Guatemala y su laberinto

En un paso que hubiera sido impensable hace poco menos de un año, la Procuraduría General de la Nación (PGN) acudió ayer al Ministerio Público (MP) para presentar denuncia “contra quienes resulten responsables” de la negociación y suscripción del controvertido Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Congreso de la República y sus trabajadores.

Desde varios días antes, la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán de León, había dicho que la entidad a su cargo se encontraba realizando una investigación sobre tal asunto y el lunes hizo llegar al presidente del Legislativo, Mario Taracena, un informe en el que se concluye, entre otras cosas, que los incrementos salariales convenidos y algunos bonos son lesivos para las finanzas del Estado.

En la denuncia presentada ante el MP, la PGN explica que la solicitud de acción penal se dirige contra los funcionarios y exfuncionario del Congreso, quienes estaban obligados a sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos a los que se comprometieron y tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado.

De este modo la PGN echa más leña a la hoguera en la que, junto a las abusivas prebendas denunciadas hasta el cansancio, corren el riesgo de consumirse legítimas conquistas laborales. Típica práctica de hacer leña del árbol caído.

Pero no es solo esto. Hay una sospechosa, por no decir oportunista, intervención de una entidad que, durante más de tres años de latrocinio de mano dura, nunca alzó la voz.

Ahora viene a emprender una acción legal cuya suerte queda a merced de la correspondiente investigación del MP y, en el menos malo de los escenarios, no hace sino poner en evidencia el laberinto de la institucionalidad pública en la que se encuentra enredada Guatemala.

En efecto, el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la PGN “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales”. Es elemental preguntarse: ¿cumplió la PGN con la función de asesoría a que le obliga este artículo constitucional en el asunto que tanto le preocupa?

Uno de los problemas de la intervención de la PGN es que ella misma se rige por una ley orgánica anterior a la reforma constitucional de 1993-1994, en virtud de la cual se separaron las funciones y las instituciones del MP y la propia PGN. Es más, el Decreto 512 que rige a esta entidad en lo que corresponde, data de 1948.

Frente a ese panorama laberíntico, resulta oportuna la convocatoria hecha ayer por Iván Velásquez, titular de la Cicig (¡otra vez, la Cicig!) para un diálogo nacional dirigido a discutir un conjunto de reformas que se requieren en la institucionalidad pública, empezando por aquellas del sector de seguridad y justicia.

El escenario donde se planteó la iniciativa, respaldada por el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, no podía ser otro que el Congreso de la República, a donde se ha movido el eje gravitacional de la reforma política ante el vacío dejado por un Ejecutivo bisoño y sin proyecto.

Sea en buena hora, si de verdad es para salir de este laberinto.

http://www.s21.com.gt/editorial/2016/02/03/guatemala-laberinto

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s