Esos salarios de hambre

Gustavo Berganza

Esos salarios de hambre

La ONU se sumó el martes al Procurador de los Derechos Humanos en la condena a los salarios mínimos menores que este régimen y el sector privado impulsan en cuatro municipios. 

Foto: Santiago Billy/Diario Digital

Sabemos que desde que llegó Otto Pérez Molina a la Presidencia, hemos experimentado un retroceso en indicadores clave de desarrollo humano. La permanente postración del sistema de salud pública y la incapacidad para saltar de un modelo curativo – que es más caro y para el cual no hay recursos que alcancen- a uno de medicina preventiva, tienen los hospitales al tope sin que periódicamente haya siquiera fondos para costear la alimentación de los pacientes.

Este régimen ha fracasado en cumplir con su compromiso de prevenir los efectos de la desnutrición perinatal, al no poder garantizar el funcionamiento estable y consistente de La ventana de los mil días.

Pero si eso no fuera suficiente para avergonzarnos, mientras los mimados de la administración pública se hacen de aviones privados, yates, helicópteros y abundan las revelaciones de propiedades de grandes dimensiones y hacen todo lo posible para que la Ley Anticorrupción no tenga vigencia efectiva, resulta que nos hablan de la necesidad de aumentar la productividad por la vía de reducir salarios mínimos.

Al amparo provisional que se concedió al Procurador de los Derechos Humanos, quien objetó la constitucionalidad del acuerdo que establece salarios mínimos menores en los municipios de  San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa y Masagua, Escuintla, se sumó el pronunciamiento conjunto de los relatores Especiales de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, y sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver.

Ambos relatores insisten en que con esos nuevos mínimos “los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación precaria, sin posibilidad de asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias, comprometiendo seriamente su seguridad alimentaria y el acceso a una dieta adecuada”.

Dejemos aparte el afán evidente de los delegados del sector privado organizado que impulsan esta medida tan perjudicial para la población, bajo la premisa de que es “mejor que ganen menos, pero que tengan trabajo”. Concentrémonos en dos aspectos: el evidente retorcimiento que desean hacer de la Constitución y los convenios laborales internacionales signados y ratificados por el estado de Guatemala y la filosofía empresarial que sustenta estas medidas. El ministro de Trabajo, quien es abogado, se ha pasado por la cruz de los pantalones el artículo 106 de la Constitución, que habla de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Estos solo pueden ser mejorados, aumentados, superados, pero en ningún modo disminuidos. También, el ministro de Trabajo le importó un pepino que su iniciativa viole el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo,  que fue signado por Guatemala el 22 de junio de 1970 y ratificado por el Congreso de la República el 1 de junio de 1988. En su artículo 2, este Convenio, dedicado in extenso al tema del salario, establece: “Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza”.

Por último, la filosofía empresarial: ¡qué miseria mental la de nuestros empresarios que la única manera que conocen para hacer productivos a sus negocios sea a fuerza de evadir y eludir impuestos y pagar salarios que ni siquiera cubren las necesidades básicas de los trabajadores! No son pocos los empresarios que han sacado sus ingenierías y sus BA en universidades extranjeras y que han seguido maestrías en negocios en escuelas de prestigio. Pero por lo visto, lo que “naturas non da, Salamanca non presta”, porque en vez de despertárseles la creatividad y el deseo de innovación, se aferran a los métodos arcaicos de sus mayores.

El Procurador de los Derechos Humanos y ahora los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos y sobre el derecho a la alimentación, han evidenciado no solo la ignorancia, sino también la perversidad implícita en una medida que reduce a un 44 por ciento del salario mínimo nacional para esos municipios. No solo viola derechos laborales reconocidos por la Constitución Política y el Convenio 131 de la OIT, sino también atenta contra la posibilidad que los trabajadores afectados puedan alguna vez salir de la pobreza extrema.

http://www.contrapoder.com.gt/es/191/opinion/2090/Esos-salarios-de-hambre.htm

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