¿Cómo perciben la corrupción los centroamericanos?

Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción. Las personas y la corrupción en América Latina”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, considera que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la policía y en el Congreso. El porcentaje baja al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%), y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos (educación, salud, documento de identidad, policía, servicios públicos y tribunales) pagó soborno en los últimos doce meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron un soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno; Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá, debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo ―entre 21 y 30% de los encuestados― pagados a la policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo, principalmente en Costa Rica (82%), Nicaragua (77%),  Honduras (76%) y Guatemala (70%).

El estudio agrega entre sus recomendaciones la necesidad de que los gobiernos involucren más a la sociedad civil en sus esfuerzos en contra de la corrupción, lo que puede dotar de credibilidad a sus esfuerzos. Asimismo, se debe crear un contexto seguro que favorezca la participación social, al tiempo en que se fortalecen las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción. También se recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción y proteger a los denunciantes mediante la creación de canales de denuncia accesibles y anónimos.

Para reducir los sobornos en los servicios públicos, el estudio recomienda que los gobiernos aseguren que las tarifas oficiales de dichos servicios se exhiban públicamente; así como optimizar los procedimientos para que la toma de decisiones no resulte prolongada o arbitraria, e invertir en plataformas de gestión electrónica que permita solicitar servicios sin interactuar personalmente con funcionarios o empleados públicos. Finalmente, para sanear las instituciones policiales se recomienda mejorar sus capacidades de investigación, así como afianzar medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión institucional.

La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia al destruir la confianza y la cohesión social, y al prostituir la institucionalidad pública frente a los fines particulares, por lo que toca hacerle frente de manera integral y estructural.


Elaborado por Jonathan Menkos Zeissig

Para leer el estudio completo: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe

http://blogs.eleconomista.net/icefi/2017/10/como-perciben-la-corrupcion-los-centroamericanos/

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Sindicato de trabajadoras domésticas, similares y a cuenta propia (Sitradomsa) piden la ratificación del convenio 189 de la OIT.

https://twitter.com/i/web/status/828981386329595904

Trabajadoras de servicios domésticos piden convenio

El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (Sitradomsa) pidió ayer al Congreso aprobar la iniciativa de ley que ratifica el Convenio 189 de la OIT acerca del trabajo decente para esa categoría de empleados.

 

El Convenio 189 fue adoptado en junio del 2011 y llegó al Congreso en agosto del 2015, pero a la fecha no se ha aprobado.

 

Floridalma Contreras, representante de Sitradomsa, dijo que para este martes el Congreso tiene en agenda conocer la iniciativa en tercer debate, por lo que solicitan a los diputados que sea aprobado.

Esta ley permitirá que las empleadas de ese sector opten a prestaciones y horarios de trabajo adecuados (ocho horas diarias), explicó Contreras, y agregó que muchas empleadas domésticas laboran hasta 16 horas al día.

Sitradomsa y la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila pidieron que se cree una comisión paritaria para fijar un salario mínimo al segmento, pero indicaron que autoridades de Gobierno no han respondido.

Refieren que a las trabajadoras domésticas de Zacapa se les paga entre Q300 y Q500 mensuales, salario similar al de otros departamentos, y que en la capital es de entre Q900 y Q1 mil 200 al mes.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/piden-aprobar-el-189

Trabajadoras domésticas y de maquilas denuncian abusos laborales

Con una caminata mujeres trabajadoras domésticas y de maquilas buscan reivindicar sus derechos y que se traduzcan en salarios dignos y condiciones laborales apropiadas.

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La marcha inicio en la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) ubicada en la zona 1 hasta llegar a la casa presidencial donde fue entregado un pliego de peticiones.

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La mujeres exigen el pago de prestaciones conforme a la ley y que los certificados del seguro social sean entregados a los trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Maquila denunció que al momento de exigir las prestaciones los patronos las amenazan con despidos o rebajas de sueldo.

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Información: Silvia Salvatierra

http://www.guatevision.com/trabajadoras-domesticas-maquilas-denuncian-abusos-laborales/

Las brechas salariales continúan

Pese a que existen leyes que garantizan equidad e igualdad laboral entre hombres y mujeres, las brechas respecto de salarios y preferencias para ocupar ciertos puestos siguen, afirman fuentes consultadas.

 

Agregan que la brecha en el desempeño laboral entre hombres y mujeres se debe a la cultura masculina enraizada en nuestra sociedad, que delega la carga de la maternidad y del hogar a la mujer.

 

Las mujeres del área rural y las empleadas domésticas son quienes más desigualdades encuentran dentro del ámbito laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei 2-2014), la población en edad de trabajar (PET) es de 10 millones 509 mil 644 de personas —52.7 por ciento son mujeres—, mientras que la población económicamente activa (PEA) es de seis millones 316 mil cinco —el 65 por ciento son hombres—.

En el boletín del Observatorio de Trabajo Decente, Ingresos Salariales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), se indica que la diferencia que hay en el ingreso promedio de un asalariado rural —Q1,470.50— es alrededor de la mitad respecto del urbano metropolitano —Q2,930.43—.

Según el informe: “Estas diferencias son aún mayores en el caso de los asalariados rurales indígenas y las mujeres asalariadas rurales indígenas, que son las que tienen el menor ingreso, aproximadamente un tercio del promedio del urbano metropolitano”.

El salario promedio rural de la mujer indígena es de Q1,128.42, en tanto el de una no indígena en el área urbana metropolitana es de Q2,776.11.

Julio Prado, analista de Asíes, señaló que las mujeres tienen mayores diferencias salariales en el sector informal.

“En promedio, la mujer tiene alrededor del 84 por ciento del salario del hombre; pero si vamos al área rural y es mujer indígena, a veces anda por 60 por ciento el salario que devenga respecto con el del hombre, por la misma actividad”, aseveró.

Lourdes Xitumul Piox, a cargo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), señaló que para el 2010 la diferencia salarial en el promedio entre hombres y mujeres era de Q438, mientras que en el 2014 fue de Q495.

“Está permeado en el imaginario de que el hombre es para la vida laboral y las mujeres ya tenemos socialmente asignados roles, que somos para el espacio privado, cuidar a la familia, atender a la pareja, al papá. Es el sistema patriarcal con el que luchamos día a día”, indicó.

Resaltó que cuando una mujer llega a un puesto por su capacidad, en la práctica tiene que hacer el doble o triple esfuerzo por asegurar su trabajo; además, se enfrenta con que un hombre puede ganar más en el mismo puesto y por hacer las mismas funciones que ella.

Otro indicador que refleja la realidad de las mujeres está en el Seguro Social, ya que el año pasado reportó 410 mil 955 afiliadas cotizantes y 856 mil 474 afiliados.

Erwin García, director de Sistema de Información y Estadísticas de la Seprem, señaló que en los datos que se manejan los hombres participan en las actividades del hogar en 13 por ciento y el 87 por ciento de tareas recaen en las mujeres, las cuales no son remuneradas, pero sustituyen un costo.

Agregó que en el 2011 se calculaba que el aporte del trabajo no remunerado de la mujer al producto interno bruto (PIB) era de 15.6 por ciento y para el 2014 era de 18.9 por ciento.

“Esto nos da una idea muy cercana a la realidad de cuánto es el aporte de la mujer al PIB”, aseveró.

Según Tania Arita, gerente regional de Manpower Centroamérica y República Dominicana, un informe sobre inclusión de la mujer en lo laboral refleja que si bien la mujer ocupa el 50 por ciento en el mercado laboral, apenas el 25 por ciento llega a cargos gerenciales, ni siquiera directivos.

“Hay datos estadísticos que nos dicen que todavía el hombre sigue ganando más que la mujer, a pesar de que tienen el mismo puesto y los mismos roles (…) Más del 20 por ciento de las mujeres consideran que hay mejores oportunidades para el hombre o preferencias para ocupar cargos”, dijo.

Resaltó que más del 76 por ciento de las mujeres después del embarazo deciden no regresar al trabajo, porque no hay flexibilidad de horarios.

Añadió que según un estudio realizado en 25 países, se encontró que los millennials —personas menores de 34 años— consideran que reducir las brechas entre hombres y mujeres llevará unos 22 años.

Invisibiliza aporte

Según Élida Ajsac, directora de promoción y participación de la mujer de Seprem, las desigualdades tienen sus raíces en el sistema patriarcal y racista. Agregó que  el mismo invisibiliza el aporte femenino, y  si se  habla del sector agrícola, a las mujeres se les relega como ayudantes del jefe de familia.

No se denuncia

Dulce Zúñiga, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo  que por ahora no tienen denuncias relacionadas con discriminación de género o desigualdad salarial. Resaltó que aunque  el Código de Trabajo contempla la igualdad en los salarios, existen diferencias que no se denuncian.

Luchan por la igualdad

Mayra Díaz, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala, señaló que en la organización se trata de eliminar esa brecha y que las mujeres incidan sin importar la etnia, credo o cultura. “Se lucha por un salario decente, justo y vital”, expresó.

Sin cumplirse

Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de Maquila, dijo que aunque la ley es clara, la maternidad afecta la contratación de la mujer en ciertos sectores, y  que en el trabajo doméstico predomina  la mano de obra femenina; pero aún ahí le pagan más al hombre.

Ven desventaja

Tania Arita, de Manpower, indicó que más del 20 por ciento de las mujeres piensa que llegar a posiciones de liderazgo es olvidarse de  su familia y el hombre eso lo pone como un ingrediente. Agregó: “Hay una cultura masculina arraigada (…) en donde no hay flexibilidad para las mujeres”.

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/las-brechas-continuan

Empleadas domésticas piden a políticos proteger sus derechos

Representantes de casi 200 mil  empleadas domésticas de Guatemala pidieron este sábado a delegados de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de septiembre próximo, comprometerse a impulsar leyes que protejan sus derechos humanos y laborales.

“Por más de 30 años hemos estado luchando por una ley que proteja a las trabajadoras domésticas pero no ha habido interés de los gobiernos”, dijo a la  AFP  Susana Vásquez, activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila  (Atrahdom).

De acuerdo con Vásquez, en Guatemala 198.885 mujeres se dedican al empleo doméstico entre los 8 y 70 años de edad, y perciben salarios que van desde US$50 a 190 al mes, la mayoría con jornadas de 16 horas diarias.

La Atrahdom y la alemana Fundación Friedrich Ebert realizaron este sábado un foro con representantes de partidos políticos para conocer sus proyectos de protección laboral y, en especial, los puntos relacionados al empleo doméstico.

“Estamos pidiendo a cada uno de ellos (partidos políticos), y de hecho vamos a hacer que firmen un documento, para que se comprometan a apoyar a las trabajadoras del hogar”, agregó la activista, quien precisó que entre las principales demandas está incluirlas en el seguro social.

Además, reclaman tener derecho al salario mínimo autorizado por el Ministerio de Trabajo que ronda los US$340 dólares, así como regular los horarios y ratificar convenios internacionales en materia laboral.

El próximo 6 de septiembre, unos 8 millones de guatemaltecos, de los 15 millones que habitan el país, están llamados a votar para elegir al sucesor del presidente Otto Pérez, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano y 338 alcaldes municipales.

http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/empleadas-domesticas-piden-a-politicos-proteger-sus-derechos