Informalidad y género

Las tasas de informalidad de mujeres y hombres son similares, no porque sus mercados laborales sean similares, sino porque algunos factores que aumentan la informalidad de las mujeres respecto a la de los hombres compensan otros con el efecto contrario.

Desde que el INEGI empezó a publicar información oficial sobre la informalidad laboral, me ha parecido sorprendente que esta estadística no difiera mucho entre mujeres y hombres. La tasa de informalidad laboral fue de 56.5 % en el segundo trimestre de 2017, con una diferencia entre mujeres y hombres de apenas 0.4 puntos porcentuales (56.8 % versus 56.4 % respectivamente). Mi expectativa hubiera sido que la tasa de informalidad de las mujeres fuera sustancialmente mayor que la de los hombres porque muchas mujeres trabajan en categorías de empleo de altísima informalidad como el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado.

Es pertinente mencionar que el INEGI publica dos estadísticas oficiales de la informalidad laboral: la tasa de informalidad 1 (TIL1) y la tasa de informalidad laboral 2 (TIL2). Las cifras mencionadas en el párrafo anterior son de la TIL1 y se refieren al mercado laboral en su totalidad. La TIL2, que es el indicador de informalidad que reporta México ¿Cómo Vamos?, excluye el sector agropecuario de los cálculos. Los datos de la TIL2 dan la primera pista de que el dato agregado de informalidad (TIL1) esconde diferencias de género importantes en las subcategorías.

¿Qué pasa cuando se excluye el sector agropecuario de las estadísticas sobre informalidad? En primer lugar, la tasa de informalidad baja de 56.5 % a 51.8 % porque el sector agropecuario es de alta informalidad. Pero la magnitud de la reducción es mucho mayor para los hombres porque el 18.4 % del empleo masculino está en el sector agropecuario versus solo el 3.8 % del empleo femenino. Con la exclusión del sector agropecuario, la tasa de informalidad ahora sí es sustancialmente mayor para mujeres que para hombres (55.5 % versus 49.1 % respectivamente). La alta participación masculina en el sector agropecuario explica, en parte, el por qué la brecha de género en la informalidad general es tan pequeña, a pesar de múltiples factores que aumentan la informalidad de las mujeres, los cuales se explican a continuación.

Si bien los hombres están sobrerrepresentados en el sector agropecuario, las mujeres están sobrerrepresentadas en otros tipos de empleo con altas tasas de informalidad. Por ejemplo, 10.8 % del empleo femenino se encuentra en el trabajo doméstico con una tasa de informalidad de 98.1 %, versus solo 0.6 % del empleo masculino con una tasa de informalidad de 85.9 %. Además, 5.4 % del empleo femenino es trabajo subordinado no remunerado fuera del sector agropecuario, que es 100 % informal por definición, versus solo 1.6 % para los hombres. Finalmente, 24.1 % de las mujeres trabajadoras son independientes fuera del sector agropecuario con una tasa de informalidad de 80.7 %, versus 19.8 % de hombres trabajadores con una tasa de informalidad de 70.5 %.

La siguiente gráfica muestra, para mujeres y hombres, el impacto en la tasa de informalidad de excluir sucesivamente las categorías de empleo con alta informalidad. La exclusión del sector agropecuario tiene un impacto desproporcional para los hombres mientras la exclusión del trabajo doméstico, el trabajo subordinado no remunerado y el trabajo independiente tienen impactos desproporcionales para las mujeres. Lo que queda después de estas exclusiones (las barras de azul claro) se puede resumir como el empleo no agropecuario sujeto al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Para los trabajadores no remunerados, los trabajadores domésticos y los trabajadores independientes la seguridad social no es obligatoria. Con todas estas exclusiones, quedándonos con 55.8 % del empleo femenino y 59.6% del masculino, llegamos a una tasa de informalidad de 32.0% de las mujeres y 40.3% de los hombres.

Este último dato es tal vez el más sorprendente. Cuando nos enfocamos en empleos subordinados y remunerados, excluyendo el trabajo doméstico y el sector agropecuario, las mujeres tienen una tasa de informalidad sustancialmente menor. Es interesante notar también que este segmento del mercado laboral aporta la gran mayoría de cotización a la seguridad social, en gran medida por el diseño de la Ley del Seguro Social. Como porcentaje del empleo femenino total, el empleo formal en este segmento representa 38.0 %. La cifra correspondiente para el empleo masculino es solo 35.6 %. Esto explica, casi por si solo, el hecho de que el porcentaje de trabajadores totales con seguridad social sea mayor para mujeres (38.5 %) que para hombres (36.8 %).

En resumen, las tasas de informalidad de mujeres y hombres son similares, no porque sus mercados laborales sean similares, sino porque algunos factores que aumentan la informalidad de las mujeres respecto a la de los hombres compensan otros con el efecto contrario. Las mujeres están sobrerrepresentadas en varias categorías de empleo con altas tasas de informalidad como el trabajo doméstico y el trabajo subordinado no remunerado. Además, fuera del sector agropecuario, las mujeres están sobrerrepresentadas, y tienen mayores tasas de informalidad, en el trabajo independiente. Sin embargo, pocas mujeres trabajan en el sector agropecuario, que es el sector económico con mayor informalidad, y las mujeres que encuentran empleos fuera de las categorías de alta informalidad tienen una tasa de informalidad menor que los hombres. El resultado final es que, en el agregado, hay una diferencia mínima en la tasa de informalidad entre mujeres y hombres, pero esta similitud en el agregado esconde una serie de diferencias profundas de género.

* David S. Kaplan es Especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2017/08/22/informalidad-y-genero/

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Formalidad Laboral y Estado de Derecho

Desde que me dedico a estudiar los mercados laborales en países en vías de desarrollo, una de mis grandes preguntas es ¿por qué la informalidad laboral en América Latina es, con persistente tozudez, tan alta? ¿Es un mal incurable? ¿Es culpa de problemas estructurales o de algún secreto maleficio contra la región? Recientemente me pregunté si parte del problema puede radicar en aspectos como la calidad del Estado de Derecho. Y decidí comparar algunos números.

Para hacer una primera exploración a la relación entre (in)formalidad laboral y Estado de Derecho, tomé como referencia el World Justice Project, que utiliza cuatro elementos para definir y evaluar el Estado de Derecho (ver nota al pie para el detalle metodológico). Los países más ricos tienden a tener mejores niveles de Estado Derecho, al menos como lo mide el World Justice Project. Los países ricos también tienden a tener mayores porcentajes de trabajadores en relaciones asalariadas formales. ¿Pero existe una relación entre el Estado de Derecho y el empleo asalariado formal, aun tomando en cuenta la riqueza de los países?

El siguiente gráfico cruza los datos del Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) con las bases del World Justice Project. En el eje vertical el gráfico muestra una medida de la formalidad laboral: asalariados formales (con seguridad social) como porcentaje del total de trabajadores. Y en el eje horizontal se representa la calificación del Estado de Derecho. Las dos variables se ajustan por el PIB per cápita del país, de tal forma que los valores positivos implican que la variable tiene un valor mayor de lo esperable tomando en cuenta la riqueza del país. Lo interesante es, aun tomando en cuenta el PIB per cápita de los países, existe una relación estadística estrecha y positiva entre el indicador del Estado de Derecho y el porcentaje de trabajadores que son asalariados formales. En otras palabras: descontando el factor riqueza del país, a más respeto del Estado de Derecho, más formalidad laboral.

Informalidad laboral vs calificación del Estado de Derecho

 

Viendo que, a partir de esta primera aproximación sobre los datos, puede existir una correlación entre Estado de Derecho y formalidad, me surgieron nuevas preguntas. ¿Cuál sería el impacto en el mercado laboral de un Estado de Derecho íntegro? Primero, la claridad de las leyes y limitaciones del poder del gobierno podrían fomentar las relaciones contractuales que tradicionalmente están bajo la mira del gobierno. Dado que los empleos asalariados, especialmente los formales, son sujetos a mucha regulación e inspección, un Estado de Derecho íntegro podría incentivar el empleo asalariado formal. Segundo, la formalidad corresponde en muchos casos al cumplimiento de obligaciones patronales. A medida que el gobierno pueda hacer cumplir las leyes, se esperaría mayor formalidad de los asalariados. En ambos casos, se esperaría que un Estado de Derecho íntegro se asociara con un mayor porcentaje de trabajadores en relaciones asalariadas formales.

En último término, la calidad del Estado de Derecho depende también de la “calidad democrática” de un país a todos los niveles (tanto de sus instituciones públicas, como de sus individuos, empresas, asociaciones, etcétera). La calidad democrática se mide en cómo la cultura admite o rechaza determinadas actitudes y comportamientos. ¿Toleramos que un empleador intente ahorrarse un dinero contratando informalmente a un trabajador? ¿Aceptamos como normal que existan sobornos o mordidas? ¿Intentamos pagar menos impuestos justificándonos con un “todo el mundo lo hace”?

La informalidad laboral es un grave problema para América Latina y el Caribe. No sólo por la desprotección que implica per se, sino también, como explicamos en Empleos para Crecer, porque la informalidad alimenta el círculo vicioso que atrapa a millones de trabajadores (¡más de la mitad de nuestra región!) en la precariedad laboral. Existen muchas posibles explicaciones sobre estas altas tasas de informalidad laboral de la región. La falta de capital humano es un candidato. Los costos laborales no salariales, productos de la legislación laboral, cuotas de seguridad social, y el sistema impositivo es otro. Con esta entrada quería poner sobre la mesa que, posiblemente, la informalidad laboral puede ser un síntoma de una enfermedad más profunda. La falta de un Estado de Derecho íntegro podría explicar las altas tasas de informalidad en algunos países, aunque sé que el sustento empírico a favor de esta hipótesis no es contundente. No obstante, si la hipótesis se confirmara, podría explicar la sorprendente persistencia de la informalidad laboral en algunos países.

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El World Justice Project plantea los siguientes elementos como características de un Estado de Derecho:

  1. El gobierno, sus funcionarios, e individuos y entidades privadas son responsables por sus actos y son susceptibles a penalizaciones bajo la ley.
  2. Las leyes son claras, públicas, estables, justas, y se aplican de manera homogénea. Además, protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas, su propiedad, y sus derechos humanos básicos.
  3. El proceso bajo el cual las leyes se aprueban, se administran, y se hacen cumplir es accesible, justo, y eficiente.
  4. La justicia se imparte de una manera competente y ética. Adicionalmente, los representantes y neutrales relejan las características de las comunidades que sirven y tienen recursos suficientes para sus labores.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/01/31/formalidad-laboral-estado-derecho/

BID: Mejores pensiones, mejores trabajos

VER EL VIDEO:

http://www.iadb.org/es/videos/ver,2173.html?videoID=9975&videoTitle=Mejores-Pensiones,-Mejores-Trabajos#.WZ8Dkj7yjIU

DESCARGAR EL LIBRO:

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/462/Mejores%20pensiones%20mejores%20trabajos.pdf?sequence=1

Pactos Colectivos

Analizamos los pactos colectivos en las distintas instituciones públicas y los cambios que necesitan, para evitar que las finanzas del Estado continúen siendo dilapidadas.

Panelistas:

– Marvin Flores (Miembro de acción ciudadana)

– Augusto Valenzuela (Presidente de la asociación iberoamericana de derecho del trabajo y de la seguridad social Guillermo Cabanellas)

– Alejandro Argueta (Abogado laborista)

– Francisco Quezada (Investigador del CIEN)

http://www.fundacionlibertad.com/articulo/pactos-colectivos-0

Dinero ético

 

La igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

Es sabido que una de las derrotas más clamorosas de los trabajadores es creer que son privilegios lo que antes eran derechos: derrota porque el trabajador se considera afortunado; clamorosa porque la fortuna siempre crea mala conciencia. Se trata de una ejecución singular, consecuencia de una clase depredadora que se encontró en la crisis con las condiciones idóneas para que 1)un puesto de trabajo entre tantos parados fuese una suerte, 2) un contrato fijo entre tantos temporales, un milagro, 3) 1.000 euros entre tantas prestaciones por desempleo, un lujo, y 4) vacaciones, algo de otro tiempo.

Es sabido también, porque al final en los pueblos todo se sabe, que ese círculo vicioso tiene unas consecuencias escandalosas, la más siniestra de todas la de que entre los propios trabajadores se reprochen los privilegios, como cuando a muchos les parece más insulto el sueldo de un estibador que el de ellos mismos. Hay otras, estas más previsibles, producto del funcionamiento extraordinario en España que tiene el mantra de que otros están peor que tú; aquella fábula, cuento o canción que decía que no te quejes de que tus zapatos estén rotos porque hay otros que se están comiendo las suelas.

Así que estos días, cuando tantos no responden o evitan responder que tienen un mes de vacaciones porque lo consideran inmoral, se publica que en el partido político Barcelona en Comú no funciona el llamado “salario ético”, una nómina que se pretendía ejemplificadora para la clase política bajo otro mantra innecesario: no se necesita más. Los comunes de Ada Colau, meses después, han descubierto que siempre se necesita más; la nueva política empieza a comprender que lo ético es ganar lo que uno merece sin apropiarse de lo que no es suyo, y que los sueldos altos, en lo público y en lo privado, están justificados si uno se hace acreedor de ellos.

Así que por un lado aparece una nueva izquierda denunciando la precariedad laboral y el traspaso semántico de derechos a privilegios, pero ella misma se aplica unas restricciones que dan la razón a los que defienden que hay que ganar lo justo para vivir, aunque ni eso cumplen. Se ha enquistado, desde hace tiempo, un pensamiento envenenado: el que tiene menos tiene más razón, y su defensa de las convicciones es más pura. Solo hay que recordar en los debates a los candidatos peleándose para ver quién cobra menos, y organizando ejercicios de transparencia con el objetivo de celebrar al que menos dinero tenga. Olvidando un asunto fundamental, el primero sabido de todos ellos: la igualdad que se consigue agachándose solo sirve para que algunos bajos crean estar a la altura.

https://elpais.com/elpais/2017/08/08/opinion/1502209632_779645.html

La retorcida lógica de los secuestradores del convenio 169

Cualquier texto de economía  demanda  que para la realización de inversiones,  de contratos,  de cualquier tipo de actividad humana,  las reglas que establezcan la manera en que se llevan a cabo se encuentren establecidas en reglas claras,  concisas y exactas aplicables a todos por igual que señalen cuales son los requisitos a cumplir y cuáles son los efectos de llevar a cabo una actividad.

Lo anterior también es el caso con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo. La lógica demandaría que para su aplicación existan reglas claras sobre como ejecutar ciertas actividades para cumplir con el denominado  ‘Derecho de Consulta’ que ha sido instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarado aplicable sin limitación a Guatemala por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Trabajo, órgano encargado de la aplicación de los Convenios Internacionales en materia de Trabajo  publicó a principios del mes anterior una Guía metodológica para realizar el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169.  El día  martes ha surgido la noticia que  se había interpuesto por una organización indígena una acción de amparo en contra de dicha guía.  Se alega que la Guía Metodológica no se consultó a los pueblos indígenas.   Esta es la segunda tratativa de regular el derecho a la Consulta.  Los amparos,  sin embargo,  no señalan que  aspectos de los derechos de los pueblos indígenas vulnera esta Guía,  sino simplemente se alega que no se consultó a los interesados.

Entonces,  para normar el derecho a la consulta se necesita,  valga la redundancia,  hacer una consulta,  pero utilizando que normas?   Pero entonces,   el alegato  podrá ser,  a cada paso de la consulta que se está violando algún  derecho  ancestral.  De esta manera,  se crea un círculo vicioso.  Pareciera  que hay quienes  quieren utilizar el pretendido ‘Derecho a la Consulta’  para simplemente crear vacíos que impidan  que existan reglas claras para tener un ambiente propicio a la inversión en el país.  Es posible que nos encontremos ante una situación donde los tribunales han hecho al Estado rehén de las organizaciones  que han utilizado el derecho a la Consulta como excusa para paralizar el desarrollo.

La solución  debe debatirse entre dos aspectos, o los tribunales definen el contenido de la consulta sobre la consulta,  o  las organizaciones son propositivas y no negativas sobre el derecho a la consulta.

La Guía metodológica tiene la ventaja fundamental,  que se trata de esto,  de una guía,  aunque  entonces pueda alegarse que la guía no es obligatoria y que no viola el convenio 169.   Pero para dicho caso,  la argumentación de la falta de obligatoriedad haría la Guía nugatoria. Si tomamos la Guía como una propuesta,  la respuesta de las organizaciones indígenas no debe ser que viola el derecho a la consulta, sin indicar  cuales partes de la guía no son admisibles.  En este caso es como  ver a nuestro país,  como el perro que se muerde la cola y va en círculos,  pero no resuelve nada.

Para tener un desarrollo adecuado como país,  debemos dejar claramente establecidas que objeciones concretas,  basadas en principios jurídicos claros y fundamentados en la constitución política de la república  existen  por parte de los interesados para que la guía sea aplicable. Es obligación de las organizaciones indígenas aterrizar el derecho a la Consulta e indicar que parte de la guía es inadmisible para dichas organizaciones y sobre todo una justificación razonable para lo anterior basada en la normativa que escogimos todos como país al elegir a una asamblea constituyente en dos ocasiones separadas.

http://s21.com.gt/2017/08/09/la-retorcida-logica-los-secuestradores-del-convenio-169/