Un análisis sobre pactos colectivos

Los alcances y excesos de la corrupción han dejado una profunda huella en todas las instituciones guatemaltecas, y así como la persecución criminal ha alcanzado a las más altas esferas de los tres poderes del Estado, también el momento es propicio para profundizar en investigaciones hacia otros sectores, como los sindicatos públicos, a la luz de nuevas denuncias respecto de leoninos acuerdos entre una dirigencia inmoral y políticos descarados.

Con relativa frecuencia se conocen casos de esos abusos, como los privilegios desproporcionados para muchos dirigentes, pero también por excesos evidentes de funcionarios que avalaron pactos colectivos de condiciones de trabajo y honorarios excesivos a los asesores legales, los cuales deben salir de los impuestos que pagan los guatemaltecos.

El más reciente ejemplo conocido es el del asesor del sindicato de Salud, quien habría recibido honorarios por 14 millones de quetzales, 90 por ciento de los cuales fue pagado con dinero público. Esta vergüenza alienta la suspicacia sobre una negociación de esa naturaleza y el destino de una cifra exorbitante.

Este caso se suma a otros de años recientes, como los honorarios que en su oportunidad habría cobrado el ya fallecido abogado Enrique Torres Lezama, hermano de Sandra Torres, cuyo monto se dijo en su oportunidad que pudo pasar de los 15 millones de quetzales y el cual cubrirían los más de 14 mil afiliados a los sindicatos del Ministerio de Educación.

Son ejemplos que en términos dinerarios resultan grotescos, por ser cifras incomprensibles para un país tan empobrecido como Guatemala, lo cual solo podría ser explicable ante el generalizado abuso en que han incurrido los últimos gobiernos, con una dirigencia sindical voraz, como se puede constatar en casi todas las instituciones públicas en las que se negociaron pactos colectivos en los últimos años y que ahora cobran una elevada factura.

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Los sindicatos del Congreso son el más reciente ejemplo de esa cadena de abusos. Se llegaron a denunciar casos patéticos como la existencia de plazas de conserjes u oficinistas con sueldos y prestaciones que ningún profesional del sector público obtiene y que solo evidencian el contubernio entre gobernantes inescrupulosos y dirigentes venales.

Los objetivos perversos que motivaron esos acuerdos refuerzan la necesidad de una amplia y profunda investigación de cada pacto, porque sus condiciones son insostenibles, y porque la actual batalla contra la corrupción hace obligado su análisis.

Hasta los cargos alcanzados por algunos dirigentes deben ser investigados, pues también existen ejemplos de acciones criminales en las que incurrieron varios de los más altos mandos, como ocurrió recientemente con el golpe a una estructura mafiosa en la portuaria Quetzal y en otras entidades autónomas.

En su momento fue agrio el debate sobre la conveniencia del sindicalismo en el sector público, pero los abusos en los que se ha incurrido justifican una renovada crítica, porque la perversa irresponsabilidad de quienes asumieron esos compromisos representa un alto costo para los contribuyentes guatemaltecos.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/un-analisis-sobre-pactos-colectivos

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