Incentivos fiscales a las maquilas: Tres diputados y un conflicto de intereses

Incentivos fiscales a las maquilas

Tres diputados y un conflicto de intereses

Un nuevo intento por prolongar los incentivos fiscales a las maquilas puede representar un conflicto de intereses para los diputados Jesús Antonio Ralda Sarg y Juan Carlos Rivera Estevez; así como al exdiputado César Augusto del Águila. Ellos son dueños de empresas que ya están bajo el régimen de maquilas y abogan por que se renueve.

Los privilegios fiscales a las maquilas han sido parte de la política pública de Guatemala desde 1989, con los decretos 65-89 y 29-89 que crearon las zonas francas en el país y regularon los incentivos fiscales de los que siguen gozando 1,057 empresas. Estos decretos incluyen las exoneraciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la importación de materiales para su manufactura por periodos, y porcentajes escalonados, que van desde los diez años en exoneraciones totales del ISR e IVA; los incentivos contenidos en estas ley han sido utilizados compañías cuya definición en la ley de maquilas incluye desde empresas agroindustriales y de procesamiento de materiales hasta las más tradicionales de manufactura de textiles. Políticos y empresarios por igual, en ocasiones políticos que además son empresarios, han esgrimido el argumento de que sólo con estos incentivos se garantizan los empleos del sector maquilero.

El tiempo para continuar gozando de estas ventajas, sin embargo, está por acabar el 31 de diciembre de 2015, y el lobby del sector manufacturero ha movido sus piezas por una renovación de estos privilegios.

Al menos cuatro diputados —uno ya retirado— durante esta legislatura se ven comprometidos en un posible conflicto de interés al tener participación en empresas que beneficían por una prórroga de estos privilegios. Los diputados son Jesús Antonio Ralda Sarg (antes oficialista y ahora diputado independiente) y Juan Carlos Rivera Estevez (antes del partido Victoria y ahora con Lider); así como al exdiputado César Augusto del Águila (electo por la Unidad Nacional de la Esperanza como suplente del diputado Roberto Alejos, y quién durante 2014 lo reemplazó en el partido Todos). Estos congresistas cuentan con nexos a empresas registradas por el Ministerio de Economía que gozan de los privilegios fiscales dedicados al sector maquilero, de esto también da cuenta un reporte de la Superintendencia de Administración Tributaria sobre compañías exentas de algunos tributos.

Ante el vencimiento en 2004 de estos incentivos, y las obligaciones adquiridas por el Estado de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) de no renovar esta política de reducción de impuestos para fomentar las exportaciones, la alternativa fue crear una nueva iniciativa. La solución de varios legisladores oficialistas y de oposición ha sido extender esos privilegios a otros sectores y buscar que todos lossectores productivos favorecidos estén contentos. Eso pese a que el peligro de un déficit fiscal fue advertido por diferentes administraciones del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quienes han señalado el riesgo para los ingresos del Estado. Un impacto estimado en la falta de Q1 mil millones al año según el más reciente estudio de la SAT en 2009. La salida que eligió Guatemala es proponer reformas que ampliarían estas exoneraciones a otros sectores, no sólo a los exportadores, con lo cual intentarían evitar la sanción de la OMC.

Según los datos del Ministerio de Economía (Mineco), 1,057 empresas (registradas a marzo 2015) podrían acogerse a los beneficios de la nueva iniciativa En el listado del Mineco de entidades exentas de impuestos en diferentes rubros publicado por la SAT, se incluye a 30,289 empresas. Cruzando ambos registros con las compañías, destacan las empresas relacionadas con los congresistas de esta legislatura: Jesús Antonio Ralda Sarg y Juan Carlos Rivera Estevez; y del exdiputado César Augusto del Águila, quien reemplazó al congresista Roberto Alejos durante casi un año.

César Augusto del Águila López con iniciativa y con empresa

Es el primero de los congresistas en figurar con empresas beneficiadas con los incentivos a maquilas (y que podrían acogerse a los nuevos incentivos proyectados). Del Águila fue diputado al Congreso de la República durante el período 2008-2012 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y fue reelecto como suplente en la actual legislatura (2012-2016). Al retirarse del Congreso el diputado Roberto Alejos, en un inicio en la UNE y ahora en el partido Todos, para contemplar su candidatura presidencial, Del Águila lo sustituyó entre el 14 de enero de 2014 al 17 de octubre de 2014, lapso en el que cabildeó por la iniciativa del Ejecutivo que daba continuidad a esta política.

Del Águila fue gerente general y representante legal de la empresa Petro Materiales, Sociedad Anónima, en 1988, con estatus vigente según datos del Registro Mercantil. Petro Materiales se encuentra dentro de las empresas acogidas al decreto 65-89 de zonas francas.

Entre las empresas relacionadas con Petro Materiales S.A. se encuentra Pisos del Águila S.A., las cuales comparten dos de sus representantes legales: Arturo Eduardo Matheu Bernickel y Carlos Arturo Matheu Willemsen. Estas empresas además registran la misma dirección: Diagonal 6, 10-01 zona 10, oficina 901 Las Margaritas Torre II, Nivel 9. Además forman parte de un mismo conglomerado de Petro Materiales. Pisos del Águila es una empresa dedicada a la venta de material para el revestimiento de pisos y paredes con al menos 33 distribuidores en todo el país, y con presencia en El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Pisos del Águila reporta ventas (sin concurso) por Q5,654,365.38 al Estado entre 2005 y 2013,  y por concurso por  Q 1,010,505.03 entre 2010 y 2015, para un total de Q6,664,870.41.

Para Del Águila, el tema de las exoneraciones fiscales con dedicatoria a la industria maquilera no es nuevo. El 26 de noviembre de 2008, durante su anterior periodo como legislador fue parte de la comisión de Economía y Comercio Exterior que dio dictamen a la iniciativa 3858 “Ley de zonas francas”, un intento por prorrogar estas exoneraciones. Este proyecto de ley llegó a ser aprobado en segunda lectura, pero fue archivado antes de que concluyera la legislatura.

Entre los beneficios contemplados en el proyecto 3858 se encontraba la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las utilidades de los operadores en zonas francas por 10 años, exoneración del ISR sobre utilidades provenientes de arrendamiento de inmuebles,  exención total de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicados a la importación de maquinaria, equipo y materiales de construcción, exención al Impuesto de Solidaridad (ISO), exención al IVA en la compra o arrendamiento de inmuebles… Entre muchas otras consideraciones que luego se verían repetidas en las iniciativas que impulsaría en este período el ministro de Economía, Sergio de la Torre, o la bancada del Partido Patriota; y ahora el partido Lider.

Sobre todas estas relaciones se intentó consultar con Del Águila a su teléfono personal y en las oficinas de pisos del Águila, en sus oficinas se negó todo contacto con él.

Una larga historia de privilegios

Los incentivos fiscales para la maquilas datan de 1989 cuando se aprobó el decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que tenía como objetivo “promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la producción de mercancías con destino a países fuera del área centroamericana, así como regular el funcionamiento de la actividad exportadora o de maquila”, así como tras la ratificación de la Ley de Zonas Francas 65-89.

Sin embargo, tras la incorporación de Guatemala a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 21 de julio de 1995, el Estado adquirió el compromiso de eliminar de manera gradual estas exoneraciones consideras como una subvención prohibida por la OMC. El 30 de junio de 2010 el país presentó un plan para cumplir con esa obligación, y ofreció que a más tardar el 30 de junio de 2014, el Ministerio de Economía informaría de la ruta legislativa para aprobar la nueva normativa. Sin embargo, esta ruta nunca llegó.

El compromiso también incluía  informar, para el 31 de diciembre de 2014, sobre la nueva legislación para cumplir con al organismo internacional.

El titular del Mineco, Sergio de la Torre, cumplió con lo pactado. De la Torre, al igual que el comisionado nacional de Competitividad, Juan Carlos Paiz, cabildearon por la aprobación de una nueva normativa. Un proyecto de ley, sin embargo, que en lugar de eliminar los privilegios los extendía. Además de sus buenos oficios por el sector maquilero, del cual De la Torre y Paiz forman parte y del cual han sido directivos en gremiales, ambos tienen intereses en empresas ya beneficiadas por las exoneraciones fiscales y que podrían acogerse a nuevos privilegios tributarios de aprobarse la iniciativa presentada en 2014.

El reloj sigue corriendo para Guatemala, según el plan de trabajo del país se tiene hasta el 31 de diciembre de 2015 para informar de la eliminación de las subvenciones. La eliminación total de estas subvenciones, sin embargo, no parece ser el camino preferido en las iniciativas de ley presentadas tanto por el Ejecutivo (4644), o en una nueva versión del diputado oficialista Partido Patriota, en ese momento Jesús Antonio Ralda Sarg (4894), o del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Lider), 4948, luego modificada para equipararla más a la oficialista. La alternativa de todas estas propuestas se ha caracterizado por extender los privilegios.

En esta decisión, el lobby del sector industrial maquilero se ha visto representado por laCámara de la Industria, y la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) que presentaron sus alegatos a favor en la comisión de Economía del Congreso que conoció el proyecto de ley. Algo en lo que ha incidido el hecho de que el Ministro De La Torre haya presidido esas entidades en el pasado. La única organización gremial que se ha opuesto desde el principio a prolongar estos incentivos ha sido la Cámara del Comercio, la cual agrupa a los importadores, un sector no beneficiado por estas exoneraciones, y cuyo presidente Jorge Briz, ha manifestado su oposición. Debido al sistema de rotaciones dentro del patronal del Cacif, que reúne a los principales grupos empresariales del país, Briz ahora ocupa la presidencia del Cacif.

Jesús Antonio Ralda Sarg y sus seis empresas

Luego de que fracasara el impulso del Ejecutivo de la iniciativa de ley 4644, a través del ministro de Economía Sergio de la Torre, la estrategia fue consensuar una iniciativa que reuniera el apoyo de las principales fuerzas políticas. El diputado Ralda, en entrevista con Plaza Pública, dijo que el consenso alrededor de su proyecto de ley se logró a finales de 2014 con la iniciativa 4894, al juntar los intereses de los bloques opositores de Lider y de la UNE.

La UNE, reticente a prolongar de manera indefinida estos privilegios, pero consciente según su misma secretaria general, Sandra Torres, “de la necesidad” de mantenerlo, había propuesto, entre otras enmiendas, mayores regulaciones en los requisitos para que una empresa pueda ser admitida en este régimen. Pero el consenso se cayó ante la disputa por el protagonismo entre Lider y PP por la autoría de la ley.

En este intento por dar una salida a una iniciativa hundida en la lucha por la paternidadde la ley, entre el partido oficial y el opositor bloque de Lider; surgió un congresista con nexos familiares y empresariales con al menos seis empresas beneficiadas de exoneraciones fiscales: Jesús Antonio Ralda Sarg.

Tras la Segunda Guerra Mundial el patriarca de la familia Ralda, Manuel Ralda Ochoa adquirió la plantación de hule “Entre Ríos”. El cultivo y aprovisionamiento del hule estaba en su apogeo en el mercado mundial y pronto el producto encontró una demanda. El hijo de Ralda Ochoa, Carlos Conrado Ralda González continuó con las empresas familiares. Esta vez desde la creación de un conglomerado de empresas llamado Grupo Entre Ríos. Los hijos de Ralda González son: Jesús Antonio Ralda Sarg (diputado por el departamento de Retalhuleu donde se encuentran asentadas las empresas del grupo), y los directivos de empresas dedicadas a la explotación y procesamiento de hule, Francisco José Ralda Sarg, Carlos Enrique Ralda Sarg y Manuel Lisandro Ralda Sarg.

El Grupo Entre Ríos está formado por las siguientes empresas: Entre Ríos S.A., Entre Ríos Sustainable Woods S.A., Entre Ríos Elastics S.A. y Entre Ríos Traiding Corp y Entre Ríos Consulting Group, estas últimas dos con sede en Panamá, y finalmente Entre Ríos Colombia S.A., afincada en ese país sudamericano.

La primera de estas empresas, Entre Ríos S.A., tiene los privilegios fiscales de maquilas vigentes desde el 01 de julio de 2008, según reportes del Ministerio de Economía (Mineco),  su representante legal es  Francisco José Ralda Sarg; uno de los hermanos del Congresista.  Francisco José fue además electo como Presidente del Consejo de Administración de Entre Ríos S.A. el 27 de mayo de 2014 por un periodo de tres años; su padre Carlos Conrado Ralda González fue electo dos días después como vicepresidente del Consejo de Administración también por tres años. Con anterioridad Manuel Lisandro Ralda Sarg había sido director del Consejo de Administración.

La empresa Entre Ríos Sustainable Woods S.A. también se encuentra acogida al régimen de maquilas desde el 18 de abril de 2008, según resolución del Mineco. En esta empresa Carlos Enrique Ralda Sarg, otro hermano del congresista, es el representante legal. Esta división del Grupo Entre Ríos se encargada de la gestión de las plantaciones de hule que alimentan la fábrica de procesamiento.

A estas dos empresas se suma otra compañía parte de la cadena de producción del grupo. Hevea Rubber Theread S.A., también nombrada Elásticos de Latex, la cual goza de los privilegios fiscales desde el 27 de agosto de 2008, según resolución del Mineco. La dirección de esta empresa es el km 7.5 carretera a la Máquina, Finca Entre Ríos, Cuyotenango, Suchitepéquez. Y su representante legal, Carlos Enrique Ralda Sarg, y como asesor de la compañía registrado ante el Mineco, Edgar Reyes Rivera.

Hevea Rubber Theread S.A. es publicitada como una división con la cual “Entre Ríos incursiona en la fabricación de productos industriales de hule natural”, cita la página web de la compañía, la cual presume de ser una “planta única en su tipo en América Latina gozando de grandes ventajas competitivas”.

A esta tercera empresa se liga una cuarta. Elástomeros Equitativos S.A., la cual cuenta con una resolución para acogerse a los incentivos fiscales a las maquilas desde el 8 de abril de 2014.  Y tiene como representante legal a Pedro Manuel Lezama Quinteros.  Elástomeros Equitativos S.A. fue fundada en 1997 y afirma contar con “miembros de la Familia Ralda en tercera y cuarta generación” entre sus directivos.

Dentro de Elástomeros Equitativos S.A. hay además una división encargada exclusivamente del área de plantaciones, su nombre es Plantaciones Minar S.A. y también cuenta con exoneraciones fiscales, en este caso desde el 21 de mayo de 2012. Su representante legal es Víctor Manuel Antonio Quinteros Rosales, el cual a su vez también es uno de los cuatro representantes legales inscritos de Entre Ríos S.A.  Plantaciones Minar, S.A., ha administrado según información de Elastomeros Equitativos S.A. 550 hectáreas desde 1990, “y concluirá una estrategia de siembra de 810 hectáreas más en los próximos 5 años”.

A lo anterior se suma otra empresa creada por los fundadores de Elástomeros Equitativos S.A. en 1994, Pica de Hule Natural S.A. que también cuenta con privilegios fiscales a partir del 28 de septiembre de 1995,  y cuyo representante es Joachim Gunther Lottman Menecke. Con lo anterior suman seis las empresas relacionadas con el diputado que se evitan pagar impuestos.

Sin embargo, el diputado Jesús Antonio Ralda Sarg dice no ver ningún conflicto de interés, afirma promueve la iniciativa como parte de sus tareas de presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso. Asegura que ha mantenido separadas sus tareas de congresista de los intereses de su familia en el sector maquilero agroindustrial. El congresista fue Presidente del Consejo de Administración de Entre Ríos S.A. entre 1990 y 1997. Además fue mandatario de esta misma empresa hasta 2007.

Respecto a su intención de revivir, el año pasado, una iniciativa hundida, Ralda asegura que es por “el interés en un sector productivo del país, ¿usted sería responsable de la pérdida de 80 mil empleos en el país?, hay otros países en la región que ya han renovado estos incentivos y no habrá nada que los detenga para tomar sus cosas e irse”. Para el congresista, quien repite los argumentos del ministro de Economía de la Torre, también con una empresa beneficiada con estos incentivos, prorrogar estos privilegios fiscales es la única forma de retener las inversiones.

Respecto a esa posible pérdida de empleos se le recuerda al diputado que no hay ningún estudio desde la creación de la ley en 1989 que vincule una cantidad determinada de empleos con el mantenimiento de estas exoneraciones. Para el congresista, dice, “no se puede tomar ese riesgo”.

Juan Carlos Rivera Estevez y la agropecuaria

Dentro de las filas del partido Lider también hay un congresista con conflicto de intereses. Es el menor de la dinastía Rivera, Juan Carlos Rivera Estevez, hermano del exalcalde de Mixco y exdiputado Amílcar Rivera Estevez, e hijo del también exalcalde de Mixco y exdiputado, Edgar Abraham Rivera Sagastume.

La empresa vinculada a Juan Carlos Rivera Estévez es Agropecuaria Jocayal S.A., abreviada como Jocasa,  se dedica a la “producción de látex natural y todas las demás actividades conexas”, según detalla su registro en Mineco. Su entrada al régimen de maquilas se produjo el 4 de febrero de 2013 (ya durante la gestión de Rivera como congresista).

El representante legal de esta empresa es Raúl Rafael Antonio Rivera Córdova, otro integrante de la familia Rivera, quien fue además el Presidente del Consejo de Administración antes del diputado Juan Carlos Rivera Estévez, hermano del representante legal, Juan Carlos Rodolfo Francisco Rivera Córdova. Jocayal S.A. fue registrada en 1990 a nombre de los esposos Juan Córdova Cerna, de 90 años, y María Teresa Lobos Alvarado de Córdova, de 91 años.

El tiempo ha sido favorable para esta empresa que fue creada con un capital autorizado de Q611 mil y cuya última autorización de aumento de capital suma Q10 millones 175 mil. Al ser consultado el diputado Rivera Estévez sobre esta empresa, declinó dar cualquier comentario argumentando que no está autorizado para brindar información, y que la directriz es remitir cualquier cuestionamiento al jefe de bloque de Lider, Roberto Villate.

Por su parte Villate dijo desconocer el caso de Rivera y la empresa que podría beneficiarse de la prórroga en las exenciones fiscales que promueve la iniciativa de ley que ellos proponen en la misma línea del Ejecutivo. Al ser consultado el jefe de bancada si existía algún lineamiento para los congresistas con posibles conflictos interés para no ejercer su voto en casos que los comprometan, Villate admitió que no se ha contemplado.

Para el dirigente de la bancada roja esta iniciativa sigue siendo de interés del partido Lider, pero por ahora no hay un consenso entre los partidos para impulsarla. Con las recientes adquisiciones, el bloque de Lider suma 63 diputados, incluyendo al Presidente del Organismo Legislativo, Luis Rabbé, quien recién se incorporó a ese partido.

El inicio de la campaña electoral ha supuesto una  señal de alto a los distintos proyectos de ley que buscan dar nueva vida a los privilegios fiscales para el sector maquilero. Sin embargo, ni conflictos de interés de los congresistas, ni de ministros como el de Economía, ni siquiera el riesgo de representar una merma mayor en los ingresos tributarios al ampliar el alcance de los amparados detiene a las agrupaciones políticas en su empeño por garantizar estos incentivos.

*Este reportaje fue realizado con asesoría y apoyo financiero de la Plataforma Periodísitca de las Américas, Connectas.

http://www.plazapublica.com.gt/content/tres-diputados-y-un-conflicto-de-intereses

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