¿Queremos seguir siendo un país maquilero?

Uno de los grandes temas que el Legislativo deberá abordar antes del fin de año es la denominada Ley de Promoción de Inversión y Empleo. Dicha propuesta de ley contiene una agresiva expansión de los privilegios fiscales –tradicionalmente restringidos, al menos en teoría, a la industria de maquila– hacia un amplio sector empresarial del país.

Sus promotores la presentan como la única forma de actualizar las leyes existentes (decretos 29-89 y 65-89) para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con la Organización Mundial de Comercio. Señalan también que esta ley es fundamental para poder competir con países vecinos en la atracción de inversiones, pues todos han aprobado leyes similares. Por último, advierten que –de no aprobarse– el país, y la industria de la maquila específicamente, corren el riesgo de perder hasta 80 mil empleos. Pero, ¿qué tan válidos son estos argumentos? A mi juicio, esta ley traerá efectos totalmente opuestos a los que manifiestan sus defensores. Es decir, más que promover la inversión y el empleo, la ley obstaculizará el desarrollo, ahogará la vocación emprendedora del empresariado guatemalteco, y reducirá aún más los limitadísimos ingresos del Estado.

Por supuesto, no soy el único, ni el primero, que cuestiona esta propuesta de ley. Por un lado, están aquellos cuyos argumentos se enfocan en el costo que representaría para el Estado. Como explican, al conceder exenciones fiscales de distinta índole a diversas empresas, el Estado deja de recolectar recursos por concepto de impuestos –recursos que se podrían utilizar para financiar servicios públicos que, en muchos casos, son indispensables para el desarrollo empresarial. Dicho sacrificio fiscal es, además, regresivo, pues quienes se benefician de las exenciones son normalmente los miembros más acaudalados de la sociedad: aquéllos con el capital necesario para cumplir con los elevados requisitos mínimos de inversión contemplados en la ley.

Por otro lado, están los argumentos que rebaten la efectividad de dicha ley para atraer inversiones de calidad. Como indicaba Ricardo Barrientos hace algún tiempo, no se trata solamente de atraer cualquier tipo de inversión. El objetivo debería ser atraer inversiones que promuevan mejoras tecnológicas, producción de mayor valor agregado, y empleos dignos. Pero una ley que solamente otorga privilegios fiscales no atraerá a las empresas que requieren mano de obra calificada, o relaciones cercanas con centros de investigación y desarrollo, sino a aquellas cuyo único objetivo es reducir sus costos. Atraerá, en pocas palabras, a empresas golondrinas con muy poco interés en el desarrollo del país.

Pero, más allá del gasto fiscal que involucra, o del tipo de inversión que puede atraer, existe una tercera crítica de esta propuesta de ley que se resume en una pregunta: ¿queremos seguir siendo, eternamente, un país maquilero? Porque el principal objetivo de esta propuesta de ley, como lo han dejado claro sus defensores, es salvar a la industria de la maquila. Es un objetivo que comparte el presidente electo, Jimmy Morales, como lo indicó en su reciente entrevistacon Nómada.

El problema, a mi entender, es que el desarrollo económico que todos deseamos no se logra mediante leyes que, con privilegios fiscales, extienden la vida de industrias en decadencia. Y es que hay que reconocerlo: la maquila en Guatemala es una industria que, a pesar de haber contado, por décadas, con una amplia gama de privilegios fiscales y subsidios disfrazados, ha visto menguar su poder de mercado durante los últimos años. Es una industria que, a pesar del enorme gasto fiscal que ha representado para el país, no ha sido capaz de reinventarse para competir de manera más efectiva; y que ahora busca, mediante nuevos privilegios fiscales, sobrevivir.

Pero la supervivencia de una industria en decadencia, por más que genere miles de empleos, no es equivalente a desarrollo económico. El desarrollo económico implica, antes que nada, una revolución incesante en las estructuras productivas de un país. Involucra la continua destrucción de las viejas y obsoletas industrias y formas de producción, y su sustitución por nuevas alternativas más eficientes y productivas. La idea se resume en el concepto de la “creación destructiva”, acuñado por el economista de la escuela austriaca, Joseph Schumpeter. Es a través de esta reinvención e innovación constante que se generan mayores ingresos, mejores empleos y crecimiento económico.

Evaluada desde el marco de la creación destructiva, la propuesta de ley falla no solamente al intentar salvar a una industria en decadencia mediante la concesión de mayores privilegios fiscales, sino también, como he indicado antes, al no hacer nada por promover el desarrollo de nuevas y mejores alternativas. Estas alternativas requieren de inversiones en educación, en infraestructura, en programas de investigación y desarrollo, y en apoyo a los emprendedores. Requieren, en pocas palabras, no de una nueva ronda de privilegios fiscales, sino de una política industrial robusta, sustentada por un Estado con recursos. Pero dicha política industrial brilla por su ausencia entre las prioridades del raquítico Estado de Guatemala (que sería aún más raquítico si se aprueba esta propuesta de ley), y su inexistencia condena a muchos de nuestros emprendedores al fracaso.

Por ello es que, a fin de cuentas, regresamos a la misma pregunta: ¿queremos que Guatemala sea por siempre un país maquilero? ¿O apostamos por el proceso de transformación incesante que es inherente al desarrollo económico? Quienes apoyan la citada propuesta de ley y nos chantajean con la amenaza de que se perderán 80 mil empleos han optado abiertamente por la primera opción. Son la coalición anti-desarrollo. Por nuestra parte, quienes creemos en el crecimiento económico producido por la innovación y el emprendimiento, sabemos que la maquila fue concebida simplemente como una etapa en el proceso de desarrollo del país; una etapa cuyo ocaso se aproxima. En este contexto, le debemos decir NO a una propuesta que debería llevar por nombre no Ley de Promoción de Inversión y Empleo, sino Ley de Estancamiento y Privilegios.

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