Desmonopolizar IGSS: cómo destruir el legado de Arévalo

En la primera mitad del siglo XX hubo un auge en la creación de sistemas públicos de seguridad social principalmente luego de la segunda guerra mundial. A mitad de ese siglo, en Guatemala la iniciativa fue liderada por el primer presidente de la revolución de octubre, Juan José Arévalo, y así en 1946 se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. La idea del expresidente era crear una red de seguridad social de carácter público y obligatorio como un sistema de protección mínima en beneficio y con la contribución de toda la población. El problema en la concepción del expresidente Arévalo al crear el IGSS es que pensó en un instituto intrínsecamente solidario en un país profundamente egoísta.

Esto puede observarse en los recientemente surgidos movimientos libertarios radicales que llaman a desmonopolizar el IGSS, lo cual, dejando al lado el egoísmo, además de ser una contradicción legal, es una falacia conceptual, que podría caber en lo que Sartori llamadeegreism, pues arbitrariamente se clasifica al IGSS de monopolio cuando en realidad no cumple las condiciones para ser un monopolio ni nada cercano a ello, sino simplemente es una institución pública que presta servicios públicos: la seguridad social, sin que esto impida que existan más oferentes de los mismos servicios.

Ahora bien, dejando de lado estas inoportunas propuestas, resulta riesgoso también que el sector privado organizado en el CACIF y el diputado presidente de la Comisión de Previsión Social del Congreso, Luis Pedro Álvarez, realicen una propuesta de reforma de la seguridad social que aparenta ser menos radical pero que puede destruir el IGSS. En este sentido, a pesar que tanto el director ejecutivo de CACIF, como Luis Pedro Álvarez, niegan que se proponga la privatización, resulta curioso que utilizan los mismos dos argumentos que utilizó en su momento el exministro de trabajo chileno José Piñera en la época de la dictadura de Augusto Pinochet al crear el sistema de capitalización individual (que es básicamente privatización): (i) el empoderamiento de los afiliados y (ii) eliminar la obligatoriedad de cotización, y precisamente es el modelo chileno el que, según Álvarez, han estudiado para realizar la propuesta.

Tanto CACIF como el diputado Álvarez debiesen saber (o lo saben y le restan importancia a) tres cosas. Primero, que el sistema de administración de fondos de pensiones genera un enorme rechazo en la población chilena, de hecho la semana pasada más de 100 mil chilenosmarcharon en las calles contra este sistema. Segundo, que el sistema de capitalización individual chileno incide en la precarización del trabajo, pues considerando la inestabilidad laboral, ante desempleo friccional, el sistema deja al trabajador en períodos largos de desprotección. Y tercero, como lo indica Luis F. Linares, si se deja a los trabajadores decidir entre afiliarse al IGSS u optar por un seguro privado, el resultado será “que se retiren (del IGSS) los que más ganan y permanezcan los que ganan menos, más temprano que tarde quebrará o será un sistema pobre para pobres.”

Ahora bien, en este sentido el reconocido economista francés Thomas Piketty en La economía de las desigualdades desarrolla sobre la seguridad social y su necesario carácter público. Piketty argumenta certeramente que “los problemas de motivación e información que causan el racionamiento del crédito se aplican de la misma manera a cualquier mercado intertemporal y, en especial, al mercado del seguro. Esto explica por qué el mercado es incapaz de proveer correctamente los seguros sociales fundamentales, y así justifica los sistemas públicos y obligatorios de protección social”. De esta manera de ser privatizada la seguridad social no resultaría entonces en una ganancia en materia de libertad o de empoderamiento, sino que al final más bien resultaría en una explícita renuncia irrevocable a la seguridad social para los más desprotegidos pues, entre otras cosas, las imperfecciones en el mercado de seguros racionalmente implican exclusión.

Por último, es necesario considerar que las críticas más fuertes al actual sistema de seguridad social son argumentos en contra de la corrupción, y de hecho los directores del IGSS de los últimos años, desde la gestión de Luis Reyes Mayen -expresidente de CAMAGRO- y el escándalo de videos sobre supuestos favores sexuales, su sustituto Juan De Dios Rodríguez actualmente acusado de corrupción, luego sustituido por Carlos Contreras, exministro de trabajo de Otto Pérez Molina e impulsor de los salarios mínimos diferenciados, tienen acusaciones o vínculos con personas presuntamente corruptas. Sin embargo esto no implica que el sistema en su conjunto o su concepción pública sea el fallo, sino más bien las motivaciones personales y la falta de voluntad para rescatar uno de los más importantes legados de la revolución.

 

http://diariodigital.gt/2016/07/desmonopolizar-igss-destruir-legado-arevalo/

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