarrollo urbano tanto para el Gobierno central como para las municipalidades.

Sobre las propuestas alternativas a los SMD

En la discusión nacional se han presentado distintas alternativas que algunos analistas consideran mejores que la de los SMD. Comentaré brevemente por qué estas deben considerarse como estrategias no sustitutas, sino complementarias a los SMD. Por lo mismo, primero cuestionaré la utilidad de dichas propuestas para generar empleo formal de manera masiva, pero luego señalaré por qué es importante como parte de las políticas complementarias a los SMD.

Se argumenta que es mejor promover una devaluación en vez de los SMD. Una devaluación no garantiza que se va a generar empleo formal de forma masiva. ¿Por qué? Porque una devaluación genera ganancias para las actividades de exportación, independientemente de si dichas actividades generan empleo de manera masiva. Así que las devaluaciones incentivan por igual la migración (porque las remesas son más valiosas) y el trabajo masivo informal (vía las exportaciones agrícolas). Asimismo, no es garantía de empleo formal porque, si el salario es muy alto dada la productividad del trabajador, puede resultar más atractivo comprar maquinaria. Por último, se favorecen actividades que generan poco empleo bien remunerado, como los servicios de exportación. Eso es positivo, pero estos generan poco empleo para solucionar los problemas del país —véase la experiencia de India, por ejemplo—.

Ahora bien, una devaluación debe complementar a los SMD porque las actividades intensivas en mano de obra (promovidas por los SMD) lograrían ser más rentables si se dedican a exportar (promovidas por la devaluación). Esta combinación de políticas macroeconómicas y laborales favorables es la que terminan encontrando Rodrik y McMillan como parte del secreto del desarrollo de Asia del Este desde 1980 si esta región se compara con África y América Latina.

Se argumenta que es mejor promover las mipymes que los SMD. El problema de esta propuesta ya lo ha expuesto el CIEN en diversos estudios sobre la economía informal, así como los estudios del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Para una opinión imparcial conviene revisar el trabajo que han realizado Duflo y Banerjee (por ejemplo,Poor Economics, capítulo 9). Muchos empresarios de Guatemala lo son por necesidad, porque no encuentran trabajo y porque de encontrarlo abandonarían su negocio por casi ninguna compensación adicional. Asimismo, existe el problema de productividad, pues, con contadas excepciones, la mayoría de los empresarios de mipymes no logran crecer porque no cuentan con el talento empresarial y administrativo que se requiere para crecer, ser productivos y poder ofrecer trabajos formales y salarios mínimos.

Ahora bien, las políticas de promoción de las mipymes deben complementar la de los SMD porque generan oportunidades laborales adicionales para trabajadores guatemaltecos que no quieren o no logran encontrar trabajo en las fábricas de manufactura ligera. Hay mipymes que sí muestran alto potencial de crecimiento, que cuentan con empresarios capaces, que están en mercados con potencial y que lo que requieren es apoyos técnicos y financieros para crecer. Particularmente considero que la promoción de mipymes se puede lograr muy bien en la medida en que se logren encadenamientos industriales, como lo sería vincularlas con las empresas de los parques industriales. Allí se requerirá de comedores para atender a miles de trabajadores, así como servicios de reparación de maquinaria y de provisión de insumos locales.

Es más, apostar por la promoción de mipymes se toparía con un problema, y es que la mayoría de estas no pagan el salario mínimo. ¿Qué quedará por hacer? Reconocer que para la promoción de las mipymes se requerirá un régimen laboral (y fiscal) distinto.

Se argumenta que es mejor incrementar la productividad agrícola que los SMD. El principal problema que veo con esta propuesta es que incrementar la productividad laboral agrícola se vincula con menores niveles de empleo, no con mayores. Por eso es que en los países desarrollados hay una baja productividad agrícola y menos del 5 % de la población trabaja en agricultura, en comparación con el 33 % que lo hace en Guatemala. Un ejemplo para nuestro país facilita apreciar esto: una mayor productividad laboral en el azúcar pasaría por usar maquinaria para la cosecha del azúcar. Esto generaría que decenas de miles de trabajadores ya no participen en la cosecha. A cambio, unos cuantos trabajadores, manejando la maquinaria y reparándola, lograrán ganar por arriba del salario mínimo. Segundo, hasta que no haya empresas que ofrezcan mayores salarios a los trabajadores (como lo haría la industria que paga SMD), muchos agricultores no tendrán incentivos para invertir en mayor tecnología. Tercero, porque una mayor productividad agrícola es más viable si existen compradores a los cuales encadenarse.

Lo que busca el salario mínimo es incrementar la cantidad de trabajadores formales en el sector de manufactura con el fin de que dicho sector se vuelva el «primer escalón».

Ahora bien, la política de incrementar la productividad agrícola debe complementarse con la de los SMD por varias razones. Primero, puede generar insumos que a su vez pueden formar parte del proceso de industrialización en los municipios donde se aplican los SMD. Segundo, porque el empleo y la migración que logren generar los SMD, incluso generando cuatro millones de empleos en 10 años, va a dejar áreas del país donde aún existirán campesinos para los cuales hay que generar alternativas para lograr un mejor nivel de vida. Para ellos, la diversificación productiva hacia vegetales y frutas puede resultar valiosa con el acompañamiento adecuado de extensionismo e investigación en ciencia y tecnología.

Sobre cómo aprovechar al máximo los SMD

Lo que busca el salario mínimo es incrementar la cantidad de trabajadores formales en el sector de manufactura con el fin de que dicho sector se vuelva el primer escalón: el primer escalón para que dichas personas puedan acceder luego a mejores empleos, pero también para que Guatemala, en el futuro, pueda atraer a productores de manufactura cada vez más sofisticados y que requerirán una gran cantidad de trabajadores con más experiencia y con más educación.

¿Qué se requiere para complementar los SMD y así generar cantidades masivas de empleo formal y cada vez mayores niveles de ingresos? No entraré en detalles, dado que el actual artículo ya es suficientemente largo, pero sí mencionaré algunos elementos que deben tenerse en cuenta:

  • Impulsar una política de atracción de inversiones para que sea fácil su instalación en dichos territorios
  • Promover una política activa de desarrollo urbano en dichos territorios, dado que seguro se generará migración que requerirá soluciones habitacionales, transporte público, etcétera
  • Promover la capacitación en dichos territorios
  • Promover la educación dual no solo con el apoyo de la beca Mi Primer Empleo, sino con reformas en el currículo educativo
  • Seguir impulsando las inversiones en educación, nutrición y salud en dichos territorios
  • Apoyar el desarrollo de infraestructura para acceder a agua potable y drenajes
  • Apoyar la infraestructura para garantizar que los parques industriales que se generen cuenten con los adecuados accesos y se genere la infraestructura (en carreteras y puertos) que disminuya los cuellos de botella
  • Apoyar el renacimiento del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (Icaiti) y convertirlo en un mecanismo esencial para que las empresas incrementen su productividad, diversifiquen sus productos e incrementen el valor agregado de estos.

 

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El salario diferenciado en un pacto social

Ricardo Berganza

 

¿Por qué no abordar los salarios mínimos en el marco de una reforma al Código de Trabajo?

La problemática del empleo sigue vigente en 2016. Por esa razón es necesario intentar otra aproximación al salario mínimo diferenciado, pero esta vez mediante un diálogo incluyente que debería abrirse a la legislación laboral y a la problemática nacional asociada al empleo.

En general, las derechas rechazan el salario mínimo y aprovechan cualquier oportunidad para satanizarlo porque establece un límite a sus procesos de acumulación. Para el caso del salario mínimo diferenciado, en 2015 se abrió la oportunidad de reducir costos para ciertos sectores. Y de hecho, la propuesta no era del todo mala, pero adolecía de opacidad y llevaba consigo el llamado a creer en promesas neoliberales recicladas y mercantilistas.

En contra de la medida, otros sectores señalaron problemas serios. Primero, no hay datos que sustenten muchas de las afirmaciones y los pronósticos basados en fundamentalismos de mercado que acompañaron la propuesta. Segundo, la excepcionalidad territorial del salario mínimo diferenciado abría la puerta a una reducción del salario promedio real nacional. Tercero, la propuesta coincidía con otras iniciativas para prorrogar y ampliar privilegios fiscales, precisamente cuando el Estado ha llegado al colapso y cuando está claro que sectores como la salud, la justicia y la educación necesitan más recursos. Y en cuarto lugar, el tema pasaba por lo jurídico, que al final concentró dos posiciones sin dejar espacio para discutir intereses comunes o principios en un marco más amplio.

Códigos maniqueos entonces, donde los empresarios dicen que es mejor algo que nada y que habrá sufrimiento si no se aprueba su recorte de costos fijos. Y desde sectores laborales también se aprecia una posición fija, de contención o de defensa de derechos, sin dejar lugar a otras consideraciones.

En otras palabras, el salario mínimo diferenciado para manufactura ligera no es ni la panacea que proponen algunos ni el fin del mundo como claman otros sectores. El problema está en el contexto económico, jurídico y político guatemalteco, caracterizado por la indefensión de la clase trabajadora y por la intención empresarial de reducir costos sin dejar espacio a otras consideraciones.

De esa manera, bien podría hablarse de salarios diferenciados en un marco de diálogo amplio para reformar la legislación laboral de tal manera que se garanticen mecanismos de regulación, se tipifique penalmente el incumplimiento de las normas, se establezcan sistemas de monitoreo del sector productivo y se asignen recursos al Ministerio de Trabajo para supervisar minuciosamente las manufacturas ligeras. De paso, un salario mínimo diferenciado debería ser el mismo a nivel nacional para cierta actividad como la manufactura ligera, de modo que se pueda evaluar, en el corto plazo, el efecto en la cantidad de puestos de trabajo. Pero nada de eso se discute. Tampoco se discuten medidas excepcionales para un sector como la maquila, que bien podrían incluir la inscripción expedita de sindicatos para velar por el cumplimiento de condiciones laborales.

Del mismo modo, un diálogo amplio debería incorporar la determinación de un salario mínimo y cobertura del IGSS para las personas que trabajan en casas particulares o para actividades que se contraten por hora, sin perder de vista que se necesita la presencia y la regulación estatal para evitar abusos.

Y como una cosa lleva a otra, no se puede legislar la modernización del Código de Trabajo y su reglamento sin desarrollo institucional y sin aumentar la carga tributaria. Sin dinero no hay vigilancia y la puerta para los abusos queda abierta de par en par.

Juan Alberto Fuentes Knight señaló que la aproximación al salario mínimo se realizó unilateralmente, en atención a intereses de un sector. No hubo pactos, solo un intento de imposición. Por lo tanto, en un nuevo período constitucional, el tema no debería retomarse a partir de posiciones. Por el contrario, es necesario abrir el diálogo a la problemática nacional del empleo y a la legislación e institucionalidad laboral en su conjunto.

 

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