Economista: Uso inadecuado de pactos colectivos termina en expresiones de impunidad

POR KIMBERLY LÓPEZ

klopez@lahora.com.gt

En Guatemala los pactos colectivos han surgido como una respuesta a una inadecuada política de recursos humanos institucional, sectorial o nacional que permita absorber, promocionar y retener al talento humano. Sin embargo, al considerar la conformación de estos acuerdos, es justo analizar si el contenido de los mismos es un cumplimiento de derechos y demandas laborales o privilegios. Así lo explicó Enrique Maldonado, analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en una entrevista con “La Hora”.

_2¿Cuál es la situación del sector trabajador en el país, en cuanto al cumplimiento de garantías laborales?
De 2010 a 2014 se duplicó la cantidad de menores de edad que tenían como principal actividad trabajar y no estudiar. De 693 mil en 2010 pasamos a tener 1.2 millones menores de edad. Ahora bien, en el mercado laboral hay que tomar en consideración que en el país todavía se dan prácticas feudales. Por ejemplo, no pagar salario a las personas. En el departamento de Izabal, por citar un ejemplo, a una de cada dos mujeres no les pagan salario cuando están trabajando. En el caso de los jóvenes es muy común que no tengan acceso a prestaciones laborales, al sueldo mínimo; de hecho, tener acceso al sueldo mínimo no significa poder adquirir la Canasta Básica de Alimentos.
Consecuentemente, esto tiene una connotación en la debilidad institucional que hay en el Estado para poder monitorear que las relaciones de trabajo se den en cumplimiento a la normativa vigente en el país.
Realmente, las empresas tienen una brecha muy grande que cumplir en materia de derechos humanos.

¿Qué pasa en el sector público?
En cuanto al sector público, el problema es que no hay una Ley de Servicio Civil que permita a los trabajadores tener su carrera laboral sino que hay varios regímenes de servicio civil: el del Banco de Guatemala, municipalidades, Congreso, Organismo Ejecutivo, etc.
Ese desorden ha provocado que existan numerosos pactos colectivos que siempre se han firmado sin la debida autorización del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). En la Ley Orgánica del Presupuesto para 2016 y 2017 se colocó un artículo para que no se pudieran suscribir pactos sin el visto bueno del Minfin, que indique que hay recursos suficientes para hacer frente a estos nuevos compromisos.

¿Qué papel juega aquí el Ministerio de Trabajo?
Por el lado del sector privado, el Ministerio de Trabajo debería hacer todo lo posible por erradicar prácticas como el trabajo infantil y velar por que las empresas cumplan por los derechos de trabajadores.
Por el lado público, ellos también tienen que dar un visto bueno a los pactos colectivos, pero tienen que darle un calificativo de realismo, facilitad y viabilidad de pactos colectivos.

¿Qué factores provocan el interés de trabajadores de firmar pactos colectivos?
Si hubiera una Ley de Servicio Civil que les permitiera a los empleados poder tener una carrera institucional no existirían estos pactos colectivos, que son bastante dañinos. Nadie se opone a que a un empleado le aumenten el sueldo, el punto es que esos aumentos tienen que estar atados a resultados y a mejoras en la calidad y prestación de servicios.

Desde hace un tiempo han salido a luz señalamientos sobre ilegalidades en pactos colectivos de instituciones públicas. ¿Oponerse a estos pactos es sinónimo de ir en contra de las actividades sindicales?
La libertad sindical de poder negociar un pacto colectivo está reconocida en nuestro Código de Trabajo y Constitución. Es una práctica sana. El punto es que ha habido un uso inadecuado porque no han estado regulados los incrementos que se han otorgado. Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país. Como, por ejemplo, los casos de empleados con sobresueldos, plazas fantasma o incentivos que no guardan ninguna relación con el desempeño de los empleados.

En la conformación de pactos colectivos, ¿la responsabilidad es del Estado o de grupos sindicales?
Yo creo que es una expresión de corrupción entre ambas partes, porque si vemos quién suscribió el pacto colectivo de Salud fue el exministro Jorge Villavicencio, en el gobierno del Partido Patriota (PP) y fue un pacto negociado de forma opaca. Como no había obligatoriedad de pedir autorización a Finanzas, suscribían cualquier cosa.

¿Qué papel juegan los sindicalistas?
Desde luego, también forman parte de la corrupción porque a ellos habría que recordarles que quien paga sus salarios es el pueblo de Guatemala y a ellos es a quienes deben rendirles cuentas. Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar.

Se han hecho señalamientos a los pactos colectivos del Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué solución podría haber para estos casos?
Suscribir un nuevo pacto de educación garantizaría más dinero para la educación, pero no para las niñas y niños, porque los recursos se quedarían en salarios de docentes. Dicho sea de paso, el salario del docente no es precisamente decoroso; hay que aumentarle, pero no negociarlo de una forma incorrecta porque comprometen las finanzas públicas del Estado.
Lo mejor es tener una nueva Ley de Servicio Civil, eso evitaría este tipo de problemas. Los pactos colectivos no tendrían por qué existir.

“Muchas veces terminan siendo expresiones de la impunidad que hay en el país”,  Enrique Maldonado, ICEFI.

“Está bien que tengan aumentos en sus salarios, pero eso será a cambio de resultados que ellos deberían entregar”, Enrique Maldonado, ICEFI.

 

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