El pacto colectivo del Congreso: transa de diputados

Los pactos colectivos son acuerdos de no agresión entre trabajadores y su contraparte patronal, con el objetivo de construir un clima organizacional respirable. En ellos, también se ubican, obviamente, algunas mejoras para los trabajadores a cambio de cumplir con las normas internas de la empresa privada o pública; y, para los empresarios privados y gerentes públicos cumplir con las reglas establecidas en la normativa nacional e internacional. Sin embargo, hoy de nuevo están en la picota comunicacional debido a que los catalogan como acuerdos leoninos que favorecen a algunos laborantes. No obstante, estar demostrado que los que así se presentan, tal como el suscrito en el Congreso, es un arreglo corrupto entre diputados y algunos dirigentes sindicales del Hemiciclo donde los diputados obtienen un diezmo secreto de lo cual los diezmantes dan, intuyo, hasta un 90 por ciento de lo que nominalmente perciben a cambio de contratación y estabilidad económica, lo cual ha resultado en otra triquiñuela oportunidad de los mismos congresistas para instalar a algunos familiares, amigos o correligionarios que los han ayudado a llegar a sus puestos. Y, de parte de los dirigentes sindicales también dejar situar a algunos familiares y amigos a cambio de un diezmo o favor intra o extra institución.

 

Lo que si no se vale es que se metan en el costal de ese pacto colectivo denigrante como el del Congreso a todos los pactos colectivos de la clase trabajadora a la cual, como en el caso del Legislativo, han convertido en fiel sirviente de esa casta gansteril parlamentaria y/o de otras instituciones del Estado, pues, muchas negociaciones de esos acuerdos han costado la vida y la humillación de muchos dirigentes laborales anónimos que merecen todo nuestro respeto por las agallas que han tenido al enfrentarse a lo que se creía imposible.

 

Por eso, opino que la Procuraduría General de la Nación (PGN) no tiene competencia en estos casos pues todo pacto colectivo es un derecho gremial y de ciudadanos entre dos partes el cual no debería entramparse por acciones burocráticas. Al contrario, deben estimularse y facilitarse por el Estado para cimentar la democratización del país. Lo que sí considero con respecto a la PGN, es que fiscalice los contratos multimillonarios que realice el Estado de Guatemala con empresas transnacionales donde el país, por negociaciones oscuras que han beneficiado solo a algunos particulares, ha salido perdiendo. Incluso, su mismo territorio. Que revise los contratos pasados donde Guatemala ha perdido juicios internacionales por culpa de negociadores criollos espurios que no han tenido escrúpulos de vender o concesionar prácticamente los bienes del país a precios irrisorios o a plazos muy largos, a cambio de migajas. Y, por supuesto los que se vayan a realizar. Allí sí vale la presencia de la PGN.

 

http://elperiodico.com.gt/2016/02/12/cartas/el-pacto-colectivo-del-congreso-transa-de-diputados/

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