Disfraz laboral

Byron Barrera Ortiz

byronbarrera@gmail.com

El Estado de Guatemala pierde 98 de cada 100 demandas de tipo laboral por reclamo de prestaciones de quienes han sido contratados en el renglón 029 y se les ha rescindido el contrato, lo cual genera pérdidas millonarias de fondos públicos. Esto lo dice un reportaje del diario Siglo.21, describiendo un problema que ha vuelto disfuncional al Estado. Para el empleado público este viacrucis se da cada cuatro años, pues los cambios de gobierno son como un vendaval cuando entran las huestes del nuevo partido que gana las elecciones.

En épocas no tan lejanas se inventó el renglón 029. A propuesta de entidades financieras internacionales se empezó a mal utilizar el concepto y a sacarle provecho. Hoy todo el mundo quiere contratar trabajadores y empleados públicos bajo este renglón: el Gobierno, las universidades, las municipalidades, los bancos, las portuarias. Desde profesionales hasta conserjes.

No obstante establecer relaciones de dependencia, en este tipo de contrato se evaden prestaciones importantes como son la jubilación por vejez o incapacidad, atención médica y hospitalaria, vacaciones, suspensión por enfermedad o accidente, indemnización por despido injustificado, Bono 14 y aguinaldo.

Miles de trabajadores sienten los efectos negativos de que se les nieguen estos derechos al ser contratados por pago contra factura por servicios profesionales en el sector privado y público, bajo los famosos renglones 029 o 189. Estos contratos, además de perjudicar gravemente el interés de los trabajadores, también producen un problema de reducción de productividad en el sentido de que los trabajadores sometidos a este fraude tienden a profundizar una falta de pertenencia a la empresa o institución, con la consiguiente disminución de su rendimiento en el trabajo, su responsabilidad y su interés en la capacitación.

El Estado ha sido uno de los principales promotores de este fraude legal al disfrazar relaciones de trabajo a través de la contratación de servicios técnicos o profesionales. El contratado por estos renglones es un empleado público que presta “servicios profesionales o técnicos”, no recibe prestaciones laborales, tiene que entregar una factura por los honorarios que recibe, su trabajo es temporal y puede ser despedido en cualquier momento por cualquier motivo. Eso sí, en este tipo de contratos se obliga al trabajador a realizar la declaración del IVA y pagar el Impuesto Sobre la Renta, lo cual disminuye su salario real.

Desafortunadamente, tanto el derecho del trabajo como el sindicalismo de antaño casi han desaparecido, para dar lugar a una total indefensión de los derechos del trabajador. Esa misma situación ha llevado al Estado a ser ineficiente, mediocre, y a las instituciones, a no cumplir eficazmente con sus funciones y objetivos. Es sumamente importante corregir esta monstruosidad mediante una nueva Ley de Servicio Civil, como parte de una restructuración que fortalezca la funcionalidad y la eficiencia del Estado, respetando los derechos sociales de sus empleados.

http://www.s21.com.gt/mirada-buho/2015/04/13/disfraz-laboral

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