Empleos para crecer (libro)

El trabajo es un aspecto esencial para el crecimiento de las personas y los países. Alcanzar una plena realización personal es más difícil sin un empleo, del mismo modo que una economía no puede desarrollarse en su conjunto sin el impulso del mercado laboral. Ambas perspectivas van indiscutiblemente de la mano: desde un punto de vista individual, conseguir un buen empleo es la esperanza legítima de todo aquel que desea un sustento económico para sí mismo y para su familia; desde una óptica colectiva, crear más y mejores trabajos constituye una condición indispensable para alcanzar un crecimiento duradero y equitativo. Empleos para crecer se nutre de esta visión dual. En los capítulos que lo componen se realiza un análisis del desempeño del mercado laboral de la región y, a partir de este, se propone un paquete integrado de medidas que persiguen tanto el crecimiento de las personas, a través de trayectorias laborales de éxito, como el de las economías de los países, mediante el logro de más empleos de calidad y mayor productividad. El ciclo económico positivo ha traído innegables ganancias para los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe en las dos últimas décadas, como la reducción del desempleo, la creación de empleos y el aumento significativo de los salarios. Sin embargo, el nuevo horizonte que se plantea ¿ante el agotamiento del crecimiento que venía experimentando la región y las debilidades que presenta el panorama macroeconómico mundial¿ aumenta la urgencia de encontrar soluciones a los principales problemas laborales ya existentes. Este volumen muestra que, tras las todavía bajas tasas de desempleo, la región puede encontrarse atrapada en un círculo vicioso de empleos de baja calidad, que se manifiesta especialmente en el elevado porcentaje de trabajos informales, definidos en esta publicación como aquellos sin acceso a beneficios de seguridad social, y en la alta proporción de empleos de muy corta duración. Para salir de él, como se expone en Empleos para crecer, es necesario promover políticas integrales que impulsen la productividad. – See more at: https://publications.iadb.org/handle/11319/7203#sthash.UF5ijKkL.dpuf

https://publications.iadb.org/handle/11319/7203

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Share of informal employment in countries of the world (gráfico)

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“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”(video)

“Tutorial para identificar un mercado laboral precario”, por Marta Flich

¡Hola amigos! En el siguiente videotutorial Marta Flich presenta las claves para identificar un mercado laboral… de mierda. Todo se resume en esta frase: “Antes tenías derecho al trabajo, y ahora un trabajo sin derechos”.

https://www.huffingtonpost.es/2018/05/10/tutorial-para-identificar-un-mercado-laboral-precario-por-marta-flich_a_23431023/

Dictámenes PGN y MINTRAB sobre 029 y la negociación colectiva en el Estado (Guatemala)

NOTA D.S. No.3521

Dictamen No. 14-2017

Consultoría

PFASC/gmgl

Folio 19

Guatemala, 6 de enero de 2017.

ASUNTO: POR INSTRUCCIÓNES DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN SE TRASLADÓ OFICIO ORIGINAL REMITIDO POR LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN RELACIÓN A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PARA QUE SE SIRVA ANALIZARLO Y EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRASLADA EL PRESENTE EXPEDIENTEEN NOTA DE DESPACHO NO. 3521 CON FECHA 5 DE ENERO DE 2016, PARA QUE SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

Señora Procuradora General de la Nación:

La Consultoría, manifiesta lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES:

En Nota D.S. No. 3521, de fecha 3 de enero de 2017, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, trasladó Oficio original remitido a ese Despacho por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, relacionado a negociación colectiva, para ser analizado y emitir pronunciamiento a la brevedad posible. (Folio 1)

Oficio original número MSPAS LHM-482-2016 de fecha 20 de noviembre de 2016, mediante el cual se expone que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución de conflictos laborales por vía directa. tanto individual como colectivo (Folios del 2 al 6).

  1. CONSIDERACIONESLEGALES:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Articulo 107. Trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública (…).”, “Articulo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado (…) con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.”, “Articulo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (…)”

La Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala señala: “Articulo 4. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administraci6n Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública”.

El Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto número 1748, Acuerdo Gubernativo número 18-98, “Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.” (el resaltado no figura en el texto legal).

III.CONSIDERACIONES DEL CASO:

Considerando que la institución de la RELACION FUNCIONAL o SERVICIO CIVIL es el fundamento a través del cual se rigen las relaciones jurídico laborales entre el Estado y los particulares que inician el ejercicio de un cargo público hasta su entrega, el cual genera efectos jurídicos. derechos y obligaciones que se encuentran establecidos en la ley y su finalidad es el bien común a través del servicio público.

Dentro del servicio civil existen distintas clases de funcionarios. siendo los funcionarios públicos superiores los encargados de gobernar y tomar las decisiones de carácter político, los funcionarios Intermedios, quienes coordinan y controlan los planes, programas y proyectos de la administración pública y los funcionarios públicos menores o empleados públicos, quienes los ejecutores de la actividad administrativa, hacen carrera administrativa. son nombrados por oposición. no pueden ser despedidos sin causa justificada y se rigen por la Ley de Servicio Civil.

Los funcionarios y empleados públicos poseen obligaciones para ejercer la competencia, el derecho a participar en oposiciones. y tienen el derecho a gozar de descansos semanales, asuetos, vacaciones, permisos especiales. viáticos, derecho de huelga, ventajas económicas y derecho a sindicalización.

Así mismo poseen responsabilidades jurídicas cuando infringen normas o dejan de cumplirlas, las mismas son de tipo civil cuando en el ejercicio de sus cargos causan daños a los administrados, de tipo penal cuando un funcionario incurre en la comisión de algún delito. y de tipo administrativo que se origina del ejercicio de la competencia administrativa por cumplimiento o incumplimiento de normas de conducta inclusive. estas responsabilidades se encuentran dirigidas a los funcionarios que establece el Artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la República: Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias. remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas. y entidades descentralizadas y autónomas. (…)”.

Los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal contratados bajo el Renglón 029, no le son aplicables las disposiciones anteriores, quienes se conducen con observancia a lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, quienes no tienen la calidad de funcionarios ni empleados públicos ni devengan un sueldo o salario. si no que la retribución ostenta la calidad de honorario de conformidad con la Ley citada.

En ese sentido el Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, define al personal contratado bajo el Renglón 029 de la siguiente forma: “(…) 029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”

  1. DICTAMEN:

Derivado de lo anterior esta Consultoría con fundamento en las disposiciones anteriormente citadas. estima que los prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal, no reúnen los requisitos que los amparen como funcionarios ni empleados públicos al no existir un vínculo jurídico laboral entre el Estado y los contratistas, quienes no tienen las calidades necesarias para la integración de juntas. comisiones. comités. consejos o cualquier otro tipo de instancias internas en la administración pública que tengan como propósito conocer, estudiar y solucionar conflictos laborales de carácter individual o colectivo, jurídicos o económicos y sociales que se produzcan entre servidores públicos y el Estado de Guatemala en su calidad de empleador o patrono, ni son las personas idóneas para realizar actividades de negociaci6n colectiva de pactos o convenios que regulen las relaciones laborales en la administraci6n pública.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, la naturaleza jurídica que la legislación le atribuye a los dictámenes u opiniones jurídicas, es una ayuda que orienta en la interpretación del asunto que se trate, en virtud que los mismos no tienen fuerza vinculante y, por lo tanto, el órgano al cual se rinda no se encuentra obligado a ceñir su decisión a las conclusiones contenidas en el mismo.

CITA LEGAL: Leyes citadas y 1, 252 de la Constitución Política de la República; 1, 6, 34, 38, 40, 42, del Decreto 512 del Congreso de la República, 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República; 1 y 3 del Decreto 119-96; todos los Decretos del Congreso de la República de Guatemala; y, Acuerdo 084-2016 de la Procuradora General de la Nación.

Lic. Pedro Franz Alejandro Samayoa Cruz

Abogado y Consultor Legal

Procuraduría General de la Nación

Visto Bueno:

Lic. José Manuel Roca Cruz

Director de Consultoría

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SU DESPACHO

INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. Guatemala, diez de enero de dos mil diecisiete. –

Opinión IGT-026-2017

ASUNTO: La Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, solicita opinión referente a “sí una persona que presta servicios profesionales a una entidad del Estado de Guatemala y que ha sido contratada como prestadora de servicios profesionales sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada para representar al Ministerio en la integración de la Junta Mixta e integrar o participar en otras actividades.

ANTECEDENTES:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo el cual regula el establecimiento y funcionamiento de un sistema de resolución por la vía directa de conflictos laborales tanto individuales como colectivos que se denomina Junta Mixta según artículo 29 del pacto colectivo referido; órgano, que tiene facultades para estudiar, analizar y de ser posible alcanzar acuerdos de solución de esa conflictividad, acuerdos que implican para la parte empleadora de la administración pública, la toma de decisiones que revisten de actos administrativos para alcanzar soluciones con el sindicato de trabajadores estatales que conforman la otra parte de la Junta mixta.

La nueva delegación Ministerial conformada en Acuerdo Ministerial 280-2016 del 25 de octubre de 2016 para la integración de la Junta Mixta (se acordó el nombramiento de integrantes titulares e integrantes suplentes de la Junta Mixta, en representación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), sosteniéndose dos reuniones de Junta Mixta, una el 2 de noviembre y otra el 16 de noviembre de 2016, en la segunda reunión el Sindicato Nacional de Trabajadores en Salud de Guatemala presentó la solicitud de revisión del nombramiento de los representantes de ese Ministerio, argumentando que carecen de calidades legales para ejercer tal mandato en vista que su contratación como prestadores de servicios personales sin relación de dependencia y de carácter temporal se los impide.

La señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, mediante OFICIO MSPAS LHM 483-2016 de fecha 27 de diciembre de 2016, dentro de su requerimiento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, concretamente refiere opinión de

lo siguiente:

“Si una persona que presta servicios personales a una entidad de Estado de Guatemala y que ha sido contratada sin relación de dependencia y de forma temporal, puede ser designada por la entidad nominadora para integrar y participar en:

Juntas, comisiones, comités, consejos o cualquier otra instancia que tenga por finalidad el conocimiento, análisis, discusión y resolución de todo tipo de conflictos laborales (individuales o colectivos, sean de naturaleza jurídica o económico y social) que se produzcan entre los servidores públicos y su empleador (Estado de Guatemala), y

Actividades de negociación colectiva en la vía directa que se realicen entre la administración pública y organizaciones de trabajadores en donde se suscriben y apruebe el contenido de pactos colectivos de condiciones de trabajo (que tienen carácter de ley profesional) o convenios colectivos que tengan como propósito:

  1. a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo de los servidores públicos, por ejemplo: tasas y sistemas de salarios, tipos de jornadas y límites de horas efectivas de trabajo, horarios de inicio y finalización de prestación de servicios personales en servicios públicos, sistemas y regulaciones sobre régimen disciplinario, condiciones de ascensos, traslados y permutas, condiciones de selección, nombramiento y evaluación de servidores públicos, etc.
  2. b) Aprobar acuerdos que establezcan regulaciones con relación a las relaciones entre Estado como empleador y las organizaciones de trabajadores o servidores públicos (sindicatos, comités o coaliciones) por ejemplo: licencias sindicales con goce de salario para directivos, consejeros, directivos de filiales, secciones o cualquier otra denominación que establezcan los proyectos de pactos o convenios colectivos, licencias con o sin goce de salario para participar en actividades de capacitación sindical para servidores públicos afiliados a un sindicato de trabajadores; autorizar el uso de inmuebles de propiedad pública para el uso sedes sindicales, autorizar y designar el uso de vehículos de propiedad pública para el uso por parte de un sindicato en actividades estrictamente sindicales, facilitar el otorgamiento del uso de teléfonos celulares pagados por la administración pública para los miembros de un sindicato; aumentar los límites máximos de días hábiles de vacaciones para todos los servidores públicos de la entidad así como también el número de días de asueto todos con goce de salario, establecer Juntas Mixtas con competencias vinculantes para la administración pública; establecer garantías de inamovilidad para aumentar la estabilidad laboral de los servidores públicos, establecer sistemas de procesos disciplinarios, etc.)”

FUNDAMENTO LEGAL:

Constitución Política de la República de Guatemala.

El artículo 154 señala: Función Pública sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno.

La función Pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución …

Pacto Colectivo de condiciones de trabajo:

Son representantes del patrono y lo obligan en sus relaciones laborales con los trabajadores y SNTSG: a) La personas quienes corresponda la representación del MSPAS, de acuerdo con las leyes y los reglamentos de la materia que se encuentren vigente. b) Las personas a quienes se delegue válidamente la representación del MSPAS conforme a las disposiciones legales que regulan la representación voluntaria. c) las personas que en relación con las labores y en las áreas de su respectiva competencia y ejerzan a nombre del MSPAS, funciones de Dirección y/o Administración.

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de Contrataciones del Estado:

El artículo 1 señala el objeto de la ley y aplicación. Tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los órganos del Estado…

El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: Definiciones: Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento, se entiende por: … e) Contratista: Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato … f) Plazo contractual. Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… g) Vigencia del contrato. Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o aprobación de la liquidación del mismo… h) Monto o. valor total de la Negociación: Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido… i) Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto 72-2001 … j) Servicios Técnicos: Se llama al conjunto de actividades que requieren cierto grado de conocimiento, experiencia. (El resaltado es nuestro).

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala:

El artículo 4 señala que el Servidor Público es considerado, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración.

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98:

EL artículo 1 señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como servidores público o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.

No se consideran funcionarios públicos, los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellas que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Numero A-118-2007 de la Contraloría General de Cuentas.

El artículo 2 señala que el personal contratado bajo el Reglón Presupuestario 029 Otras remuneraciones de Personal Temporal por carecer de calidad de servidores públicos, no le son aplicables las normas contenidas en el decreto 89-2002, ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y en consecuencia tiene prohibición para el manejo de fondos públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos a partir del uno de agosto de dos mil siete. (El subrayado es nuestro).

Normas para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029. Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional del Servicio Civil. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de marzo de 1997).

Para la contratación de Servicios técnicos y Profesionales con cargo al reglón presupuestario 029, otras remuneraciones de personal temporal, por parte del sector Público que comprende Organismos del Estado… se observarán las siguientes normas:

En el numeral romano II, señala que en el texto de cada contrato suscrito deberá indicarse que los servicios contratados son de carácter técnico o profesional universitario según será el caso… Además que el acto contractual no crea relación laboral entre las partes, por cuanto la retribución acordada por los servicios no es para ningún puesto, empleo o cargo público…

El numeral VI, señala que la contratación de los servicios técnicos y profesionales no puede ser desempeñada por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente…

El numeral romano VIII, señala que las personas contratadas con cargo al reglón presupuestario mencionado no tienen carácter de los servidores públicos de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil…

Manual de Clasificaciones Presupuestarías para el Sector Público de Guatemala, probado por el Acuerdo Ministerial 215-2004 del Ministerio de Finanzas Públicas y sus reformas.

029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este reglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignado al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal.

ANALISIS LEGAL:

El Servidor Público es considerado como la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. La relación es de carácter indefinido con funciones permanentes, con facultades para ejercitar actos administrativos dentro de la administración pública; a diferencia de las personas individual prestadoras de servicios profesionales que se caracterizan por carecer de una relación de dependencia y la prestación de sus servicios es en forma temporal, no encontrándose enmarcados dentro de los presupuestos legales que contempla el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil para tener la calidad de funcionario público y el artículo 1 inciso b) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que señala en su último párrafo que no se consideran funcionarios o empleados públicos, los que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Las personas individuales prestadoras de servicios profesionales o técnicos, realizan una actividad para un fin específico y bajo condiciones particulares dentro de un contrato, como la vigencia del contrato, actividades limitadas y productos finales. Por lo que el ejercicio extensivo de la función pública, no puede ser delegado a personas individuales que no tienen las calidades de trabajadores, funcionarios o empleados públicos, no pudiendo entonces ejercer acciones de representación del Ministerio y toda clase de actos administrativos que emanan de la gestión pública.

Conforme al principio de legalidad, el funcionario público solo tiene permitido realizar lo que la ley expresamente le permite, por lo que Constitucionalmente existe prohibición de la delegación de la función pública. La función pública, implica ejercitarse por funcionarios públicos que ostenten dichas calidades.

Con base a las leyes citadas se emite la siguiente:

OPINION:

En virtud de la normativa legal vigente y lo antes expuesto, las personas individuales prestadoras de servicios profesionales, sin relación de dependencia y contratadas de forma temporal, por la naturaleza de la contratación, no pueden intervenir en los asuntos sometidos a la función pública, teniéndose limitación para ejercitar la representación por carecer de calidades de trabajadores, funcionarios y empleados públicos. No encontrándose habilitados para ejercer funciones de dirección, decisión o manejo de fondos.

Lic. Carlos Roberto Sandoval Aldana

Inspector General de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

FUENTE: Lic. Alejandro Argueta

¿Cómo vemos el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe?

El “futuro del trabajo” inundó nuestras redes sociales y fue uno de los términos más buscados por los usuarios de Google en América Latina y el Caribe en 2017. Todos comenzamos a hablar de los peligros de la automatización, de la inteligencia artificial y de cómo los avances tecnológicos podrían eliminar un porcentaje importante de los empleos que conocemos en la actualidad. Por eso hoy, los gobiernos también se están empezando a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos preparar a nuestros países para un futuro incierto de profundos cambios en el mercado laboral?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla y ya estamos viendo la magnitud de esta encrucijada. Por ejemplo, hace unos meses el gigante estadounidense Walmart inauguró un nuevo establecimiento en Tegucigalpa (Honduras) y la prensa local se hizo eco del número de empleos creados: “Maxi Despensa Kennedy viene a generar 42 empleos directos y alrededor de 100 indirectos”.  Sin embargo, en las mismas fechas, otro gigante de nuestro tiempo (en este caso Amazon) acaparaba los titulares en buena parte del mundo con la apertura en Seattle (Estados Unidos) de su primera tienda sin empleados, ofreciendo a sus clientes una nueva experiencia de compra en la que basta con elegir un producto y salir de la tienda (previo pago automatizado con un dispositivo electrónico), sin hacer fila para pagar. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si el modelo de Amazon llega a expandirse por nuestra región?

Impacto de la tecnología en el mundo del trabajo

Como refleja El futuro del trabajo: perspectivas regionales, una publicación conjunta de los cuatro bancos de desarrollo regionales más importantes, existen cinco factores que determinan el impacto que puede tener la tecnología en los mercados laborales. En primer lugar, las estructuras económicas hacen que algunos países sean más susceptibles que otros. Es el caso de Centroamérica, por ejemplo, en donde una parte relevante de la economía se basa en sectores cuyo potencial de automatización es elevado, como los centros de atención al cliente (call centers), el comercio o la agricultura. Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos. De hecho, de acuerdo con la consultora McKinsey, al menos un 30% de las tareas podrán automatizarse en el 60% de las ocupaciones.

Si algo está claro es que la Cuarta Revolución Industrial, como se denomina este tsunami tecnológico, tiene el potencial de contribuir al fin del trabajo como lo conocemos.

Las habilidades existentes en la fuerza laboral también influyen en los incentivos para automatizar y el potencial de crear nuevos puestos de trabajo. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones con menores niveles de habilidades. Para superar esta barrera y asegurarnos de que nuestros ciudadanos están preparados para ocupaciones que hoy no alcanzamos ni a imaginar, debemos formar en ellos habilidades más sofisticadas y complejas. No me refiero solamente a las habilidades digitales, sino también a las habilidades socioemocionales (aquellas que los robots no pueden alcanzar, como la empatía, la comunicación, la persuasión o la negociación) y analíticas (como la capacidad para resolver problemas o saber cómo aprender a aprender).

Un tercer factor que afecta el nivel de influencia que tienen los avances tecnológicos en el mundo del trabajo es el acceso a banda ancha. Cada vez son más los trabajadores independientes que están a disposición de miles de clientes a través de plataformas electrónicas que funcionan a través de internet, en lo que se conoce como la economía gigEste fenómeno preocupa porque reduce el trabajo asalariadoy sitúa a millones de personas como contratistas independientes, lo que reduce las obligaciones sociales y, con ello, las protecciones que reciben los trabajadores. En la medida en que la tendencia es hacia más autoempleo, este fenómeno puede conllevar a más informalidad. Sin embargo, bien aprovechada, la economía gig puede ser una oportunidad en términos de generación de ingresos. Además, las plataformas digitales pueden conectar a los trabajadores de la región con los mercados internacionales, sin necesidad de migrar. Asimismo, el hecho de que las transacciones queden registradas en una plataforma digital aumenta su trazabilidad. Sin embargo, mientras que 35 de cada 100 personas que viven en países desarrollados tiene suscripciones de banda ancha fija, esta cifra se reduce a 10 para los países en desarrollo y emergentes.

Las presiones para automatizar también van a depender de la realidad demográfica de cada región. Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar. Mientras que los países africanos tendrán un crecimiento importante en su fuerza laboral, la proporción de personas en edad de trabajar en nuestra región irá reduciéndose poco a poco.

Aquellas economías en donde los salarios están creciendo más rápidamente o en donde hay cada vez menos personas en edad de trabajar tendrán más incentivos para automatizar.

Un último factor que hay que tener en cuenta cuando se habla de automatización es la disponibilidad de redes de protección. Es posible que los costos en bienestar de la automatización sean más altos en las economías en desarrollo y emergentes porque sus redes de protección están menos desarrolladas que las de los países de mayores ingresos. La cobertura de la seguridad social es a menudo más baja en regiones como América Latina y el Caribe, incrementando el impacto de los cambios laborales en aquellos trabajadores que no tienen acceso a seguro de desempleo.

Prioridades para triunfar en la era de los robots

¿Cómo podemos entonces aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y reducir sus impactos adversos? Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano. Para ello, es necesario mejorar las habilidades de la población, impulsando su aprendizaje más allá de la escuela y orientando a su talento hacia las nuevas oportunidades que brinda la tecnología. La segunda prioridad será apoyar más las transiciones de los trabajadores entre empleos, teniendo en cuenta que, en el nuevo mercado laboral, el ‘trabajo para toda la vida’ será la excepción (se calcula que los millennials cambiarán hasta 15 veces de trabajo a lo largo de su carrera). Por último, es preciso repensar el Estado del Bienestar, adaptando nuestros sistemas de seguridad social a la nueva realidad de la economía gig y a los cambios demográficos que provocarán que América Latina y el Caribe pase a ser una de las regiones del mundo más envejecidas.

Una prioridad para triunfar en la era de los robots es que nuestros países inviertan más en su capital humano.

Desaprovechar esta revolución por no habernos preparado para enfrentarla es el mayor riesgo que corre la región. La buena noticia es que, aunque todavía existen grandes desafíos en materia laboral y de seguridad social, la tímida adopción de tecnología nos da un poco más de tiempo para apostar por las políticas correctas. Solo así podremos entrar con buen pie en el futuro del trabajo y garantizar un modelo de desarrollo económico con oportunidades para todos en la era de los robots.

https://blogs.iadb.org/trabajo/2018/04/30/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe/

La esclavitud ignorada en Ciudad de Guatemala

Juan trabaja en una tienda de abarrotes en una esquina en Ciudad de Guatemala. A pocas cuadras de centros de tecnología, restaurantes de primera y tiendas de diseño. Abre a las cuatro de mañana o, si tiene suerte, a las cinco. Afuera del cuarto donde duerme está su trabajo, porque vive adentro del negocio, junto con otros dos encargados.

Una tienda de Ciudad de Guatemala.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

A las 10 menos 10 de la noche, un miércoles, cuenta su historia. Tiene 16 años, pero aparenta 22. Diremos que se llama Juan. Nació en Chichicastenango, habla k’iché, tiene dos hermanas y un hermano, y empezó a atender a los doce. El último grado que terminó fue sexto primaria y luego comenzó a trabajar en las tiendas con su papá.

– Ganábamos Q9 mil ($1,200) entre los dos, pero ahora ya no se gana eso. Mínimo me dan Q2 mil al mes, y si fue buena la venta podrían darme Q 5mil, pero casi no pasa, dice con una voz tímida pero segura.

Entre Q2 mil y Q5 mil se encuentra el salario mínimo de Guatemala, que son Q2,893 mensuales. No es lo suficiente para rentar un lugar, ni pagar por el costo del transporte o la salud, o para salir de pobre.

Chichicastenango queda a 127 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, pero el tiempo de camino supera las 4 horas en bus. Hace 5 años que Juan vive lejos de su mamá. Conoce Escuintla, varias zonas de la capital y San Juan Sacatepéquez. Dice que han sido contadas las ocasiones en las que ha sentido que no le tratan bien.

Un delito sin rastro y con poca pena

El caso de Juan no es único. 850 mil menores de edad, 25% de los niños y adolescentes del país, está en condiciones de trabajo infantil. Entre 2015 y 2016, se reportaron apenas 330 casos de explotación infantil en el Ministerio de Trabajo. Del 64% de adolescentes entre 14 y 17 años que trabaja, sólo se reportaron 293 casos. Y de estos, 45 casos de trata de personas y explotación laboral han llegado al Ministerio Público (MP) para ser denunciados ante un juez.

La falta de acción del Estado para terminar con el trabajo infantil es una de las razones por las que Estados Unidos ha demandado a Guatemala en el marco del CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica. Argumentan que es imposible competir en libre mercado si los guatemaltecos se aprovechan del trabajo infantil, explotación laboral, evasión de impuestos o no protegen el medio ambiente.

Alexander Colop, fiscal contra la trata de personas en el MP, recuerda que la unidad se inauguró recién en 2014. Ese año hubo 10 casos de explotación infantil denunciados por el Ministerio de Trabajo. Se multiplicó por 15 entre 2015 y 2016.

María Eugenia Villareal, directora de Ending Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT), dice que no se han hecho estudios ni trabajos sobre tortillerías ni sobre tiendas.

O más bien, podrían llamarse tiendas-cárceles.

 

Otra tienda en la Ciudad.

Juan no se extiende para hablar de sus descansos, porque no tiene muchos. Tampoco puede salir de la tienda, porque las rejas siempre están bajo llave. No sale durante el día ni tampoco en la noche.

– ¿Qué pasa si te enfermás?
– Aquí vendemos medicinas; me tomo alguna hasta que me cure.

– ¿Qué pasa si querés salir?
– No puedo.

– ¿Qué pasa si hay un terremoto?
– No voy a poder salir.

La necesidad (y el boom) como motor de la explotación

La zona en la que se encuentra la tienda donde trabaja Juan (diremos que está entre la zona 4 y la zona 10) vive un boom económico. Con edificios nuevos, aceras nuevas, la clase media alta ha vuelto a caminar y a salir. Los restaurantes, los comercios, las galerías y la vida nocturna aumentaron. Este negocio se encuentra bien ubicado. No importa la hora, Juan tiene clientes. Y es entre ventas que se acerca a los barrotes que rodean todo el establecimiento, y dividen le exterior del interior, para continuar con la conversación.

Después de ver a su hermano dejar a su familia y su casa, Juan hizo lo mismo.

– Él es más pilas que yo, se vino sin saber español porque no había ni terminado el segundo grado y aquí se quedó.

A pesar de que su papá y su hermano también están en Ciudad de Guatemala, casi no los ve. No puede especificar dónde, pero asegura que viven y trabajan lejos.

El resto de su familia son sus hermanas y su mamá. Una tiene 10 años y la otra, 8 meses. Las extraña. Pero en Quiché no hay trabajo.

Su situación es jodida. Prefiere ser esclavo en la capital a pasar hambre en su pueblo.

A lo que la psicóloga de Casa Alianza, Gabriela Monroy, responde que no se trata de preferencias porque no hay opciones.

– ¿Qué opción laboral en un espacio controlado, un espacio legal, tiene una adolescente de 17 años con segundo de primaria? No tiene.

La esclavitud va más allá. Los excesos que se cometen por parte de los jefes no se limitan al encierro de sus empleados. Entre las injusticias reportadas en estos casos se incluye la violencia sexual, los golpes, violencia psicológica y un control total sobre la vida de las víctimas. Con las rejas los retienen en los establecimientos, y les quitan sus papeles y documentos de identificación. Es otra razón por la que no pueden irse, y por la que no pueden recibir servicios públicos, o privados.

– Trabajar en condiciones como las de Juan tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de reconocerse como seres humanos, lo que se refleja en la impotencia para salir de una situación de violencia, explica la psicóloga Monroy.

– Es fácil para las personas que tienen niveles de educación más altos, darse cuenta de que hay explotación e injusticia. Y es la falta de conocimiento la que permite los abusos, y la vulneración de los derechos.

Lejos, lejísimos de la ley

Los edificios de lujo, las empresas de tecnología, los cafés sofisticados quedan a unas cuadras y a años luz de la tienda de abarrotes.

70 años desde que Guatemala ratificó las convenciones contra la esclavitud. Décadas desde que el Código de Trabajo determinó que una jornada diurna no puede ser mayor de 8 horas diarias, o 48 horas semanales. Y una jornada nocturna no puede superar las 6 horas diarias, ni las 36 horas a la semana. Décadas desde que se escribió que todos los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones al año y a Seguro Social. Siete años desde que se aprobó el decreto 9-2009 que define la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que ordena combatir todas las modalidades de trata, como la explotación laboral, la servidumbre y la esclavitud.

 

Una tortillería en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Este apoyo no significa nada para Juan . Él ha trabajado en más lugares, y siente que la ley cambia de acuerdo al jefe que tenga.

– Una vez, trabajé 4 meses y no me pagaba, al final me dio solo Q1mil por todo el tiempo que estuve ahí. Ese señor sí era malo, me mandaba a vigilar, me regañaba y me insultaba, y eso siente feo.

Mientras habla con esta periodista, se encuentra solo en la tienda. Cuenta su vida con soltura, pero repite que los otros dos encargados no tardan en regresar. Cada uno de los tres empleados tiene un trabajo diferente. Uno es el encargado de contar y guardar el dinero. El otro, el que tiene las llaves, es el encargado de la tienda y el inventario. Y Juan es el último eslabón.

– Yo soy el encargado de despachar el producto.

El único día que sale del negocio es el domingo, pero después de las 7 de a noche. Ese día, a esa hora, se va a jugar fútbol al estadio Doroteo Guamuch Flores. No conoce muy bien a los otros que juegan con él, pero no le importa.

La Inspectoría de Trabajo y el futuro

La mayoría de las tiendas de barrio y tortillerías trabajan en la informalidad, por lo que si el Ministerio de Trabajo no las censa, el MP no puede calcular la cantidad de casos similares en el país. A la Inspectoría General de Trabajo le cuesta meses responder a preguntas periodísticas.

El Ministerio de Trabajo cuenta con mecanismos de acción a la hora de recibir denuncias con relación al tema de explotación laboral y casos de trabajo infantil. De acuerdo con el inspector, Ángel Ortiz, trabajan de la mano con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas (SVET) de la Vicepresidencia y con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La SVET, según varias fuentes consultadas, trabajaba más con Roxana Baldetti que con el actual vicepresidente Jafeth Cabrera.

Cuando al Inspector de Trabajo se le pregunta –siempre por medio de su oficina de prensa– sobre detalles del trabajo de su oficina, resume en siete pasos un proceso que expone a la víctima. Se llena una boleta con una entrevista a la persona agraviada y una percepción del inspector que lleva el caso. Luego se formula una prevención al patrono para que la víctima deje de trabajar inmediatamente y se hace una prevención de pago de prestaciones laborales. Y luego, se inicia el proceso legal en contra de la persona empleadora.

Dice que es para garantizar la “acción inmediata” contra el trabajo infantil y la explotación, pero los requisitos del inspector Ortiz parecen de otro planeta. Reconoce que los trabajadores explotados no ofrecen ninguna declaración a los inspectores cuando les hacen entrevistas. Es obvio. Las personas que trabajan en estos negocios no quieren denunciar ni ser entrevistadas en sus puestos de trabajo. Y los dueños no están en las tiendas o tortillerías.

Nómada no pudo cuestionar más al inspector Ortiz porque dijo que todo debía ser por medio de la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo.

La SVET de la Vicepresidencia, cuando es cuestionada, dice que sólo acompaña los casos que presenta la Inspectoría.

En el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo no ha tratado temas relacionados con explotación y trata de personas. De acuerdo con el diputado Félix Ovidio Monzón, del partido Todos y presidente de la comisión, no se ha conocido algún caso.

– Yo he escuchado que esas cosas pasan en las tiendas y las tortillerías, pero no hemos abordado esa cuestión dentro de la comisión.

Justifica la falta de atención en el tema, con el argumento de que no han recibido ninguna denuncia formal del trabajo en las tiendas de barrio.

Como los diputados todavía no han reformado la ley para que la esclavitud se considere un delito de acción pública, esclavos como Juan tendrían que ir al barrio Gerona en la zona 1 para denunciar en el Ministerio Público que son esclavizados.

Pero para esto antes tendrían que ocurrir dos cosas. Para denunciar, Juan debería poder salir de la tienda. Y para denunciar, Juan debería saber que es víctima.

Él se considera afortunado. Dice que no se aburre porque tiene que hacer la limpieza, sacar las cosas de las bolsas, enfriar las aguas y tiene tele con cable, por lo que ‘casi nunca’ se duerme.

A sus 16 años, Juan no ha tenido novia.

– Yo lo que hago es trabajar.

Hablar del futuro no es importante para él. Los plazos en los que piensa son muy cortos, y no sabe qué va a pasar en dos días; él habla en horas. Pero si de algo está completamente seguro es de que no quiere regresar a Quiché.

https://nomada.gt/cotidianidad/la-esclavitud-ignorada-en-ciudad-de-guatemala/

Working hours: Past, present, and future

Work hours have been falling in developed countries—But where will they go in the future?

University of Sussex and NIESR, UK, and IZA, Germany

ONE-PAGERFULL ARTICLE

Elevator pitch

Working hours across the world are falling, but considerable variation remains. In some countries people work 70% more hours per year, on average, than in other countries. Much of this variation is due to differences in the prevalence of part-time work and patterns of female labor market participation. Looking ahead, the question of how reducing working hours will affect productivity is significant. In addition, how individuals divide up their leisure and work time and what the appropriate work−life balance is in an increasingly technological future are important concerns.

Annual hours worked by country,
                        1995–2015

Key findings

Pros

Working hours have been steadily falling in most countries for the last 50 years.

Fewer working hours does not necessarily mean lower total output or lower productivity.

Countries with higher shares of part-time workers tend to have relatively low annual and weekly working hours.

As working hours decrease, workers focus more on work–life balance considerations and how to spend their leisure time.

Cons

The labor markets in many countries are still not very flexible in that hours of work cannot be chosen by many employees.

Not all workers are experiencing fewer working hours; for example, some highly educated workers are now working more hours.

Advanced technology and increasing use of robots is likely to affect the supply of routine jobs and the demand for labor for many low- and semi-skilled workers.

The distributional and welfare implications of fewer working hours are not completely clear and could cause greater inequality.

Author’s main message

Declining working hours, their variation, and their distribution over different occupations and sectors is a topic of great importance. There is constant pressure to reduce working hours on grounds of work−life balance considerations. Debate is ongoing as to whether and how this can be achieved through technological change, without causing a regressive redistribution of income away from less skilled workers. Looking ahead, achieving the optimal balance between these factors will be a major challenge for policymakers.

Motivation

Working hours in most countries have been falling over the last 50−100 years. The Illustration shows the trends for six developed countries during the past 20 years. There are numerous potential drivers of this trend, including: changing demand conditions, shifts in preferences over labor−leisure trade-offs, active pressure from employee trade unions, technological advances improving workplace productivity, enlightened governments introducing maximum working hours legislation, and demographic changes in the pattern of work by men and women. It would be difficult to econometrically disentangle the relative importance of these different factors [1]. Instead, this article traces the origins of this movement toward fewer working hours and presents an overview of key patterns.

Discussion of pros and cons

The movement to reduce working time

Robert Owen, an enlightened factory owner, was the first to call for a 10.5 hour working day [2]. He had successfully adopted it in his New Lanark Mills in Scotland earlier in the 19th century and claimed it was possible to produce output as cheaply with a shortened work schedule because workers were less fatigued. By the turn of the century, there were many calls for an eight-hour work day. This movement gathered momentum and gave rise to the Factory Acts and other legislation in the UK, which progressively limited the length of the working day (and also curtailed the length of time that children could work). Most interesting in this movement was that many claimed it was possible to maintain, or even enhance, productivity by reducing the length of the working day. Understanding whether this is due to fatigue-induced lower marginal productivity at the end of longer work days, or whether workers are more motivated by better working conditions generally is difficult to determine. In the case of Robert Owen, he also provided housing and schools for his workers’ children as well as other benefits, which may have made them more willing to work harder.

The issue of the appropriate use of working time became acute during World War I, when the UK government sought to maximize armament production without fatiguing workers too quickly. This gave rise to many scientific studies on the production process and its relationship with working hours [3][4]. The implications of this research were embraced by Taylorism and the innovative experiments conducted at the Hawthorne plant between 1924 and 1932 [5]. This pioneering work into what induces productivity and the relationship between working hours and conditions continues to this day—though much of it is taking place in the subject of ergonomics rather than economics. There have also been relatively few economists who have examined the implications of these findings for the theory of labor supply or what determines productive output ([6] being one notable exception).

The most recent wholesale reductions in working time have been instigated by the European Working Time Directive (EWTD), which cut working time across the EU to a general maximum of 48 hours per week. Relatively little evaluation of the impact of these reforms has been conducted.

The microeconomics of labor supply

Standard microeconomic theory of labor supply suggests that workers seek to maximize their utility (which is a function of both labor—including goods that can be bought with the derived wage—and leisure). Basic theory allows the worker to choose the number of hours of work (and leisure) to supply subject to their budget constraint (i.e. based on their potential wage and their feasible consumption of goods); however, this view naïvely assumes that all potential hours are available to workers. In reality, most workers can only work the prescribed full-time hours on offer by their employer; although, workers are increasingly being allowed to work part time or flexi-time. Likewise, many models of employers’ demand for labor—and what this means for the length of the working day—are not regularly discussed empirically. This means that when examining the distribution of hours worked in many countries there is a large spike at around 35−40 hours and a smaller spike for part-time workers at around 15−20 hours a week. This perspective is naïve in many other important respects: output during each hour of the day from a worker is considered constant and workers do not get tired or belong to unions, there are no scheduling problems, there are no endogenous technological progress or imperfect competition or monopsony issues, and there are no consequences of working fewer hours or overtime rates [7]. It is generally known that in many countries there is little or no worker autonomy in the choice of working hours. Eurofund sources show that in Latvia, Hungary, Slovakia, Greece, Bulgaria, Romania, Portugal, and Crete, more than 80% of people say that their company sets the working time conditions in their job and there is little or no possibility for changes [8].

Examining trends across countries and over time

Despite the overall declining trend in working hours, there is still huge variation across countries; why is this? There are now excellent aggregate cross-country data on working hours that allow for the examination of trends over time and cross-country differences.

For many countries, there has been a steady, slow monotonic decline in working hours over time (Australia, Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Spain, the UK, and the US). But there are countries that have experienced variable demand for labor and hours of work, namely: Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Slovakia, and Slovenia. All these countries have experienced either relatively recent opening up to the West and the forces of globalization or have been on the receiving end of tumultuous events in their balance of trade and problems inside the eurozone—i.e. Greece.

Taken together, these trends provide insight into the controversy about differences between working conditions in the US and the EU. This comparison has been framed as a debate over whether Americans are “crazy” or Europeans are “lazy” [9][10]. Although the US has higher annual hours than other G7 countries, it is more or less firmly in the middle of the countries shown in Figure 1 and Figure 2 in terms of working hours and the share of part-time work. Therefore, the US is not unusual in its work habits when considered against all other countries, and there are good reasons for the significant differences with many EU countries, such as working time legislation, trade union practices, the degree of labor market flexibility, and demographic patterns of female labor force participation. This also provides a rationale for a slightly more considered comparison across countries, which should be reflected in future studies.

Average weekly working hours by country,
                        2016

Percentage of part–time workers,
                        2016

Figure 1 shows the number of average weekly working hours across a range of countries in the most recent data. Latin American countries top the table, with Chile, Costa Rica, Mexico, and Colombia recording four of the five longest working weeks. They are only surpassed by Turkey, at around 48 hours a week. The countries at the other end of the table, with 30−35 hour working weeks, are the Scandinavian countries and the Netherlands. The other countries with low working hours are Germany, Switzerland, France, Belgium, and Austria, all of which have had governments enact progressive interventionist labor market policies and are notable for the presence of strong, well-organized trade unions.

Female labor force participation and part-time work impact overall working hours

The compositional effects of female labor market participation and the prevalence of part-time work are important factors influencing total working hours. Taken together, these factors go some way toward explaining the overall variation in aggregate average working hours across countries. Specifically, there are many countries with low average total working hours that have a high fraction of women in work. Most notably: Iceland, Sweden, Norway, Estonia, Russia, Finland, and Canada all have above 60% of working-age women in employment. This means that more of the working hours in these countries are shared within the household. This is most marked in the Scandinavian countries.

In many countries, most notably former communist countries, the prevalence of part-time jobs is very low. For example, the participation rate in part-time jobs is only 2−8% in Russia, Hungary, the Czech Republic, Poland, Latvia, Slovakia, Lithuania, and Slovenia. Clearly, the incidence of part-time work is partly a cultural factor, which is associated with history, politics, religion, and the role of women in the family.

These cross-country differences are influenced by different trends toward more part-time work and increasing variability of working hours in some countries. Most EU countries have been subject to the EWTD, which limits working hours but may also have increased job flexibility. However, it is difficult to separate the demands of employers for worker flexibility and the desire by employees to be more flexible about their labor supply.

Many studies have econometrically analyzed working time patterns across countries [1]. Some of the main findings are as follows: First, countries with the lowest female employment population ratios and labor force participation rates have the highest annual and weekly working hours (Turkey, Mexico, and Costa Rica). Second, in contrast, the Netherlands and Switzerland have the highest percentage of part-time workers, relatively high female employment population ratios and labor force participation rates, and some of the lowest weekly and annual working hours. Third, Australia, the UK, and the US have similar annual and weekly working hours as well as similar female employment population ratios and labor force participation rates; however, the US has a substantially smaller percentage of part-time workers than the UK and Australia. Fourth, Russia has the lowest percentage of total, female, and male part-time workers. It has the fifth highest number of annual working hours and a relatively high female employment population ratio and labor force participation rate. Fifth, the ordering of countries based on the percentage of female and male part-time workers is relatively similar for most countries. And finally, for all examined countries, the percentage of female part-time workers is greater than the percentage of male part-time workers.

In countries with stronger traditions of gender equality and progressive left-wing governments (e.g. the Netherlands and Switzerland), part-time work is generally more commonplace. The finding that the percentage of female part-time workers is higher than the percentage of male part-time workers in all countries implies that having a greater total share of part-time workers translates into a higher female employment population ratio and labor force participation rate. Countries with higher shares of part-time workers also have relatively low annual and weekly working hours. A potential explanation may be that having greater female involvement in the labor force could increase each individual family’s earnings potential, thus reducing the need for male household members to work long hours to provide for their families. This is but one explanation and there are several other explanatory factors to consider, such as cultural attitudes toward female employment as well as female and overall unemployment levels.

In contrast to the Netherlands and Switzerland, countries such as Turkey, Mexico, and Costa Rica have the longest annual and weekly working hours and a low percentage of part-time workers, which translates into low female employment population ratios and labor force participation rates. This suggests that part-time work, female employment, and total working hours in a country are closely interlinked, emphasizing the need to consider them all simultaneously when analyzing working hour patterns across and within countries.

The productivity effects of working time

The central aspects when considering the effects of working time on productivity are clear: What is the relationship between fewer hours of work and productivity? What role does fatigue play in production and is there an optimal level of working hours beyond which a worker’s marginal production falls?

There is only limited evidence of the effect of working time variation on productivity. There is compelling case study-based microeconomic evidence showing that shorter working weeks are linked not only to working time flexibility but also to substantial productivity gains [11]. Another study, using data on munitions workers, found that output rises linearly with hours up to a threshold, but above this, output rises at a decreasing rate [4]. Recent microeconomic evidence based on the Hawthorne experiments suggests that working more hours can be counterproductive [5]. The Hawthorne experiments were conducted to examine productivity at the Hawthorne plant in Chicago in the 1920s and 1930s by varying working time, rest periods, piece-rates, and illumination at the workplace. The study estimates the optimal length of the working day to be around eight hours, but finds that this optimal level is dependent on the exact nature of the work, and thus varies across occupations.

Evidence based on data from 18 manufacturing sectors in the US between 1956−1991 shows that increasing overtime hours by 10% reduces output by around 2−4%. Although this study is econometrically limited, it is suggestive of structural issues associated with modeling the link between hours of work and aggregated output.

Panel data evidence is used to present cross-country econometric evidence, suggesting decreasing returns to working time, possibly due to a fatigue effect. The authors find the responsiveness of productivity per hour to changes in working time is negative and decreases with working time. However, the effect is not strongly significant, and one must also be concerned that the econometric evidence is based on only 18 countries with a very limited set of controls. Specifically, the authors only control for changes in employment relative to the population and average working hours, and make no allowance for working time legislation, changing trade union activity, or other demographic differences associated with rising female participation and the growth of part-time work in many countries.

What do people do with more leisure time?

Social scientists have long been interested in what people do with their time; how much of it is spent working and how much doing other things. Studies have often examined how these patterns vary by gender and across time. If individuals are really going to be working fewer hours in the future, will this allow for a better work–life balance, and what might be the implications of this?

In the US in 1965, the average man spent 42 hours a week working at the office or the factory; after allowing for commuting and various work breaks, this rose to 51 hours [12]. Today, the average American man works 36 hours a week, 40 when including breaks and commutes. How is this extra time used? The answer includes activities such as shopping, watching TV, reading, eating out, relaxing, or spending time with friends and family. Overall, depending on exactly what one counts, the average person has an extra six to eight hours of leisure per week. Over the course of a year, this extra time would add up to nine extra weeks of time away from work. The implications of these changes, especially if they continue into the future at the same rate, are enormous.

The other major change in working hours has been a widening of differences between the low skilled and the high skilled. In the US over the period from 1985 to 2005, men who did not finish high school gained eight hours a week of leisure time. Those with a college degree saw their leisure time drop by six hours a week over the same period. The same is true for female graduates in the US who have 11 hours a week less leisure time than those who did not complete high school. The consequences of these trends are that the highly skilled are becoming “cash rich” but “time poor.” The reverse is true of the less well educated. This means that changes in the pattern of working hours could have important long-term implications for the redistribution of income and wealth.

Gazing into the working time of the future

The dilemma in thinking about working hours is that they are traditionally regarded as something one wishes to minimize in order to maximize leisure time. Notwithstanding this, individuals must be cognizant of their budget constraints—desiring fewer working hours is all well and good, so long as people can pay their bills and maintain their standard of living. This means that all but the truly wealthy want to work enough hours to meet their financial obligations. Hence, workers need to be wary of an uncertain future where there may not be enough jobs and hours of work to go around.

A more radical vision of the future is that the nature of work patterns and the distinction between work time and leisure or home time is becoming blurred by the possibility of remote working. Do many office workers actually put in more hours out of the office by, for example, answering emails on the move whilst commuting, in the evenings, and at weekends? Might this trend, along with “working from home,” lead to even more blurred distinctions between working and non-working hours?

One view of future working hours is eternally optimistic, suggesting there will always be new products, new industries, and new jobs and thus enough work to go around, no matter how often technological advances make old jobs redundant. The alternative perspective is that average working hours will continue declining due to the increased use of robots and mechanization. If the latter view prevails, it is unclear how this affects the relative demand for labor between skilled and unskilled jobs and across different sectors.

There are many commentators who offer a prognostic vision of the future. Many claim that individuals should work fewer hours, relinquishing the so-called workaholic lifestyle. This perspective would also suggest sharing working hours more evenly across the population in an attempt to seek a better work−life balance. Others offer a different vision of the future, pointing out that as life expectancy continues to rise, workers will need to save more to fund their retirement. Hence, it has been suggested by some that part-time working into one’s 70s and 80s will need to become the norm in order to fund future pensions. This would require a rethinking of retirement decisions and labor supply choices over one’s entire lifecycle.

An insightful guide into how much people actually work between the ages of 16 and 70 and how much they would like to work is provided in a study from 2008 [8]. The authors present evidence from the European Working Conditions Survey 2015, which suggests that men would like to work about 38 hours per week, rather than the 41 hours they actually work at the height of their careers. For women, prior to their parenting phase, they would like to work around 35 hours per week, but this goes down to around 30 hours when they have family responsibilities. An important issue for future research is: are these desired hours compatible with the needs of a dynamic growing economy?

Limitations and gaps

Nobody really knows what the future of work will look like. Technological progress will cause some jobs to disappear but others to grow. Some evidence suggests that there has been a “hollowing out of occupations” as a result of technological change, with an increase in low and high-skill jobs but a fall in clerical, secretarial, and routine non-manual jobs. Has there been a corresponding hollowing out of working hours [13]? Do some highly skilled workers now work more hours than the less skilled in all countries—not just the US, and is there a corresponding increase in inequality in working hours worldwide? More research is needed on this topic to determine the patterns across countries and their consequences.

Likewise, the pattern of working time is changing, with people now able to use smart phones to read emails and to work remotely or while on the move. How these changes will play out in terms of working hours, productivity, and a host of other issues is hard to predict, but continual appraisal is required. Moreover, the optimal pattern of work across the day and the week varies for each occupation. As such, more experimental work needs to be done of the kind that was conducted over 90 years ago at the Hawthorne plant but has never really been repeated. Economists rarely talk to ergonomists/occupational therapists about the optimal pattern of work or the details of how working time relates to productivity over the course of the working day, or indeed, how working time will shape up in the technological future.

Summary and policy advice

Key challenges such as increasing life expectancy, aging populations, and inadequate savings and pensions mean that governments need to take a careful look at working patterns and their projected changes in an increasingly technologically-oriented future. Although the famous economist John Maynard Keynes was somewhat ahead of his time when projecting drastic reductions in the working week to around 15 hours a week, the implications of shorter working time need to be addressed. Modern economies need flexible labor markets with variable working times across occupations and sectors in the face of rapid technical change. This poses challenges to governments to consider appropriate policy responses. Likewise, the evidence that there is a trend of rising working hours amongst some groups of highly skilled workers, whilst there is a simultaneous hollowing out of routine job opportunities is worrying [13]. How will governments be able to ensure that the fruits of technical progress are equally shared if nations become more prosperous, whilst at the same time ensuring workers are incentivized to work? How will governments be able to encourage employers to share working hours among larger numbers of employees if total available working hours fall with rising automation? These challenges will require much more innovative approaches to employment taxes than currently exist. The policy implications of a decline in average working hours, while working hours across sectors and countries remain highly variable, is of concern.

As life expectancy rises, policymakers must also be concerned about the demographic balance between the number of working young and the numbers of state-dependent retirees. The world has seen the growing fiscal problems this is causing in Japan, problems that are also likely to be visited on many Western countries in the next 20 years. The reality is that the old must work more years to increase their pension savings to maintain their standard of living into an increasingly lengthy old age. However, the requirements of the young to find jobs is incompatible with the needs of older workers to retire later. How can working hours be shared between the old and the young—that is the question? This will require radical economic policy solutions in the future.

Acknowledgments

The author thanks the IZA World of Labor editors for many helpful suggestions on earlier drafts. Previous work of the author contains a larger number of background references for the material presented here and has been used in parts of this article [5].

Competing interests

The IZA World of Labor project is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The author declares to have observed these principles.

https://wol.iza.org/articles/working-hours-past-present-and-future/long