La retorcida lógica de los secuestradores del convenio 169

Cualquier texto de economía  demanda  que para la realización de inversiones,  de contratos,  de cualquier tipo de actividad humana,  las reglas que establezcan la manera en que se llevan a cabo se encuentren establecidas en reglas claras,  concisas y exactas aplicables a todos por igual que señalen cuales son los requisitos a cumplir y cuáles son los efectos de llevar a cabo una actividad.

Lo anterior también es el caso con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo. La lógica demandaría que para su aplicación existan reglas claras sobre como ejecutar ciertas actividades para cumplir con el denominado  ‘Derecho de Consulta’ que ha sido instaurado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declarado aplicable sin limitación a Guatemala por la Honorable Corte de Constitucionalidad.

El Ministerio de Trabajo, órgano encargado de la aplicación de los Convenios Internacionales en materia de Trabajo  publicó a principios del mes anterior una Guía metodológica para realizar el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169.  El día  martes ha surgido la noticia que  se había interpuesto por una organización indígena una acción de amparo en contra de dicha guía.  Se alega que la Guía Metodológica no se consultó a los pueblos indígenas.   Esta es la segunda tratativa de regular el derecho a la Consulta.  Los amparos,  sin embargo,  no señalan que  aspectos de los derechos de los pueblos indígenas vulnera esta Guía,  sino simplemente se alega que no se consultó a los interesados.

Entonces,  para normar el derecho a la consulta se necesita,  valga la redundancia,  hacer una consulta,  pero utilizando que normas?   Pero entonces,   el alegato  podrá ser,  a cada paso de la consulta que se está violando algún  derecho  ancestral.  De esta manera,  se crea un círculo vicioso.  Pareciera  que hay quienes  quieren utilizar el pretendido ‘Derecho a la Consulta’  para simplemente crear vacíos que impidan  que existan reglas claras para tener un ambiente propicio a la inversión en el país.  Es posible que nos encontremos ante una situación donde los tribunales han hecho al Estado rehén de las organizaciones  que han utilizado el derecho a la Consulta como excusa para paralizar el desarrollo.

La solución  debe debatirse entre dos aspectos, o los tribunales definen el contenido de la consulta sobre la consulta,  o  las organizaciones son propositivas y no negativas sobre el derecho a la consulta.

La Guía metodológica tiene la ventaja fundamental,  que se trata de esto,  de una guía,  aunque  entonces pueda alegarse que la guía no es obligatoria y que no viola el convenio 169.   Pero para dicho caso,  la argumentación de la falta de obligatoriedad haría la Guía nugatoria. Si tomamos la Guía como una propuesta,  la respuesta de las organizaciones indígenas no debe ser que viola el derecho a la consulta, sin indicar  cuales partes de la guía no son admisibles.  En este caso es como  ver a nuestro país,  como el perro que se muerde la cola y va en círculos,  pero no resuelve nada.

Para tener un desarrollo adecuado como país,  debemos dejar claramente establecidas que objeciones concretas,  basadas en principios jurídicos claros y fundamentados en la constitución política de la república  existen  por parte de los interesados para que la guía sea aplicable. Es obligación de las organizaciones indígenas aterrizar el derecho a la Consulta e indicar que parte de la guía es inadmisible para dichas organizaciones y sobre todo una justificación razonable para lo anterior basada en la normativa que escogimos todos como país al elegir a una asamblea constituyente en dos ocasiones separadas.

http://s21.com.gt/2017/08/09/la-retorcida-logica-los-secuestradores-del-convenio-169/

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Guatemala electa como miembro Adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el período 2017-2020

Guatemala, 12 de Junio de 2017 (MINTRAB).- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Señora Ministra Aura Leticia Teleguario Sincal, en representación de Guatemala, fue electo como miembro Adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el período 2017-2020, el día 12 de junio de 2017, en el marco de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo.

La elección de Guatemala, se considera como un hecho histórico, luego que han transcurrido más de 15 años, de haberse ocupado este importante puesto desde el año 1999. La elección de Guatemala como miembro Adjunto del Consejo de Administración permitirá fortalecer la presencia del país en el ámbito laboral internacional, así como contar con una mayor incidencia al interior del principal foro internacional en la materia.

También fueron electos como miembros Titulares por el Grupo de las Américas los Gobiernos de Canadá, Panamá, Barbados, Perú y Argentina. En cuanto a los miembros Adjuntos del Consejo, con Guatemala, fueron electos los Gobiernos de México, Cuba, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

Desde el Consejo de Administración de la OIT, se busca promover la relación y el intercambio con otras naciones, así como participar útil y activamente en el diseño y articulación de políticas públicas, fomentar la elaboración de normas internacionales del trabajo y el desarrollo de actividades enfocadas a la atención del empleo, la erradicación de la pobreza y la protección de los trabajadores.

Durante su participación en este órgano rector, Guatemala pondrá énfasis en la importancia de la promoción del empleo digno, como un factor determinante para romper el círculo vicioso de la pobreza.

La delegación de Guatemala en la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo está presidida por la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Sra. Aura Leticia Teleguario Sincal, acompañada de la Viceministra de Previsión Social y Empleo, el Viceministro de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, así como miembros de la Misión Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.

El Consejo esta compuesto por 56 miembros Titulares (28 miembros gubernamentales, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y 66 miembros Adjuntos (28 miembros gubernamentales, 19 Empleadores y 19 Trabajadores). Diez de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y la Federación de Rusia). Los demás miembros gubernamentales son electos por la Conferencia cada tres años.

Ginebra, 12 de junio de 2017.

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/nota-principal/6095-guatemala-electa-miembro-adjunto-consejo-de-administraci%C3%B3n-de-la-oit.html

Rigen nuevas sanciones por derechos laborales, pero surgen dudas de su cumplimiento

El Ministerio de Trabajo afirma que con la vigencia de las reformas al Código de Trabajo (decreto 7-2017) se da certeza jurídica en el proceso de denuncias laborales, inspectoría y sanción y que se  fomentará una cultura de cumplimiento a los derechos laborales, sin embargo la postura de los inspectores es diferente.

Los trabajadores de la inspectoría de dicho ente denunciaron que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley y que, en esas condiciones no se responsabilizarán de las consecuencias legales.

Por aparte, al hablar de las nuevas sanciones cuestionan que se dejan vulnerables los derechos de los trabajadores y sindicatos porque también se les pueden multar, por no acudir a las audiencias, lo que afectará la decisión de denuncia.

El colocar sanciones a trabajadores creará un colapso, porque estarían sancionando a quien denunció que se le están incumpliendo sus derechos, comentaron.

Las sanciones para el trabajador o sindicato van desde dos a 20 salarios mínimos diarios del sector no agrícola, mientras que para el empleador o patrono son entre dos y 18 salarios mínimos mensuales, del sector no agrícola.

Mientras las autoridades brindaban una conferencia de prensa para dar a conocer datos de las nuevas disposiciones legales los inspectores se reunieron afuera del despacho y denunciaban que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley. Por ello, refirieron en grupo, que no se responsabilizarán de las consecuencias legales. Aunque aclaraban que no están en desacuerdo con las reformas sino con la falta de apoyo.

Plazo de 30 días hábiles

De este 6 de junio en adelante se tiene un plazo de 30 días para resolver cada denuncia, aspecto que las autoridades califican de positivo. Explican que en promedio cada caso tardaba entre 30 a 45 días, ahora la ley establece un plazo específico lo cual ayuda a tener más certeza.

Sin embargo los inspectores refieren que en las condiciones de falta de personal, equipo y apoyo no se podrá cumplir con ese plazo ya que hay casos que están en lista de espera y tardan hasta cuatro meses para la fijar una audiencia.

Carlos Sandoval, inspector general de trabajo, expuso que cuentan con 241 personas en inspectoría además que buscan lograr contratar 125 más en el  2018, para lo cual necesitarían unos Q9 millones. Los funcionarios aseguran que sí se les brindó capacitación, y esperan que la resistencia a las nuevas disposiciones disminuya y desaparezca.

Sin embargo los trabajadores también se quejaron que no todos se dedican a la labor de inspectoría y ejemplificaron que para el departamento de Guatemala solo hay 17 personas asignadas para visitaduría y el número total mencionado por Sandoval se debe a personal también asignado a diferentes regiones del país. Agregaron que la única capacitación o directriz que les dieron es que les dieron a leer las nuevas reformas.

Los trabajadores indicaron que no están en desacuerdo con el decreto en mención sin embargo dijeron que en las condiciones que denuncian no se responsabilizan de las consecuencias legales que pueda traer esa legislación.

El otro cambio es que así como hay denuncias a las cuales se les puede dar seguimiento con visitas, ahora con la nueva ley les permite citar a la sede administrativa (en el Ministerio) a los patronos o empleadores para hacer la inspectoría, entre estos como la denuncia por falta de emisión de un certificado del IGSS o inspecciones por posmorten.

Denuncias

En el 2016 el Mintrab recibió alrededor de 40 mil denuncias e hizo igual número de inspecciones, y en cinco meses del 2017 se reportan ya 25 mil dijo Sandoval.

Las denuncias más constantes que se dan son por no pagar el salario mínimo, y prestaciones como el bono 14 y el aguinaldo agregó.

Las empresas con más constantes denuncias en contra son del sector de seguridad privada, se añadió.

Las denuncias que entraron hasta el 5 de junio, antes de la vigencia de las reformas, se le aplicará la ley antigua, refirieron.

En la conferencia participaron el secretario general del Ministerio Felipe Sánchez y Marcelo Richter asesor del despacho.

Richter respondió que analizaron la ley que reforma el Código de Trabajo debido a las dudas que generó un posible error de redacción en el Congreso respecto al artículo que se refiere a la derogatoria de las leyes, pero indicó que el criterio es que esta ley cobró vigencia este 6 de junio y  no se autoderoga, además que se necesitaría una ley posterior para derogarla total o parcialmente.

http://www.prensalibre.com/economia/rigen-nuevas-sanciones-por-derechos-laborales-pero-surgen-dudas-de-su-cumplimiento

¡Cuídese de las inspecciones laborales!

A partir de mañana los delegados de la Inspectoría General de Trabajo (IGT) tendrán de nuevo la facultad para emitir sanciones contra las empresas o entidades que incurran en faltas laborales.

La devolución de la capacidad sancionatoria a la IGT fue la finalidad de las reformas al Código de Trabajo, por medio del decreto 7-2017, que aprobó el Congreso este año.

Según las reformas, las sanciones que emitirán los inspectores de trabajo contra las compañías serán de carácter administrativo.

Este poder de sanción que regresa a la Inspectoría General de Trabajo era una recomendación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) habían manifestado en reiteradas ocasiones a Guatemala, para fortalecer la IGT y proteger los derechos de los trabajadores.

Procedimiento

De acuerdo con el decreto 7-2017, durante las visitas a las empresas el inspector podrá recomendar la emisión de una sanción contra una compañía que incurra en violaciones laborales.

El siguiente paso es la ratificación de la sanción laboral por un supervisor de la IGT.

Agilidad de procesos

Según la ley, hay tiempos máximos para que en cada fase del proceso las instancias puedan resolver de acuerdo con los plazos, lo que permitirá celeridad.

El decreto cita que la empresa tendrá la libertad de usar sus mecanismos de defensa, si considera que no procede la sanción o demuestra lo contrario.

Dependiendo de la falta, el costo de las sanciones van desde dos salarios mínimos vigentes —Q2 mil 643.21— hasta 18.

La compañía podrá denunciar por la vía administrativa su desacuerdo, así también acudir al Ministerio de Trabajo (Mintrab) para exponer su recurso.

Además, la firma podrá recurrir a un juzgado de lo Contencioso Administrativo Laboral, que es la primera instancia, y a una sala de Apelaciones para interponer amparos.

Pacto

De acuerdo con representantes del sector empleador, trabajador y del Gobierno, en la discusión de estas reformas hubo acuerdos y flexibilidad para aceptar la potestad sancionatoria de la IGT.

Defensa de empresas

Las empresas señaladas tendrán dos mecanismos de defensa administrativa. Una en el Ministerio de Trabajo y la otra en los juzgados de lo Contencioso Administrativo Laboral.

“Hay un ligero avance en el sentido de que se está reconociendo que la autoridad administrativa sí puede emitir sanciones”, explicó Rigoberto Dueñas, integrante de la Comisión Tripartita de la OIT.

Dueñas explicó que la facultad de la devolución sancionatoria no será del 100%, pero que durante la vigencia del decreto se podrían hacer mejoras.

Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), afirmó que lo más importante es que las sanciones se resolverán por las vías administrativas, y no judiciales.

“El 98% del problema para las empresas son las liquidaciones, que al momento de retirarse creen que el monto es mayor a las operaciones calculadas”, afirmó. Dueñas dijo que era necesaria la devolución sancionatoria para combatir la impunidad laboral.

Sin embargo, hay carencias para cumplir con la nueva normativa, sobre todo en las sedes departamentales del Mintrab, donde no hay vehículos, servicio de internet y energía eléctrica, afirmaron algunos inspectores.

http://www.prensalibre.com/economia/economia/inspectores-de-trabajo-podran-emitir-sanciones

Numerosa delegación viaja a reunión de OIT en Ginebra

Para abordar un controversial tema laboral sobre Guatemala, una nutrida delegación viajó a Suiza, donde tendrá un encuentro de trabajadores.

La delegación guatemalteca participará a partir de este lunes en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se celebrará en Ginebra.

Es la primera vez que una delegación tan numerosa de Guatemala participa en un encuentro de la OIT, debido a la problemática laboral que actualmente afronta el país.

A la actividad acuden representantes del sector empleador, trabajador y dependencias del Gobierno.

Los sindicatos han denunciado que las empresas les ponen obstáculos y medidas que dificultan la organización o en el mayor de los casos bloquean a esos movimientos. Ese será el tema fuerte que se discutirá en el encuentro cuando llegue el turno de Guatemala.

Por el sector privado participan Guido Ricci y José González-Campo, expresidente del Cacif y presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, así como Rolando Figueroa, de la Comisión de Vestuario y Textiles.

11 de abril de 1919 fue fundada la OIT

Por el sector laboral viaja Carlos Mancilla, dirigente del Confederación de Unidad Sindical de Guatemala; Joviel Acevedo,  secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Guatemala, y Francisco Mendoza, abogado técnico de los trabajadores.

Representando a las dependencias estatales participará la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, y delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación y del  Ministerio Público.

Ginebra es la sede de la OIT, organismo de Naciones Unidas, y donde los países miembros se reúnen anualmente en junio. Es la segunda ciudad más poblada después de la capital Zurich y figura entre las ciudades más caras de Europa para vivir.

http://www.prensalibre.com/economia/numerosa-delegacion-viaja-a-reunion-de-la-oit

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE TRABAJO DECENTE PARA GUATEMALA 2012-2016

Informe

https://s3.amazonaws.com/asies-books/books/2016,evolucion_indicadores.pdf

Página del OBSERVATORIO DE TRABAJO DECENTE

http://www.asies.org.gt/observatorio-de-trabajo-decente/#undefined7

Preparan iniciativa de ley para regular empleo a tiempo parcial

El Ministerio de Trabajo (Mintrab) prepara una iniciativa de ley para regular el empleo a tiempo parcial, que será legal a partir de febrero de 2018, cuando cobre vigencia en el país el Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Guillermo Gándara, viceministro de Administración del Trabajo, al concluir su participación en el IV Congreso Laboral explicó que a la fecha, ya tienen un borrador de la propuesta que será consensuada con los sectores empleador y sindical con el fin de construir las categorías de empleados que estarán afectos a esta modalidad.

“Los call centers, la industria de empaques y las empresas que elevan su producción en verano, vacaciones y Navidad serían los sectores que más aprovecharían la contratación temporal”, expresó Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, entidad que organizó el foro.

http://www.s21.gt/2017/05/preparan-iniciativa-ley-regular-empleo-a-tiempo-parcial/