Cacareo sindical

“Hacer ruido, rasgarse las vestiduras, en fin, como dijo Mario Roberto Morales “ser sindicalmente chilindrinicos” es lo que permite a estos señores y señoras mantener durante largos años los puestos en juntas directivas, consejos y comisiones institucionales.  Lo bueno es que ahora estos personajes son más sinceros: hacen todo el cacareo de supuesta protesta por la injusta medida, anuncian supuestas protestas -cuando desde hace años no se les ve afiliado alguno a sus organizaciones, o por lo menos relevante en un número digno- pero al final dejan bien claro: “no impugnaremos la decisión presidencial”.  Es decir, ofendidos pero jamás beligerantes, mejores soldados no hay.
Quiero dar un aporte “técnico” que le tal vez sea útil:
1. La imposición de la fórmula como eje central del sistema de fijación de salarios mínimos constituye un acto de anulación de la representación de los trabajadores.  Cuando el sector empleador afirma que la tasa es el resultado de la fórmula y que así está feliz -aunque preferirían que el resultado fuera “0” aumento-, lo que dice realmente es que el resultado es cómodo para sus intereses porque la propuesta de los trabajadores dejó de ser una variable reconocida en el sistema institucional de fijación del salario mínimo.  En la fórmula no está presente la libertad sindical, dejó de ser una variable, no entra en consideración “técnica” la opinión de los trabajadores con relación a su situación material de vida. Sin embargo, las variables que determinan la situación de los negocios empresariales, esas sí están consideradas en el “cálculo”.
2. Al utilizar únicamente esta fórmula como sistema de fijación de la tasa de salario mínimo, se comete un acto de reduccionismo del ejercicio del poder público en donde las variables macroeconómicas que la fórmula tiene previstas o que sí reconoce, en alguna medida transfiere los riesgos de los empresarios a la espalda de la clase trabajadora.
Cuando el gobierno explica que el resultado es un bajo reajuste salarial debido a que se ha producido, por ejemplo, una reducción en las exportaciones, entonces ahí el gobierno está transfiriendo los riesgos empresariales y políticos a los trabajadores. Todos sabemos que somos un país cuyo sistema económico es dependiente de la economía internacional, se basa en las actividades de exportación, pero esa situación ha sido una decisión sostenida por dos factores: a) los intereses de la oligarquía guatemalteca y capital transnacional, y b) las políticas económicas de gobiernos que responden a esos intereses.  Por lo tanto si la mano del mercado internacional castiga a la economía nacional entonces son esos dos sectores (gobierno y empresarios) los responsables y no la población trabajadora, ya que bien podríamos tener un sistema económico diferente si existiera realmente democracia y se priorizaran las actividades de fortalecimiento de la economía, bajo otro modelo productivo y no el exportador como principal. Entonces, según el principio del derecho laboral de “ausencia de riesgo” el gobierno no debería basar la decisión política, dentro del sistema de fijación del salario mínimo, únicamente en la fórmula, sino tendría que atender a dos cosas fundamentales:
a. Al carácter remunerador del salario mínimo, no sobre la base de un resultado matemático, sino sobre su finalidad que es la vida digna del trabajador según establecen las normas: artículo 103 del Código de Trabajo (CT), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador.
b. Debería prevalecer en la decisión política una explicación sobre el resultado de la consulta a los actores sociales, situación que anulan con la fórmula que sustituye a todo el sistema político que actualmente existe en las leyes para este asunto.  La fórmula no está en ley, la ley de competitividad como dijo alguien en los medios no es superior a las leyes que he citado en esta nota.
c. Cargar el análisis técnico a la Junta Monetaria y del IGSS, según establece el artículo 112 del CT. Ese es el sistema vigente, no lo es la fórmula de la OIT, y estas dos instituciones no solo hacen cálculos sino hacen un informe fundamentado en sus respectivas competencias. Con el simple uso de una fórmula se ha desinstitucionalizado todo esto y se degrada la legitimidad de la fijación de la tasa.  Por ejemplo habría que preguntarles a estas dos instituciones cual es el impacto de aplicar la fórmula y dar esa tasa de reajuste salarial, es decir, que diga el IGSS si con esa tasa de salario mínimo habrá mejor, igual o peor seguridad social para el 2018. Lo curioso de esto es que entre los sindicalistas que están protestando por la medida hay directivos titulares del IGSS y no solo no dicen nada sobre el papel del seguro social en la fijación del salario mínimo sino que además indican que no impugnarán la decisión presidencial. En pocas palabras, protestan pero al final están apoyando la medida.
Esos serían para mi los ejes de explicación técnica de porque el gobierno se ha equivocado fuertemente. Pero recuerde siempre que fueron los sindicalistas los que empezaron esto, quienes aceptaron por primera vez el uso de la fórmula.  Su protesta en diarios puede ser considerada como una pantomima más si al final el resultado es igual, es decir, terminan sirviendo de colchón de la revolcada que le dé el empresariado a los trabajadores.”
De una carta de Alejandro Argueta.
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¿Gana el mínimo? para 2018 le tendrán que aumentar Q3.26 o 2.98 diarios

A tres días de que termine el año, el presidente Jimmy Morales, estableció los nuevos salarios mínimos para las actividades agrícolas, no agrícolas y de la actividad exportadora y de maquila, fijando en Q 90.16 diarios para las primeras dos y de Q 82.46 para la tercera, es decir Q3.26 y 2.98 más de lo instituido para este año.

Los nuevos salarios mínimos fueron publicados este viernes en el diario oficial en el Acuerdo Gubernativo 297-2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

171229 SALARIO MÍNIMO 2017

Para las actividades agrícolas y no agrícolas los Q 90.16 diarios, equivalen a Q 11.27 por hora, en jornada ordinaria diaria de trabajo o lo proporcional para la mixta o nocturna, lo que representa un salario mensual de Q 2 mil 742.36, más la bonificación de incentivo de Q 250.00, para un total de Q 2 mil 992.36.

Para la actividad exportadora y de maquila, los Q 82.46 diarios, equivalen a Q 10.30 por hora en jornada ordinaria diurna de trabajo, o lo proporcional para las jornadas mixta o nocturna. Esto representa un salario mensual de Q 2 mil 508.15 más Q250.00 de bonificación, para un total de Q 2 mil 758.15 al mes.

Según consigna la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), la decisión del mandatario se basó en análisis técnicos que le fueron proporcionados por el Mintrab después que la Comisión Nacional del Salario, conformada por las partes patronal y laboral, no alcanzó un acuerdo durante el proceso de discusión.

http://s21.gt/2017/12/29/gana-el-minimo-para-2018-le-tendran-que-aumentar-q3-26-o-2-98-diarios/

Sectores están en desacuerdo por aumento de salario mínimo para el 2018

El sector sindical señaló como insuficiente el aumento de salario mínimo decretado para el 2018 mientras que el sector empresarial refiere que no debió subir, aunque mencionan que la decisión fue mejor que en el 2016.

El salario mínimo se aumentó en 3.75%  para 2018, tanto para actividades en la ciudad, en el campo y maquilas, por decisión del presidente Jimmy Morales.

Representantes centrales sindicales del país calificaron como un miserable ajuste” que no responde a la realidad del país, el incremento de Q3.26 diarios para las actividades agrícolas y no agrícolas y de Q2.98 para la maquila y exportación  para 2018.

“Este incremento ni alcanza para la compra de una bolsa de mango verde”, dijo Adolfo Lacs Palomo de  la Federación Sindical de Empleados Bancarios y Seguros (Fesebs).

En tanto Antonio Malouf presidente del  Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) mencionó que la decisión del mandatario se basó  en lineamientos técnicos y no políticos como ocurrió en años anteriores.

Agregó que el sector recomendó que no se diera un ajuste para el próximo, como resultado de la desaceleración de la economía, la baja del tipo de cambio y otras variables, pero al final considera que el mandatario se basó en elementos técnicos.

Salario para el 2018

  • Pago diario Q90.16 para las actividades agrícolas y no agrícolas.
  • Estas tendrán un pago mensual de Q2 mil 992.36.
  • Para   maquila y exportación, quedo en Q82.46 el diario (Q10.36 la hora)
  • Y el mensual en Q2 mil 758.18.

Cambio a la canasta básica

Este año el gobierno por medio del Instituto Nacional de Estadística (INE) modificó los metodología para calcular la canasta básica alimentaria y mostró una baja respecto a meses anteriores.

Ese aspecto fue calificado por el dirigente sindical como una “argucia” que disminuyó  los valores.

Pero el sector empleador insiste que se trata también de una decisión técnica.

El  Ministerio de Trabajo, por medio de los viceministros, respalda la decisión del mandatario y anunció que se preparan los operativos con la Inspectoría General de Trabajo para que las empresas cumplan con el nuevo pliego salarial en enero y febrero.

http://www.prensalibre.com/economia/sectores-en-desacuerdo-por-aumento-de-salario-minimo-decretado-para-el-2018

Presidente Morales fija nuevo salario mínimo para actividades en la ciudad y el campo

Ciudad de Guatemala, 29 dic (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, estableció hoy nuevos salarios mínimos para las actividades agrícolas, no agrícolas y de la actividad exportadora y de maquila, fijando en Q90,16 diarios para las primeras dos y de Q82,46 para la tercera de ellas.

La decisión del mandatario se basó en análisis técnicos que le fueron proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social después de que la Comisión Nacional del Salario, conformada por las partes patronal y laboral, no alcanzó un acuerdo durante el proceso de discusión.

Los nuevos salarios mínimos están contenidos en el Acuerdo Gubernativo 297-2017 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y firmado por el presidente Morales.

El Ejecutivo hizo ver que para adoptar la medida se analizó “la situación de los trabajadores guatemaltecos que cuentan con un empleo formal y la de aquellos que se encuentran en la economía informal, observando que el salario mínimo debe ser revisado anualmente” y “tomando en cuenta indicadores de acuerdo a inflación, crecimiento real del producto interno bruto (PIB) y crecimiento de la población”.

Para las actividades agrícolas y no agrícolas se fijó en Q90,16 diarios, equivalente a Q11,27 por hora, en jornada ordinaria diaria de trabajo, o lo proporcional para la mixta o nocturna, lo que representa un salario mensual de Q2.742,36, más la bonificación de incentivo de Q250,00, para un total de Q2.992,36.

Para la actividad exportadora y de maquila se estableció un pago de Q82,46 diarios, equivalente a Q10,30 por hora en jornada ordinaria diurna de trabajo, o lo proporcional para las jornadas mixta o nocturna. Esto representa un salario mensual de Q2.508,15 más Q250,00 de bonificación, para un total de Q2.758,15 al mes.

http://agn.com.gt/index.php/2017/12/29/gobierno-de-guatemala-fija-nuevo-salario-minimo-para-actividades-en-la-ciudad-y-el-campo/

Salario mínimo 2018 para campo y ciudad sube Q3.25 y para maquila Q2.98

El salario mínimo diario de 2018 será Q90.16 y por primera vez superará temporalmente el costo de la canasta básica de alimentos (CBA), que a noviembre último era de Q84.93 por día.

El mandatario Jimmy Morales incrementará la paga en Q3.25 para actividades agrícolas y no agrícolas y Q2.98 para maquila y exportación.

A pesar de ese incremento, que cobrará vigencia el lunes  próximo, se mantiene una  brecha, ya que comprar  los 34 productos básicos en los hogares tiene un costo de  Q3 mil 548.56 —cifra incluye Q1 mil de compra de alimentos fuera del hogar— a noviembre, según el INE, que cambió de metodología.

Con el incremento que firmó Morales, el salario mínimo mensual quedará en Q2 mil 992.36 para el campo y la ciudad. Para las actividades de exportación y maquila, el ingreso será de Q2 mil 758.15. En ambos casos se incluye la bonificación de ley de Q250 al mes.

Estructura

Con esa decisión presidencial, el incremento  para el 2018 es de 3.75%, que equivale a Q3.26  para las actividades agrícolas y no agrícolas.

La paga diaria pasará de Q86.90 a Q90.16; es decir, Q11.26 la hora. El trabajador recibirá al mes  un salario nominal de Q2 mil 742.36.

Para maquila y exportación, el ajuste es de 3.74%, o sea Q2.98.  El pago diario pasa de Q79.48 a Q82.46 —Q10.36 la hora—, y al mes recibirán Q2 mil 508.15.

Sin embargo, ese incremento está por debajo de la inflación,  que a noviembre era de 4.69%.

Ese ajuste podría ser consumido  rápidamente por el incremento de precios en la economía —inflación—,  proyectado en el rango de 3% a 5% para el 2018.

Además, está por  debajo del costo de la canasta ampliada,  que es  de Q8 mil 193.40, que incluye gasto de alimentación, vestuario, transporte y recreación,  entre otros.

La decisión presidencial está lejos de los Q165 diarios que requirió el sector sindical en las negociaciones de la Comisión Nacional del Salario (CNS), que este año no alcanzó acuerdos.

Justificación

Gabriel Aguilera Bolaños, viceministro de Trabajo, dijo que para la fijación del salario se valoraron diversos indicadores económicos y del mercado laboral.

Explicó que se tomó como criterio la fórmula de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  que se basa en el crecimiento económico y la tasa de inflación proyectada, así como el crecimiento poblacional  para el  2018.

Esa formula quedó institucionalizada por el Programa Nacional de Competitividad, agregó.

Aguilera Bolaños explicó que también se evalúo la situación económica, que durante este año experimentó una desaceleración en  producción, menor a lo previsto, así como el comportamiento del tipo de cambio, el cual mantuvo  una tendencia a la baja que golpeó al sector exportador.

“Se está manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben el salario mínimo”, indicó el funcionario.

También se consideraron los datos del  mercado laboral —según la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos  2017— que apuntan a que el ingreso promedio nacional es de Q2 mil 230 al mes. El mercado laboral  informal es del 70%.

Satisfechos

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil, adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, enfatizó que la recomendación de ese  sector en la CNS fue un incremento con base en la fórmula que recomendó la OIT.

“Consideramos que la fórmula es lo ideal y lo justo, porque así los trabajadores mantienen su poder adquisitivo y consumen, pero al estar arriba de la fórmula se corre el riesgo de aumentar la informalidad”, destacó el empresario.

Ceballos afirmó que la decisión del mandatario conservará las plazas de trabajo en la actividad  exportadora.

No compensa

El sindicalista Rigoberto Dueñas  explicó que  el aumento decretado es insuficiente para cubrir  el costo de la canasta básica y la canasta ampliada en los hogares.

Costo de los alimentos

La canasta básica de alimentos (CBA)  se ubicó a noviembre  en  Q3 mil 548.56 —con la nueva metodología—, según el INE. El costo diario para la adquisición de los 34 productos básicos era de Q84.93, mientras que el  costo de la adquisición de la CBA en el mes era de Q2 mil 547.90, más Q1 mil del costo para la compra  de alimentos consumidos fuera del hogar.

El incremento promedio de precios de bienes y servicios  era de 4.69%.

http://www.prensalibre.com/economia/salario-minimo-2018-para-campo-y-ciudad-sube-q325-y-para-maquila-q298

Returns to language skills in transition economies

Speaking English has its benefits in transition countries but can it supersede Russian?

Elevator pitch

In many transition countries, the collapse of communism ushered in language reforms to adapt to the newfound independence from the Soviet Union and openness to the rest of the world. Such reforms may have implications for individuals’ economic opportunities, since foreign language proficiency may enhance or signal productivity in the labor market. Recent empirical evidence documents positive labor market returns to English language skills in transition countries. However, Russian language proficiency also remains economically valuable, and nationalist language policies may lead to future loss of economic opportunities.

Percentage of people speaking different
                        non-native languages, South Caucasus

Key findings

Pros

English language proficiency is in high demand in transition countries.

Russian language skills remain an important form of human capital in the former Soviet Union and are well rewarded in those labor markets.

There are apparent labor market returns to language proficiency in jobs where communication is important and tasks are complex.

Language is likely to be complementary to other forms of human capital; for example, high-skilled men gain more from language proficiency than men with low levels of skills.

Cons

There are gender differences in the labor market returns to language proficiency in some transition countries.

Nationalist language policies can hurt the outcomes of minorities in multilingual societies.

Language skills may yield negative labor market premiums, particularly if there are differences in the quality of education offered in different languages.

It is difficult to separate the effect of language from that of other less observable characteristics, such as innate ability.

Author’s main message

The economic value of language skills is widely recognized. Recent empirical evidence documents such positive labor market returns to English language skills in transition countries, while Russian language proficiency also remains economically valuable in the former Soviet Union. However, language proficiency may bear significant costs when it signals a minority status or when language-specific differences in the quality of education exist. Such costs need to be taken into account when making policy recommendations, particularly when considering the promotion of national languages over Russian.

Motivation

Traditionally, language skills are viewed as a form of human capital, since they are embodied in a person, are productive in the labor market, and are obtained at the cost of time, effort, and out-of-pocket expenses. Accordingly, there can be positive labor market returns to language skills, particularly in occupations where communication is important. Language skills may boost earnings directly by raising an individual’s productivity. They may also indirectly lead to higher labor market returns through facilitating access to high-paying occupations, or by simply signaling productivity to employers. A large body of literature documents positive labor market returns for immigrants who are proficient in host-country languages. There are also positive returns to foreign language proficiency by natives in developed countries [2].

Transition economies present an interesting case in the context of labor market returns to language skills because of the region’s unique historical and cultural heritage. In many transition countries, the collapse of socialism was marked by language reforms to adapt to the new realities of independence and openness to the rest of the world. Positive returns to foreign language skills are observed in the two main groups of transition economies, the successor states of the former Soviet Union (FSU) and the post-socialist countries of Central and Eastern Europe (CEE). Foreign language proficiency is particularly relevant in transition countries since it can facilitate communication and integration with the rest of the world throughout the transition process. Indeed, the importance of English, in particular, has been growing consistently due to its increasing worldwide use as a common language for international relations.

However, the two groups of transition countries also differ in an important way. While CEE countries had strong economic and cultural links to the Soviet Union, the Russian language was much less important for them than in FSU countries. Moreover, some CEE countries have important historical and cultural links with EU countries, such as Germany and Austria, and consequently have been subject to influences from other languages (e.g. German) [3].

The Russian language was actively promoted among the varied populations of the Soviet Union from the late 1930s until the later 1980s. This was done not only to promote Russian as a common lingua franca, but also to serve as a key component of a common Soviet cultural foundation [4]. Since the collapse of the Soviet Union in 1991, various programs to promote national languages at the expense of Russian have been initiated in the newly independent states. In many of these states, “derussification” has been seen as essential to building independence and national sovereignty. Indeed, evidence shows that the promotion of national languages can shape the formation of national identity and political preferences [5]. However, the potential costs associated with such programs have been a source of concern.

Russian continues to be an essential political and business language in the region: it is the main medium of communication between many formerly Soviet republics that remain economically and politically dependent on Russia and each other. The decline in Russian language skills may therefore lead to future loss of economic opportunities. Moreover, nationalist language policies can hurt minorities in multilingual societies by restricting their capacity to communicate, which can have implications for their labor market outcomes and overall well-being. The rapid transitions from Russian to a national language as a medium of instruction in schools have been a further source of concern. Russian language schools are seen in many FSU countries as superior in quality, and without the required investments to build up the quality of national language schools, there is a concern that the overall quality of education could deteriorate.

Against this background, it is important to understand the economic benefits and costs associated with language skills in transition countries.

Discussion of pros and cons

Returns to English proficiency

English language proficiency is an important asset in the globalized world. The importance of English language skills has grown in transition countries as they have increased their openness to trade and foreign investments. Evidence from the Visegrad Four countries of CEE—the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia—shows that English language knowledge is in high demand [3]. Across the four countries, over half of the 74,000 job advertisements accessed via job portals as of July 2015 had English proficiency as a requirement. Looking at individual countries, in the Czech Republic 28% of the vacancies required English language skills, while in Poland 64% of vacancies did (Figure 1). However, English language skills among these countries’ populations are not yet well-developed. As Figure 2 demonstrates, the share of those able to have a conversation in English ranges from 20% in Hungary to 33% in Poland. English language proficiency appears to be less common in the FSU countries (see the Illustration). Data from a collection of nationally representative surveys conducted in the South Caucasus in 2013 show that only around 19% of people in Georgia, 16% in Armenia, and 8% in Azerbaijan speak English at an intermediate or advanced level (author’s calculations based on data in [1]). It is therefore not surprising that proficiency in English is highly rewarded in these countries’ labor markets: it leads to a significant increase in the probability of having a job [4].

Percentage of job adverts that list a
                        language requirement, Visegrad Four

Percentage of people speaking different
                        languages, Visegrad Four

What about Russian language skills?

During the Soviet era, Russian proficiency was essential to a successful career in the member republics of the Soviet Union, and Russian proficiency remains highly prevalent in many successor countries over two decades after transition. The Illustration depicts the percentage of people who spoke Russian (at intermediate or advanced level) in the three FSU countries of the South Caucasus in 2013. Accordingly, Russian is by far the most common of the foreign languages spoken in Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Over 80% of individuals in Armenia, 70% of individuals in Georgia, and close to 40% of those in Azerbaijan are proficient in Russian (calculations based on data in [1]). This is not surprising since the incentives to learn Russian remain strong [4]. The language commonly maintains its status as a second language and medium of communication between various ethnic minorities within the countries. It also maintains its status as the lingua franca in interactions with Russia and other FSU countries. Russian proficiency therefore pays off in the labor market: existing estimates suggest that Russian language skills significantly increase one’s probability of employment in at least some parts of the FSU [4]. Moreover, evidence from Kazakhstan suggests that individuals who are less fluent in Russian (these happen to be those who classify themselves as bilingual in Russian and Kazakh) may in fact be penalized in the labor market in the form of lower earnings [6].

Language skills and occupations

Language proficiency as a form of human capital is particularly valuable in jobs that are reliant on communication skills and have higher-level language requirements. Russian proficiency has been found to contribute to selection into public sector jobs and into jobs in foreign organizations, businesses, or non-governmental organizations in the three FSU countries of the South Caucasus [4]. This is consistent with higher language proficiency requirements in these jobs. Moreover, Russian proficiency increases selection into jobs in trade, services, and communications—sectors intensive in communication skills [4]. Language skills have also been linked to the complexity of jobs. Evidence from the Visegrad Four countries suggests that high-skill occupations are more demanding in terms of English language requirements relative to medium- and low-skilled occupations [3]. However, the same study shows that this observation does not hold for all foreign languages: it does not find a relationship between the demand for German language skills and the complexity of an occupation.

Language–skill complementarity

Studies in various country contexts have shown that individuals with higher levels of education might gain more from knowing a language than those with lower levels of education [7]. This is referred to as language–skill complementarity, and appears to exist in transition countries as well. An analysis of returns to Russian proficiency by educational attainment demonstrates that the returns are higher for those with post secondary education, suggesting complementarity between language skills and education in the generation of labor market rewards in FSU countries [4]. Work experience is another indicator of the quality of skills valued in a given labor market. Older workers will typically have acquired more work experience compared with younger workers. Consistent with language–skill complementarity, the returns to Russian language skills appear to be higher for older cohorts [4]. However, these relationships are apparent among men only. For women, there is in fact an indication of some substitutability between Russian proficiency and general skills: Russian proficiency is significantly related to the employment probability of young and medium-educated women only.

Gender bias in rewards for language skills?

Gender gaps are a persistent feature in labor markets internationally as well as in transition countries. The evidence on whether transition has resulted in an improvement or deterioration of women’s relative position in the labor market is mixed. The different returns received by men and women for the same characteristics are often interpreted as evidence of discrimination. Recent evidence from a group of western European countries suggests that men receive higher returns for various foreign language skills than women, a finding that is indicative of some form of discrimination against women linked to this specific type of human capital [8]. Another piece of cross-country evidence, on the other hand, suggests that foreign language proficiency reduces the risk of unemployment more for women than for men [2]. The limited evidence on this from transition countries is inconclusive. In Armenia and Azerbaijan, proficiency in Russian language skills apparently increases women’s employment probability more than it increases that of men [4]. The fact that Russian language proficiency on average is more prevalent among men compared to women is coherent with this pattern. On the other hand, the labor market value of speaking Russian is very high for men in Georgia, while for women it appears to be non-existent—a pattern that suggests the possibility of gender bias in returns to language skills [4].

Minorities in multilingual societies

Since the collapse of the Soviet Union in 1991, various programs to promote national languages have been initiated in the newly independent states. These include single-language policies that made the national language the official state language as well as educational reforms that promoted the use of national languages in instruction. Evidence shows that such nationalist policies may have hurt the outcomes of minorities. One example is a reform implemented in Ukraine’s school system in 2009/2010. The reform obliged all linguistic minority students to take a standardized school exit test in Ukrainian, the state language, thus denying them access to translated versions of the test. There is evidence to suggest that the reform resulted in a decline in the number of subjects taken by minority students in schools with Hungarian and Romanian/Moldovan languages of instruction, especially those demanding linguistic skills, such as History and Biology [9]. Nevertheless, even full language proficiency in the national language does not guarantee equitable outcomes for minorities in places where ethnic tensions are present. Evidence from Estonia and Latvia shows that knowledge of Estonian and Latvian, the sole official languages in the two Baltic countries respectively, is not closely related to an income premium for male minority workers (only the public administration sector shows a positive association) [10]. Another study of Estonia finds that proficiency in Estonian may in fact increase the risk of downward mobility for minorities in the labor market [11]. One possible explanation is that in the course of transition, an ethnic majority background was increasingly treated as an advantage for obtaining high-status jobs. It is likely that mainly people with relatively good Estonian language skills applied for such jobs, and then had to compete with ethnic Estonians. In contrast, those with poor or no proficiency in Estonian might have settled for lower-skilled jobs in which ethnic discrimination was less prevalent.

Language and education

Language policies promoting or discouraging the use of various languages in transition countries may have important implications for school quality and economic returns to schooling. In many FSU transition countries, schools with Russian language instruction have traditionally provided higher-quality education than schools with national language instruction. Policies that encourage school instruction in national languages are likely to negatively affect returns to human capital if they are not accompanied by appropriate investment in the quality of those schools. Evidence from Kazakhstan illustrates this point: the Kazakh language continues to yield a negative wage premium 13 years after it was made the official state language—a fact that is largely explained by the comparatively poor quality of schools with Kazakh as the language of instruction [12].

Alongside promotion of national languages, various efforts to increase the prevalence of English have been underway in transition countries, many of these through education systems. One example is university instruction in English, consistent with a worldwide trend to offer English language instruction. However, such changes may have negative consequences for the formation of human capital without considerable investments to address the linguistic and methodological challenges that arise in the process of making them. Indeed, a case study from Central Asia demonstrates that the switch to English-only instruction may negatively affect students’ academic outcomes when instructors and students are less than proficient in English [13].

Limitations and gaps

The nascent economics literature surveyed in this article establishes important labor market effects of language skills in transition countries. Nevertheless, analysis of these effects faces a significant challenge: individuals with better language skills may have better labor market outcomes for reasons other than those skills. For example, it is possible that Russian-proficient individuals in FSU countries primarily come from socio-economically privileged families, or that these individuals have higher unobserved ability relative to those who are not proficient in the language. In this case, the correlation between language skills and labor market outcomes is not necessarily indicative of a causal relationship. Isolating the effect of language skills from that of other variables remains a challenging research task.

The existing evidence on labor market returns to language skills in transition countries comes from a very limited group of countries. This is not surprising, given the lack of data to capture language proficiency. A key source of information on transition countries is the Life in Transition Survey (LITS), which is a collection of comparable representative surveys from over 30 mostly transition countries. However, while it includes information on whether a respondent speaks any of the official languages of the country, no information on foreign language proficiency is included. Additionally, though they share a significant common historical legacy and similar institutions, countries in this region also differ in profound ways and have evolved differently throughout the process of transition. More evidence from other transition country contexts is hence needed to validate the existing results. Such evidence would also help to reconcile some of the inconsistencies in the existing findings, as well as allow for comparative analyses to identify policy-relevant institutional factors that underlie differences in labor market outcomes related to language proficiency across transition countries.

Furthermore, the available measures of language proficiency (e.g. in [1]) are often rough, lacking differentiation by skill categories (speaking, writing, and reading) in addition to being based on self-reports as opposed to objective test-based assessments. This poses further constraints for the economic analysis of language skills.

Summary and policy advice

The results of the literature surveyed in this article have important implications for policy. Since the beginning of transition, many countries have undertaken reforms to regulate the languages used in public life and education. Various programs to promote national languages at the expense of Russian have been initiated in the FSU. Promotion of national languages has important benefits: it may make schooling more accessible, especially for relatively disadvantaged groups, and it can shape national identity and empower active citizenship. However, it can also reduce economic opportunities because of the special role of Russian in the region. The loss of such opportunities may be especially pronounced for younger, less-experienced women, given the possible substitutability between Russian proficiency and general skills for them. National language policies may additionally put constraints on the opportunities available to linguistic minorities and serve to promote discrimination against these minorities. Furthermore, without adequate investment to build high-quality education systems that operate in national languages, such policies may drag down the overall human capital of current and future generations.

English language skills are an important determinant of labor market outcomes for individuals in transition countries and the demand for such skills appears to be on the rise. As such, acquiring English proficiency promises to be a profitable investment in transition countries. Moreover, increases in the prevalence of English skills among the populations of transition countries may contribute to economic development by boosting international trade, foreign direct investment, and innovation. However, the means to foster such competencies need to be carefully considered. Existing research seems to suggest that the introduction of university-level English language education in a context where there are linguistic and methodological constraints to the delivery of such education may negatively affect the formation of human capital. Increasing English language teaching during the schooling process may thus be a sensible approach to boost the English language competencies of future generations.

In sum, the existing body of research along with ongoing evaluations of the effects of various language reforms on political and economic outcomes are highly relevant for future policy making efforts in FSU countries.

Acknowledgments

The author thanks an anonymous referee and the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. Previous work of the author together with Alan Duncan contains a large number of background references for the material presented here and has been used intensively in all major parts of this article [4].

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these principles.

© Astghik Mavisakalyan

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10 años de condiciones laborales en América Latina

¿Cómo han cambiado las condiciones laborales en los países de América Latina en los últimos años? ¿Son mejores los trabajos actuales con respecto a los que había en la región en 2010? Dar una respuesta objetiva a estas preguntas es una de las posibilidades que nos brinda el Índice de Mejores Trabajos, esta nueva herramienta que publicamos recientemente, que no solo nos permite comparar de una manera objetiva las condiciones laborales de 17 países latinoamericanos: también nos da la posibilidad de analizar cómo han evolucionado esos datos en el tiempo.

Así, el promedio de los países de América Latina en el Índice de Mejores Trabajos (cuyas puntuaciones van de 0 a 100) ha mejorado en el último año disponible (2015) con respecto al inicio de la década, pasando de 54,91 a 57,12. Esta mejora viene empujada por el aumento relativo en la dimensión de calidad de los trabajos. Mientras que en 2010 los países promediaban 35,5 puntos, cinco años después, alcanzan 40,1 puntos en esta dimensión.

Este aumento relativo en la calidad de los empleos está explicado principalmente por una mayor proporción de trabajadores que están recibiendo un salario que les permite salir de la pobreza. Si en el año 2010 en este indicador, en promedio, los países lograban 40,3 puntos, en el año 2015 alcanzaron 46,7 puntos. Al hablar de formalidad, el otro indicador que compone la dimensión de calidad, a pesar de ver una mejora (de 30,7 a 33,5 entre el año 2010 y 2015), aún queda mucho por avanzar en esta área, ya que de los cuatro indicadores que componen el índice (salario suficiente, formalidad, participación laboral y ocupación), es precisamente el de formalidad en los empleos el que logra un menor puntaje para cada año del período 2010-2015.

¿Cómo ha evolucionado la cantidad de los trabajos en América Latina? Esta dimensión, compuesta por los indicadores de participación laboral y ocupación, durante los últimos años se ha ubicado en torno a los 74 puntos. Es decir, que en nuestros países son los indicadores de calidad los que están frenando que se obtenga un mejor puntaje en el índice. Se debe enfocar el esfuerzo no solo en generar empleos, sino que estos empleos permitan que los trabajadores tengan un salario suficiente y acceso a la seguridad social.

Tres países diferentes en el podio

Uruguay (71,91 puntos), Chile (64,95) y Panamá (63,81) son los países con mejores puntuaciones en el último índice. Argentina (62,4) y Costa Rica (62,17) completan el top 5. Ahora bien, ¿son estos los mismos países si analizamos la puntuación del año 2010? Efectivamente lo son, a excepción de Chile, que en el año 2010 ocupaba la sexta posición, siendo Brasil el que ocupaba el quinto lugar.

Uruguay es el único que mantiene su posición liderando el ranking desde el año 2010 al año 2015. Argentina y Costa Rica que cerraban los tres primeros lugares en el año 2010, cinco años después se encuentran en la cuarta y quinta posición. En el caso de Panamá y Chile, que a inicio de década se encontraban fuera del top 3, en el año 2015, logran ubicarse en el segundo y tercer lugar de los mejores trabajos en América Latina. A pesar de los cambios en las posiciones del índice, un hecho destacable es que todos ellos logran mejores puntajes en la edición 2015 comparado al inicio de década.

Los países tienen espacio para mejorar

México (50,26), Nicaragua (48,43), El Salvador (48,26), Honduras (45,33) y Guatemala (44,94) cierran el Índice de Mejores Trabajos en el año 2015, ubicándose por debajo del promedio de América Latina (57,12). Cinco años atrás, estos países ocupaban también las últimas posiciones, teniendo un gran margen para mejorar y ubicarse cerca del promedio de América Latina en las próximas ediciones del índice.

Analizar cómo ha cambiado la realidad de los países en América Latina en los últimos cinco años a través de las variables que mide el Índice de Mejores Trabajos permite una discusión objetiva sobre el éxito de las políticas implementadas para mejorar las condiciones laborales. ¿Qué se puede hacer en tu país para que tenga un mejor desempeño en el mundial del mercado laboral?

Sobre el índice

El Índice de Mejores Trabajos mide el estado del empleo en los países a través de dos dimensiones (cantidad y calidad), cada una de ellas conformada por dos indicadores. La dimensión de cantidad captura cuánta gente desea trabajar (participación laboral) y cuántos efectivamente lo hacen (ocupación). La de calidad mide cuánto del trabajo que se genera en los países está registrado en la seguridad social (formalidad) y cuántos trabajadores reciben salarios que son suficientes para superar la pobreza (salario suficiente). Cada indicador y dimensión tiene el mismo peso dentro del índice y se mide en relación con la población en edad de trabajar (excluyendo a quienes estudian a tiempo completo). Para más información, ver el documento metodológico.

 

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/12/19/10-anos-de-condiciones-laborales-en-america-latina/