De protección social a protección productiva

En los últimos dos días fui invitado como parte de un equipo multidisciplinario a discutir las primeras ideas de lo que será el siguiente reporte de la FAO.

Todas las agencias y organismos multilaterales tienen uno. El Banco Mundial produce su World Development Report (WDR), el PNUD su Informe de Desarrollo Humano (IDH) y en el caso de la FAO es el State of Food and Agriculture (SOFA).

Este año el tema principal que han escogido es sobre la relación entre protección social y agricultura. Confieso que para mí fue como canto de sirenas porque soy un convencido —¡conste que no fanático!— de la protección social y su potencial para detonar mayor cohesión social, gobernabilidad y con ello mejores condiciones para un crecimiento económico robusto y sostenido.

Poco a poco comienza a ganar tracción, la necesidad de encontrar formas de mayor coordinación entre las diferentes acciones de los Estados nacionales en favor de un segmento de población que es beneficiario de diferentes políticas y programas de gobierno.

Para el caso de la población rural las políticas agrícolas y de protección social probablemente son en la actualidad las dos caras más visibles del gasto público.

La importancia que para la actividad agrícola a pequeña escala (agricultura familiar) pueda tener la protección social se puede concebir a dos niveles: micro y macro.

A nivel micro, los hogares que son beneficiarios de protección social pueden, en principio, beneficiarse de un proceso paulatino de acumulación de capital humano —los niños van a la escuela y a centros de Salud—, y con eso pueden potencialmente ser más productivos.

Pero, además, a través de las transferencias en efectivo o en especie que reciben los hogares con programas de protección social pueden también generarse beneficios económicos más inmediatos, que permitan a los hogares suavizar consumo, asegurarse mínimamente contra ciertos shocks o incluso capitalizar algunos pequeños emprendimientos que forman parte de la pluri-actividad que muchos de ellos tienen como estrategia de subsistencia.

Pero a nivel macro hay potenciales ganancias de una mejor coordinación entre el gasto público agrícola y el gasto en protección social, las cuales deberían redundar en una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos fiscales.

Hay un espacio claro para evitar duplicidades que suceden en el terreno —comunidades y territorios— y que podrían subsanarse con una definición más estratégica de los servicios de extensión.

Por su puesto que tal coordinación no sucederá en automático. Requiere de claridad, voluntad y liderazgo político que logre alinear los diferentes programas públicos en el terreno. De otra manera caemos en el engaño de creer que con solo sumar aritméticamente los programas del ministerio A con los de la secretaría B y la municipalidad C, por arte de coctelería se habrá alcanzado tal eficiencia.

Finalmente, un efecto no buscado, pero igualmente importante, es sumar a la discusión a los ministerios de Hacienda, que típicamente no están muy presentes en la dinámica más operativa del gasto agrícola y de protección social. Coordinar obliga a buscar formas alternativas y más eficientes para presupuestar, operar y monitorear los recursos públicos.

Así, la caja de herramientas parece que se nos ensancha. Conceptualmente nos estamos moviendo de la sola idea de redes de protección social hacia redes de protección productiva.

Reflexionar sobre estos temas será cada vez más la norma y necesidad de los Estados modernos. Por lo menos en América Latina, región en la que ya hay un consenso sobre la necesidad de repensar institucionalidad y formas alternativas de ejercer el gasto público, porque las tasas de reducción de pobreza, desigualdad y productividad no son suficientes para dar el salto cualitativo que se necesita.

Guatemala no está fuera de esta dinámica. Al contrario, quizás estemos a la zaga del pelotón latino. Aquí la protección social todavía se asocia con objetivos electorales y la economía familiar se iguala al discurso reivindicativo de más tierra para campesinos. ¡Nos urge modernizar el vocabulario! Y para ello análisis como este que hoy está gestándose en la FAO pueden servir de palanca para abrir espacio político dentro y fuera del Gobierno.

trosada@gmail.com

POR TOMáS ROSADA / Guatemala

http://www.prensalibre.com/economia/Tomas_Rosada-EEconomia_y_Desarrollo-Proteccion_Social_a_Productiva-opinion-columna_0_1167483437.html

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