Salarios diferenciados: polémica, ilegalidad y alternativas

Uno de los últimos esfuerzos de Alejandro Maldonado Aguirre, en la Presidencia, fue el impulso del proyecto para aplicar salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios, que fueron cuestionados por la falta de sustento legal y la incoherencia con el costo de vida. Sin embargo, el proyecto –que quedó en suspenso por decisión de la Corte de Constitucionalidad– no alcanzó a ser discutido en profundidad para dar lugar a la búsqueda de alternativas que mejoren la competitividad empresarial sin afectar a la clase trabajadora.

 

Uno de los últimos esfuerzos de Alejandro Maldonado Aguirre, en la Presidencia, fue el impulso del proyecto para aplicar salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios, que fueron cuestionados por la falta de sustento legal y la incoherencia con el costo de vida. Sin embargo, el proyecto –que quedó en suspenso por decisión de la Corte de Constitucionalidad– no alcanzó a ser discutido en profundidad para dar lugar a la búsqueda de alternativas que mejoren la competitividad empresarial sin afectar a la clase trabajadora.

Todos ganan. Esa era la idea de los salarios mínimos diferenciados en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, en El Progreso; Estanzuela, en Zacapa, y Masagua, en Escuintla. Los empresarios estarían interesados en invertir y desarrollar negocios en esas cuatro localidades, con el beneficio de pagar salarios más bajos a los del resto del país, y los pobladores de los municipios se verían beneficiados con la oportunidad de tener empleos formales, que tanta falta hacen.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. El salario mínimo diferenciado, de Q1 mil 954.95, es en 23 por ciento menor al pago de Q2 mil 534.15 establecido para las actividades de maquila en el resto del país, que ya resulta insuficiente para garantizar las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Eso generó un debate sobre la incoherencia de reducir los pagos, que de por sí ya son bajos.

Por otro lado se cuestionó la legalidad de la medida, ya que supondría un retroceso en los derechos laborales de los trabajadores y resultaría discriminatorio hacia la población de los cuatro municipios, lo que provocó una serie de acciones legales que llegaron hasta la máxima autoridad constitucional.

Sin embargo, la discusión entre los impulsores y detractores del proyecto no alcanzó a abordar otras alternativas que podrían conducir a encontrar incentivos empresariales, sin afectar los derechos de la clase trabajadora.

ALTERNATIVAS

Carlos Mendoza, analista de la Asociación Civil Diálogo, cuestionó que no se dieran a conocer los criterios para que el Ejecutivo aprobara el salario mínimo diferenciado. “¿Por qué esa cantidad? no menos o no más. ¿Cuál es el sustento técnico de eso? veo que algunos dicen que no está tan lejos, digamos, del costo de la Canasta Básica, pero la pregunta es ¿Cuál es el costo de la Canasta Básica en esos municipios?”, señaló.

“¿Por qué el Estado no promueve mecanismos más eficientes para abaratar el costo de la energía eléctrica, en vez de bajarle el salario a los trabajadores?”, señaló el analista, quien considera que antes de disminuir el salario mínimo, el Ejecutivo debe buscar otras alternativas en favor de la competitividad.

Alejandro Ceballos, del sector Vestuario y Textiles, está a favor de la implementación de los salarios diferenciados, pero también reconoce que hay otros costos de producción que representan una carga financiera para el sector empresarial, y que si se atienden desde la gestión pública, podrían ayudar a la competitividad.

En aspectos como la seguridad los empresarios deben invertir recursos para contar con custodios, alarmas y sistemas de protección, ante el asedio de la delincuencia común y el crimen organizado. “Hay que tener mucho cuidado en proteger a la misma gente, y de todo eso nadie se da cuenta”, señala.

“Por ejemplo mi planilla mensual de guardias de seguridad sobrepasa los 50 mil quetzales, sin contar prestaciones; eso es por todos los guardias, y hay que estar capacitándolos, porque el que tengan un arma no significa que sepan usarla, sino además tienen que aprender a defenderse”, afirmó.

Sobre la carga tributaria, reconoció que si bien hay incentivos fiscales, hay serias complicaciones con la devolución de crédito fiscal en torno al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), lo que genera dificultades a algunas empresas que requieren esos recursos para poder operar.

Sobre el precio de la energía eléctrica de Grandes Consumidores –empresas– se refirió Antonio Malouf, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), quien señaló que los costos ha descendido en los últimos años, aunque la tarifa guatemalteca es aún más alta que la de países industrializados como Estados Unidos.

“Sí ha bajado la tarifa, porque es más la cantidad de energía disponible que hay en Guatemala; si es bastante lo que ha cambiado en el sentido de energía eléctrica y ha bajado bastante en cuanto a la que teníamos hace cuatro años, eso no quiere decir que no tengamos competencia con otros países”, señaló.

El precio de este recurso, indicó que sí repercute en que se invierta en el país, pero señaló que otros factores como logística y agilidad de los puertos representan un verdadero dolor de cabeza.

“En el tema de la logística el país tiene mucha tarea, pero si podemos ofrecer costos de energía bajos, eso tiene que ser parte de toda una estrategia. Hay que salir a buscar inversiones. Pero debe ofrecer otras ventajas como certeza jurídica y alguna legislación de apoyo”, indicó Fanny de Estrada, directora de competitividad de la Agexport.

ILEGALIDADES Y ARGUMENTOS

Al margen de la polémica, analistas y expertos insisten en que la implementación de los salarios mínimos diferenciados no es una opción legal, y por ende, dejan abierta a la búsqueda de otras alternativas para la competitividad y la generación de empleos.

María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), comentó que esa institución opinó de manera desfavorable a la implementación de los salarios mínimos diferenciados desde que se lanzó la propuesta, durante la gestión de Otto Pérez Molina.

“Es permisible aplicar los salarios diferenciados, pero siempre y cuando sean superiores al salario mínimo” afirmó la abogada.

A criterio de la Procuradora, la solución para atraer inversión no son las medidas propuestas con pagar salarios bajos y cree que el Estado debería promover otro tipo “incentivos” a las empresas.

“Tiene que haber una estabilidad política en el Estado, tiene que haber una certeza jurídica y algunos otros beneficios para que las empresas se animen a instalar empresas en esas áreas y poder favorecer a los trabajadores”, afirmó.

“DUMPING”

El analista Víctor Hugo Godoy expuso en un artículo, publicado en La Hora, cómo los salarios mínimos diferenciados -de ser aprobados- crearían un “dumping laboral”, es decir, una estrategia ilegal que llevaría el costo de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.

La publicación titulada “Salarios, subvenciones y “Pacta sunt servanda” expone los argumentos del experto para cuestionar los salarios mínimos diferenciados que el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre pretende implementar en cuatro municipios.

Godoy cita artículos del DR-CAFTA (el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), que se refieren a la imposibilidad de retrotraer los beneficios alcanzados para los trabajadores.

El numeral 16.1.2 refiere que “…cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal sentido”.

Por otro lado, el numeral apunta que 16.2.2. “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el Artículo 16.8, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio”.

INCENTIVO A LA MIGRACIÓN

De acuerdo a la Dirección General de Migración, que durante 2015 se deportó vía aérea a 31 mil 443 guatemaltecos, y terrestre alcanzó las 75 mil 045 personas, en tanto en los primeros días de enero de este año ya se registran 1 mil 054 personas deportadas por ambas vías.

Pedro Pablo Solares de la Asociación Puente Norte, agregó que con esta medida no disminuirían los salarios diferenciados, basándose en tres argumentos, siendo el geográfico porque los municipios seleccionados no coinciden con la migración masiva.

Otro detalle, para el entrevistado es el aspecto étnico porque la mayoría de personas que están realizando el viaje hacia Estados Unidos pertenecen a comunidades étnicas del Altiplano del país que encuentran más comunidad en Estados Unidos, en donde ya hay grupos similares conformados.

Solares puntualizó, que el salario diferenciado no corresponde a unos $300 dólares, y el promedio que se gana en Estados Unidos es de $120 diarios, es decir unos $2 mil mensuales es poco atractivo.

CONTRARIO A DERECHOS HUMANOS

De acuerdo a la Encovi, en 2014 se estableció que 9 millones 373 mil guatemaltecos se encontraban en situación de pobreza, un equivalente al 59.3 por ciento de la población; para 2006 la pobreza no alcanzaba al 51 por ciento del país, es decir representaba a 6 millones 625 mil personas.

En 2014, los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán registraron los niveles más altos de pobreza (83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento, respectivamente).

En Guatemala la Población Económicamente Activa (PEA), asciende a más de 9.6 millones de acuerdo a resultados de 2015 presentados por el INE, asimismo, el 75.6 por ciento de los ocupados no estaban asegurados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y que destacó que el ingreso laboral promedio se ubicó en Q2 mil 129, dato inferior al registrado en 2014 de Q2 mil 207.

En tanto el ingreso laboral promedio para los no indígenas fue de Q2,463 y para los indígenas, llego a Q1 mil 332, eso quiere decir que el ingreso de los no indígenas fue 1.85 veces mayor que para los indígenas.

Alberto Brunori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), dijo que la decisión de aplicar un salario mínimo diferencia es contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por el país.
“Es una medida regresiva que incrementa la situación de vulnerabilidad de las y los trabajadores y sus familias”, indicó.

Y reiteró, en sí no existen otros medios para estimular las inversiones productivas y fomentar el empleo, que no consista solo en la implementación de los salarios diferenciados “¿No serán estos los obstáculos a la competitividad del sistema productivo guatemalteco, más que los salarios?”, aseveró.

“¿Por qué el Estado no promueve mecanismos más eficientes para abaratar el costo de la energía eléctrica, en vez de bajarle el salario a los trabajadores?”.
CARLOS MENDOZA

“Por ejemplo mi planilla mensual de guardias de seguridad sobrepasa los 50 mil quetzales, sin contar prestaciones; eso es por todos los guardias y hay que estar capacitándolos, porque el que tengan un arma no significa que sepan usarla, sino además tienen que aprender a defenderse”.
ALEJANDRO CEBALLOS VESTEX

“Sí ha bajado la tarifa, porque es más la cantidad de energía disponible que hay en Guatemala; si es bastante lo que ha cambiado en el sentido de energía eléctrica y ha bajado bastante en cuanto a la que teníamos hace cuatro años, eso no quiere decir que no tengamos competencia con otros países”.
ANTONIO MALOUF –AGEXPORT-

“Es permisible aplicar los salarios diferenciados, pero siempre y cuando sean superiores al salario mínimo”.
MARÍA EUGENIA VILLAGRÁN

http://lahora.gt/salarios-diferenciados-polemica-ilegalidad-y-alternativas/

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