Este es el momento para una reforma laboral

La coyuntura parece ofrecer oportunidades sin precedentes para introducir reformas profundas al disfuncional sistema capitalista guatemalteco– un sistema cuyos resultados durante la última década se reducen a la agudización de la desigualdad y pobreza. La regulación laboral es una de las principales áreas a reformar si queremos romper con esta tendencia negativa. Urge tomar acciones para mejorar las vergonzosas condiciones de empleo de gran parte de los trabajadores, y redistribuir de manera más equitativa los beneficios de la producción. En este sentido, la reciente propuesta para fortalecer la capacidad de sanción de la Inspección General de Trabajo (IGT) es prometedora.

El escenario es único. Los principales defensores del defectuoso capitalismo chapín se encuentran a la defensiva. Buena parte de la clase política, desgastada por los tsunamis judiciales que se han originado con las investigaciones de la dupla CICIG/MP, busca congraciarse con el electorado mediante la aprobación de leyes de interés común. Por su parte, las cámaras empresariales (especialmente Industria y Agricultura), tradicionalmente opuestas a cualquier intento de regulación del mercado laboral, están priorizando otros frentes (por ejemplo, la defensa de sus agremiados acusados de ilícitos), y ven debilitada su capacidad de influencia conforme surgen nuevos escándalos que involucran a sus miembros.

Al mismo tiempo, hay dos actores que deberían confluir en la búsqueda del fortalecimiento del brazo regulatorio del Estado en el mercado laboral. Primero, está la Embajada de Estados Unidos y su interés por eliminar la competencia desleal – entendida como la reducción de costos mediante la explotación laboral – en el marco del CAFTA. Segundo, ha surgido un movimiento popular cuyos participantes son o serán, en su mayoría, parte de la fuerza laboral y se verían beneficiados si en el país se cumplieran las leyes de trabajo.

Esta correlación de fuerzas parece abrir una oportunidad para impulsar cambios de fondo a la regulación laboral. Hay indicios de que en el Ministerio de Trabajo están conscientes de ello. Como informó elPeriódico hace unos días, las autoridades del Ministerio, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentarán próximamente una polémica pero necesaria iniciativa de ley.

Dicha iniciativa dotará de capacidad sancionatoria a los inspectores de trabajo. Es decir, en forma análoga a la de un policía, un inspector o inspectora podrá imponer una multa u otra sanción directamente a un empleador o empleadora si es que observan una falta a las leyes laborales. Esto agilizará el proceso sancionatorio.

Actualmente, el proceso es sumamente lento e ineficaz: los inspectores deben documentar las faltas laborales observadas durante una inspección a un lugar de trabajo; presentar la documentación ante uno de los poquísimos jueces de trabajo del país; y finalmente el (o la) juez(a) decide la sanción. Por supuesto, dado el escaso personal en los juzgados de trabajo, así como las distintas tácticas legales para retrasar las decisiones judiciales, son muy pocas las sanciones que se imparten. Esto a pesar de los evidentes abusos a los que es sometida, día tras día, gran parte de la población ocupada.¡

Desde una perspectiva comparativa, llama la atención que esta no es la primera vez que se intenta reformar dicho proceso. Durante el gobierno del FRG (2000-2004), el entonces Ministro de Trabajo, Juan Francisco Alfaro, lideró un esfuerzo similar que buscaba transferir la responsabilidad de sanción desde los Juzgados de Trabajo hacia la IGT. Valiéndose del control que ejercía el FRG en el Congreso, de los lazos que le unían con Ríos Montt y el vicepresidente Reyes López, y del apoyo que desde entonces brindaba la Embajada de Estados Unidos, Alfaro logró la aprobación de su iniciativa en el 2001 (decreto 18-2001). Durante los siguientes dos años, la IGT incrementó notablemente tanto la imposición y recolección de multas, como el número de inspectores de trabajo.

Sin embargo, con el fin del gobierno del FRG, y la toma de posesión del pro-empresarial gobierno de la GANA, tales avances se vieron frustrados. La Corte de Constitucionalidad, respondiendo a un recurso interpuesto por el CACIF, declaró inconstitucional el decreto 18-2001. A esta decisión le siguió un parcial desmantelamiento de la IGT, y el retorno al proceso anclado en los Juzgados de Trabajo.

Dada esta historia reciente, la nueva iniciativa que surge del Ministerio, dirigido actualmente por la Ministro Ana Leticia Teleguario Sincal, ofrece no solamente un loable esfuerzo por mejorar las condiciones de la clase trabajadora, sino también un examen para evaluar cuánto, realmente, ha cambiado el panorama político del país. El FRG contaba con el control del Congreso y el apoyo de la Embajada en el 2001. Aun así, su reforma sucumbió ante las maniobras del CACIF, el desgano de la GANA, y la decisión de la cooptada CC del 2004.

¿Se repetirá la historia en el 2016? ¿O serán las transformaciones derivadas de la Primavera Guatemalteca del 2015 suficientes para promover ésta y otras reformas necesarias para enmendar al disfuncional sistema capitalista del país?

 

https://nomada.gt/este-es-el-momento-para-una-reforma-laboral/

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