Sindicalistas son aliados del Gobierno

La semana antepasada un grupo de sindicalistas, entre ellos Joviel Acevedo, dirigente magisterial, exigía que no se cambie la fecha de elecciones ni haya reformas constitucionales.

Por Byron Rolando Vásquez

28 de Junio de 2015 a las 22:52h

No era la primera vez que Acevedo actuaba contrario a las manifestaciones ciudadanas. A finales de abril tachó de “irresponsables” a quienes protestan contra la corrupción. “Nosotros nos abstraemos de estas situaciones político partidistas porque en nuestra institución como sindicato prevalece la Constitución”, afirmó.

Por Byron Rolando Vásquez
En noviembre de 2014 cientos de trabajadores del Ministerio de Salud apoyaron la aprobación del Presupuesto 2015 frente al Congreso.

En tono despectivo expresó: “Nosotros hacemos un llamado a esa gente irresponsable que detrás de computadoras que escriben y hablan cosas, que si efectivamente quieren cambiar el país que se organicen de cara al sol, así como salimos nosotros”.

Posteriormente aseguró que no le importaba si renunciaba o no el presidente Otto Pérez Molina porque sus objetivos son gremiales. La mayoría de analistas considera que las palabras de Acevedo evidencian su actitud de apoyo al Gobierno y a la clase política que ahora está cuestionada.

En esa misma posición parecen ubicarse dirigentes como Luis Lara, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Pedro Esquina, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic).

Ven compromisos

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirma que sorprende la indiferencia de los líderes sindicales ante el clamor social que demanda combatir la corrupción.

“Están totalmente ausentes de la demanda de rechazo a la corrupción”, afirmó Linares. Agregó que le restan importancia a temas de interés nacional cuando este debería ser el momento para pronunciarse, como lo hacen los universitarios y otros sectores.

“Los dirigentes de los sindicatos del Magisterio y de Salud están comprometidos por los pactos colectivos que han negociado con autoridades de gobierno. Se han convertido como una caja de resonancia de las demandas gubernamentales”, expuso Linares.

Citó como ejemplo la solicitud de aprobación del presupuesto e impuesto, entre otros. “Evidencian que no son independientes y que responden a compromisos”, añadió.

Mariano González, politólogo del Instituto Nacional de Problemas Nacionales, comentó que “todo apunta a que hay acuerdos previos que hacen que —los sindicatos— no apoyen estos movimientos. Además, están haciendo una mala lectura del movimiento social porque no lo ven como una manifestación espontánea y legítima de la población”.

http://www.prensalibre.com/sindicalistas-son-aliados-del-gobierno

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Palma Africana en Sayaxché: millonario negocio sin garantías sociales, ambientales y laborales

La palma africana es un agronegocio millonario, y no obstante el amplio mercado interno y externo que posee, es uno de los más subsidiados

El mapa muestra las comunidades y número de población afectada por la contaminación denunciada en mayo y junio de 2015. Fuente: Conred http://www.conred.gob.gt/www/images/130620152P.png

Digamos que no es el mejor momento para los grupos de poder. Por 10 semanas se han destapado casos en contra de políticos, funcionarios públicos, civiles, militares, y grandes empresarios. Ha sido tan fuerte la turbulencia que ha permitido ver con transparencia el modo de actuar de los que tienen acceso al Estado: corrupción y riqueza ilícita como regla básica. La contaminación del río La Pasión permite ver ahora el caso de la palma africana y el apoyo sin restricciones que ha tenido del Estado y el gobierno Patriota.

Por Equipo de Investigación

Denuncias laborales y la advertencia del ecocidio

El ecocidio en el río La Pasión fue el resultado de un problema más amplio: por media década trabajadores de las principales empresas de palma africana en el municipio de Sayaxché, al sur del departamento de Petén, exigieron protección al Ministerio de Trabajo por el contacto directo con sustancias tóxicas contenidas en agroquímicos a las que eran expuestos.

Se trata de una variedad de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas que se usan en las plantaciones de palma en toda Centroamérica. Otros, que se usan en las plantaciones de palma africana en la costa sur de San Marcos, son los siguientes:

sustancias

Esas sustancias se encargaron de matar a más de una tonelada de peces, y cayeron sobre los ojos y manos sin protección de miles de trabajadores por años.

El problema llevó a los trabajadores a solicitar a la Inspectoría General de Trabajo (IGT) una visita el 28 de febrero de 2012 a las empresas Palmas del Ixcán, Tikindustrias, Nacional Agro Industrial (Naisa), y Reforestadora de Palma (Repsa), todas en Sayaxché. Según un documento oficial de Estados Unidos, los trabajadores tuvieron que pagar la gasolina para el transporte de los inspectores.

Ese 28 de febrero, ninguna de las empresas permitió el ingreso de la IGT, los trabajadores y miembros de la Oficina Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), que acompañó la visita.

Un día después los inspectores lograron ser atendidos y, según consta en los registros que se hizo en dos empresas (Tikindustrias y Palmas del Ixcán), las condiciones de trabajo eran deplorables: el salario era abajo del mínimo (Q50 diarios), existía trabajo infantil, se cobraba el Seguro Social sin enviar el dinero recogido al Estado, no se contaba con prestaciones laborales, y los trabajadores eran expuestos a químicos que les generaban fuertes daños a la salud, sin ninguna protección.

La visita estuvo complementada con entrevistas de oficiales de la Naciones Unidas (ONU) a trabajadores, donde se detalló, según un informe que realizó el Consejo Nacional de Desplazados (Condeg), las violaciones continuas al Código de Trabajo. El informe de la ONU precisó que la visita de la IGT era la primera que se realizaba en la historia de la región (nota 266 de este informe).

Acta de la inspección de la Inspectoría General del Trabajo (IGT) a la empresa Tikiindustrias. Consta las violaciones a derechos laborales. Fuente: Ministerio Público

La visita llevó a una demanda formal en el Ministerio de Trabajo, según consta en una recopilación del gobierno norteamericano. Pero luego de tres meses no había ninguna respuesta de parte del Estado, pese a tener conocimiento a través del entonces ministro, Carlos Contreras, parte del Ejecutivo que preside el general y presidente Otto Pérez Molina.

Como respuesta, más de 10 mil campesinos tomaron en mayo de 2012 todas las salidas del municipio de Sayaxché. Familias enteras mantuvieron la medida por 6 días, demandando atención a la contaminación y los derechos laborales de familiares y vecinos. La respuesta del gobierno fue una Mesa de Diálogo.

Según los tres memoriales que redactó la Condeg, la denuncia sobre contacto con sustancias químicas fue obviada en los principales puntos de discusión, pese a estar contenida en la demanda del Ministerio de Trabajo y en las actas de la IGT. Luego de tres sesiones a lo largo de 8 ocho meses, no se logró resolver mucho, hasta que el gobierno dejó de convocar.

Tres años después vendría la catástrofe.

¿Por qué Sayaxché?

Sayaxché es una tierra de importancia estratégica. Y también es una tierra de migraciones. Primero migraciones de pueblos q´eqchíes que huían de las expropiaciones y las explotaciones de fincas cafetaleras en Alta Verapaz, del reclutamiento forzoso en ese departamento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego, el proceso colonizador en Petén durante la segunda mitad del siglo XX. Posteriormente, poblaciones desplazadas por la guerra interna, y de 15 años para el presente migraciones de grandes inversiones en palma africana.

Muchas de las comunidades del municipio se asentaron a inicios de la década de los ochenta, y a través de préstamos con el Estado lograron comprar sus tierras. Pero el proceso de regularización jurídica de la tierra generó un mercado de tierras, que incentivó en gran parte la llegada de las palmeras.

Esto ocasionó que muchas comunidades asentadas durante esas décadas vendieran sus tierras, y poco a poco las comunidades y aldeas fueron desapareciendo. Las que sobrevivieron están rodeadas de palma y tienen muchas veces el paso vedado.

Cuando Repsa comenzó a construir esa suerte de enclave palmero en Sayaxché, el entonces Obispo Vicario de Petén, Julio Vián, hoy Arzobispo de Guatemala, dio a conocer la difícil situación social y ambiental que ocurría desde finales de la década de 1990. En un documento del 2000, Vian indicó que “Útimamente se han quemado grandes extensiones de montaña para impulsar otras producciones de compañías de palma africana que han empezado a operar en el Departamento, quienes ofrecen contratos injustos sin ninguna prestación social. Además de destruir la ya gastada tierra, mantienen relaciones laborales injustas”.

En 2008, el secretario de la Pastoral de la Tierra de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Pascual Pérez, denunció la acelerada adquisición de tierras en Sayaxché, principalmente para el cultivo de palma africana. Para ese año, se denunciaba que alrededor de 900 caballerías de tierra habían sido vendidas. El entonces diputado de la GANA, Juan Manuel Giordano (hoy con LIDER), informó que los precios que se mencionaban eran de Q200 mil que ofrecían los empresarios en lugares de acceso; Q100 mil en terrenos sin acceso y Q2 millones cuando el terreno está a orillas de carretera asfaltada.

En un memorial presentado en diciembre de 2011 al ex Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, 79 comunidades de Sayaxché, Petén, denunciaron que las empresas Palmas del Ixcán, Tikiindustrias, Nacional Agro Industrial (Naisa), y Reforestadora de Palma (Repsa) violaban el derecho de paso de un lugar a otro con requisitos difíciles de cumplir.

Pero el municipio de Sayaxché tenía más importancia política: durante la guerra contrainsurgente de hace 30 años se convirtió en uno de los escenarios de combate.

Estratégico lo fue también para los empresarios de la palma africana, principalmente para Olmeca/Repsa, que fue la primera empresa que se posicionó ahí a finales de la década de 1990. Contribuyó en la ampliación geográfica de sus plantaciones, desde la costa sur de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepéquez, el hecho que durante el gobierno de Álvaró Arzú (1996-1999) se asfaltó la de por sí estratégica carretera que comunica la FTN con la cabecera municipal de Sayaxché; la cual luego hizo conexión con la carretera que conduce a El Naranjo, frontera con México, y la que pasa por La Libertad, Santa Elena hasta Melchor de Mencos, frontera con Belice.

La importancia geopolítica del municipio de Sayaxché: hidroeléctricas, destacamentos militares, palma africana, ríos, carreteras, sitios arqueológicos, corredor de narcotráfico.

Esta carretera, construida con asfalto de la petrolera Basic Resources como pago de regalías al Estado, fue vital para acelerar la compra de tierras en Sayaxché. Pero además, el municipio cuenta con importantes cuencas hidrográficas, recurso clave para las palmeras tomando en cuenta que prácticamente es gratuito. Los ríos Salinas, Santa Amelia, San Juan y La Pasión con todos sus afluentes, son por demás importantes para ese agronegocio, que es la actividad económica más importante del municipio tras desplazar los cultivos campesinos y la ganadería.

La tierra disponible, igualmente fue otro factor clave, pero el territorio en sí lo fue más: su cercanía con México, el principal país importador de aceite de palma de Guatemala, y la conexión de la carretera de la FTN que conduce al puerto de Santo Tomás de Castilla, en el Atlántico, donde Olmeca tiene grandes depósitos de aceite de palma para exportación, ayuda a explicar el porqué se escogió ese municipio para el agronegocio.

La palma africana: un agronegocio subsidiado

En los municipios donde se cultiva palma africana, sobre todo en Sayaxché, las empresas de palma africana tienen grandes ventajas económicas y fiscales. Agua gratis de los ríos que explotan; fácil acceso al crédito bancario; y uno de sus grandes beneficios resulta ser de los pocos o nulos impuestos que pagan a las municipalidades, como el caso del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI). En 2011, dos estudios establecieron la evasión en el pago del IUSI por tres de las cuatro palmeras que operaban en ese año.

La palma africana es un agronegocio millonario, y no obstante el amplio mercado interno y externo que posee, es uno de los más subsidiados. Las cinco empresas de palma africana que tienen plantaciones en Sayaxché, están calificadas bajo el Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Este es uno de los principales beneficios fiscales que esos empresarios reciben de parte del Estado. En su Artículo 12, el Decreto 29-89 estable los múltiples beneficios obtenidos entre exoneraciones totales y suspensiones temporales de derechos arancelarios e impuestos.

Igualmente, las empresas palmeras que tengan la capacidad de generar energía, sea tipo agrodiesel de palma o electricidad a partir del gas metano, pueden registrarse bajo el Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, y podrán beneficiarse de la exención de aranceles, IVA y cargas y derechos sobre la importación de maquinaria y equipo; una exención por 10 años del Impuesto sobre la Renta (ISR); la exención del Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) por 10 años; y beneficiarse de la devolución del IVA a los exportadores.

Es en pocas palabras un negocio redondo, del que el Estado recibe poco o nada.

De la producción de aceite de palma

Una investigación afirma que entre los principales consumidores de palma africana en Guatemala está la industria de alimentos y las cadenas de restaurantes de comida rápida, como Frito Lay y Bimbo, que ha cambiado su consumo en un 100%: antes era de aceite de soya, ahora es de palma.

Multinacionales con inversiones en la industria de detergentes y jabones, con sede en el país como Colgate-Palmolive y Unilever, también consumen los derivados de la palma.

Según esa misma investigación, citando la revista Oil World Annual, Guatemala consume 18.8 kilos per cápita de este aceite, mientras Europa consume 57.3. Los palmeros primero se concentraron en controlar el mercado interno en Guatemala y luego iniciar la exportación.

Un informe de Oxfam America afirma que en 2010 y 2011 Guatemala fue calificado como el noveno más grande exportador de aceite de palma en el mundo, y segundo en América Latina, después de Ecuador. Del aceite de palma producido en Guatemala, aproximadamente el 85 por ciento es eventualmente exportado fuera de Guatemala, continúa el informe.

Datos del Banco de Guatemala afirman que el país exporta tres derivados de palma: aceite de palma en bruto, aceite de almendra de palma en bruto, y estearina de palma. Para 1999, antes del boom, se exportaba $ 11.51 millones. Para 2014 llega a más de $250.86 millones.

Año

Exportaciones ($ millones)

2007

75.88

2008

156.78

2009

74.30

2010

89.20

2011

156.50

2012

164.41

2013

107.82

2014 (aprox)

250.86

En los destinos solía predominar México: en 2007 concentraba el 77% de las exportaciones guatemaltecas de derivados de palma. Para el 2014 la tendencia cambió: México cuenta con un 40%, Países Bajos con 33%, Alemania con 12%, El Salvador con 9% y Venezuela con 5%. Las exportaciones a Holanda (Países Bajos) no necesariamente significa que el aceite crudo se procese o consuma en ese país. De Rotterdam, el puerto de entrada, el aceite pude dirigirse a otros países y ser procesado como aceite comestible, industrial e incluso agrodiésel.

La (poca) Responsabilidad Social Empresarial

En una presentación de 2007, Repsa afirma que cumplen todos los requisitos legales nacionales propios de su industria, y que eso les valió ingresar a la plataforma Centro para la Responsabilidad Social Empresarial (Centrarse), a la cual perteneció hasta 2013. Trabajo infantil, uso de equipo para trabajadores, comités locales para discusión de temas ambientales, y plantas de tratamiento de agua.

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Con la crisis de La Pasión y las demandas laborales, quedó claro que ninguno de estos aspectos era prioridad para Repsa, no obstante contar con un Código de Ética, de uso meramente interno.

Según un alto directivo de Centrarse, que prefirió guardar anonimato, Repsa nunca logró ingresar al espacio. Es más, Centrarse intentó hacer un acuerdo colectivo especial entre las empresas de palma, y Repsa se negó a formar parte del acuerdo.

Según una carta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Repsa no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poder operar. Los que ha presentado las plantas 1 y 2, han sido denegados según se desprende de la información que el MARN tiene en su página de internet. Pese a esta negativa, Repsa inició su producción.

Carta del MARN que confirma ausencia de EIA por parte de Repsa.

Otras palmeras sí están dentro de Centrarse: Unipalma, Palmas del Ixcán, NAISA, Tikindustrias, y otras que operan la costa sur, Alta Verapaz e Izabal. Casi todas de los mismos dueños que las de Sayaxché. Sin embargo, estas mismas palmeras están señaladas en otros procesos de violación a los derechos laborales (según se vio en denuncias de Ministerio de Trabajo) y contaminación.

En una reciente conferencia, representantes de comunidades de los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, Ixcán, y Raxruhá presentaron documentos en donde hacían ver que la problemática ambiental en Sayaxché no es nueva. Se repite en todos los lugares donde se instalan.

Y entregaron un documento membretado y firmado, donde hacen constar que Palmas del Ixcán aceptó que por problemas en su planta de tratamiento contaminaron en varias ocasiones el río Jute, un afluente del Chixoy que al internarse en Sayaxché se convierte en el río Salinas y al juntarse con La Pasión forman el río Usumacinta.

Acta de Tikiindustrias. Ver el documento completo en este enlace.

En esas localidades, como en el sur de Sayaxché y de San Luis Petén, hay además grandes plantaciones de palma de finqueros particulares. Algunas de esas plantaciones pertenecen a reconocidos narcotraficantes, como el caso de Otto Turcios Marroquín, extraditado a Estados Unidos en 2010.

En esas plantaciones no hay extractoras, por lo que su producción debe ser vendida a las grandes empresas que las poseen. En Sayaxché, las cinco empresas tienen o están en proceso de instalar al menos una extractora.

El Estado (y las palmeras) en contra de los trabajadores

El 2 de junio de este año comenzó el Panel Arbitral que decidirá si Estados Unidos tiene razón en su demanda en contra de Guatemala: para el país del norte, Guatemala no realiza un esfuerzo sostenido para defender los derechos laborales por parte de empresarios.

Entre los empresarios que EEUU señala están las principales palmeras de Sayaxché.

El Estado de Guatemala, representado por el abogado empresarial Mario Fuentes Destarac, no rebatió a EEUU el punto de fondo, si permitía violaciones o no.

Para Guatemala lo importante eran los nombres de las personas que dieron su declaración de manera anónima. El Estado, con las más altas tasas de represión sindical luego de Colombia, quería los nombres de los trabajadores para procesarlos penalmente.

Las demandas de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo han continuado. Y hasta ahora no ha movido un solo dedo.

*

La Cámara del Agro sacó un comunicado el mismo 2 de junio, horas antes que el Panel comenzara. Dijo que como Cámara hacen todo lo posible por velar para que los derechos laborales se cumplan, y en una propuesta que lanzó al Panel, dijo que los sectores del Agro son los más dinámicos del país, los que más desarrollo traen a toda la población, y en un arranque de emoción dijo que son “la vanguardia”.

Los pescadores de Sayaxché y los trabajadores de las palmeras parece que tienen otra opinión.

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Aunque pocos son los estudios que han documentado el caso de la palma africana, y particularmente en Sayaxché, se recomienda la lectura de los siguientes:

https://nas.ucdavis.edu/sites/nas.ucdavis.edu/files/attachments/tierra_e_igualdad_final.pdf

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas_de_palma_vfinal.pdf

http://americalatina.landcoalition.org/sites/default/files/Plantaciones_y_despojo-Guatemala-sXXI_1.pdf

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_mercado_de_los_agrocombustibles.pdf

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/version_resuminda_el_mercado_de_los_agrocombustibles_0.pdf

http://www.congcoop.org.gt/images/stories/pdfs-congcoop/Canapalmaacumulacionydominio.pdf

http://cmiguate.org/palma-africana-en-sayaxche-millonario-negocio-sin-garantias-sociales-ambientales-y-laborales/

No sólo es el ecocidio: Repsa provocó una demanda que tendría que pagarse con (nuestros) impuestos

Más que una sorpresa, el ecocidio era una bomba de tiempo. Desde 2012 habían denuncias de trabajadores de Repsa en el Ministerio de Trabajo por químicos tóxicos usados en las plantaciones junto al río La Pasión, y esta violación laboral se convirtió en una demanda de Estados Unidos que podría resultar en una multa de $15 millones (Q120 millones). La multa la tendrá que pagar el Estado de Guatemala, con los impuestos de los contribuyentes.

(Segunda entrega de la investigación de Nómada y CMI, que publica en este enlace su versión ampliada.)

La contaminación de la palma cobró importancia nacional y mundial desde el 6 de junio de 2015, cuando una combinación de químicos y desechos orgánicos de plantaciones de palma provocó un desastre natural en el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, a 350 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Un ecocidio provocado por la palma, el mismo producto por el que Francia le declaró la guerra a la crema Nutella. Aquí, la primera parte de la investigación.

Pero Repsa no sólo destruyó el ecosistema o deja en la pobreza extrema a sus trabajadores. Si el panel arbitral en Washington decide que Repsa (y la industria de la palma) es responsable de violar derechos laborales, el Estado tendrá que usar parte del presupuesto nacional para pagar una multa en el marco del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica. El panel arbitral empezó el 2 de junio de 2015.

Los problemas ambientales y laborales en Sayaxché vienen de hace mucho tiempo: desde hace tres años los trabajadores de las principales empresas de palma exigieron protección al Ministerio de Trabajo por el contacto directo con sustancias tóxicas contenidas en agroquímicos a las que eran expuestos.

El documento oficial que usa Estados Unidos para su demanda contra Guatemala en un panel arbitral menciona los peligros químicos para los trabajadores de Repsa. Aquí, una imagen del documento que se encuentra en la página del Ministerio de Economía de Guatemala.

Fuente: Ministerio de Economía

El problema hizo que los trabajadores le pidieran al Ministerio de Trabajo una visita de la Inspectoría General de Trabajo (IGT). Se llevó a cabo el 28 de febrero de 2012, a las empresas de palma en Sayaxché, incluida Repsa. Según el documento de Estados Unidos, con base en el reporte de la Oficina de la ONU (OACNUDH), los trabajadores tuvieron que pagar la gasolina para el transporte de los inspectores.

En esa visita, ninguna de las empresas permitió el ingreso de la IGT, los trabajadores y miembros de la Oficina Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), que acompañó la visita. El informe de la ONU precisó que la visita de la IGT era la primera que se realizaba en la historia de la región.

Un día después, los inspectores lograron ser atendidos y, según consta en los registros del Ministerio de Trabajo que se hicieron en dos empresas palmeras (Tikindustrias y Palmas del Ixcán), las condiciones de trabajo eran deplorables: el salario era abajo del mínimo (Q50 diarios), existía trabajo infantil, se cobraba a los trabajadores el Seguro Social sin enviar el dinero recogido al Estado, no se contaba con prestaciones laborales, y los trabajadores eran expuestos a químicos que les generaban fuertes daños a la salud, sin ninguna protección. Esto va en contra de lo que firmó Guatemala sobre sus obligaciones en el marco del TLC.

Tres años del gobierno de Otto Pérez, sin resolver el tema ambiental ni el laboral

La visita llevó a una demanda formal en el Ministerio de Trabajo, según consta en una recopilación del gobierno estadounidense. Como no hubo respuesta, en mayo de 2012, más de 10 mil campesinos ocuparon todas las salidas del municipio de Sayaxché. Familias enteras mantuvieron la medida por 6 días, demandando atención a la contaminación y los derechos laborales de familiares y vecinos. La respuesta del gobierno fue una Mesa de Diálogo. La Mesa tuvo tres sesiones en ocho meses y el gobierno dejó de convocarlos.

Los problemas ambientales y laborales se remontan a los inicios de la palma en Petén. Cuando Repsa comenzó a cambiar la faz de Sayaxché para convertirlo en una región de palma, el entonces obispo de Petén, Julio Vián –hoy Arzobispo de Guatemala–, dio a conocer la difícil situación social y ambiental que ocurría desde finales de la década de 1990. En un documento del 2000, Vian indicó: “Útimamente se han quemado grandes extensiones de montaña para impulsar otras producciones de compañías de palma africana que han empezado a operar en el departamento, quienes ofrecen contratos injustos sin ninguna prestación social. Además de destruir la ya gastada tierra, mantienenrelaciones laborales injustas”.

Una mujer trabajadora, a orillas del río La Pasión.

Quince años después de esta denuncia del religioso y tres años después de la denuncia de los trabajadores, vendría la catástrofe ecológica.

¿Qué opinan de estas denuncias las cámaras empresariales y la empresa?

Repsa es parte del consorcio HAME, el principal productor de palma africana y de aceite de palma, de la marca Olmeca. Se intentó obtener una entrevista para este reportaje. Ofrecieron una respuesta pero nunca llegó. La empresa está asociada a la Gremial de Palma y a la Cámara del Agro. A ambas se les preguntó sobre estas denuncias de sustancias tóxicas (que ahora usa Estados Unidos en su demanda contra Guatemala) y sobre las denuncias de violaciones laborales. Éstas fueron sus respuestas.

“Tenemos conocimiento general de la demanda al Estado de Guatemala interpuesta por Estados Unidos. Hasta donde sabemos, esta información no está disponible al público, por lo que no podemos emitir opinión al respecto”, respondió Susana Siekavizza, directora de Grepalma, sobre las sustancias tóxicas. Y sobre las demandas laborales: “En Grepalma promovemos el cumplimiento de la legislación nacional y para ello capacitamos a nuestros asociados en materia de legislación laboral y ambiental”.

Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro, tiene una opinión similar. “Tenemos conocimiento del caso promovido por el Gobierno de Estados Unidos en donde el alegato general hace referencia a una serie de supuestos casos de distintas empresas de distintos sectores; incluido el que usted menciona y que aparece en la página 34 del alegato inicial de Estados Unidos. Sin embargo, la información y supuestas pruebas presentadas o mencionadas, no han sido puestas a disposición del público en su totalidad. Por lo que sin conocerlas no podría comentar sobre la mención que hacen de esta empresa específica. Ya que en el sitio solo aparece un documento elaborado por una ONG pero no aparece a disposición del público la prueba que adjudican a la autoridad competente en materia laboral que es la Inspección General de Trabajo”.

Sobre el tema de violaciones a los derechos laborales, agregó: “Como ustedes ya saben. Cámara del Agro está comprometida con el respeto irrestricto al Estado de Derecho y las leyes en el país; razón por la cual y conforme a la función que nos compete como organización empresarial, la Cámara promueve dentro de sus socios una cultura de cumplimiento de la Ley”.

Se intentó obtener también la explicación del Ministerio de Trabajo sobre la falta de acción estatal sobre el tema, pero hasta esta publicación no había sido recibida una respuesta.

El boom de la palma (gracias a las ventajas del Estado de Guatemala)

El ecocidio y la multa por derechos laborales no son las únicas relaciones de Repsa con el Estado de Guatemala. El Estado, de hecho, la subsidia. Para que sea más competitiva, la incluye dentro de las industrias que pueden acogerse a la ley de privilegios fiscales de las maquilas, y así evitar pagar aranceles por importación de maquinarias, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto de Solidaridad e Impuesto al Valor Agregado.

Leer: 47 megaempresas se registran como maquila para pagar menos impuestos

La industria, con estas ventajas en impuestos y la falta de controles laborales y ambientales, está en un boom económico.

Según los datos del Banco de Guatemala, los productos derivados de la palma que el país exporta pasaron de US$11.5 millones en 1999 a US$156.5 millones en 2011. A duplicarse desde este gobierno y llegar a mediados de 2014 a US$250.8 millones.

Este fomento por medio de menos impuestos es considerado un subsidio a la exportación por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y todos los países en desarrollo se comprometieron a eliminar estos subsidios antes de que acabe 2015. De no hacerlo, nuevas sanciones estarán a la vista.

El equivalente del ministro de Comercio, Froman; flanqueado por el líder sindical, Trumka; y el senador Levin.

La primera sanción que probablemente provoque Repsa, por el tema laboral, se decidirá dentro de tres meses, en un panel arbitral en Washington.

https://nomada.gt/no-solo-es-el-ecocidio-repsa-provoco-una-demanda-que-tendria-que-pagarse-con-nuestros-impuestos/

Las estrategias de la abogada Amézquita

La laboralista ofrece asesoría a sindicatos y luego los demanda para exigirles dinero, según denuncias ante la oficina del PDH.

En los últimos dos años, Lesbia Guadalupe Amézquita ha cobrado notoriedad entre los abogados laboralistas. Se le menciona como negociadora de pactos colectivos entre los trabajadores e instituciones como el Ministerio Público (MP), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Contraloría General de Cuentas (CGC) la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH).
Tres denuncias ante el magistrado de conciencia evidencian que su estrategia es asesorar a los sindicatos y luego demandarlos por fuertes sumas de dinero.
Junto a Efrén Sandoval, Amézquita coordina el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG). Dicho grupo no está inscrito o reconocido por el Ministerio de Trabajo pese a que en su página electrónica aseguran que representan a unos 300 mil trabajadores.
Antes de mayo Amézquita era desconocida entre la opinión pública, hasta que acudió a un Juzgado de Turno de Femicidio para interponer una denuncia por acoso contra Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el MSICG realizó un plantón frente a la oficina del PDH en el que anunciaron acciones legales por tráfico de influencias contra De León.
En la administración pública
Entre 2013 y 2014 Amézquita intervino en las negociaciones de pactos colectivos entre trabajadores y patronos en el IGSS, PGN, CGC y PDH.

En las dos últimas instituciones logró remover a los secretarios generales y colocar a personas de su confianza.
“Ella asesoró la parte final al Sindicato de Trabajadores del IGSS en la gestión de Juan de Dios Rodríguez”, manifestó una de las fuentes consultadas. La relación entre el sindicato y Amézquita no concluyó en buenos términos pues los demandó por más de Q29 millones.
Además solicitó el embargo precautorio de cuentas bancarias, cuotas patronales y laborales del Plan Previsional de los Trabajadores del IGSS así como embargos de fincas del Seguro Social.

Amézquita ha negociado diferentes pactos colectivos en instituciones estatales.

Amézquita ha negociado diferentes pactos colectivos en instituciones estatales.

En la PDH, la exdirigente sindical Silvia Shaw, también presentó una denuncia contra la abogada laboralista, ello por haberse apropiado del liderazgo del sindicato de la Procuraduría y estafar a grupos de trabajadores. El Movimiento Sindical tomó el control de la oficina y quiso renegociar el tema salarial que equivalía un aumento de más de Q8 millones en la planilla de trabajadores.
Su buscó la opinión de Lesbia Amézquita, pero notificó por medio de su secretario que su “agenda no le permitía atender a la prensa” tampoco devolvió las llamadas.
Exdirigentes sindicales de la Contraloría General de Cuentas también denunciaron a Amézquita por “actuar de forma ilegal”.

Obtienen información

Otra de las denuncias que constan contra Lesbia Amézquita es la presentada por María Durán, quien trabajó en la Procuraduría General de la Nación como jefa de la Unidad de Abogacía Laboral. Según el expediente, Amézquita junto con otros personeros del MSICG han establecido una red en varias instituciones públicas para obtener información y documentos para favorecer al Movimiento Sindical.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20150629/pais/14296/Las-estrategias-de-la-abogada-Am%C3%A9zquita.htm

MP Y CICIG: Pagos para trabajadores terminaban en empresa de Muadi

POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra el diputado Pedro Muadi, expresidente del Congreso, por su supuesta responsabilidad en la contratación anómala de trabajadores del Organismo Legislativo para obtener beneficios económicos con Q630 mil de fondos públicos.

Representantes del MP y la CICIG presentaron esta mañana en la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio contra Muadi, por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, en un caso que estaría vinculado con la existencia de las “plazas fantasmas” del Congreso.

Además, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Recursos Humanos del Organismo Legislativo y en las oficinas privadas de Muadi, con el objetivo de buscar evidencias para sustentar la causa contra el expresidente del Congreso.

Asimismo, capturaron a Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Blanco Aguilar, secretaria y jefe de seguridad de una empresa constituida como sociedad anónima, que según las investigaciones de CICIG, está vinculada a Muadi y su familia.

¿CÓMO OPERABAN?

Nac3 1b11 300x200 MP Y CICIG: Pagos para trabajadores terminaban en empresa de Muadi nacionales  De acuerdo con las investigaciones de CICIG y MP, expuestas en conferencia de prensa por la fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, el Congreso contrató durante seis meses de 2013 a 15 personas que ya laboraban en la empresa privada de seguridad, propiedad de Muadi.

Eso significa que los trabajadores recibían un salario mensual del Organismo Legislativo, pero recientemente prestaban sus servicios a Muadi.

El Congreso depositaba un salario de alrededor de Q8 mil en cuentas de los trabajadores, pero el dinero era administrado por la secretaria de la empresa de Muadi, quien tenía su firma registrada en las cuentas bancarias y tenía en su poder sus chequeras, según las pesquisas.

De esa manera, según las investigaciones, la secretaria entregaba Q2 mil mensuales a cada trabajador y el resto de dinero quedaba en su poder.

De acuerdo con las investigaciones de CICIG y FECI, en seis meses el expresidente del Congreso logró el desfalcó de Q630 mil. La investigación se realizó tras una denuncia de una sociedad civil, según se informó.

EXPRESIDENTE

Nac3 1c2 300x200 MP Y CICIG: Pagos para trabajadores terminaban en empresa de Muadi nacionales  Muadi fue electo en 2011 como diputado con el Partido Patriota y fue presidente del Organismo Legislativo en 2013. Actualmente es parte de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y buscaría su reelección como representante del distrito de Guatemala con el respaldo de la alianza entre Creo y el Partido Unionista.

El congresista tenía previsto participar hoy en la mesa que analiza las reformas a la Ley de Servicio Civil, pero la persona que lo asiste indicó que no se presentaría.
NIEGAN INFORMACIÓN

En repetidas ocasiones, La Hora solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Organismo Legislativo, el detalle de contratos realizados en esa institución y el listado de personal activo.

Esto se derivó de denuncias de trabajadores del Congreso, quienes afirmaban que durante la presidencia de Pedro Muadi Méndez y otros expresidentes de ese organismo se realizaron contrataciones anómalas.

Los requerimientos fueron negados bajo el argumento que el Legislativo no puede dar ese tipo de detalles por seguridad de los empleados, sin embargo, La Hora insistió una vez más bajo la supervisión y recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El Organismo Legislativo no solo ha negado información a La Hora, sino también a periodistas que cubren la fuente y organizaciones que fiscalizan la labor que se realiza en el Congreso.
CREO ANALIZARÁ CASO

La reciente incorporación del diputado Pedro Muadi Méndez a la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo) llevará a esa agrupación política a realizar una reunión, esta tarde, con los miembros del Tribunal de Honor que conocerán los señalamientos que hace la CICIG y el MP contra el aludido, informó el diputado Selvin García Boanerges.

El legislador afirmó que el partido tricolor desconocía las investigaciones que se llevaban contra Muadi Méndez, quien recientemente en una asamblea fue postulado a ocupar la segunda casilla de aspirantes a diputados al Congreso por el listado metropolitano, con el respaldo de la alianza entre Creo y el Partido Unionista.

De acuerdo con García Boanerges será hoy cuando el Comité Ejecutivo tome una decisión. El secretario general de ese partido político es el presidenciable Roberto González Díaz-Durán, que en las elecciones del 2011 aspiraba ser alcalde de la Ciudad Capital.
DELITOS A LUZ

Una serie de investigaciones realizadas por el MP y la CICIG han vinculado a legisladores del Congreso con actos de corrupción; el caso más reciente tiene como protagonistas a los diputados Baudilio Hichos y Pedro Muadi.

El analista Hugo Novales, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales, aseveró que este tipo de anomalías han ocurrido desde antes, pero ahora salen a luz.

Novales refirió que la corrupción es un problema generalizado que ha existido desde tiempo atrás, pero debido al contexto de la crisis política actual, los escándalos tienen mayor repercusión e impacto.

Por otro lado, recalcó que el Congreso, es una de las instituciones que poseen una imagen de debilidad institucional entre la ciudadanía, pero destacó que “no creo que esto venga a debilitar aún más su imagen sino que esto viene simplemente a fortalecer la percepción, que ya se tiene”.

Para el analista, los actos anómalos no son nuevos, pero sí lo es que sean de conocimiento público.
“ERA PREVISIBLE”

Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, manifestó que sería preocupante que se comprobaran los hechos que se atribuyen a Muadi, pues se tendría que realizar una auditoría profunda del sistema de contrataciones.

No obstante, la experta señaló que las acciones del MP y CICIG ya se anticipaban, luego de los comentarios del Comisionado Iván Velásquez, que anticipaban la existencia de investigaciones hacia el Congreso.

“Veo con preocupación que en algún momento, cuando se lleve a cabo la investigación, se compruebe esto porque es muy penoso para el país y para la institución del Legislativo que exista este tipo de prácticas que no son de este momento, pues aparentemente han sido una práctica muy común”.

Además expresó que, la acción es positiva porque se continúa con las líneas de investigación, ya que se está viviendo un momento en el país que no tiene precedentes.

Guatemala Visible acompaña a realizar un trabajo de auditoría ciudadana en diferentes instituciones.

http://lahora.gt/mp-y-cicig-pagos-para-trabajadores-terminaban-en-empresa-de-muadi/

Empleo, seguridad y transparencia

Miles y miles de hojas de vida o currículo de personas buscando empleo, circulan por las redes sociales y correos electrónicos existentes. Los jóvenes son quienes se adaptan de mejor manera a entender que probablemente les tomara varios meses encontrar algo, porque al fin de cuentas, no tienen experiencia que ofrecer, y su nivel de presión aun no implica mayores responsabilidades familiares y si realmente lo necesitan, están más dispuestos a aceptar “de lo que sea”.

Por Fanny D. Estrada

8 de Junio de 2015 a las 00:00h

Para los profesionales con un CV con mucho que ofrecer en preparación o experiencia o para los técnicos especializados especialmente los de clase media, la búsqueda de una oportunidad de trabajo es más difícil porque en su gran mayoría ya enfrentan responsabilidades familiares .La situación se vuelve además de crítica, hasta humillante.

Todo lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la forma en que se han desatado las fuerzas ciudadanas reclamando combate a la corrupción en todos los ámbitos del Estado, Ejecutivo, Justicia y Congreso , tiene una relación muy directa con la posibilidad de que Guatemala pueda crear oportunidades de trabajo para tantos desempleados .

La inversión nacional y extranjera se multiplicaría con población educada y sana, infraestructura de carreteras y caminos que conecten a las poblaciones con los mercados nacionales o internacionales. El turismo que es una de las minas más grandes en potencial de empleo, con seguridad podría llegar a generar hasta millones de puestos de trabajo. Con inversión pública en riego en comunidades de pequeños propietarios, se podría triplicar la producción rural de alto valor dirigida a la exportación.

Como tantas veces hemos dicho, la tierra el clima, el bono de población joven, el espíritu emprendedor del guatemalteco, acceso a dos océanos, las bellezas naturales son regalos con los que ya contamos, lo que falta es lo que los dirigentes hacen con ello para ponerlos al servicio de quienes los han elegido. Nosotros los ciudadanos que finalmente hemos despertado para sacar a los fariseos del templo tenemos una gran responsabilidad. Fuera todos los corruptos, no importa donde estén.

Estemos alertas a no desviar la atención de lo que es lo importante. Aquí el congreso es el que tiene la responsabilidad más grande pues si no hace las modificaciones a las leyes que le están pidiendo en materia de elecciones, combate a la corrupción y fortalecimiento de la justicia, todo las manifestaciones únicamente serán parte de la historia y los que vengan seguirán haciendo lo mismo. Lo que importa es contar con bases sólidas en esas leyes que tienen que aprobar y que son la esperanza para cambiar el futuro. Vamos todos hacia la novena avenida hasta que las leyes salgan y se conviertan en detonadores de la Guatemala prospera con oportunidades para todos.

http://www.prensalibre.com/empleo-seguridad-y-transparencia

Sindicalistas y campesinos unen fuerzas en manifestación capitalina

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y sindicalistas del área de Salud bloquearon las principales vías que conducen hacia el Obelisco, Hipódromo del Norte, Calzadas Roosevelt y Aguilar Batres, en la ciudad capital, para pronunciarse en contra de la reforma de Ley de Servicio Civil y para, según ellos, plantear una agenda de demandas históricamente relegadas.

En el área del Obelisco, el STEG estuvo liderado por Joviel Acevedo, quien indicó que la agenda contiene una serie de demandas que “la oligarquía” tiene como factura a la sociedad. Además, señaló que las manifestaciones también iban encaminadas para exigir la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, la nacionalización de la energía eléctrica y la ley de minería, entre otros, así como en contra de la corrupción.

“Como movimiento siempre hemos denunciado la corrupción y no entendemos por qué ahora se indignan unos grupos, si esta situación permanece desde que sacaron a (presidente Juan Jacobo) Árbenz y fue allí en donde se crearon los escenarios para que existiera esta cadena de corrupción que hoy aterriza en lo que está sucediendo en el Estado de Guatemala”, refirió.

Acevedo aseguró que la agenda será entregada en el Congreso para que en ese lugar sean escuchadas sus peticiones y les sea dada una respuesta de la misma, la cual con anterioridad fue entregada al presidente Otto Pérez Molina.

En cuanto a las reformas a la Ley de Servicio Civil, el dirigente expresó que la propuesta que plantean es bien clara, en donde piden que se fortalezca su reglamento y así las dependencias del Estado tengan procesos de oposición para que al asumir cargos públicos se elija a la mejor opción, pero no mantienen la misma postura sobre la reforma de la Ley.

AUDIENCIAS

El sindicalista solicitó una audiencia con el Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (G4), la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Embajada Americana y la Unión Europea puesto que precisó es necesario que ellos les expliquen el motivo de que sus peticiones no sean tomadas en cuenta cuando salen a discutir los temas de la corrupción.

En tanto, Luis Alpíres, dirigente sindicalista del área de salud explicó que lo que buscan es fortalecer la protección de parte del Estado a los trabajadores.

“No queremos que se promulgue una ley que vulnere los derechos adquiridos por los trabajadores, como los pactos colectivos, pedimos el respeto de tratados nacionales e internacionales en esta materia”, explicó.

MUADI, INDIGNADO

Nac4 3b2 227x300 Sindicalistas y campesinos unen fuerzas en manifestación capitalina nacionales  El diputado Pedro Muadi, quien preside la mesa del Congreso que trabaja los cambios a la Ley de Servicio Civil, mostró su indignación por las manifestaciones de los sectores sindicalistas, ya que indicó que no existen aún propuestas para la modificación de la ley en mención.

Muadi señaló que actualmente se encuentran en un proceso de audiencia pública donde los sectores civiles y sociales están siendo partícipes, con la finalidad de elaborar una propuesta final de cambio.

El diputado añadió que recientemente sostuvo una conversación telefónica para establecer una reunión con Acevedo, pero éste no se presentó.

http://lahora.gt/sindicalistas-y-campesinos-unen-fuerzas-en-manifestacion-capitalina/