Por qué rechazar la iniciativa 4849 del Congreso de la República

En forma concreta se pueden resaltar tres razones por las que no debe ser aprobada la iniciativa 4849 del Congreso de la República sobre erradicación del trabajo infantil en Guatemala:

 

  1. Se supone que el objetivo de la iniciativa es adecuar la legislación nacional con las norma internacionales de trabajo, pero desde el inicio esto se incumplió porque la recomendación 190 de OIT en el numeral I regula que los Programas de Acción que el Estado impulse para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil deben ser previamente objeto de un proceso de consulta. Esta iniciativa no fue consultada ni siquiera con la entidad rectora de la política nacional de erradicación del trabajo infantil que es la Comisión Nacional Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Adolescencia Trabajadora (CONAPETI), mucho menos con organizaciones de trabajadores, padres y niños como establece la recomendación (esta recomendación forma parte integrante del convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y si el convenio es prácticamente una ley nacional según el inciso t) del artículo 102 de la Constitución Política entonces las disposiciones de la recomendación también sería obligatorias para el Estado).

 

La pasividad de la CONAPETI y la tendencia a separarla del proceso de elaboración y aprobación de la iniciativa es algo muy grave porque la comisión es la entidad rectora de la política nacional de erradicación del trabajo infantil en el país.  En el párrafo 271 del informe de país sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado en marzo de 2016, se resalta la importancia de la CONAPETI.  Sin embargo muchos ignorar como se le ha dejado de lado en esta importante iniciativa de ley y se ignora también como el Organismo Ejecutivo, por lo menos dos ministros, han aceptado la propuesta de la Cámara Empresarial sin realizar consultas y estudios de valoración objetivos sobre su pertinencia.

 

Haber ignorado el contenido de las recomendaciones 146 y 190 de la OIT constituye un primer punto de crítica que evidencia la incoherencia de la iniciativa sobre erradicación del trabajo infantil.

 

  1. La esencia de la iniciativa se basa en prohibir el trabajo de los niños.  Hemos considerado que esto sería una política totalmente regresiva porque según la recomendación 190 de la OIT, nuevamente en la parte sobre Programa de Acción, se indica que luego de haber identificada las actividades en donde se encuentran las peores formas de trabajo infantil, acción que ya se ha realizado ampliamente en Guatemala, el siguiente paso debería ser la acción de prevenir o prohibir la contratación de niños en esa actividades.  Entonces la iniciativa es regresiva porque en lugar de prohibir que los empleadores permitan la contratación el empleo de niños se limita a prohibir la actividad económica de éstos con lo que el niño o sus padres, y no el empleador, serían los responsables de la violación de la ley. De ser aprobada así sería totalmente ineficaz porque la autoridad administrativa de trabajo no podría responsabilizar al empleador cuando contrate niños, por ejemplo, tal y como sucede actualmente en las plantaciones de café dedicadas a la exportación en donde ante estas situaciones los empleadores dicen a los inspectores de trabajo que ellos no son los responsables del trabajo de los niños porque los llevan sus padres a quienes la empresa les paga únicamente la mitad del salario mínimo por un día de trabajo y en muchos casos solo paga ese medio salario al hombre y no a la mujer ni a los niños que ayudan al padre a cumplir las esclavizantes metas de producción impuestas por el patrono.

 

El informe de la CIDH en el mismo párrafo citado anteriormente resalta como el Estado considera un logro el trabajo de Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), esta secretaría funciona principalmente sobre la base jurídica de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación del 2009.  En esa ley se reformó el Código Penal y se creó el artículo 156 “bis” que constituye una decisión de política criminal que establece  el delito de: Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad, en este delito se prohíbe o sanciona la contratación de niños y niñas en condiciones de trabajo infantil bajo las peores formas, no se prohíbe la actividad económica como pretende la iniciativa 4849.  En el Código Penal de Guatemala el empleador que realice una contratación bajo estas condiciones es culpable penalmente y puede ser condenado a cuatro años de prisión. Entonces una reforma al Código de Trabajo que no prohíba la contratación estaría siendo regresiva con relación a estos avances institucionales, en pocas palabras si la política criminal del Estado ya ha llegado a considerar como delito con pena prisión para el empleador cuando éste explote niños o niñas, entonces la política laboral no puede tener un nivel inferior exonerando de responsabilidad al empleador.

 

Finalmente en la parte en donde se prohíbe la actividad y no la contratación de niños se llega al extremo de confundir totalmente lo que es un trabajo y un crimen.  Por ejemplo indica la iniciativa que queda prohibido el trabajo de sicario a toda persona menor de 18 años asumiendo que después de esa edad podría ser un trabajo permitido.  En ese mismo sentido se regula el narcotráfico, la pornografía, la trata de personas, etc.

 

  1. La iniciativa también presenta una considerable debilidad al no haber tomado en cuenta el inciso b) del numeral 2 de la recomendación 146 de la OIT que establece que los programas de acción para la erradicación del trabajo infantil deben asegurar los niveles ingresos dignos de las familias para que éstas no tengan que recurrir a la actividad económica de los niños.  Tomando en cuenta la abundante evidencia de explotación de los adultos en diferentes sectores de la economía nacional, principalmente en el sector agrícola dedicado a la exportación en donde no se paga el salario mínimo a los adultos (párrafos 34, 88, 89 y 90 del informe de la CIDH), entonces la iniciativa debería de comprender garantías y mecanismos para sancionar a empleadores que establecen sistemas de trabajo en donde los adultos son explotados y obligados a incorporar a sus hijos y mujeres en las actividades laborales.

 

Sin garantías como estas la política y la ley de erradicación del trabajo infantil será un fracaso.  Esta valoración ha sido compartida por la mayoría de sectores sociales y no pocas instituciones, por ejemplo, las anteriores presidencias de las comisiones del Congreso de la República que se han mencionado en este análisis.

 

Alejandro Argueta

18 de marzo de 2016.

 

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