JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT
Editorial
Amenazas de sanciones —multas— como consecuencia de la inminente publicación de las conclusiones del panel laboral establecido como parte del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (CAFTA) ahora son más relevantes ante la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Formular una política de empleo puede servir para enfrentar estos problemas, pero se esperaría que fuera mucho más amplia. Hay algunos indicadores que permiten tener una idea de cómo funciona nuestro mercado laboral.
En primer lugar, la existencia de un mercado del trabajo que en la práctica está poco regulado está reflejada en la pequeña proporción de la población ocupada en el sector formal. Esta proporción ha variado en torno a un 30% del total en los últimos años, mientras que el resto ha estado ocupada en el sector informal, sujeto a escasas normas. Otra manifestación de un mercado laboral no regulado es que una décima parte de la población ocupada total no es remunerada, proporción mayor entre las mujeres que entre los hombres.
En segundo lugar, nueve de cada diez empleados de gobierno cuentan con contrato, pero en el sector privado nos acercamos al otro extremo. Los casos más dramáticos son los de los peones o jornaleros, pues solo el 3% del total tenían contrato en 2014, y en el caso de los empleados domésticos los cubiertos por contratos alcanzaba solamente el 1%. Si los empleados domésticos tuvieran contratos, como lo requiere la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo —que Guatemala no ha firmado—, la dignidad de este grupo de trabajadores, constituido principalmente por mujeres, mejoraría muchísimo.
En tercer lugar, ha habido un fuerte aumento de la proporción de empleados privados, peones, empleados de gobierno y empleados domésticos dentro del total de personas ocupadas. El total de personas ocupadas correspondientes a estas cuatro categorías asalariadas pasaron de representar el 50% del total en el 2000 al 60% en el 2014. Sugiere un creciente número de personas que depende de los salarios en Guatemala.
En cuarto lugar, la productividad laboral, medida por el Producto Interno Bruto real por persona ocupada, ha aumentado a una tasa similar a la del salario mínimo real, descontando la inflación, en los últimos años. Significa que a nivel agregado el salario mínimo no ha tenido un aumento excesivo, aunque requerimos más inversión para aumentar la productividad. Y la diversidad de productividades sectoriales podría justificar salarios más diferenciados por sectores, como en otros países.
Finalmente, el salario mínimo, que muchas veces es una referencia para determinar otros salarios, incluso en el sector informal —y que por ello debiera ser de interés para todos los asalariados—, ha aumentado pero modestamente. Entre el 2010 y el 2015 tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica vital aumentó en un 67%, mientras que el salario mínimo agrícola y el no-agrícola aumentaron en torno a un 40% entre ambos años. Hay una creciente brecha entre lo que cubre el salario mínimo y las necesidades básicas de la población.
En síntesis, la informalidad, el trabajo no remunerado y trabajadores sin contratos demuestran la naturaleza no regulada del mercado de trabajo en Guatemala. La proporción de asalariados está creciendo. El salario mínimo ha aumentado a una tasa similar a la de la productividad laboral, pero la proporción de la canasta básica alimentaria que cubre es cada vez menor. Formular una política de empleo debiera comenzar con un debate informado.
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/precariedad-laboral
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