Necesitamos que se acaben estas maquilas

En mi entrega anterior, planteé algunas de las razones por las cuales considero que la aprobación de la recién presentada Ley de Promoción de Inversión y Empleo (recientemente rebautizada como Ley Emergente para la Conservación del Empleo) sería un error. En esta ocasión, propongo algunas ideas más en torno al debate de esta iniciativa.

Argumentaba que el problema de la propuesta de ley no sólo radica en el costo fiscal (regresivo) que representará para el raquítico Estado guatemalteco,[1] ni en las magras posibilidades que ofrece para atraer inversiones de calidad. Un problema adicional –y a mi entender, fundamental– es que el objetivo implícito de la ley propuesta no es promover el desarrollo mediante la “creación destructiva” que describe Schumpeter. El fin es, más bien, extender la agonía de una industria maquilera que, a pesar de haber contado con privilegios fiscales por casi cuarenta años, no ha logrado reinventarse para competir en un mercado mundial cambiante.

En respuesta a mi texto, mi colega Lisardo Bolaños Fletes escribió una columnaen Plaza Pública en la cual disentía con algunas de mis ideas. Agradezco a Lisardo la invitación al debate, y a continuación espero responder a la mayoría de sus argumentos. Dichos argumentos, a mi entender, se dividen en dos partes: por un lado, está la descripción de la industria de la maquila y su evolución histórica; y por otro, la visión del desarrollo del país a largo plazo.

En cuanto a la descripción de la industria, Lisardo empieza por cuestionar mi afirmación de que Guatemala ha sido, o es, un país maquilero, indicando que “nunca llegó a superar… el 3% de la población económicamente activa”. Sin embargo, la importancia de una industria no depende solamente del tamaño de su fuerza laboral, sino también del valor de su producción y exportaciones.[2] Y en el caso de la maquila, durante su época dorada a mediados de la década del 2000, sus exportaciones representaban más de un tercio de las exportaciones totales del país (superando al café y el azúcar), y más de la mitad de las exportaciones de manufactura. Durante estos años, la industria contribuía, además, alrededor de un cuarto de la producción total manufacturera.[3] Con estos datos, resulta difícil concluir que Guatemala no es, ni jamás ha sido, un país maquilero.

Lisardo cuestiona también la afirmación de que la industria ha sido incapaz de reinventarse para mantener su ventaja competitiva. Arguye que al interior de la industria se ha dado “una evolución hacia el concepto de paquete completo…” Pero este argumento nuevamente esconde información necesaria para un análisis riguroso, pues el paquete completo ha sido parte de la producción maquilera guatemalteca (y de la mayoría de los demás países maquileros de la Cuenca del Caribe) desde hace al menos diez años. Incluso recuerdo haber visitado, como parte de una investigación que realicé junto con Pipkin en el 2005, cursos organizados por Vestex enfocados en el paquete completo, y maquilas como Koramsa, que se presentaban como modelo de este modo de organización del proceso productivo. El hecho de que, diez años más tarde, Lisardo presente al paquete completo como ejemplo de los avances de la industria refleja lo poco que se ha modernizado la maquila en Guatemala, a pesar de haber contado con el continuo apoyo financiero de las exenciones fiscales.

Lisardo también expresa dudas sobre mi visión de desarrollo para el país, en la cual abogo por un proceso consistente con la idea de la creación destructiva. La faceta destructiva del proceso que propongo pondría fin a los beneficios fiscales que mantienen con vida a la agonizante industria maquilera actual. Lisardo adopta una postura contraria. Sugiere que el país requiere de más maquilas como las actuales, pues según sus estudios, la mayoría de los comerciantes informales del país estarían dispuestos a dejar sus negocios actuales por trabajos con salarios similares a los de “las maquilas más productivas del país…” Este razonamiento tiene al menos dos problemas.

Primero, la calidad del empleo de la maquila deja mucho que desear. Y no sólo me refiero a la gran intensidad del trabajo de maquila –una dimensión que no menciona Lisardo y que probablemente afectaría las conclusiones de su estudio con los comerciantes informales. También estoy hablando de los salarios y beneficios laborales. Como lo reconoce el mismo Lisardo, la maquila incorpora mucho empleo subcontratado no inscrito en el IGSS; y es incapaz de pagar el salario mínimo (diferenciados para la maquila, y menor que los salarios mínimos agrícola y no agrícola) si es que ha de seguir siendo competitiva.[4]Pero, ¿cómo va a ser positiva para el desarrollo una industria que no sólo no paga buena parte de los impuestos que le corresponden, sino que además se esmera en bajar salarios, reducir beneficios y alargar las jornadas laborales?

El segundo problema con la línea de argumentación de Lisardo es que, aunque quisiéramos más maquilas, ningún privilegio fiscal va a impedir su inexorable decadencia, al menos en la forma actual de la industrial maquilera. ¿Por qué digo esto? Porque los privilegios fiscales son útiles principalmente para industrias que buscan competir a base de bajos costos de producción. Pero está muy claro que la maquila guatemalteca ya no es capaz de compararse con otros países cuyos costos de producción son mucho menores. No es coincidencia que, entre 2004 y 2014, la producción de vestuario y textiles como porcentaje del PIB se haya reducido casi a la mitad, y su proporción de las exportaciones totales del país haya bajado del 35% al 14%.[5]

Y entonces, ¿qué hacemos? Esta es la pregunta que me lanzaba Alejandro Ceballos, uno de los líderes de la industria de la maquila. A mi parecer, hay dos opciones. La primera se centraría en reemplazar la agotada industrial maquilera actual por una industria de maquila capaz de desarrollar sus propios diseños y marcas, y generar empleos de mayor calidad. Tal industria probablemente comenzaría por conquistar los mercados regionales antes de expandirse a otras áreas del mundo.

La segunda opción es aceptar que nos encontramos frente al ocaso de la industria de la maquila del país, y que debemos buscar nuevas industrias. A fin de cuentas, la maquila siempre ha sido concebida simplemente como una etapa en el proceso de desarrollo a largo plazo. En la nueva etapa de desarrollo, el país aprovecharía el legado que le ha dejado la etapa de la maquila. Dicho legado incluye a una fuerza laboral acostumbrada al régimen industrial y con cierto nivel de capacitación; una experiencia de organización colectiva, liderada por Vestex, sumamente exitosa; y una generación de experimentados empresarios –entre los que se incluye el mismo Ceballos– con un vasto conocimiento de la producción manufacturera para la exportación. Estos son recursos invaluables que el país debe utilizar para promover un nuevo proceso de transformación industrial consistente con la creación destructiva.

Ambas opciones –la innovadora maquila de mayor valor agregado o la transformación hacia nuevas industrias– requerirían de una agresiva política industrial, liderada por el Estado. Y ninguna de las dos dependería de la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, una ley profundamente conservadora, útil solamente para un grupo de empresarios que se resiste al cambio, e incompatible con el desarrollo.

 

[1] Este argumento se vio reforzado por las recientes declaraciones del Ministro de Economía, quien indicó que “Los impuestos que generan las personas que trabajan en el sector de vestuario son mucho mayores que los que las empresas dejan de pagar de ISR”.

[2] Por cierto, dados los datos que presenta Lisardo, cabe preguntar por qué los maquileros que promueven la propuesta de ley la defienden con base en la gran cantidad de empleos que supuestamente se perderán si no se aprueba.

[3] Cálculos propios con datos del Banguat.

[4] Por esta razón, es en este sector donde se originan descabelladas propuestas salariales como los salarios mínimos por productividad, o los salarios diferenciados por región.

[5] Cálculos propios con datos del Banguat.

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Alberto Fuentes
/Latinoamericano, estudiante del desarrollo social y económico de los países del Sur. Realizo investigaciones sobre el sector empresarial y sus relaciones con el Estado, la sociedad civil y, especialmente, l@s trabajadores.

 

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